TA SAN - Sentencia 68001-33-33-011-2019-00024-01 (20-02-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia el cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (202 1), por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, previa la siguiente reseña: Radicado expediente: 68001333301120190002401

Parte

Demandante:

CLAUDIA JANETT GARCÍA PÉREZ

Correo electrónico: elpalaciodelascarnes@hotmail.com

restrepogelvezabogados@gmail.com rygjuridicas@gmail.com

Parte

Demandada:

NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Correo electrónico: desajbganotifi@cendoj.ramajudicial.gov.co

desajbganotifi@cendoj.ramajudicial.gov.co nurrear@cendoj.ramajudicial.goc.co echaparu@cendoj.ramajudicial.gov.co

Vinculado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Correo electrónico: desan.notificacion@policia.gov.co

Desaj.asjud@policiía.gov.co

PARQUEADERO EL MORROCOY

Correo electrónico: emmacamargoalvarez@hotmail.com

emmacamargoalvarez@outlook.com

Ministerio

Público:

Desaj.asjud@policiía.gov.co

PARQUEADERO EL MORROCOY

Correo electrónico: emmacamargoalvarez@hotmail.com

emmacamargoalvarez@outlook.com

Ministerio

Público: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER , Procuradora 158 Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de

Control:

REPARACIÓN DIRECTA

Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justiciapérdida de vehículo automotor que fue inmovilizado como consecuencia de orden judicial2

Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 680013333011-2019-00024-01

I. LA DEMANDA

(Págs.1 a 76. Archivo No. 01 OneDrive)

A. Pretensiones

Busca el demandante, en síntesis, lo siguiente:

1. Que se declare administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por los daños materiales y perjuicios ocasionados por la pérdida de su vehículo de placas SUD 522, embargado en un proceso judicial; esto por las reiteradas omisiones en que presuntamente incurrió el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Bucaramanga debido a la falta de vigilancia sobre la gestión del secuestre Javier Giovanni Rodríguez Rueda.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar en

gestión del secuestre Javier Giovanni Rodríguez Rueda.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar en favor de la demandante la suma de cien millones de pesos ($100.000.000), correspondientes al valor del vehículo, esto por concepto de daño emergente, y también por la suma de ciento siete millones trescientos noventa y ocho mil ochocientos pesos ($107.398.800), por concepto de lucro cesante.

3. Finalmente, solicitó la indexación y actualización de las sumas reconocidas, así como también el reconocimiento y pago de intereses comerciales y la respectiva condena en costas a las demandadas; especialmente en lo respectivo al reconocimiento de la suma de siete millones ochocientos doce mil cuatrocientos veinte ($7.812.420), correspondiente a los honorarios pactados por concepto de servicios profesionales.

B. Hechos Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes: El 20 de abril de 2013, la demandante suscribió un contrato de cesión de crédito con la Financiera Comultrasan, convirtiéndose a partir de la celebración de dicho negocio en la acreedora y demandante dentro de un proceso ejecutivo con radicado No. 2010-00020-01, tramitado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga.3

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Señala que e n el curso del referido proceso ejecutivo, el Juzgado Sexto Civil del

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Señala que e n el curso del referido proceso ejecutivo, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, juzgado de origen, profirió auto del 2 de febrero de 2010 en el que decretó el embargo y secuestro del vehículo de placas SUD 522, de propiedad de Luis Francisco Ríos Pérez, quien fungía como demandado dentro del referido proceso, para lo cual fue nombrando a Javier Giovanni Rodríguez Rueda como secuestre.

Agrega que, e l 6 de julio de 2016, la Dirección de Tránsito y Transporte de Cesar detuvo el vehículo y envió un informe a la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga, indicando que el vehículo capturado y posteriormente, había sido trasladado al parqueadero «El Morrocoy» en Aguachica, Cesar. Sin embargo, el mismo día, el Juzgado Segundo de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga se comunicó con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Valledupar, quien informó que no contaban con parqueaderos autorizados por la Rama Judicial; no obstante, a pesar de dicha advertencia, el vehículo se dejó en el parqueadero «El Morrocoy».

El 19 de julio de 2016, el secuestre solicitó al Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Bucaramanga que emitiera orden para retirar el vehículo del parqueadero «El Morrocoy » y trasladarlo a Bucaramanga; siendo emitida dicha orden el día 5 de octubre de 2016. No obstante, el 14 de diciembre de 2016, el

parqueadero «El Morrocoy » y trasladarlo a Bucaramanga; siendo emitida dicha orden el día 5 de octubre de 2016. No obstante, el 14 de diciembre de 2016, el secuestre informó que el vehículo de placas SUD 522 había sido retirado del parqueadero «El Morrocoy » por un tercero, aproximadamente tres meses antes ; encontrándose desaparecido el vehículo en la actualidad.

C. Fundamentos de derecho Citó como tales en su escrito de demanda los arts. 1613, 2341, 2342, 2343, 2644, 2645, 2647, 2649 y 2356 del Código Civil, art. 65 y ss., de la Ley 270 de 1996 y los artículos 162, 165, 166, 167 y 169 de la Ley 1437 de 2011. Concretamente, alegó que la entidad demandada es responsable por la pérdida y desaparición del vehículo de placas SUD-522 con el cual se pretendía pagar parte de la obligación ejecutada por la aquí demandante , en su calidad de cesionaria, por haber omitido la demandada su deber de vigilancia frente al vehículo puesto a su disposición en virtud de la medida cautelar impuesta. Agrega q ue tuvo una pérdida de la oportunidad de obtener el pago materializada a partir de la pérdida del vehículo sobre el que pesaba un contrato de prenda con el cual buscaba garantizar el pago de la deuda; solicitando con base en esa afectación sufrida el reconocimiento y pago4

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de perjuicios correspondientes al daño emergente y al lucro cesante ; esto a fin de

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de perjuicios correspondientes al daño emergente y al lucro cesante ; esto a fin de que le fuera reparado el daño causado por la pérdida.

II. Contestaciones a la demanda

a. La Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (archivo No. 03 OneDrive). Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por considerar apegadas a la legalidad todas las actuaciones desplegadas por las autoridades jurisdiccionales que intervinieron en la actuación, alegando no estar llamada a responder por ser acordes las actuaciones de los Juzgados con la Constitución y la Ley. En ese orden de ideas, consideró que no se configuró daño antijuridico alguno susceptible de ser reparado pro la entidad y por tanto propuso la excepción de Falta de Legitimación en la causa por pasiva por no estar llamada la entidad a responder administrativa y patrimonialmente

Así mismo, postuló la excepción de hecho exclusivo y determinante de un tercero, argumentando que el llamado a responder debía ser el establecimiento de comercio denominado «Parqueadero el Morrocoy »; pues, según manifestó, las pruebas aportadas al plenario daban cuenta de que la desaparición del vehículo habría ocurrido estando bajo la custodia de dicho establecimiento.

b. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (archivo No. 06 OneDrive), se opuso a las pretensiones contenidas en el mismo, pues sostuvo que, si bien el vehículo de placas SUD 522 fue efectivamente inmovilizado por personal

b. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (archivo No. 06 OneDrive), se opuso a las pretensiones contenidas en el mismo, pues sostuvo que, si bien el vehículo de placas SUD 522 fue efectivamente inmovilizado por personal de la Policía, por la Seccional de Tránsito y Transporte de Cesar ; dicha inmovilización del vehículo se realizó de conformidad con la medida cautelar decretada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga en el expediente 6800131030062010000200.

Alegó que, una vez adelantada la inmovilización del vehículo, notificó y confirmó la situación al Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito esto a través de l uniformado Abelardo Quiroga Zuta, quien solicitó información sobre el parqueadero autorizado para dejar el vehículo inmovilizado y a nte la falta de respuesta del juzgado, se sugirió que el parqueadero Morrocoy en Aguachica, Cesar, podría ser utilizado para tal fin, previa solicitud del juzgado.

La entidad consideró que, en este caso específico, no se cumplió con lo dispuesto en el Acuerdo 2586 de 2004, evidenciándose una omisión tanto por el juez como5 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 680013333011-2019-00024-01

por la Dirección Ejecutiva al no dejar el vehículo inmovilizado en un parqueadero autorizado, lo cual ocasionó los perjuicios objeto de la litis. Finalmente, propuso la excepción de Falta de Legitimación en la causa por pasiva.

por la Dirección Ejecutiva al no dejar el vehículo inmovilizado en un parqueadero autorizado, lo cual ocasionó los perjuicios objeto de la litis. Finalmente, propuso la excepción de Falta de Legitimación en la causa por pasiva.

c. Parqueadero El Morrocoy (Págs. 1 a 6. archivo No. 05 OneDrive), Juan Antonio Rueda Vaca, propietario del parqueadero El Morrocoy, contestó la demanda alegando el desconocimiento del proceso en virtud del cual se decretaron las medidas cautelares. Además, manifestó no conocer la autoridad judicial o administrativa que ordenó la captura del vehículo , pues manifestó nunca haber celebrado contrato de arrendamiento con la Rama Judicial o la Policía. Precisó que en su parqueadero dejaron el vehículo automotor de placas SUD -522, sin advertir cual era al autoridad administrativa o judicial que ordenó la medida cautelar o la que se encargaría de velar por el cumplimiento de esta.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

(Archivo No. 046 OneDrive)

Resuelve textualmente:

«PRIMERO. DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. No hay lugar a condenar en costas.

TERCERO. Ejecutoriada ésta providencia y, previas las anotaciones a que haya lugar, archívese el expediente. (…)»

Como fundamento de su decisión, refiere el a quo que no se encontr aron acreditados los elementos que permiten decantar la responsabilidad estatal; pues no se está ante la presencia de un daño personal, cierto, directo y antijurídico. Así

Como fundamento de su decisión, refiere el a quo que no se encontr aron acreditados los elementos que permiten decantar la responsabilidad estatal; pues no se está ante la presencia de un daño personal, cierto, directo y antijurídico. Así mismo, expuso que, en el caso objeto de estudio, no se encontraban presentes los presupuestos establecidos por la jurisprudencia cuando se solicita la indemnización por pérdida de la oportunidad; pues la demandada no se acreditaba la imposibilidad absoluta de obtener el provecho o evitar el detrimento, pues si bien había sido objeto de desaparición el vehículo de placas SUD 522, sobre el cual pesaba un contrato de garantía, resultaba evidente que la demandante aún podía ejercer la acción de cobro frente a los otros bienes y haberes del demandado en la causa civil, razón suficiente para descartar la procedencia de una indemnización por pérdida de la oportunidad, pues se estaría ante un daño genérico e hipotético y ante una chance latente de cobrar su crédito persiguiendo otros bienes del deudor. Por lo anterior, denegó las pretensiones de la demanda.6 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 680013333011-2019-00024-01

V. LA APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA

(Archivo No. 047 OneDrive)

La parte demandante se opuso a lo expuesto por el a quo, pues consideró que, al recaer sobre el bien extraviado por las demandadas un contrato de prenda, siendo dicho bien garantía de la deuda, no debía evaluarse la posibilidad de la accionante de acceder al cobro de las sumas adeudadas por otros medios, sino más bien el

recaer sobre el bien extraviado por las demandadas un contrato de prenda, siendo dicho bien garantía de la deuda, no debía evaluarse la posibilidad de la accionante de acceder al cobro de las sumas adeudadas por otros medios, sino más bien el detrimento ocasionado a la misma con la pérdida por haberla privado del bien ofrecido como garantía de su deuda y con el cual se le saldaría en todo o en parte la misma.

Agrega que el crédito lo que busca es amparar la obligación del deudor de cumplir con el pago del préstamo u obligación que se le otorgó por parte del cedente. Y en el caso del señor Luis Francisco Ríos Pérez, al ser un deudor en potencia, lo que se pretendió con la garantía prendaria que recae sobre el vehículo, era disminuir el riesgo de incumplimiento de su crédito.

En tal sentido, arguyó que por recaer sobre el bien una garantía real, este no podía asemejarse a otros créditos, pues al haberse extraviado, se aumentó el riesgo de incumplimiento, máxime por ser el ejecutado en la acción civil una persona de la tercera edad con quebrantos de salud persistentes y que habitualmente incurría en diversas conductas defraudatorias para no cumplir con sus obligaciones, precisando que no cuenta otras garantías o medidas eficientes para propender el pago de la totalidad del crédito.

Finalmente, manifestó estar en desacuerdo con la providencia apelada pues, a su criterio, el a quo desconoció la importancia de la debida observancia que debe tener un Juez de la República sobre la administración de los bienes a cargo del secuestre, puntualmente sobre el automotor de placas SUD 522, siendo evidente en este caso

criterio, el a quo desconoció la importancia de la debida observancia que debe tener un Juez de la República sobre la administración de los bienes a cargo del secuestre, puntualmente sobre el automotor de placas SUD 522, siendo evidente en este caso la omisión de los Juzgados civiles fren te a su deber de vigilancia y control que estaban obligados a ejercer sobre el secuestre como auxiliar de la justicia ; y que, de haberse cumplido, les habría permitido a los referidos Despachos Judiciales detectar que el secuestre no actuó con la diligenci a y rigurosidad debida para cumplir de forma cabal y correcta su función, permitiendo finalmente la inactividad y pasividad del Juzgado que el referido secuestre se desentendiera de sus funciones, y como consecuencia, se desapareciera el vehículo con el que se pretendía pagar una parte de la obligación. Reiterando que le asiste responsabilidad a la entidad demandada.7 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 680013333011-2019-00024-01

VI. TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El expediente es allegado al Despacho Ponente de esta providencia en virtud del reparto efectuado el 03 de junio de 2021 (actuación No. 02 SAMAI), quien lo admite el 25 de agosto de 2022 (actuación No. 10 SAMAI), e ingresó al Despacho para proferir sentencia el 28 de octubre de 2022 (actuación No. 17 SAMAI).

Se destaca en este trámite que la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva

proferir sentencia el 28 de octubre de 2022 (actuación No. 17 SAMAI).

Se destaca en este trámite que la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (actuación No. 16 SAMAI), reiteró lo expuesto en su contestación y alegatos de conclusión de primera instancia y a solicitar la confirmación del fallo y la consecuente denegación de las pretensiones de la alzada.

VII. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Recae en esta corporación – Sala de decisión. Arts. 153, 156 y 157 de la Ley 1437 de 2011.

B. El problema jurídico y su resolución

la Sala planteará y se dispondrá a resolver el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta la reseña que antecede y, en especial, lo expuesto en el recurso de apelación.

PJ. ¿Se consolidan los elementos de la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estad o a fin de reparar el daño causado a la demandante en su calidad de acreedora prendaria, consistente en la pérdida del vehículo de placas SUD-522, sobre el cual se decretó el embargo y secuestro, y el que sería utilizado para cubrir la deuda objeto de cobro en el proceso ejecutivo que cursa ante la jurisdicción ordinaria?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: Si bien podría hablarse de la existencia de omisiones por parte de la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, estas no tienen capacidad de revestir un daño cierto a la demandante que pueda ser indemnizado bajo la premisa de la pérdida de la oportunidad, pues dado su

parte de la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, estas no tienen capacidad de revestir un daño cierto a la demandante que pueda ser indemnizado bajo la premisa de la pérdida de la oportunidad, pues dado su carácter de acreedora prendaria, es evidente que si bien el vehículo fungía como respaldo de su acreencia, este aún no era de su propiedad y por tanto su8 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 680013333011-2019-00024-01

desaparición no extingue su derecho a perseguir otros bienes del deudor para conseguir el pago total de la obligación.

C. Marco normativo y jurisprudencial

1. Los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado: El artículo 90 de la Constitución Política establece que, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas . La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado1.

De allí se deprende que, los elementos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, lo son:

1.1. Daño antijuridico, 1.2. La imputación fáctica y jurídica, y 1.3. El deber jurídico de reparar, otrora, nexo causal.

del Estado, lo son:

1.1. Daño antijuridico, 1.2. La imputación fáctica y jurídica, y 1.3. El deber jurídico de reparar, otrora, nexo causal.

1.1 En cuanto al daño antijurídico, ha sostenido la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado que, sólo puede entenderse como antijurídico el daño que causa un perjuicio personal y cierto al derecho a la propiedad que ha sido restringido con intromisiones intolerables, esto es, que es limitado de forma tal que excede la obligación jurídica de soportarlo.

Textualmente, ha dicho el Consejo de Estado:

«Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber: La primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. (…). Ahora bien, esta característica del daño antijurídico resulta especialmente relevante en aquellas limitaciones impuestas por el Estado al ejercicio de los derechos reconocidos y

1 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C.P. Enrique Gil Botero.9 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 680013333011-2019-00024-01

Botero.9 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 680013333011-2019-00024-01

garantizados por las normas jurídicas, en tanto que solamente pueden originar su responsabilidad patrimonial aquellas restricciones que ‘superan la normal tolerancia’ o que impiden el goce normal y adecuado del derecho. “En consecuencia, para efectos del caso objeto de estudio, sólo puede entenderse como antijurídico el daño que causa un perjuicio personal y cierto al derecho a la propiedad que ha sido restringido con intromisiones intolerables, esto es, que es limitado de forma tal que excede la obligación jurídica de soportarlo.

La segunda característica del daño indemnizable se encuentra en el hecho de establecer que solamente resultan antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los derechos de las personas que no surgen de su anuencia, aceptación o que son propiciadas por ellos mismos. No se trata de identificar el concepto de daño antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad que rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la víctima; se trata de entender que el Estado no puede indemnizar los dañ os cuya fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica, en tanto que su origen es inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe que debe regular todas las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la Constitución). En otras palabras, así el daño cuya reparación se pretende pudiese ser causado de manera directa y eficiente por el Estado, no puede ser indemnizado si fue propiciado, auspiciado, avalado u originado con la actuación u omisión de quien lo reclama, e n

palabras, así el daño cuya reparación se pretende pudiese ser causado de manera directa y eficiente por el Estado, no puede ser indemnizado si fue propiciado, auspiciado, avalado u originado con la actuación u omisión de quien lo reclama, e n tanto que el ordenamiento jurídico solamente protege las actuaciones leales y legítimas de los particulares». 2

1.2 Sobre el título de imputación, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Entre los plurales títulos de imputación, todos con base en el Art.90 de la Constitución Política, está el denominado defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que, establece el Art. 65 de la Ley 270 de 1996, definido en el Art. 69 Ib., así:

«ARTÍCULO 69. Defectuoso Funcionamiento de la Administración De Justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación».

Las características de este título de imputación han sido definidas por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado3, como:

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia, Exp: 25000232600020020078 (33.043). 03.08.2017. MP. Dr. Marta Nubia Velásquez Rico (E). 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia.

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-000-2601 (44809). MP: Nicolás Yepes Corrales. Bogotá, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinte (2020).10

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• De carácter subjetivo, - De carácter residual, toda vez que es distinto del error judicial y del de la privación injusta de la libertad (Art.66 y 68 de la LEADJ),

Y, comprende la mora judicial (entendida como lo explicita la jurisprudencia) y también, las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución como tal de las providencias proferidas por los jueces o la ejecución de las mismas, tales como la derivada de la ejecución de decomiso o de cualquiera otra medida cautelar4 .

A la letra, dice la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo:

«(…) Dicha responsabilidad configura frente a la administración de justicia un típico caso de indebido funcionamiento, y es de carácter subjetivo, u objetivo, según que se demuestre o no la existencia de una falla del servicio. En todo caso, una vez dispuesta la entrega del bien al titular del derecho de dominio o al poseedor, se genera frente al afectado un daño antijurídico, cuando tal actuación no se cumple o cuando el bien se devuelve en condiciones diferentes a las que se tenía cuando se produjo su deco miso, salvo su desgaste natural (...) Esa responsabilidad corresponde a la entidad estatal que hubiera ordenado la medida,

cumple o cuando el bien se devuelve en condiciones diferentes a las que se tenía cuando se produjo su deco miso, salvo su desgaste natural (...) Esa responsabilidad corresponde a la entidad estatal que hubiera ordenado la medida, aunque la pérdida o deterioro del bien pueda ser atribuible a los auxiliares de la justicia que hubieran actuado como secuestres o depositarios, sin perjuicio de la s responsabilidades penal y patrimonial que a los mismos pueda corresponderles (...) Aún en aquellos eventos en los que el depositario es otra entidad pública, conforme a la jurisprudencia que ha desarrollado la Sección Terce ra, la responsabilidad por la pérdida o deterioro de los bienes que son decomisados o secuestrados corre a cargo tanto de la entidad que dispone la incautación del bien como de aquella a la cual se entrega para su depósito»5

D. Análisis de las pruebas

En el expediente está probado lo que sigue:

Del proceso ejecutivo y del vehículo de placas SUD 522

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia. Exp: 21600. MP: Ruth Stella Correa Palacio. 19.09.2011 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia. Exp: 15001-23-31-000-2004-02951-01. MP: Dr. Ramiro Pazos Guerrero. 08.07.201611 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Exp. 680013333011-2019-00024-01

1. El día 1 de marzo de 2001, el señor Luis Francisco Ríos Pérez y la Financiera Comultrasan, suscribieron contrato de prenda sin tenencia respecto del

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1. El día 1 de marzo de 2001, el señor Luis Francisco Ríos Pérez y la Financiera Comultrasan, suscribieron contrato de prenda sin tenencia respecto del vehículo con las siguientes características (Pág. 1 a 19 PDF 01 Carp. 24).

Marca: Chevrolet Año modelo: 2007

Clase: camión Servicio: Público

Motor: 6HE1-409425 Serie: JALFSR32L77000369

Color: Blanco Modelo: FSR32

Cilindraje: 7.127 Capacidad: 8.0

Y posteriormente, mediante otro si de la misma fecha, se incluyó al contrato como garantía que correspondía al furgón identificado con placas SUD 522 (Pág. 20 PDF 01 Carp. 24).

2. La Financiera Comultrasan adelantó proceso ejecutivo en contra del señor Luis Francisco Ríos Pérez, bajo el Rad. 20 10-00020-00 ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, en contra del señor Luis Francisco Ríos Pérez (Pág. 18 PDF 01 y 34.2).

3. Mediante auto del 2 de febrero de 2010, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga libró mandamiento de pago a favor de la Cooperativa (Pág. 58 a 60 PDF 01 Carp. 24).

4. Dentro del proceso de la referencia, se ordenó el embargo del vehículo con placas SUD -522 de propiedad del demandado y se profirió auto del 5 de marzo de 2010 en el que se ordenó la retención del referido vehículo (Pág. 18 PDF 01).

placas SUD -522 de propiedad del demandado y se profirió auto del 5 de marzo de 2010 en el que se ordenó la retención del referido vehículo (Pág. 18 PDF 01).

5. Con auto del 15 de mayo de 2013, y en atención a que la Cooperativa de ahorro y crédito de Santander Limitada «Cooperativa Comultrasan» presentó cesión de crédito a favor de Claudia Janett García Pérez, aceptó la referida cesión (Pág. 276 a 278 PDF 01 Carp. 24).

6. Informe de la Dirección de Tránsito y Transporte Seccional Cesar, respecto del vehículo SUD 522 , en el que informó sobre los hechos acaecidos el día 6 de julio de 2016, en relación con la detención del referido vehículo y señaló: «Vehículo antes mencionado al verificar sus antecedentes presenta medida cautelar por embargo y captura emitida por el Juzgado 6 Civil del Circuito de Bucaramanga,12

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mediante oficio 294 (02 -02-2010) fecha 09 -02-2010, radicado numero

20100002000. Agradezco pronta respuesta de forma escrita al correo electrónico (…), si la medida cautelar se encuentra vigente ya que el vehículo transporta alimentos perecederos. De igual manera me sea informado en que parqueadero autorizado por el despacho judicial debo dejar inmovilizado el vehículo si es el caso»

(Pág. 20 a 21 PDF 01).

7. Acta de inmovilización del vehículo de placas SUD 552 suscrita por la

autorizado por el