TA SAN - Sentencia 68001-33-33-011-2020-00209-01 (13-03-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333301120200020901

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: CINCDY JOHANA RANGEL TARAZONA

vargasquijano.abogados@gmail.com cjranta@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR

DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

BUCARAMANGA

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 056

TEMA: Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías –

Laboral

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la adhesión presentada por la parte actora contra la sentencia de fecha 23 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

de 2021, proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTESNulidad y restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Cindy Johana Rangel Tarazona

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 680813333011-2020-00209-01

2

1.1 La demanda

1.1.1 Hechos1

La parte actora indició que el 01 de enero de 2017 fue nombrada en provisionalidad en el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga en los cargos de secretaria y profesional universitario grado 16 . Seguidamente, el 04 de julio se le aceptó la renuncia a este último cargo, y en virtud de ello solicitó la respectiva liquidación de prestaciones sociales.

La demandada le reconoció el pago de las cesantías definitivas mediante la Resolución No. DESAJBUR17-4985 del 13 de septiembre de 2017 ; es decir, que el auxilio de la cesantía no fue pagado por la entidad demandada dentro del término establecido en la Ley 244 de 1995.

No obstante, lo anterior la demandada profirió la Resolución No. DESAJBUR18-4746 de fecha 14 de febrero de 2018, por la cual liquidó nuevamente el auxilio de cesantía definitivo, y que modificó la anterior Resolución sin consentimiento previo expreso de la demandante.

Por lo anterior, la parte actora presentó recurso de reposición y en subsidio de

definitivo, y que modificó la anterior Resolución sin consentimiento previo expreso de la demandante.

Por lo anterior, la parte actora presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación el día 05 de junio de 2018, a fin de obtener la revocatoria de la decisión y el reconocimiento y pago de sanción moratoria por el pago tardío de la cesantía; el cual, fue resuelto mediante la Resolución No. DESAJBUR19-8970 del 26 de diciembre de 2019 , que dejó en firmé la primera liquidación de las cesantías, y negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

En ese sentido, el pago de las cesantías de efectuó el día 07 de marzo de 2018, esto es, fuera de los plazos señalados en las normas, en razón que los 70 días para efectuar el pago se venció el 18 de octubre de 2017, esto es, que la mora asciende a 139 días. 1.1.2 Las pretensiones2

1 Expediente digital de segunda instancia, Índice SAMAI 00013, Primera Instancia, One Drive, PDF 01. 2 Expediente digital de segunda instancia, Índice SAMAI 00013, Primera Instancia, One Drive, PDF 01.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Cindy Johana Rangel Tarazona

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 680813333011-2020-00209-01

3

Con la demanda se pretende:

«1.- Se DECLARE LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. DESAJBUR19-8970

Radicado: 680813333011-2020-00209-01

3

Con la demanda se pretende:

«1.- Se DECLARE LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. DESAJBUR19-8970 del 26 de diciembre de 2019, mediante el cual la NACIÓN-RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BUCARAMANGA negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas por retiro del servicio a favo r de la señora CINDY JOHANNA RANGEL

TARAZONA.

2.- Que como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho se RECONOZCA Y PAGUE la sanción por mora en el pago de las CESANTIAS DEFINITIVAS reconocidas a favor de mi mandante mediante la Resolución No. DESAJBUR17-4985 del 13 de septiembre de 2017, por los días 139 días de mora en que incurrió la entidad convocada, conforme a lo establecido en la ley 1071 de 2006, esto es un día de salario por día de mora en el pago.

3.- Que la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BUCARAMANGA, proceda a pagar sobre las sumas adeudadas a mi poderdante, los ajustes de valor conforme al índice de precio al consumidor (IPC) o al por mayor, como lo autoriza el artículo 192 del C.P.A.C.A

4.- Que la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURAlos ajustes de valor conforme al índice de precio al consumidor (IPC) o al por mayor, como lo autoriza el artículo 192 del C.P.A.C.A

4.- Que la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL BUCARAMANGA reconozca y pague los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas a mi mandante, conforme a lo preceptuado en el artíc ulo 187 del

C.P.A.C.A.»

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Señaló como normas vulneradas: artículos 1, 2, 13, 25, 48 y 53 de la C. Po., Ley 244 de 1995 adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006.

Como concepto de violación expuso la parte actora que el acto administrativo demandado desconoce las normas en que debería fundarse, pues no se realiza ninguna distinción con los empleados que al momento de finalizar el vínculo laboral,Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Cindy Johana Rangel Tarazona

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 680813333011-2020-00209-01

4

estaban afiliados al Fondo Nacional del Ahorro ; por el contrario, sostiene el demandante que en aras de garantizar los derechos mínimos laborales del empleado se estableció la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantías, pues su finalidad es la protección del derecho al mínimo vital y el núcleo familiar, al momento de quedarse sin empleo.

1.2 Contestación de la demanda

se estableció la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantías, pues su finalidad es la protección del derecho al mínimo vital y el núcleo familiar, al momento de quedarse sin empleo.

1.2 Contestación de la demanda

1.2.1 La parte demandada, Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga3, se opuso a la totalidad de las pretensiones, pues considera que el reconcomiendo y pago de la sanción moratoria no es procedente para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en concordancia con un pronunciamiento del H. Consejo de Estado expediente No. No. 27001 23 33 000 2013 00283-01 sobre un caso similar, en el cual se denegaron las pretensiones de la demanda, por este aspecto.

Sostuvo al apoderado de la par te demandada que, de manera anticipada consigna las doceavas partes correspondientes al auxilio de cesantías para cada empleado en una cuenta global a favor del fondo a que el trabajador se encuentre afiliado, y en esa medida, cumplió con el deber de reconcomiendo de las cesantías impuesto por la ley, pues acreditó los pagos en tiempo y de manera anticipada, independientemente, de la diferencia con ocasión de la revisión realizada, la cual es producto de la aplicación de los principios de contradicción, doble instancia y legalidad.

Finalmente, propuso la siguiente excepción: «Caducidad del medio de control».

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga accedió a las pretensiones de la demanda, y en la parte resolutiva de la sentencia dispuso lo

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga accedió a las pretensiones de la demanda, y en la parte resolutiva de la sentencia dispuso lo siguiente: «PRIMERO. NIÉGUESE la excepción de caducidad propuesta por la parte accionada, de conformidad con las consideraciones de la parte motiva.

3 Expediente digital de segunda instancia, Índice SAMAI 00013, Primera Instancia, One Drive, carpeta 01, PDF 32. 4 Expediente digital de segunda instancia, Índice SAMAI 00013, Primera Instancia, One Drive, carpeta 04, PDF 01.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Cindy Johana Rangel Tarazona

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 680813333011-2020-00209-01

5

SEGUNDO. DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No. DEAJBUR19-8970 de diciembre 26 de 2019, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, en cuanto resolvió en forma negativa la solicitud de sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas del 1º de enero al 3 de julio de 2017, en los términos de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario básico por cada día de retardo a CINDY JOHANNA RANGEL TARAZONA, identificada con la c. c. No. 63.555.262.

equivalente a un (1) día de salario básico por cada día de retardo a CINDY JOHANNA RANGEL TARAZONA, identificada con la c. c. No. 63.555.262.

TERCERO. Como restablecimiento del derecho CONDENASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a cancelar ciento treinta y nueve (139) días por concepto de mora en el pago de las cesantías a favor CINDY JOHANNA RANGEL TARAZONA, identificada con la c. c. No. 63.555.262, tomando como salario base el devengado para el 3 de julio de 2017, lo cual arroja la suma de CATORCE

MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE

PESOS ($14.978.412.oo)

CUARTO: NIÉGUESE por improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.

QUINTO: No hay lugar a condenar en costas.

[…]»

Sostuvo el a quo en síntesis que , la sentencia citada por la entidad demandada controvierte aspectos distintos al presente asunto; pues se trata de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías en el fondo, prevista en la Ley 50 de 1999, mientras que el caso de marras, se pretende el reconocimiento de dicha sanción establecida en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006.

Ley 50 de 1999, mientras que el caso de marras, se pretende el reconocimiento de dicha sanción establecida en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006.

Ahora bien, del análisis del caso afirmó que, no hay lugar a declarar la caducidad, pues, el término para accionar inició el 28 de diciembre de 2019 y se suspendió el 16 de marzo de 2020, momento en el cual faltaban 44 días para la caducidad, cuyo lapso se reanudó el 01 de julio de 2020, es decir, que el plazo venc ió el 13 de agosto siguiente, empero, el 27 de julio de 2020 se presentó la solicitud de conciliaciónNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Cindy Johana Rangel Tarazona

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 680813333011-2020-00209-01

6

prejudicial y operó la suspensión hasta el 23 de julio siguiente. Por ende, el 10 de noviembre de 2020 se extendió el tiempo para presentar oportunamente la demanda, la cual se radicó el 26 de octubre de 2020, por lo tanto, fue dentro de término su radicación.

En cuanto al reconocimiento y pago de las cesantías la primera instancia señaló que la Ley 244 de 1995 consagra a favor de todos los servidores públicos, incluidos los empleados del Estado afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, como lo ha indicado el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Por lo anterior, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso concluyó que

empleados del Estado afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, como lo ha indicado el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Por lo anterior, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso concluyó que se configuraron 139 días de mora, por lo que resolvió declarar la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó reconocer y pagar a favor de la demandante la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

Finalmente, el a quo no condenó en costas a la entidad demandada, toda vez que no evidenció causación de expensas que justificara su imposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1 La parte demanda da, Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga5, explicó que en el presente asunto existe caducidad de la acción, toda vez que, trascurrió más de los cuatro meses desde la notificación personal del acto administrativo, esto es, el día 27 de diciembre de 2019, y en ese sentido, el plazo para presentar la demanda venc ió el martes 28 de abril de 2020, y la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 27 de julio de 2020, esto es cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control.

Agregó que no es válida la afirmación de la primera instancia al señalar que la suspensión de los términos judiciales prevista en los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20 -11519, PCSJA20 -11521, PCSJA20 -11526, PCSJA20suspensión de los términos judiciales prevista en los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20 -11519, PCSJA20 -11521, PCSJA20 -11526, PCSJA205 Expediente digital de segunda instancia, Índice SAMAI 00013, Primera Instancia, One Drive, carpeta 05, PDF 01.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Cindy Johana Rangel Tarazona

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 680813333011-2020-00209-01

7

11527, PCSJA20 -11528, PCSJA20 -11529, PCSJA20 -11532, PCSJA20 -11546, PCSJA20-11549, PCSJA20 -11556 y PCSJA20 -11567 proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, le sumaron al término de ley de los cuatro meses con que contaba la demandante para formular su pretensión, en razón que la parte actora para esa fecha no efectuó la radicación de la solicitud de conciliación para la cual no estaban suspendidos los términos de acuerdo con el decreto 564 de 2020.

Por lo anterior, concluyó que soló la solicitud de conciliación extrajudicial interrumpe el término de caducidad de la acción, y lo reanuda cuando suceda alguno de los eventos relacionados en el artículo 3º del Decreto 1716 de 2009.

En cuanto al pago efectivo de las cesantías, precisó que la Ley 50 de 1990 no se aplica a los servidores públicos del nivel nacional, entre ellos los de la Rama Judicial,

eventos relacionados en el artículo 3º del Decreto 1716 de 2009.

En cuanto al pago efectivo de las cesantías, precisó que la Ley 50 de 1990 no se aplica a los servidores públicos del nivel nacional, entre ellos los de la Rama Judicial, pero «si en gracia de discusión» se aplicara el numeral 3 del artículo 99 de esta norma, establece que la sanción es procedente únicamente para la mora en la consignación del valor liquidado de las cesantías antes del 15 de febrero, más no se puede aplicar ante la reliquidación o reajuste de estas.

Además, aseveró que, el reconocimiento de la sanción moratoria para los empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro no es procedente, en atención a la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, esto es , la sentencia dictada en el expediente 27001 23 33 000 2013 00283-01 que dispuso sobre la improcedencia de este reconocimiento para este grupo de empleados, como es el caso de la demandante.

Finalmente, concluyó que la decisión de primera instancia debe ser revocada, para en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad del presente medio de control y, en consecuencia, denegar las pretensiones de la demanda, además que la entidad demandada no tiene responsabilidad administrativa ni patrimonial en los hechos que dieron origen a este proceso.

1.5 Del recurso de apelación adhesivaNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Cindy Johana Rangel Tarazona

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 680813333011-2020-00209-01

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Cindy Johana Rangel Tarazona

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 680813333011-2020-00209-01

8

1.5.1. La parte demandante 6, se adhirió al recurso de apelación presentado por la parte demandada , pues considera que la decisión de primera instancia le es desfavorable por la no condena en costas a la parte demandada, toda vez que, si hubo gastos de honorarios de abogado, los cuales están amortizados con las agencias en derecho, y por tal razón, soli citó se revoque el numeral quinto de la sentencia.

1.6 Trámite de segunda instancia

Con providencia del 09 de diciembre de 2021 se admitió el recurso de apelación de conformidad con el artículo 247 del CPACA, modificado por el numeral 4 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

1.6.1 La parte demandante7, hizo uso de esta etapa procesal para señalar que, se reitera en los aspectos consignados en el escrito de la apelación adhesiva, respecto de condenar en costas a la entidad demandada.

1.6.2 La p arte demandada, Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga8, presentó alegatos de conclusión en esta instancia, para indicar que no es admisible solicitar la condena en costas, pues no se demostró en el transcurso del proceso la causación de los honorarios del abogado; y reiteró los argumentos del recurso de apelación.

no es admisible solicitar la condena en costas, pues no se demostró en el transcurso del proceso la causación de los honorarios del abogado; y reiteró los argumentos del recurso de apelación.

1.6.3. La representante Ministerio Público, no emitió concepto de fondo en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia en segunda instancia

6 Expediente digital de segunda instancia, Índice SAMAI 00013, Primera Instancia, One Drive, carpeta 06, PDF 01. 7 Expediente digital de segunda instancia, Índice SAMAI 00013, Segunda Instancia, One Drive, PDF 06.

8 Expediente digital de segunda instancia, Índice SAMAI 00013, Segunda Instancia, One Drive, PDF 05.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Cindy Johana Rangel Tarazona

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 680813333011-2020-00209-01

9

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA, este Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los jueces administrativos.

2.2. De los límites de la apelación

Es de resaltar que en el presente caso apeló el apoderado de la parte demandada y se adhirió a este la parte demandante, por lo que es necesario precisar que el ámbito de conocimiento del recurso de apelación interpuesto se limitará al estudio del contenido y alcance de la inconformidad planteados en los mismos.

2.3. Problema Jurídico

de conocimiento del recurso de apelación interpuesto se limitará al estudio del contenido y alcance de la inconformidad planteados en los mismos.

2.3. Problema Jurídico

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta el objeto de la apelación principal y la adhesiva, los cuales consisten en establecer si:

P.J.1. ¿Está probada la excepción de caducidad propuesta por la apoderada de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga , toda vez que la parte demandante dejó vencer la oportunidad para presentar la demanda en contra del acto administrativo demandado?

P.J.2. ¿Tiene derecho la demandante como servidora pública afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías correspondiente al periodo del 01 de enero de 2017 al 03 de julio de 2017?

P.J.3. ¿Hay lugar a condenar en costas de primera instancia a la parte demandada?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo, en el que se estudiará el régimen normativo en relación con la caducidad del medio de control de Nulidad yNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Cindy Johana Rangel Tarazona

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 680813333011-2020-00209-01

10

Demandante: Cindy Johana Rangel Tarazona

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 680813333011-2020-00209-01

10

Restablecimiento del Derecho , del sistema de liquidación de cesantías de los servidores públicos afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías a favor de los servidores judiciales , de la condena en costas, y, (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. De la caducidad para presentar el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Se tiene por establecido que la caducidad se configura cuando el plazo consagrado en la ley para instaurar algún tipo de acción ha vencido. Es la sanción que determina la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece un os plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la

en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece un os plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la jurisdicción a efectos de que el respectivo litigio o controversia, sea resuelto con carácter definitivo por el juez competente.

Así las cosas, es la propia ley la que asigna una carga para que, ante la materialización de un determinado hecho, los interesados actúen con diligencia en cuanto a la reclamación efectiva de sus derechos, sin que las partes puedan convenir en su desconocimiento, modificación o alteración.

En ese sentido, la Ley 1437 de 2011 establece en su artículo 164 numeral 1° que la demanda se puede presentar en cualquier tiempo, cuando: «d) Se dirija contra acto producto del silencio administrativo», así mismo, este artículo en su numeral 2°, literalNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Cindy Johana Rangel Tarazona

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 680813333011-2020-00209-01

11

d), señaló la oportunidad para presentar la demanda del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, so pena de que opere la caducidad, así:

«d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales»

deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales»

Sobre el tema el H. Consejo de Estado en auto de fecha 25 de noviembre de 2021, C.P. Dr. William Hernández Gómez9 señalo lo siguiente:

«[…] la interposición de la demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, debe efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo. Además, conviene precisar que el término d e la caducidad se suspende, por una sola vez, con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 3.° del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009 –compilado en el Decreto 1069 de 2015.»

Es claro entonces que, la demanda correspondiente al medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, se debe presentar dentro del término de los cuatro meses contados a partir del día siguiente, de la notificación, comunicación, ejecución o publicación del acto administrativo, salvo la excepción señalada.

2.4.2. Sistema de liquidación de cesantías de los servidores públicos afiliados al Fondo Nacional de Ahorro

El Decreto 3118 de 1968, que creó el Fondo Nacional del Ahorro dispuso a partir del 1° de enero de 1969 en su artículo 27 10 que cada año calendario los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y

1° de enero de 1969 en su artículo 27 10 que cada año calendario los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y

9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Radicación No. 25000-23-42-000-2018-0098601(3829-21). 10«Artículo 27º. - Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o empleados. La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse, aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.».Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Cindy Johana Rangel Tarazona

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura Radicado: 680813333011-2020-00209-01

12

Empresas Industriales y Comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause a favor de sus trabajadores o empleados. La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse, aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o trabajador.

El artículo 33 11 ibidem consagró el pago de intereses a favor de los trabajadores en el 9% anual sobre las cantidades que a 31 de diciembre de cada año figuraran a favor de cada empleado público, porcentaje que ascendió a la suma del 12% en virtud del

El artículo 33 11 ibidem consagró el pago de intereses a favor de los trabajadores en el 9% anual sobre las cantidades que a 31 de diciembre de cada año figuraran a favor de cada empleado público, porcentaje que ascendió a la suma del 12% en virtud del artículo 3° de la Ley 41 de 197512.

Por su parte, la Ley 432 de 19985 por la cual se reorganizó el Fondo Nacional del Ahorro, en su artículo 5° permitió que el personal vinculado al sector territorial pudiera afiliarse a este fondo para que administrara sus cesantías, reconociera los interes es y protegiera dicha prestación contra la pérdida de valor adquisitivo. Señaló el referido artículo lo siguiente:

«Artículo 5º. Afiliación de servidores públicos. A partir de la vigencia de la presente Ley deben afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.

No se aplica lo anterior al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989.

Podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los demás servidores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos que se afilien voluntariamente al Fondo Nacional de Ahorro solo podrán trasladarse a una sociedad administradora de fondos de cesantías,

11 «Artículo 33º.- Intereses en favor de los trabajadores. El Fondo Nacional de Ahorro liquidará y abonará en cuenta, intereses del nueve (9) por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren a favor de cada empleado público

11 «Artículo 33º.- Intereses en favor de los trabajadores. El Fondo Nacional de Ahorro liquidará y abonará en cuenta, intereses del nueve (9) por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren a favor de cada empleado público o trabajador oficial, inclusive sobre la parte de cesantía que se encuentre en poder de establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado que gocen del plazo p