TA SAN - Sentencia 68001-33-33-012-2018-00358-01 (23-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, octubre veintitrés (23) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Radicado 68001-33-33-012-2018-00358-01 Medio de Control REPARACIÓN DIRECTA

Demandante SHIRLEY ANDREA HERRERA SOLANO y OTROS

hernando-flechas@hotmail.com

Demandado INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPECnotificaciones@inpec.gov.co demandas.oriente@inpec.gov.co

Ministerio Público JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

Tema: Falla médica

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el día 29 de septiembre de 2023, en cuanto denegó las súplicas de la demanda.

Pretensiones:

Primera. Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC por los perjuicios causados a los demandantes, derivados de la muerte del señor Álvaro Salazar, como consecuencia de las a cciones y/u omisiones en que incurrieron servidores públicos vinculados a dicho ente.

Segunda. Que se condene a la Nación – INPEC a pagar a cada uno de los

como consecuencia de las a cciones y/u omisiones en que incurrieron servidores públicos vinculados a dicho ente.

Segunda. Que se condene a la Nación – INPEC a pagar a cada uno de los demandantes una compensación por daño moral subjetivo, derivado de la muerte de su ser querido, señor Álvaro Salazar, en cuantías equivalentes a trescientos (300) salarios mínimos legales mensual es vigentes (SMLMV), según la relación familiar o de crianza (compañera permanente, hijos, hijo de crianza, hermanos y sobrinos). Tercera. Que se condene a la Nación – INPEC a pagar, por concepto de daño emergente, la suma de $6.800.000, correspondientes a los servicios exequiales del señor Álvaro Salazar, cancelados por su compañera permanente. Cuarta. Que se condene a la Nación – INPEC a pagar, por concepto de lucro cesante consolidado, la suma de $13.671.736 (o lo que se estime probado), a favorSentencia de Segunda Instancia 68001333301220180035801

2 de Shirley Andrea Herrera Solano, Álvaro Andrés Salazar Herrera, Karol Tatiana Salazar Herrera y Juan David Salazar Caviedes.

Quinta. Que se condene a la Nación – INPEC a pagar, por concepto de lucro cesante futuro, la suma de $182.498.400 (o lo que se establezca), en favor de Shirley Andrea Herrera Solano, Álvaro Andrés Salazar Herrera, Karol Tatiana Salazar Herrera y Juan David Salazar Caviedes, conforme a sus edades y expectativas de vida.

Sexta. Que se condene a la Nación – INPEC a pagar las costas del proceso, de acuerdo con lo previsto en la ley.

Salazar Herrera y Juan David Salazar Caviedes, conforme a sus edades y expectativas de vida.

Sexta. Que se condene a la Nación – INPEC a pagar las costas del proceso, de acuerdo con lo previsto en la ley.

Séptima. Que todas las sumas reconocidas sean debidamente indexadas y actualizadas, conforme al índice de precios al consumidor y a los principios de reparación integral y equidad.

Hechos:

El señor Álvaro Salazar se encontraba privado de la libertad en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, bajo custodia del INPEC, al momento de su fallecimiento el 26 de noviembre de 2017 en el Hospital Universitario de Santander (HUS). Al ingresar al centro carcelario presentaba antecedentes médicos graves: hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica con un solo riñón funcional, hipertrofia prostática y glaucoma, condiciones conocidas por los funcionarios penitenciarios.

Desde su reclusión, la compañera permanente del interno, Shirley Andrea Herrera Solano, suministraba medicamentos de marca (Cozaar y Norvasc) con autorización del personal de seguridad y coordinación médica, pues los medicamentos genéricos entregados por el INPEC no surtían efecto. Sin embargo, hacia finales de octubre de 2017, con el cambio de director de la cárcel, se prohibió a los familiares ingresar medicamentos, lo que afectó de manera crítica su tratamiento.

La compañera permanente realizó constantes solicitudes a la oficina de Coordinación Médica del penal, pidiendo atención médica adecuada, el suministro de medicamentos y la realización de diálisis, sin que fueran atendidas. Los funcionarios justificaban la omisión en la falta de contratos con IPS, ausencia de

Coordinación Médica del penal, pidiendo atención médica adecuada, el suministro de medicamentos y la realización de diálisis, sin que fueran atendidas. Los funcionarios justificaban la omisión en la falta de contratos con IPS, ausencia de especialistas y necesidad de esperar. A pesar de los reiterados reclamos de la familia y de otros internos, el señor Salazar permaneció sin tratamiento efectivo, lo que agravó su salud.Sentencia de Segunda Instancia 68001333301220180035801

3 Los registros del INPEC muestran que entre el 17 y el 20 de noviembre de 2017 presentó tensiones arteriales de nivel grave (por encima de 170/100 mmHg), indicativas de hipertensión grado 3 según la OMS. El 22 de noviembre de 2017, en horas de la mañana, el interno presentó vómito y dolor de cabeza intenso; fue llevado a la enfermería, pero devuelto sin recibir atención adecuada. En la tarde del mismo día, ante la presión de otros internos, volvió a ser llevado a sanidad, donde colapsó, entrando en estado de coma profundo . Fue trasladado al HUS, ingresando en esa condición y permaneciendo así hasta su fallecimiento.

La historia clínica del HUS consigna como diagnóstico: hemorragia intracerebral, insuficiencia renal aguda, crisis hipertensiva mal controlada y ausencia de reflejos del tallo cerebral, lo que determinó la declaración de muerte cerebral. El expediente médico muestra que el paciente llegó en estado crítico, que padecía hipertensión grave no controlada y que requería diálisis, procedimiento que nunca se le practicó

del tallo cerebral, lo que determinó la declaración de muerte cerebral. El expediente médico muestra que el paciente llegó en estado crítico, que padecía hipertensión grave no controlada y que requería diálisis, procedimiento que nunca se le practicó en la cárcel. La falta de atención médica adecuada derivó en el desenlace fatal.

La demanda enfatiza que la muerte de Álvaro Salazar fue consecuencia directa de la omisión del INPEC en el cumplimiento de su deber de garantizar la vida y la salud de las personas privadas de la libertad, pese a estar advertidos de la gravedad de su enfermedad. Se resalta que el traslado al hospital ocurrió demasiado tarde, sin historia clínica ni antecedentes médicos completos, lo que constituyó un agravante en la atención.

Asimismo, se sostiene que el Estado, al asumir la custodia de una persona privada de la libertad, adquiere una obligación específica de protección integral, que en este caso fue incumplida, configurándose una falla grave en el servicio penitenciario. Finalmente, se señala que la muerte generó un profundo dolor a su compañera, hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares cercanos, quienes quedaron desprotegidos tanto emocional como económicamente, pues dependían de los aportes del fallecido.

Fundamentos de Derecho de las Pretensiones

La demanda se sustenta en la Constitución Política, específicamente en los artículos 2, 6, 11 y 90. • El artículo 2 impone a las autoridades el deber de proteger la vida, honra y bienes de todas las personas. • El artículo 11 reconoce la inviolabilidad del derecho a la vida. • El artículo 90 establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los

• El artículo 2 impone a las autoridades el deber de proteger la vida, honra y bienes de todas las personas. • El artículo 11 reconoce la inviolabilidad del derecho a la vida. • El artículo 90 establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisiónSentencia de Segunda Instancia

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4 de las autoridades públicas. • El artículo 6 fija la responsabilidad de los servidores por infringir la Constitución y la ley.

Se citan también los artículos 7, 85 y 86 y del 206 al 214 del Código Contencioso Administrativo, así como la Ley 153 de 1887 (arts. 4, 5 y 8), y normas del Código Penitenciario y Carcelario – Ley 65 de 1993, que establecen los deberes de las autoridades c arcelarias en materia de custodia, vigilancia, atención médica y dignidad de los internos.

En cuanto a jurisprudencia, se invoca de manera reiterada la doctrina del Consejo de Estado (sentencias de 1989, 1992, 1993, 1995, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007, entre otras), donde se ha precisado que el Estado responde patrimonialmente por los perju icios sufridos por los reclusos bajo su custodia cuando no garantiza condiciones adecuadas de salud, vida e integridad. Se destaca el criterio de obligación de resultado: el Estado debe devolver al retenido en las mismas condiciones en que fue recibido, y si fallece o resulta lesionado por falta de atención, se configura responsabilidad.

La demanda también resalta la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional en

condiciones en que fue recibido, y si fallece o resulta lesionado por falta de atención, se configura responsabilidad.

La demanda también resalta la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional en las cárceles hecha por la Corte Constitucional desde 1998 y reiterada en la sentencia T -388 de 2013, lo cual refuerza la obligación estatal de garantizar condiciones mínimas dignas y la atención médica adecuada a las personas privadas de la libertad.

Se cita además el Manual de Buena Práctica Penitenciaria y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, que exigen a los Estados garantizar la vida y la integridad de los internos, prohibiendo cualquier trato cruel, inhumano o degradante.

En conclusión, la sustentación jurídica plantea que el INPEC incumplió sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios, lo que configuró una falla grave en el servicio penitenciario y genera responsabilidad estatal por la muerte del interno Álvaro Salazar.

Contestación de la demanda

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC no dio contestación a la demanda.Sentencia de Segunda Instancia 68001333301220180035801

5 Sentencia de primera instancia

El Juzgado Doce Administrativo Oral de Bucaramanga, en sentencia de primera instancia, inició precisando que el problema jurídico consistía en establecer si el Estado, a través del INPEC, debía responder por la muerte del recluso Álvaro Salazar ocurrida el 26 de noviembre de 2017, como consecuencia de una presunta falla en la prestación del servicio de salud dentro del establecimiento penitenciario.

Estado, a través del INPEC, debía responder por la muerte del recluso Álvaro Salazar ocurrida el 26 de noviembre de 2017, como consecuencia de una presunta falla en la prestación del servicio de salud dentro del establecimiento penitenciario. En cuanto al daño, se tuvo por acreditada su existencia mediante el registro civil de defunción y la historia clínica del Hospital Universitario de Santander, en la cual se consignó que el paciente presentaba hemorragia intracerebral, hipertensión arterial crónica, insuficiencia renal y otras patologías. Sobre este aspecto no hubo discusión; lo debatido fue la imputación de responsabilidad al INPEC.

El A-quo recordó que la responsabilidad del Estado en materia de salud penitenciaria no es de carácter objetivo, sino que exige la prueba de una falla en el servicio. La obligación, en estos casos, es de medio y no de resultado. De igual forma, resaltó que la falt a de contestación de la demanda por parte del INPEC no eximía a los demandantes de la carga probatoria, pues en la jurisdicción contencioso administrativa no opera la presunción de veracidad de los hechos prevista en el artículo 97 del CGP, tal como lo ha precisado el Consejo de Estado.

Al valorar las pruebas, el juez destacó que desde su ingreso al penal el señor Salazar fue incluido en programas de riesgo cardiovascular, asistió a controles periódicos y le fueron prescritos medicamentos como Losartán, Amlodipino, Furosemida, Warfarina y, posteriormente, Atorvastatina. También se verificó que se le practicaron exámenes de laboratorio en varias oportunidades, y que en una de las consultas el propio paciente manifestó su intención de no tomar el Amlodipino,

Furosemida, Warfarina y, posteriormente, Atorvastatina. También se verificó que se le practicaron exámenes de laboratorio en varias oportunidades, y que en una de las consultas el propio paciente manifestó su intención de no tomar el Amlodipino, lo cual evidenciaba que sí recibía los medicamentos. Asimismo, se constató que el 22 de noviembre de 2017, cuando presentó una crisis hipertensiva, recibió atención inmediata en sanidad y fue remitido al Hospital Universitario de Santander, donde ingresó intubado.

Respecto de la prueba testimonial, el Juzgado de primera instancia analizó la declaración de Guillermo Leal Sánchez, único testigo, cuyas afirmaciones resultaron generales y en buena medida de oídas, por lo que carecían de la fuerza suficiente para desvirtuar los documentos médicos aportados.

Con fundamento en lo anterior, el juez concluyó que no se probó la alegada falla en la prestación del servicio de salud, pues quedó acreditado que el interno recibió controles periódicos, suministro de medicamentos, laboratorios y atención deSentencia de Segunda Instancia 68001333301220180035801

6 urgencia. En esa medida, la expresión “hipertensión arterial mal controlada” contenida en la historia clínica del HUS no podía tenerse como prueba de negligencia del INPEC, ya que no se demostró que los medicamentos fueran inadecuados ni que hubieran dejad o de suministrarse. Finalmente, al no haberse cumplido con la carga probatoria que correspondía a la parte actora, se impuso la decisión de negar las pretensiones de la demanda.

Recurso de apelación

cumplido con la carga probatoria que correspondía a la parte actora, se impuso la decisión de negar las pretensiones de la demanda.

Recurso de apelación

El apoderado de la parte demandante sostiene que el juez de primera instancia incurrió en un error al afirmar que no se probó la falla en la prestación del servicio médico. Alega que sí existe evidencia suficiente que demuestra la omisión del INPEC en garantizar el tratamiento adecuado del señor Álvaro Salazar, lo que derivó en su muerte.

El recurrente critica que, pese a que la entidad demandada no contestó la demanda, el despacho no obró en consecuencia, contrariando lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual la fijación del litigio es el momento procesal para tener por ciertos los hechos no controve rtidos. Afirma que el juez ignoró esta regla y exigió pruebas adicionales que no eran necesarias.

Pruebas y hechos destacados : El recurso resalta que desde el examen de ingreso al penal quedó acreditado que el interno padecía hipertensión arterial, fibrilación auricular y enfermedad renal, con necesidad de tratamiento continuo. Si bien los médicos prescribían medicamentos, no hay constancia de que estos hubiesen sido suministrados de manera efectiva y regular por el INPEC. La familia, de hecho, debía entregarlos en la cárcel, pero poco antes de su muerte se prohibió este ingreso, lo que dejó al interno sin el tratamiento indispensable.

El apelante señala además que, pese a solicitar como prueba la historia clínica completa y los registros de medicamentos suministrados en el penal, el INPEC

prohibió este ingreso, lo que dejó al interno sin el tratamiento indispensable.

El apelante señala además que, pese a solicitar como prueba la historia clínica completa y los registros de medicamentos suministrados en el penal, el INPEC solo allegó documentos incompletos que no acreditan la entrega de fármacos. A juicio del recurrente, ello evidencia negligencia en el cumplimiento de los deberes de custodia y atención en salud.

También cuestiona que el juzgado desestimara el testimonio recaudado, indicando que lo hizo de manera arbitraria y sin aplicar adecuadamente las reglas de la sana crítica.Sentencia de Segunda Instancia 68001333301220180035801

7 Crítica a la valoración judicial: El recurso enfatiza que el fallo de primera instancia se basó en inferencias ilógicas, como asumir que porque el señor Salazar manifestó no desear tomar un medicamento, entonces este le estaba siendo suministrado en el penal. Según la parte apelante, la decisión desconoce la prueba y omite la carga que tenía el INPEC de demostrar la prestación efectiva del servicio médico.

La parte demandante solicita revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, declarando la responsabilidad del INPEC por las omisiones en la atención médica que derivaron en la muerte del señor Álvaro Salazar

Trámite de Segunda instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se admitió el recurso de apelación quedando el proceso para fallo en segunda instanciaLa parte demandada allega traslado del recurso de apelación en el que concluye que no concurren los elementos estructurantes de la responsabilidad estatal (daño

recurso de apelación quedando el proceso para fallo en segunda instanciaLa parte demandada allega traslado del recurso de apelación en el que concluye que no concurren los elementos estructurantes de la responsabilidad estatal (daño antijurídico, imputación y nexo causal), razón por la cual se solicita confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones y, en consecuencia, desestimar la reparación directa solicitada por los demandantes.

La parte demandante y e l Ministerio Público guard aron silencio en curso de esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte demandante.

Problema Jurídico

Vistos los antecedentes fácticos del caso y el objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el problema jurídico central sobre el que esta Sala debe pronunciarse consiste en determinar si: ¿Se encuentran reunidos los elementos necesarios para declarar la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC– en los perjuicios causados a losSentencia de Segunda Instancia 68001333301220180035801

8 demandantes como consecuencia del deceso del señor Álvaro Salazar en momentos en que se encontraba privado de la libertad?

Tesis: No.

Análisis del Caso:

En primer lugar, la Sala resolverá lo relativo al régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, para luego determinar si de acuerdo con los parámetros de éste, los perjuicios alegados por los demandantes son imputables al INPEC y por lo tanto

En primer lugar, la Sala resolverá lo relativo al régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, para luego determinar si de acuerdo con los parámetros de éste, los perjuicios alegados por los demandantes son imputables al INPEC y por lo tanto es procedente dictar una condena en la que se disponga su resarcimiento.

La Sala observa que la parte actora solicitó en la demanda que se declarara la responsabilidad del Estado a título de falla del servicio considerando que había habido un actuar omisivo de los funcionarios de l INPEC quienes no suministraron de manera adecuada y constante la medicación requerida por la víctima para tratar las afecciones en su estado de salud; además, se prohibió a la familia del Interno ingresarlos, dejando al interno sin tratamiento esencial. Esta posición fue reiterada por dicha parte en su recurso de apelación, tal como se puso de presente en los párrafos anteriores de esta decisión.

Ahora bien, a pesar que el régimen aplicable al análisis de los casos de responsabilidad extracontractual en los que se pretende imputar un daño consistente en la muerte de un recluso es por regla general objetivo por la evidente relación de subordinación existente entre una persona privada de la libertad y el Estado1, en el caso particular se iniciará el análisis de la posible responsabilidad del INPEC desde la perspectiva del régimen subjetivo de la falla en el servicio, en consideración a que, como se especificó en el aparte anterior de la providencia, es el régimen de responsabilidad alegado por la parte actora en su demanda y reiterado en la alzada.

Recuérdese que el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de señalar que en

el régimen de responsabilidad alegado por la parte actora en su demanda y reiterado en la alzada.

Recuérdese que el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de señalar que en casos en los que el régimen aplicable es el objetivo, al alegarse o ser evidente la ocurrencia de una falla en el servicio, se desplaza el análisis del asunto a dicha perspectiva de la responsabilidad.2 En éste sentido se reitera que3:

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, expediente 18800, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 2 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre del 2012, expediente n.º 25044, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 8 de febrero del 2011, expediente n.º 22135, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 18646, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de febrero del 2012, expediente 22744, CP. Danilo Rojas Betancourth.Sentencia de Segunda Instancia 68001333301220180035801

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La ubicación preponderante del régimen subjetivo de responsabilidad del Estado obedece a que: (i) “… la forma más frecuente de inferir daños a terceros, se da precisamente por el incumplimiento de los deberes y obligaciones que recaen sobre las autoridades estatales y la violación o

del Estado obedece a que: (i) “… la forma más frecuente de inferir daños a terceros, se da precisamente por el incumplimiento de los deberes y obligaciones que recaen sobre las autoridades estatales y la violación o desconocimiento de la normatividad legal y los reglamentos que establecen el marco de sus actuaciones” 4; (ii) la declaración judicial de que ha habido en un caso concreto una falla del servicio cumple una función de diagnóstico acerca de lo que fue la actuación de la administración; (iii) como consecuencia del reproche y de la sanción a la específica actuación estudiada, en atención a la función pedagógica que compete a las autoridades judiciales, el título de imputación de falla del servicio constituye una admonición para que hacia el futuro se eviten actuaciones que sean susceptibles de condena por parte d e las autoridades judiciales; (iv) para efectos de la acción de repetición que se podría ejercer con posterioridad en relación con los funcionarios comprometidos, la falla del servicio constituye el título de imputación que mayor claridad brinda acerca de la actuación que se habrá de juzgar.

Adicionalmente, es pertinente poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco

eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación5:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

Cabe mencionar que la imputabilidad en el régimen de responsabilidad de la falla en el servicio está llamada a demostrar una relación de causa y efecto entre un

Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

Cabe mencionar que la imputabilidad en el régimen de responsabilidad de la falla en el servicio está llamada a demostrar una relación de causa y efecto entre un daño antijurídico , entendido como aquél que sufre una persona que no se

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, expediente 18380, CP. Mauricio Fajardo Gómez. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera -Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 21515, CP. Hernán Andrade Rincón.Sentencia de Segunda Instancia 68001333301220180035801

10 encuentre en el deber legal de soportarlo 6, y una falla en el servicio, es decir, una conducta negligente u omisiva de parte de la administración que implica su desconocimiento o violación a una obligación a cargo del Estado7.

En otras palabras, se evaluará si con el material probatorio obrante en el proceso se acreditó la ocurrencia de un daño o lesión a un bien jurídico, una falta o falla del servicio por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo y una relación de imputación o causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, valga aclarar, aún demostrada la falla del servicio, no habrá lugar a indemnización.

Así las cosas, en primer lugar la Sala encuentra debidamente acreditada la existencia del daño invocado por la parte demandante, consistente en el fallecimiento del señor Álvaro Salazar, ocurrido el 26 de noviembre de 2017, a la

Así las cosas, en primer lugar la Sala encuentra debidamente acreditada la existencia del daño invocado por la parte demandante, consistente en el fallecimiento del señor Álvaro Salazar, ocurrido el 26 de noviembre de 2017, a la edad de 72 años, mientras se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Bucaramanga desde el 6 de abril de 2017, hecho este frente al cual las partes no presentaron controversia.

De otro lado, respecto de la existencia de una falla del servicio por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Sala no encuentra acreditada su ocurrencia, en cuanto en el expediente no se halla probado que el demandado hubiese incurrido en una conducta omisiva o negligente durante el desarrollo de los hechos que sustentan la solicitud judicial resarcitoria y que concluyeron con la muerte del señor Salazar.

En primer lugar, se tiene que, revisando los documentos clínicos que se aportaron

6 La Corte Constitucional en sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero consideró:“El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. La Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo

patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente no basta que el daño sea antijurídico sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública.” En este sentido, Adriano De Cupis indica: “La consideración de la antijuricidad (oposición al derecho) presupone un exacto conocimiento del concepto de derecho. La expresión “derecho” tiene diferentes signif