TA SAN - Sentencia 68001-33-33-013-2018-00176-01 (11-12-2025)

SIGCMA-SGC

Tribunal Administrativo de Santander

Magistrada Ponente: Carolina Arias Ferreira

Bucaramanga, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia de segunda instancia

Expediente: 68001333301320180017601 (Expediente físico) Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Caicedo Grupo Electrónico Colombiano CIS en C

ventas@grupoelectricocolombiano.com

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

notificacionesjud@sic.gov.co

Ministerio público: Eddy Alexandra Villamizar

eavillamizar@procuraduria.gov.co Sentencia no 355

Tema: Sanción por importación de productos sin cumplir con los requisitos del RETIE – Confirma – Otros

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que concedió parcialmente las súplicas de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

En la demanda se expuso que, la demandada inició procedimiento administrativo sancionatorio contra la empresa a través de la Resolución 8709 de fecha 29 de febrero de 2016, con fundamento en la visita de verificación de productos sujetos al cumplimiento del reglamento técnico del RETIE en el establecimiento Homecenter de esta ciudad.

Por lo anterior, la empresa demandante presentó descargos el día 29 de marzo de

febrero de 2016, con fundamento en la visita de verificación de productos sujetos al cumplimiento del reglamento técnico del RETIE en el establecimiento Homecenter de esta ciudad.

Por lo anterior, la empresa demandante presentó descargos el día 29 de marzo de 2016, con radicado No. 15 -148977-00023-0000, en el cual solicitó pruebas tendientes a desvirtuar los resultados de las pruebas practicadas por el laboratorio

QTEST SAS.

1 Expediente físico, folios 4 a 6.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Posteriormente, presentó alegatos de conclusión el 23 de mayo de 2016 con la observación que se vulneró el debido proceso por no decretar las pruebas solicitadas.

En ese sentido, la SIC expidió la Resolución No. 56365 de fecha 24 de agosto de 2016, mediante la cual impuso a la demandante sanción por valor de $275.781.600, equivalente a 400 SMLMV.

La anterior decisión fue objeto de recurso de reposición y en subsidio apelación; por consiguiente, la directora de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Té cnicos y Metrología Legal confirmó la sanción impuesta por Resolución No. 8888 de fecha 02 de marzo de 2017.

Por su parte, el Superintendente delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal por Resolución No. 544405 del 05 de

Resolución No. 8888 de fecha 02 de marzo de 2017.

Por su parte, el Superintendente delegado para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal por Resolución No. 544405 del 05 de septiembre de 2017, resolvió el recurso de apelación en el sentido de mantener la decisión adoptada.

Teniendo en cuenta la decisión tomada por la entidad demandada, expuso la empresa demandante que realizó acuerdo de pago, sin que ello implique el reconocimiento de responsabilidad alguna.

1.1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretende lo siguiente:

«PRIMERO: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 56365 de fecha 24 de agosto de 2016, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos técnicos y Metrología Legal, a través de la cual resolvió imponer a la sociedad CAICEDO GRUPO ELECTRICO COLOMBIANO C I S EN C una sanción por la suma de doscientos setenta y cinco millones setecientos ochenta y un mil seiscientos pesos ($275.781.600) equivalente a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

SEGUNDO: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 8888 de fecha 02 de marzo de 2017 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través la Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos técnicos y Metrología Legal por medio del cual resolvió recurso de reposición, y decidió no

marzo de 2017 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través la Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos técnicos y Metrología Legal por medio del cual resolvió recurso de reposición, y decidió no reponer la resolución No. 56365 de fecha 24 de agosto de 2016. Así mismo, resolvió conceder el recurso de apelación ante el Superintendente delegado para el Control y Verificación de Reglamentos técnicos y Metrología Legal.

TERCERO: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 54405 de 05 de septiembre de 2017 proferida por la Sup erintendencia de Industria y Comercio, a través del Superintendente delegado para el Control y Verificación de Reglamentos

2 Expediente físico, folios 6 a 7.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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técnicos y Metrología Legal, el cual resolvió recurso de apelación y se decidió modificar el artículo primero de la Resolución No. No . 56365 de fecha 24 de agosto de 2016 imponiendo a la sociedad CAICEDO GRUPO ELECTRICO COLOMBIANO C I S EN C., una sanción por la suma de ciento treinta y siete millones ochocientos noventa mil ochocientos pesos ($ 137.890.800) equivalente a doscientos (20 0) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, indico que contra la presente

noventa mil ochocientos pesos ($ 137.890.800) equivalente a doscientos (20 0) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, indico que contra la presente resolución no procedía recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

CUARTO: Que, en consecuencia, de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO devolver a la sociedad CAICEDO GRUPO ELECTRICO COLOMBIANO C I S EN C., los pagos realizados de la sanción (multa) al momento del fallo, si a bien tenemos en cuenta el acuerdo de pago que se encuentra en cumplimiento.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA:

En caso de no concederse la nulidad de las Resoluciones acusadas por violación al debido proceso y demás principios constitucionales; se ordene conmutar la sanción impuesta a la sociedad CAICEDO GRUPO ELECTRICO COLOMBIANO C I S EN C., si es del caso, por una diferente a la pecuniaria, y proceder a devolver los pagos realizados al momento del fallo, si a bien tenemos en cuenta el acuerdo de pago que se encuentra en incumplimiento.»

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Invocó como normas vulneradas las siguientes: artículos 29 de la Constitución Política; y, Ley 1480 de 2011.

Señaló como concepto de violación que , se desconocieron por parte de la SIC los principios constitucionales y garantistas al debido proceso, derecho de contradicción, imparcialidad, confianza legítima y al principio de proporcionalidad y razonabilidad,

Señaló como concepto de violación que , se desconocieron por parte de la SIC los principios constitucionales y garantistas al debido proceso, derecho de contradicción, imparcialidad, confianza legítima y al principio de proporcionalidad y razonabilidad, además de no aplicar lo establecido en la Ley 1480 de 2011 a la hora de dosificar la sanción sin respaldo probatorio.

Respecto a la vulneración al debido proceso señaló que, como quedó estipulado en los alegatos de conclusión que presentó el proceso administrativo la entidad demandada al negar la solicitud de las pruebas solicitadas , las cuales eran conducentes, pertinentes y útiles para el caso, sin que existiera por parte de la SIC la suficiente motivación jurídica en el acto demandad que justificara legalmente su negación, pese a que las mismas tenían estrecha relación con los hechos materia de la investigación, pues, «si bien la prueba reina» para sancionar a la empresa demandante fueron los ensayos practicados a las muestras, también lo es que, se negó la oportunidad procesal para controvertirlas.

En cuanto a la confianza legitima, se tiene que la empresa demandante contaba con la certificación de conformidad de producto No. 05101 de fecha 19 de septiembre de 2013 expedida por el CIDET de los productos 1/2 y 3/4 entre otros, el cual fue actualizado el 02 de julio de 2015; igualmente, la empresa china «TIANJINJIEFENG STELL PIPENulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Sentencia de Segunda Instancia

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INDUSTRY AND TRADING CO., LTD», cuenta con la certificación ISO 9001 -2008, sociedad con la cual tuvo negocios la empresa demandante.

Es así como, la parte actora confió en la certificación de conformidad de productos y la actualización expedida por el CIDET con apego al RETIE, es decir, que «creyó de buena fe y con la confianza legítima que los tubos metálicos aquí enunciados reunían los requisitos legales».

Respecto a la dosimetría sancionatoria , afirmó que la SIC no abordó los siguientes criterios para aplicar la sanción: i) la persistencia de la conducta infractora, y ii) el grado de prudencia o diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas pertinentes.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La parte demandada, Superintendencia de Industria y Comercio3, se opuso a las pretensiones de la demanda, por carecer de «apoyo jurídico» y sustento legal para que prosperen.

En lo referente a la vulneración al debido proceso, indicó que, en todas las etapas se garantizó este derecho, y es así como mediante la resolución No. 26891 del 11 de mayo de 2016 fueron expuestas las razones por las cuales las pruebas solicitadas en el escrito de descargos y alegatos de conclusión, resultaron ser impertinentes e inconducentes, por la siguiente razón:

mayo de 2016 fueron expuestas las razones por las cuales las pruebas solicitadas en el escrito de descargos y alegatos de conclusión, resultaron ser impertinentes e inconducentes, por la siguiente razón:

Respecto a la prueba de oficiar al laboratorio electromecánico QTES T S.A.S., para informar «si el referido laboratorio está legalmente facultado para su práctica, que los equipos se hayan calibrado debidamente y que la profesional sea idónea para realizar las pruebas», señaló que, la misma no era pertinente ni conducente, pues para el caso los incumplimientos encontrados eran de verificación «objetivas» en las que se analizaba si el producto cumplía o no con los requisitos de la norma ; por ende, adujo que la prueba solicitada no tenía la finalidad de controvertir puntualmente los incumplimientos encontrados.

Es así como, la investigación administrativa no tenía como objeto cuestionar las labores que adelantan los organismos en los procesos de certificación, sino verificar en el merca do la calidad de los productos que se ponen a disposición de los consumidores.

Además, explicó que los ensayos de los tubos fueron practicados por el Laboratorio de Ensayos Eléctricos Industriales – QTEST, el cual está debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC.

3 Expediente físico, folios 146 a 149.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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En lo referente a la confianza legítima, afirmó que la empresa demandante tenía la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos contenidos en el RETIE, previos a su comercialización, independientemente que el producto objeto de la investigación contara con certificado de conformidad.

Agregó también que, el certificado de conformidad es una presunción de cumplimiento de requisitos esenciales que se han determinado para eliminar o r educir riesgos para la vida, la salud e integridad de las personas.

Concluyó que, si la empresa demandante hubiese querido demostrar que buscó una solución adecuada a los consumidores, debió actuar de tal forma que realizara acciones tendientes a evitar el riesgo inminente a los objetivos legítimamente tutelados por el REITE; por lo tanto, una acción que demostrara lo anterior, era la suspensión de la importación, distribución y/o comercialización de los productos investigados.

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda. En la parte resolutiva de la sentencia recurrida dispuso lo siguiente:

«PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de los siguientes actos administrativos: i) Resolución No. 56365 proferida el 24 de agosto de 2016 por la Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintende ncia de Industria y Comercio

administrativos: i) Resolución No. 56365 proferida el 24 de agosto de 2016 por la Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintende ncia de Industria y Comercio mediante la cual se impuso a la sociedad demandante CAICEDO GRUPO ELECTRÓNICO COLOMBIANO C.I.S. EN C. con NIT. 900.067.885 -4, sanción de 400 SMMLV equivalentes a $275781.600, ii) Resolución No. 8888 del 2 de marzo de 2017 proferida por la misma dependencia, mediante la cual resuelve recurso de reposición, confirmando la resolución anterior, y iii) Resolución No. 54405 del 5 de septiembre de 2017 proferida por el Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamen tos Técnicos y Metrología Legal, mediante la cual se modifica el artículo primero de la Resolución No. 56365/2016 reduciendo el quantum de la sanción a la mitad, es decir, a la suma de $137'890.800. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho,

SEGUNDO. MODIFICAR el valor de la sanción impuesta en los actos administrativos identificados en el numeral anterior, el cual quedará en la suma de TRES MILLONES TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($3.447.270.00), y ii) CONDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a devolver, en forma indexada, las sumas que la sociedad CAICEDO GRUPO ELECTRÓNICO COLOMBIANO C.I.S. EN C. con NIT. 900.067.885 -4 canceló por concepto de la

indexada, las sumas que la sociedad CAICEDO GRUPO ELECTRÓNICO COLOMBIANO C.I.S. EN C. con NIT. 900.067.885 -4 canceló por concepto de la sanción impuesta en los actos parcialmente anulados, en lo que sea superior al valor señalado en el punto i).

4 Expediente físico, folios 199 a 217 y 223 a 226.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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TERCERO. CONDENAR en costas a la Superintendencia de Industria y Comercio y a favor de la sociedad demandante. Las agencias en derecho serán fija das en auto separado y las costas se liquidarán en forma concentrada. […]».

Sostuvo el a quo que, de acuerdo con las normas técnicas y las pruebas obrantes en el proceso, los estudios a los productos solo pueden ser realizados por un laboratorio experto en metrología y galvanizado, es decir, que este el único capaz de verificar el cumplimiento RETIE. No como lo hizo la entidad demandada al utilizar una sociedad que tiene como objeto social la comercialización de productos. Igualmente, afirmó que se debió tener en cuenta para la imposición de la sanción el régimen subjetivo, pues la importación y comercialización de este tipo de productos metálicos requiere que el importador obtenga una «Certificación de Conformidad de Productos», documento con el cual se «dem[uestra] el cumplimiento de los requisitos establecidos en el RETIE».

metálicos requiere que el importador obtenga una «Certificación de Conformidad de Productos», documento con el cual se «dem[uestra] el cumplimiento de los requisitos establecidos en el RETIE».

Además, indicó la juez de primera instancia que, las razones por las cuales se eximió de responsabilidad a la sociedad Sodimac en su condición de comercializadora de la tubería importada, son igualmente predicables de la situación táctica de la sociedad demandante, en su condición de importadora.

Por lo anterior, concluyó respecto de la vulneración al debido proceso que, efectivamente los actos demandados vulneraron el debido proceso de la parte actora, al haberle atribuido responsabilidad por incumplimiento al RETIE, bajo un régimen de responsabilidad objetiva, sin analizar una serie de circunstancias de las cuales podía inferirse que aquella no había actuado con culpabilidad, es decir, sin juicio de reproche.

Asimismo, afirmó que los actos acusados vulneraron el debido proceso al no permitir la contradicción de la prueba técnica efectuada por la entidad demandada, más aún cuando la prueba solicitada por la parte actora era pertinente y constituía el único medio para demostrar el argumento de su defensa relacionado con las impresiones en que incur rió el laboratorio QTEST por falta de experticia de las personas que realizó la prueba o por falta de calibración de los equipos utilizados en ella.

En cuanto a la falsa motivación alegada, soportó su conclusión de incumplimiento del RETIE en una única prueba técnica practicada sobre dos muestras aisladas , una correspondiente a tubería de ½” y otra a tubería de ¾”, sin acreditar que dichas unidades fueran representativas del universo de 8.000 tubos objeto del contrato. Tal

del RETIE en una única prueba técnica practicada sobre dos muestras aisladas , una correspondiente a tubería de ½” y otra a tubería de ¾”, sin acreditar que dichas unidades fueran representativas del universo de 8.000 tubos objeto del contrato. Tal proceder, en su sentir, desatendió las reglas de la lógica y de la prueba técnica, pues no es razonable inferir que los resultados obtenidos en una muestra tan reducida e insuficientemente caracterizada puedan trasladarse inductivamente al total de la población. En consecuencia, aseveró que la inferencia realizada carece de sustento fáctico y técnico, lo que condu jo a estructurar el vicio de falsa motivación.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Finalmente, en cuanto a la dosificación de la sanción , la juez de primera instancia concluyó que el valor de la multa es correcto por cuanto correspondió: i) a la infracción del literal j) del numeral 20.6.1.1. del RETIE, porque el producto 2 identificado como «Tubería Conduit Metálica tipo EMT ¾» no contó con el nombre del productor marcado bajo relieve o con plantilla, y, ii) se i mpuso respecto de las 190 unidades de tubería exhibidas en el establecimiento de comercio Homecenter de Bucaramanga, y no respecto de las 8.000 importadas.

Es así como, el a quo declaró la nulidad parcial de los actos acusados en lo que

190 unidades de tubería exhibidas en el establecimiento de comercio Homecenter de Bucaramanga, y no respecto de las 8.000 importadas.

Es así como, el a quo declaró la nulidad parcial de los actos acusados en lo que respecta a la sanción impuesta por los incumplimientos 1 y 2, y ordenó modificar la cuantía del valor de la multa. También condenó en costas a la parte demandada por resultar vencida en el proceso, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 365 del CGP en concordancia con el artículo 188 del CPACA.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demandada, Superintendencia de Industria y Comercio5, señaló que, la responsabilidad entre el productor, importador y proveedor del bien o servicio es solidaria, es decir, que el cumplimiento puede exigirse a cualquiera de los intervinientes en la relación negocial, siempre que concurran de manera directa en la adquisición del bien o el servicio, obteniendo un provecho directo de la compra en cuestión; ello con fundamento en el numeral 11 del artículo 5 del Estatuto del Consumidor.

• Responsabilidad especial objetiva en el régimen de protección al consumidor

En lo que tiene que ver con la responsabilidad objetiva en el régimen de protección al consumidor , indicó que, se prevé como un tipo especial en cabeza de proveedores, productores e importadores de bienes y servicios, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1480 de 2011, al consagrar la obligación de responder a título de garantía por el incumplimiento en las condiciones de calidad e idoneidad de un producto o por las fallas o deficiente prestación de un servicio.

establecido en la Ley 1480 de 2011, al consagrar la obligación de responder a título de garantía por el incumplimiento en las condiciones de calidad e idoneidad de un producto o por las fallas o deficiente prestación de un servicio.

En cuanto a la casuales de exoneración de esta responsabilidad, señaló que se encuentran establecidas en el artículo 26 del Decreto 3466 de 1982 y precisó que, en todo caso, debe probarse el nexo de causalidad entre el motivo de exoneración invocado y la falta de correspondencia entre la calidad e ido neidad alegada, con exclusión de la culpa por parte del sujeto sobre el que recae la responsabilidad.

Dichas causales son: i) fuerza mayor o caso fortuito; ii) hecho de un tercero; iii) uso indebido del bien por parte del consumidor, y, iv) que el consumid or no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía.

5 Expediente físico, folios 229 a 237.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Concluyó sobre ello que, el a quo efectuó un análisis incorrecto respecto a la responsabilidad objetiva en el régimen de protección al consumidor, esto es, «no siendo la responsabilidad objetiva proscrita en el Estatuto del Consumidor, sino todo lo contrario, donde no se requiere un juicio de reproche de la conducta al sancionado.».

• De la incapacidad de verificar el cumplimiento del RETIE por parte de la

siendo la responsabilidad objetiva proscrita en el Estatuto del Consumidor, sino todo lo contrario, donde no se requiere un juicio de reproche de la conducta al sancionado.».

• De la incapacidad de verificar el cumplimiento del RETIE por parte de la

sancionada CAICEDO GRUPO ELÉCTRONICO COLOMBIANO C I S en C

Afirmó que, es equivocado lo expuesto por el a quo, toda vez que, pretende relevar de responsabilidad a la sociedad sancionada, por no ser un organismo de certificación acreditado por la ONAC, y en ese sentido, no podía cumplir con lo preceptuado en la normatividad aplicable, pese a que, la norma claramente no exige que el importador deba ser un laboratorio experto acreditado por la ONAC para dar cumplimiento con lo expuesto por el RETIE.

• Del supuesto cumplimiento del deber legal de obtener el certificado de conformidad de los productos importados por la sociedad Caicedo

Grupo Electrónico Colombiano C I S en C

Sostuvo que, independientemente de la certificación expedida por un organismo de evaluación acreditado por la ONAC, los productores e importadores están sujetos a un reglamento técnico en el cual deben cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en el mismo, según lo previsto en el artículo 2.2 .7.17.2 del Decreto 1595 de 2015.

Explicó que, el certificado de conformidad es una presunción de cumplimiento de requisitos esenciales que se han determinado para eliminar o reducir riesgos para la vida, la salud e integridad de las personas, la cual, puede ser desvirtuada en el momento en que se encuentre que el producto incumple con los requisitos exigidos en el reglamento.

la vida, la salud e integridad de las personas, la cual, puede ser desvirtuada en el momento en que se encuentre que el producto incumple con los requisitos exigidos en el reglamento.

• Del supuesto juicio de responsabilidad subjetiva a la sociedad comercializadora Sodimac Colombia SAS y del supuesto trato desigual frente a la sociedad importadora Caicedo Grupo Electrónico

Colombiano C I S en C

Expuso que, la obligación de la sociedad Sodimac Colombia SAS en su calidad de comercializadora era solicitar a su proveedor el certificado de conformidad mediante el cual se demostrara el cumplimiento del RETIE, previo a la comercialización del producto, y en esa medida actuó en cumplimiento de la norma, por lo que no podía ser sancionada, dado que, la responsabilidad e s solo para los productores e importadores.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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• El fallo de primera instancia erró al considerar que se violó el derecho al debido proceso al no decretar la prueba respecto a la idoneidad del laboratorio y personal

La parte demandada reiteró que los ensayos fueron practicados por el Laboratorio de Ensayos Eléctricos Industriales QTEST, el cual está debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, pues, se trata de un laboratorio que ha pasado por el correspondiente proceso de acreditación sobre la competencia técnica y la imparcialidad del mismo, es decir, que sus ensayos y

el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, pues, se trata de un laboratorio que ha pasado por el correspondiente proceso de acreditación sobre la competencia técnica y la imparcialidad del mismo, es decir, que sus ensayos y pruebas atienden todos los parámetros de neutralidad, independencia e imparcialidad correspondientes con su acreditación, permitiendo así tener confianza sobre los resultados obtenidos.

Por lo anterior, sostuvo que no se configuró la violación al debido proceso y al derecho de contradicción por cuanto el rechazo de las pruebas se efectuó de manera motivada, en a tención al procedimiento y oportunidad prevista en la Ley 1437 de 2011.

• El a quo se equivoca al afirmar que las resoluciones demandadas incurrieron en falsa motivación

En el presente asunto no se demostró el cumplimiento de todas las exigencias del reglamento técnico por parte de la sociedad, por consiguiente, se acusó un daño al interés legítimo que la norma busca proteger en favor de los consumidores, pues se puso en riesgo la salud de estos, en razón a que se fabricaron y comercializaron productos que, a pesar de estar sometidos al cumplimiento de unas exigencias, no acataron todos los requisitos que allí están contemplados, como lo es contar con un certificado de conformidad válido.

• De otras sanciones impuestas a la sociedad Caicedo Grupo Electrónico

Colombiano C I S en C

Mencionó que, la parte actora ha sido sancionada en otro proceso por no cumplir con el RETI E, en relación con el producto «No. 1: “tubería Conduit metálica tipo EMT BEST LIGHT 1/2", situación que debe ser tenida en cuenta en este proceso,

con el RETI E, en relación con el producto «No. 1: “tubería Conduit metálica tipo EMT BEST LIGHT 1/2", situación que debe ser tenida en cuenta en este proceso, dado que, es no es jena en el incumplimiento del RETIE.

• De la condena en costas

Solicitó se revoque la condena en costas, por cuanto no están probadas en el proceso, es decir que, no están justificadas en la presente litis.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha 31 de octubre de 20 19 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Posteriormente, mediante providencia del 27 de septiembre de 2021 se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio público para alegar de conclusión y emitir concepto de fondo respectivamente.

El expediente fue redistribuido por parte del Despacho 006 al Despacho 009 a cargo de la Magistrada ponente, conforme el Acuerdo PCSJA22 -12026 del 15 de diciembre de 2022, con las modificaciones introducidas por el Acuerdo PCSJA2312060 del 25 de abril de 2023.

1.5.1. Pronunciamiento en el traslado de alegatos de conclusión y concepto de fondo

1.5.1.2. La parte demandante6, reafirmó los argumentos dados en el escrito de la demanda.

1.5.1. Pronunciamiento en el traslado de alegatos de conclusión y concepto de fondo

1.5.1.2. La parte demandante6, reafirmó los argumentos dados en el escrito de la demanda.

1.5.1.2. La parte demandada, Superintendencia de Industria y Comercio 7, reiteró en esta oportunidad los argumento dados en el recurso de alzada.

1.5.1.3. La representante del Ministerio Público, no emitió concepto de fondo en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tri