TA SAN - Sentencia 68001-33-33-013-2018-00459-01 (28-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333301320180045901

MEDIO DE CONTROL: Reparación Directa

DEMANDANTE: Doris Milena Gaona Jaime Y Otros

charymaestre@hotmail.com

DEMANDADO: Municipio de Floridablanca

notificaciones@floridablanca.gov.co mairaalejandraquinonez07@gmail.com

Banco Inmobiliario De Floridablanca pugestionjuridica@bif.gov.co notificacionesjudiciales@bif.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: Eddy Alexandra Villamizar

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 289

TEMA: Perjuicios por omisión e incumplimiento sentencia t -109 de 2015 - derecho a vivienda digna - otros

Decide la Sala , el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Floridablanca contra la sentencia de fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que mediante la sentencia

demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que mediante la sentencia T-109 del 25 de marzo de 2015, la H. Corte Constitucional, en el marco de la acción

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 000 46 SAMAI, One Drive, archivo 01DemandayAnexos.pdf, folio 5 al 17Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Doris Milena Gaona Jaimes y otros Demandado: Municipio de Floridablanca y otro Radicado: 68001333301320180045901

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de tutela interpuesta por Irene Jaimes Arias y otros , contra el municipio de Floridablanca, por los procesos de desalojo forzado y la vulneración del derecho a una vivienda digna en el sector Altos de Bellavi sta, profirió una sentencia inter comunis, extendiendo sus efectos a los beneficiarios del proyecto Altos de Bellavista, etapas II y IV.

Precisó que, a la fecha, no se había dado cumplimiento al punto séptimo de la mencionada sentencia, razón por la cual la demandante no había obtenido, junto con su núcleo familiar, la culminación del proyecto de vivienda de interés social que pusiera fin a la vulneración de los derechos amparados por dicha providencia. Agregó que ya se habían vencido los términos concedi dos en la acción de tutela, sin que se hubiera iniciado ni culminado el proyecto de vivienda social destinado a los accionantes registrados como beneficiarios del programa.

Agregó que ya se habían vencido los términos concedi dos en la acción de tutela, sin que se hubiera iniciado ni culminado el proyecto de vivienda social destinado a los accionantes registrados como beneficiarios del programa.

Manifestó que tal omisión o incumplimiento le s habían generado graves perjuicios, al versen obligados a vivir en condiciones indignas, sin una vivienda adecuada y debiendo asumir el pago de un arriendo costoso.

Finalmente, indicó que el municipio no le había otorgado un subsidio de vivienda ni le había asig nado un sitio de reubicación, motivo por el cual continuaba sin una solución habitacional que garantizara efectivamente su derecho a una vivienda digna.

1.1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió lo siguiente:

«Primera.- Declarar administrativa y extracontractualmente responsable al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, de los perjuicios causados a los demandantes DORIS MILENA GAONA JAIME, y HÉCTOR PEÑA NIÑO, HOLGER SANTIAGO PEÑA GAONA; y DENNIS ALEJANDRO PEÑA GAONA, con motivo del incumplimiento del ítem o punto séptimo (7o) de la sentencia T 109 de 2015 proferida por la honorable corte constitucional.

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 000 46 SAMAI, One Drive, archivo 01DemandayAnexos.pdf, folio 1 al 5Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Doris Milena Gaona Jaimes y otros Demandado: Municipio de Floridablanca y otro Radicado: 68001333301320180045901

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Segunda.- que el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, deberá pagar a cada uno de los demandantes, las siguientes sumas, por concepto de PERJUICIOS MORALES:

1Para HÉCTOR PEÑA NIÑO, la cantidad de _ CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, correspondiente a esta fecha a $ $39.062.100.

2para _ DORIS MILENA GAONA JAIME, la cantidad de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, correspondiente 0 a esta fecha a $ $39.062.100.

3Para HOLGER SANTIAGO PEÑA GAONA, la cantidad de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, correspondiente a esta fecha a $ $39.062.100

4Para DENNIS ALEJANDRO P EÑA GAONA, la cantidad de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, correspondiente a esta fecha a $ $39.062.100

Tercera.- que el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, deberá pagar a cada uno de los demandantes, las siguientes sumas, por concepto de D AÑO A LA VIDA EN

RELACIÓN:

1Para HÉCTOR PEÑA NIÑO, la cantidad de VEINTICINCO (25) Salarios MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, correspondiente a esta fecha a $19.531.050

RELACIÓN:

1Para HÉCTOR PEÑA NIÑO, la cantidad de VEINTICINCO (25) Salarios MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, correspondiente a esta fecha a $19.531.050

2Para _ DORIS MILENA GAONA JAIME, la cantidad de VEINTICINCO (25) Salarios MÍ NIMOS MENSUALES correspondiente a esta fecha a $19.531.050

LEGALES VIGENTES,

3Para HOLGER SANTIAGO PEÑA GAONA, la cantidad de VEINTICINCO (25) Salarios MÍNIMOS MENSUALES correspondiente a esta fecha a $19.531.050

LEGALES VIGENTES,

4Para DENNIS ALEJANDRO PEÑA GAONA, la cantidad de VEINTICINCO (25) Salarios MÍNIMOS MENSUALES correspondiente a esta fecha a $19.531.050

LEGALES VIGENTES,

Cuarta.- que el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, deberá pagara (sic) favor de HÉCTOR PEÑA NIÑO, LOS PE RJUICIOS MATERIALES sufridos con motivo del Incumplimiento del ítem o punto séptimo (7o) de la sentencia T 109 de 2015 proferida por la honorable corte constitucional LA SUMA DE TREINTA YUN MILLÓN OCHOSCIENTOS MIL PESOS ($ 31.800.000) M/L., teniendo en cue nta las siguientes bases de liquidación:

1El salario mínimo mensual legal vigente a esta fecha es de $781.242

2Juramento estimatorio: Para estimar tal valor se ha tenido en cuenta el valor económico empleado por el en el trabajo para la adecuación d el terreno, la

1El salario mínimo mensual legal vigente a esta fecha es de $781.242

2Juramento estimatorio: Para estimar tal valor se ha tenido en cuenta el valor económico empleado por el en el trabajo para la adecuación d el terreno, la construcción de una vivienda en madera, Parodi, plásticos, tablas, techo, laNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Doris Milena Gaona Jaimes y otros Demandado: Municipio de Floridablanca y otro Radicado: 68001333301320180045901

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construcción de baño, cocina rudimentaria, la cual es estimada bajo la gravedad del juramento estimatorio en la suma de $31800.000, puesto que se valora la construcción en sí de la vivienda provisional valorada en $30.000.000 , y además a esta vivienda necesariamente ha tenido que realizársele mantenimiento a razón de $ 50.000. Mensuales de materiales como tablas, zinc, puntillas, amarres etc. Lo que desde marzo de 2 017 a esta fecha se valora en la suma de $900.000. Entonces 50.000 x 18 meses de mantenimiento: $900.000. Y el valor de la mano de obra por mantenimiento a razón de un jornal mensual a razón cada jornal de$50.000 lo que multiplicado por 18 meses de mora en el cumplimiento de la sentencia nos arroja un valor de $900.000. Sumados estos conceptos tenemos un daño material de $ 31.800.000

Quinta: que el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, deberá pagar a favor de los demandantes DORIS MILENA GAONA JAIME, HÉCTOR PEÑA NIÑO, el menor

31.800.000

Quinta: que el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, deberá pagar a favor de los demandantes DORIS MILENA GAONA JAIME, HÉCTOR PEÑA NIÑO, el menor HOLGER SANTIAGO PEÑA GAONA, y DENNIS ALEJANDRO PEÑA GAONA, Indemnización excepcional por daño autónomo causado por la vulneración y afectación relevante a los derechos convencional y constitucionalmente amparados de la VIDA digna en relación a la vivienda digna. Sufridos por los demandantes en cuantía de CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (50) para cada uno de los demandantes.

Sexta: Condenar al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, a pagara (sic) favor de la parte demandante las costas que se causen en el presente proceso».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación3

Se invocó como normas vulneradas el artículo 2, 6, 11 y 90 de la Constitución Política; el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 ; las s entencias del H. Consejo de Estado expedientes 45081, 34554, 25022 y sentencia de unificación de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014 dentro del expediente 32.988.

Señaló como concepto de violación que, el Municipio de Floridablanca incurrió en una falla del servicio por la demora y omisión en el cumplimiento de la sentencia T109 de 2015 proferida por la H. Corte Constitucional.

1.2. Contestación de la demanda

una falla del servicio por la demora y omisión en el cumplimiento de la sentencia T109 de 2015 proferida por la H. Corte Constitucional.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La parte demandada, Municipio de Floridablanca4, a través de apoderado judicial se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda , al

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 000 46 SAMAI, One Drive, archivo 01DemandayAnexos.pdf, folio 17 al 18 4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00046 SAMAI, One Drive, archivo 13ContestaciónDemanda.pdfNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Doris Milena Gaona Jaimes y otros Demandado: Municipio de Floridablanca y otro Radicado: 68001333301320180045901

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considerar que no existían fundamentos fácticos ni jurídicos que permitieran establecer la existencia de una omisión o de algún tipo de responsabilidad por parte de la administración municipal.

Sostuvo que la entidad ha venido otorgando soluciones de vivienda a los beneficiarios del proyecto Altos de Bellavista mediante la ejecución del proyect o Villa Renacer, concebido como una alternativa habitacional en la cual se priorizó a la comunidad proveniente de los proyectos Cerros de la Florida y Altos de Bellavista, en cumplimiento del fallo de tutela objeto de la presente controversia.

Añadió que la propuesta alternativa denominada Villa Renacer ya se encontraba construida en las torres 8 y 9, y que actualmente se adelantaban gestiones para

Bellavista, en cumplimiento del fallo de tutela objeto de la presente controversia.

Añadió que la propuesta alternativa denominada Villa Renacer ya se encontraba construida en las torres 8 y 9, y que actualmente se adelantaban gestiones para agilizar el proceso de escrituración a favor de los antiguos beneficiarios, con el propósito de garantizar la entrega efectiva de los apartamentos.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) Caducidad de la c ontroversia contractual; ii) Inexistencia del daño; iii) Ausencia de responsabilidad e inexistencia de perjuicios; iv) Culpa exclusiva de la víctima; y v) Genérica.

1.2.2. La parte demandada, Banco Inmobiliario de Floridablanca 5, a través de apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que no se había incumplido lo dispuesto en la sentencia T-109 de 2015. Sostuvo que la entidad ha gestionado y desarrollado, en la medida de lo posible, diversas actuaciones orientadas a ofrecer a las fa milias una solución de vivienda digna, la cual se materializó a través del proyecto «Villa Renacer », del cual fueron beneficiarios los demandantes.

Precisó que, como prueba de ello, el 20 de septiembre de 2018 se formalizó con los demandantes un contrato de promesa de compraventa, cuya finalidad era la transferencia del apartamento 403 de la Torre 6 del Conjunto Residencial Villa Renacer – Primera Etapa. En dicho contrato se pactó que la entrega del inmueble se realizaría conforme a la fecha acordada entre las partes, sujeta al cierre financiero y desembolso final de la entidad financiera, momento en el cual debía

Renacer – Primera Etapa. En dicho contrato se pactó que la entrega del inmueble se realizaría conforme a la fecha acordada entre las partes, sujeta al cierre financiero y desembolso final de la entidad financiera, momento en el cual debía

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00046 SAMAI, One Drive, archivo 21ContestacionBIF.pdfNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Doris Milena Gaona Jaimes y otros Demandado: Municipio de Floridablanca y otro Radicado: 68001333301320180045901

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estar cancelado el valor total del inm ueble, junto con los gastos de escrituración y registro. Por tal motivo, el Banco consideró improcedente el reconocimiento y pago de perjuicios solicitados en la demanda.

De otro lado, señaló que desde el año 2016 se había garantizado a los residentes del Globo 2 la posibilidad de acceder temporalmente a una vivienda digna mientras se ejecutaba el proyecto, mediante el ofrecimiento de un subsidio de vivienda en la modalidad de arrendamiento, beneficio que fue rechazado por los demandantes. En consecuencia, estimó que no resultaba procedente declarar la existencia de daño o perjuicio alguno, dado que operaba la carencia actual de objeto por hecho superado.

Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3. La sentencia apelada6

El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, en providencia de fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), resolvió:

1.3. La sentencia apelada6

El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, en providencia de fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025), resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, de los perjuicios causados a la DORIS MILENA GAONA, HECTOR PEÑA NIÑO, HOLGER SANTIAGO PEÑA GAONA Y DENNIS ALEJANDRO PEÑA GAONA por la mora en el cumplimiento de la orden de amparo constitucional contenida en el numeral 7 de la Sentencia T-109 de 2015 como daño autónomo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, CONDENAR al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, a pagar a DORIS MILENA GAONA, HECTOR PEÑA NIÑO, HOLGER SANTIAGO PEÑA GAONA Y DEN NIS ALEJANDRO PEÑA GAONA (para cada uno) las

siguientes sumas de dinero: a. El equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como indemnización por el daño moral. b. El equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales v igentes, como indemnización por el daño producido por la transgresión al derecho

6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00079 SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Doris Milena Gaona Jaimes y otros Demandado: Municipio de Floridablanca y otro Radicado: 68001333301320180045901

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constitucional y convencionalmente amparado al acceso a la administración de justicia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones invocadas en la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Sin condena en costas, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]».

Para sustentar su decisión, el a quo señaló que la demanda no versaba sobre el reconocimiento de un subsidio de vivienda, ni había sido promovida con el propósito de obtener la entrega de una unidad habitacional, toda vez que ésta ya había sido entregada, por el contrario, la acción buscaba la reparación del daño derivado del incumplimiento tardío del fallo de tutela.

En ese sentido, el juez consideró que el daño reclamado era personal y cierto, al haberse materializado en la imposibilidad de gozar plenamente del derecho constitucional a una vivienda digna, legítimamente amparado por una orden judicial emanada de la Corte Constitucional «máxime cuando ii) la Corte analizó las variables de orden técnico y administrativo a que se podía enfrentar el Municipio de Floridablanca para lograr la protección dispuesta, y ii) se concedieron los plazos prudentes para el efecto y, no obstante, la administración desconoció abiertamente, desde un punto de vista objetivo».

Asimismo, precisó que, aunque el ente territorial adelantó gestiones para cumplir

y, no obstante, la administración desconoció abiertamente, desde un punto de vista objetivo».

Asimismo, precisó que, aunque el ente territorial adelantó gestiones para cumplir con la orden de tutela, dichas actuaciones se iniciaron apenas en mayo de 2017 y, en el caso concreto de los demandantes, culminaron en agosto de 2020 con la firma de la escritura pública N.º 2135 del 18 de agosto de 2020, otorgada ante la Notaría Segunda de Bucaramanga, mediante la cua l se formalizó la compra del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N.º 300 -430966, correspondiente al apartamento 303 de la Torre 6 del proyecto Villa Renacer.

De lo anterior concluyó que el Municipio de Floridablanca sobrepasó e inobservó los términos establecidos en la sentencia T -109 de 2015, afectando el fin esencial de la acción de tutela , el cual era garantizar oportunamente el derecho a una vivienda digna al señor Héctor Peña Niño y a su núcleo familiar. En consecuencia,Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Doris Milena Gaona Jaimes y otros Demandado: Municipio de Floridablanca y otro Radicado: 68001333301320180045901

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estimó que el dañ o era antijurídico, por cuanto se comprometió la garantía de protección del derecho fundamental a la vivienda digna de los demandantes.

Por otro lado, el a quo consideró que el daño era imputable exclusivamente al Municipio de Floridablanca, por ser la autoridad obligada a acatar las órdenes de la

protección del derecho fundamental a la vivienda digna de los demandantes.

Por otro lado, el a quo consideró que el daño era imputable exclusivamente al Municipio de Floridablanca, por ser la autoridad obligada a acatar las órdenes de la Corte Constitucional, y que d icho incumplimiento se configuró en una falla en el servicio, al desconocer el deber impuesto en la sentencia, y su carácter tardío no rompía el nexo causal entre la omisión administrativa y la afectación del derecho a la vivienda. Igualmente, precisó que no resultaba aplicable la excepción de hecho superado, ni se rompía el nexo de causalidad por el no acogimiento del subsidio temporal de arrendamiento, ya que esta modalidad no hacía parte de las órdenes emitidas por la Corte, las cuales siempre se refirieron a la culminación de un proyecto de vivienda social digno.

En virtud de lo anterior, concluyó que se desvirtuaba la diligencia alegada por el ente territorial, dado su actuar tardío, el cual ocasionó la pérdida de la seguridad jurídica inicialmente otorgada.

Finalmente, reconoció a los demandantes una indemnización por dos conceptos: i) Daño moral, al considerar que estos experimentaron intranquilidad e impaciencia ante la prolongada imposibilidad de superar su estado de indefensión y precariedad por la falta de una vivienda digna, y ii) Daño por la vulneración del derecho constitucional y convencionalmente protegido al acceso a la administración de justicia, al haber transcurrido cuatro años para lograr la entrega del inmueble al que tenían derecho, lo que les impidió gozar y disfrutar de sus derechos.

En cuanto a las costas procesales, resolvió no imponer condena alguna, al estimar

justicia, al haber transcurrido cuatro años para lograr la entrega del inmueble al que tenían derecho, lo que les impidió gozar y disfrutar de sus derechos.

En cuanto a las costas procesales, resolvió no imponer condena alguna, al estimar que la demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal, ni se evidenció conducta temeraria o de mala fe por parte de los demandantes.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demand ada, Municipio de Floridablanca 7, inconforme con la decisión de primera instancia, solicitó la revocatoria de los numerales primero y

7 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00082 SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Doris Milena Gaona Jaimes y otros Demandado: Municipio de Floridablanca y otro Radicado: 68001333301320180045901

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segundo de la sentencia apelada y, en su lugar, que se dispusiera la condena en costas a la parte demandante.

En sustento de su apelación, el municipio arg umentó que el Juzgado de Primera Instancia omitió valorar adecuadamente diversos aspectos relevantes del caso, entre ellos: i) que el ente territorial realizó múltiples gestiones encaminadas a garantizar el acceso a una vivienda digna para los demandantes, incluyendo la creación y ejecución del proyecto Villa Renacer; ii) que el proyecto inicial en Cerros de la Florida fue declarado no viable por Findeter, debido a factores técnicos ajenos a la administración municipal; iii) que se suscribió un convenio int eradministrativo

creación y ejecución del proyecto Villa Renacer; ii) que el proyecto inicial en Cerros de la Florida fue declarado no viable por Findeter, debido a factores técnicos ajenos a la administración municipal; iii) que se suscribió un convenio int eradministrativo con el Ministerio de Vivienda, con el fin de ceder un predio alternativo destinado a la construcción de nuevas viviendas; y iv) que se gestionaron subsidios de arrendamiento para los beneficiarios mientras esperaban la adjudicación definit iva de las unidades habitacionales.

Por lo anterior, sostuvo que el fallo desconoció que el incumplimiento no obedeció a una omisión del Municipio, sino a circunstancias externas que afectaron la ejecución del proyecto original.

Finalmente, el Municipio precisó que consideraba excesiva la valoración del daño moral realizada por el juez de primera instancia, máxime cuando —según afirmó— dicho perjuicio fue ocasionado por los propios demandantes. En consecuencia, solicitó la revocatoria de la condena por daño moral o, en su defecto, que se ajustara a valores mínimos, dado que no existía soporte probatorio que demostrara una afectación real a los actores.

1.5. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto, el diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025) al Despacho 08 del Tribunal Administrativo de Santander a cargo de la H. Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez, quien, en escrito de fecha veintiséis (26 ) de junio de dos mil veinticinco (2025) se manifestó impedida de conocer el presente asunto, siendo aceptado mediante auto de fecha dieciocho (18)

veintiséis (26 ) de junio de dos mil veinticinco (2025) se manifestó impedida de conocer el presente asunto, siendo aceptado mediante auto de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025) por la suscrita ponente.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Doris Milena Gaona Jaimes y otros Demandado: Municipio de Floridablanca y otro Radicado: 68001333301320180045901

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Posteriormente, mediante auto de fecha ocho (08) de agosto de dos mil veinticinco (2025) se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en el que se concedió a las partes y al Ministerio Público la posibilidad de pronunciar sobre el recurso de apelación.

1.5.1. La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.2. La parte demandada , Municipio de Floridablanca, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.3. La parte demandada, Banco Inmobiliario de Floridablanca, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.4. La representante del Ministerio Público no emitió concepto de fondo en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competenc ia al argumento expuesto por las partes en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Doris Milena Gaona Jaimes y otros Demandado: Municipio de Floridablanca y otro Radicado: 68001333301320180045901

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2.3. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación8, el cual consiste en establecer si:

P.J.01: ¿Es administrativa y patrimonialmente responsable la entidad demandada por los daños causados a raíz del presunto incumplimiento o incumplimiento tardío de la orden dispuesta en el numeral 7 de la Sentencia T-109 de 2015?

P.J.02: ¿Es procedente la indemnización por los perjuicios morales reclamados?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará el cumplimiento a las órdenes judiciales, así como el derecho a

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará el cumplimiento a las órdenes judiciales, así como el derecho a la vivienda digna y la falla en el servicio por omisión y, (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Del incumplimiento a órdenes judiciales

Las decisiones adoptadas por los Jueces de la República tienen carácter vinculante y coercitivo, y se encuentran revestidas de importantes consecuencias, en virtud de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía judicial. Por tal razón, es deber del demandado que es cond enado cumplir con la orden dispuesta en su contra; deber que se erige como uno de los componentes del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.

El artículo 229 de la Constitución Política establece que el derecho de acceso a la justicia es la facultad que tiene toda persona de acudir, en igualdad de condiciones a los jueces y tribunales y, en este sentido, poner en marcha la actividad jurisdiccional del Estado, con el fin de obtener la protección de sus derechos

8 Art. 328 del CGPNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Doris Milena Gaona Jaimes y otros Demandado: Municipio de Floridablanca y otro Radicado: 68001333301320180045901

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sustanciales, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y

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sustanciales, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías previstas en las leyes.

Con base en esta norma, la Corte Constitucional ha señalado que el Estado tiene tres obligaciones para que el acceso a la administ ración de justicia sea real y efectivo:

«Obligación de respetar el derecho a la administración de justicia, que se traduce en que el Estado debe abstenerse de adoptar medidas que impidan o dificulten el acceso a la justicia, o que resulten discriminatorias respecto de ciertos grupos.

Obligación de proteger, que consiste en que el Estado adopte medidas orientadas a que terceros no puedan interferir u obstaculizar el acceso el acceso a la administración de justicia.

Obligación de realizar, que conlleva que el Estado debe facilitar las condiciones para el disfrute del derecho al acceso a la administración de justicia y hacer efectivo el goce del mismo9».

Igualmente, se ha afirmado que el cumplimiento de las providencias judiciales se constituye como un componente del derecho fundamental al debido proceso, de la siguiente manera:

«La ejecución de las sentencias es una de las más importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho (CP art. 1) que se traduce e n la final sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. El incumplimiento de esta garantía por parte de uno de los órganos del poder público constituye un grave atentado al Estado de Derecho. El sistema jurídico

que se traduce e n la final sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. El incumplimiento de esta garantía por parte de uno de los órganos del poder público constituye un grave atentado al Estado de Derecho. El sistema jurídico tiene previstos dive rsos mecanismos (CP arts. 86 a