TA SAN - Sentencia 68001-33-33-013-2020-00219-01 (26-06-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333301320200021901

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: SANDRA LILIANA PAREDES BARRAGAN

abogadofredymayorga@gmail.com samali369@hotmail.com

DEMANDADO: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co lincili101@hotmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 164

TEMA: DESVINCULACIÓN PROVISIONAL – Laboral

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que denegó las preten siones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

Se expuso en la demanda que, la señora Sandra Liliana Paredes Barragán se vinculó en provisionalidad a la planta de empleos de la administración central del

1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

Se expuso en la demanda que, la señora Sandra Liliana Paredes Barragán se vinculó en provisionalidad a la planta de empleos de la administración central del

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 000 27 SAMAI, archivo 3_EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDA(.pdf) NroActua 27, folio 2 al 9Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Sandra Liliana Paredes Barragán

Demandado: Municipio de Piedecuesta

Radicado: 2020-00219-01

Página 2 de 37

Municipio de Piedecuesta mediante la Resolución No. 237 del 7 de noviembre de 2017.

Indicó que, a través de la Resolución No. 221 -P del 16 de junio de 2020 la señora Sandra Liliana Paredes Barragán fue desvinculada del cargo sin que se tuviera en cuenta su condición de discapacidad física congénita, que se caracteriza por una limitación en su cuerpo derivada de un accidente cerebrovascular y parálisis cerebral neonatal, con un grado de limitación severa del 25.3% según el dictamen de la EPS Coomeva, lo que le otorgó una condición de estabilidad laboral reforzada, razón por la cual, solicitó a la Administración que se realizara un estudio y análisis de su caso específico.

No obstante, lo anterior, la demandante señaló que siempre actuó con eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones que le fueron encomendadas. Argumentó que su perfil profesional y ocupacional le permitió cumplir cabalmente con sus responsabilidades laborales.

eficacia en el desempeño de las funciones que le fueron encomendadas. Argumentó que su perfil profesional y ocupacional le permitió cumplir cabalmente con sus responsabilidades laborales.

Además, se destacó que la Procuraduría General de la Nación, mediante la Circular Conjunta No. 025 del 28 de noviembre de 2019, en cumplimiento del Decreto 2011 de 2017, instó a todas las entidades públicas a cumplir con las disposiciones relacionadas con la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad.

En este sentido, manifestó que la entidad demandada no está cumpliendo con la Constitución ni con la Ley al omitir su obligación legal de incluir a la demandante en su planta de empleos conforme al porcentaje establecido para personas en situación de discapacidad.

1.1.2. Las pretensiones2

«PRIMERA: Que se Declare la Nulidad total de los actos administrativos demandados, estos son, Resolución 221 - P del 16 de junio de 2020 y la Resolución 342-P del 28 de agosto de 2020 , expedidas por el alcalde municipal de Piedecuesta, el señor MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES en los cuales se da por te rminado un nombramiento provisional en la planta de empleos de la administración central del municipio de Piedecuesta y la cual se ordena el

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 000 27 SAMAI, archivo 3_EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDA(.pdf) NroActua 27, folio 2Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Sandra Liliana Paredes Barragán

Demandado: Municipio de Piedecuesta

Radicado: 2020-00219-01

Página 3 de 37

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Sandra Liliana Paredes Barragán

Demandado: Municipio de Piedecuesta

Radicado: 2020-00219-01

Página 3 de 37

retiro del servicio y mediante la cual se resuelve el recurso de reposición contra la resolución N° 221 -P de 2020 e xpedida el día 16 de junio de 2020 respectivamente, estos Actos Administrativos demandados fueron expedidos con violación a la Constitución Político con falsa motivación y con infracción de las normas en las que deberían fundarse.

SEGUNDA: Que como conse cuencia de la Nulidad de los Actos Administrativos acusados se condene al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA a reintegrar a mi poderdante en un cargo de igual, equivalente o mejor de la planta de empleos de la entidad demandada con el propósito de garantizar la prot ección a la estabilidad laboral reforzada por ser sujeto de especial protección constitucional a causa de la discapacidad física que padece la demandante, y en todo caso al ser mujer de especial protección constitucional.

TERCERA: Se condene al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA a título de indemnización o Restablecimiento del Derecho a pagar a mi poderdante los emolumentos, factores salariales y prestacionales sociales que dejó de percibir desde el momento en que se le terminó el nombramiento en provisionalidad.

SEXTA: Que se Ordene a la entidad Demandada darle cumplimiento a la Sentencia dentro del término previsto en el artículo 187, 188, 192 de la Ley 1437 de 2011.

SEPTIMA: Se condene a la entidad demandada en costas, gastos y agencias en

dentro del término previsto en el artículo 187, 188, 192 de la Ley 1437 de 2011.

SEPTIMA: Se condene a la entidad demandada en costas, gastos y agencias en derecho que se caus en en el presente proceso según la tarifa profesional del estatuto de la abogacía».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación3

Se invocaron como normas vulneradas las siguientes: los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 25, 43, 53, 54, 93 y 94 de la Constitución Política; Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III) de 10 diciembre de 1948 su preámbulo, artículos 1, 2, 7, 8, 10, 22, 23, 28, 29, 30; la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, su Preámbulo y los artículos 1, 2, 8, 24, 25, 26, 29, 32, 33; la Circular Conjunta 025 del 28 de noviembre de 2019 de la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00027 SAMAI, archivo 3_EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDA(.pdf) NroActua 27, folio 9 al 12.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Sandra Liliana Paredes Barragán

Demandado: Municipio de Piedecuesta

Radicado: 2020-00219-01

Página 4 de 37

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Sandra Liliana Paredes Barragán

Demandado: Municipio de Piedecuesta

Radicado: 2020-00219-01

Página 4 de 37

al Decreto 2011 de 2017; la Ley 1618 de 2013; Ley 1346 de 2009; el Decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017 y el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

Señaló como concepto de violación que, los actos administrativos impugnados carecen de los elementos de validez necesarios, al haberse expedido en contravención al ordenamiento jurídico que establece garantías laborales específicas para los servidores públicos, entre ellas, la estabilidad laboral reforzada.

Destacó que, si bien la señora Sandra Liliana Paredes Barragán había sido vinculada en provisionalidad, lo que le otorgaba una estabilidad laboral relativa, esta situación no la exime de su derecho a gozar de una estabilidad laboral reforzada de carácter constitucional, dada su condición de debilidad manifiesta por su discapacidad.

Finalmente, resaltó que los actos demandados se encuentran viciados de falsa motivación, pues, de habers e considerado su situación particular, no habría sido desvinculada del cargo, o en su defecto, se le habría reubicado en un puesto de igual o mejor condición, esto, por cuanto, el Municipio de Piedecuesta tenía pleno conocimiento de su derecho a la estabil idad laboral reforzada, lo que, a su juicio, refuerza la ilegalidad de los actos administrativos en cuestión.

1.2. Contestación de la demanda4

conocimiento de su derecho a la estabil idad laboral reforzada, lo que, a su juicio, refuerza la ilegalidad de los actos administrativos en cuestión.

1.2. Contestación de la demanda4

La parte demandada, Municipio de Piedecuesta, se opuso a las pretensiones de la demanda. Argumentó que estas carecen de vocación de prosperidad, dado que el retiro del cargo que la señora Sandra Liliana Paredes Barragán tuvo lugar por una causa justificada y debidamente motivada, la cual, respondió a la necesidad de proveer dicho puesto en propiedad co n la persona que superó el correspondiente concurso de méritos.

Además, se señaló que, la Administración sí adoptó medidas afirmativas, no obstante, no fue posible reubicar a la señora Sandra Liliana Paredes Barragán en un cargo similar o equivalente deb ido a la inexistencia de vacantes disponibles de esa naturaleza.

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00027 SAMAI, archivo 11_EXPEDIENTEDIGITAL_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf).Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Sandra Liliana Paredes Barragán

Demandado: Municipio de Piedecuesta

Radicado: 2020-00219-01

Página 5 de 37

En este sentido, afirmó haber sido respetuos o de los derechos fundamentales de todas las personas que ocupaban cargos en provisionalidad, las cuales debían ser retiradas del servicio ante l a necesidad de proveer dichos cargos en propiedad a quienes hubieran ganado el concurso de méritos.

Por otro lado, la parte demandada explicó que, respecto al cargo que la demandante

retiradas del servicio ante l a necesidad de proveer dichos cargos en propiedad a quienes hubieran ganado el concurso de méritos.

Por otro lado, la parte demandada explicó que, respecto al cargo que la demandante ocupaba como tecnóloga en salud ocupacional, solo existía un puesto en l a planta global de la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta, el cual ya había sido ocupado por una persona en carrera administrativa, lo que hacía imposible su reubicación.

Asimismo, señaló que no existe prueba alguna que demuestre que el retiro de la demandante haya incumplido el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el sector público o que dicho incumplimiento persista a la fecha. En contraposición a lo planteado en la demanda, precisó que cumple con la normatividad vigente en mate ria de inclusión laboral, dado que la Alcaldía del Municipio de Piedecuesta cuenta con un total de 137 empleos, de los cuales, conforme al Decreto 2011 de 2017, al menos el 2% debe ser ocupado por personas en condición de discapacidad , y que dicho porcenta je equivale aproximadamente 2.7 puestos, los cuales están cubiertos por 3 empleados en condición de discapacidad, cumpliendo así con el requisito legal establecido.

1.3. La sentencia apelada5

El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial d e Bucaramanga, en providencia de fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), resolvió denegar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la demandante.

Como fundamento de su decisión, el a quo explicó que, en virtud del nombramiento

resolvió denegar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la demandante.

Como fundamento de su decisión, el a quo explicó que, en virtud del nombramiento y posesión en periodo de prueba del señor Nelson de Jesús Bolaño Marriaga para ocupar el cargo de Técnico Administrativo, Código 367, Grado 02, en la dependencia de la Secretaría General y de las TIC, área funcional de salud ocupacional, se expidió la Resolución No. 221-P del 16 de junio de 2020, mediante la cual se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora Sandra Liliana Paredes Barragán.

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00027 SAMAI, archivo 32_EXPEDIENTEDIGITAL_31SENTENCIA(.pdf) NroActua 27Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Sandra Liliana Paredes Barragán

Demandado: Municipio de Piedecuesta

Radicado: 2020-00219-01

Página 6 de 37

En este contexto, el juez precisó que, aunque la demandante gozaba de estabilidad laboral reforzada, dicha estabilidad no le otorgaba una inmunidad absoluta frente a la desvinculación, ya que el cargo que ocupaba debía ser provisto por una persona que hubiera superado el concurso de méritos correspondiente.

Asimismo, el a quo señaló que no se probó que la entidad territorial hubiera hecho un uso abusivo y arbitrario de su facultad legal con el fin de encubrir un trato discriminatorio relacionado con el estado de salud de la señora Paredes Barragán.

Adicionalmente, destacó el informe presentado por el secretario general y de las

un uso abusivo y arbitrario de su facultad legal con el fin de encubrir un trato discriminatorio relacionado con el estado de salud de la señora Paredes Barragán.

Adicionalmente, destacó el informe presentado por el secretario general y de las TIC del Municipio de Piedecuesta, en el cual se confirmó que, para el 26 de agosto de 2020, en la planta de empleos de la Administración Central del Municipio solo existía un puesto denominado Técnico Administrativo, Código 367, Grado 2 de Nivel Técnico, el cual ya había sido ocupado. Además, se presentó un estudio de reubicación en el que se evidenció la falta de plazas disponibles que se ajustaran al perfil profesional de la dem andante. Esto, según el juez, probaba la imposibilidad del Municipio de Piedecuesta de realizar la reubicación solicitada como medida afirmativa para garantizar la estabilidad laboral reforzada de la demandante.

Por lo tanto, el juez consideró que la desvinculación de la señora Paredes Barragán obedeció a una causa objetiva, fundamentada en el derecho de que se nombre a quien ocupe el primer puesto en la lista de elegibles de un concurso de méritos realizado por la CNSC.

Finalmente, el juez indicó que el Municipio de Piedecuesta está cumpliendo con la normativa relativa al porcentaje de personas con discapacidad que debe emplear en el sector público. Según los informes, la planta de personal de la Alcaldía cuenta con tres empleados en condición de discapacidad, cumpliendo así con el requisito legal de contar con al menos el 2% de su personal en esta condición. En consecuencia, se concluyó que el acto administrativo no podía ser considerado nulo por desatender el po rcentaje de vinculación de personas con discapacidad en la

legal de contar con al menos el 2% de su personal en esta condición. En consecuencia, se concluyó que el acto administrativo no podía ser considerado nulo por desatender el po rcentaje de vinculación de personas con discapacidad en la planta de personal de la entidad.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Sandra Liliana Paredes Barragán

Demandado: Municipio de Piedecuesta

Radicado: 2020-00219-01

Página 7 de 37

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demandante, Sandra Liliana Paredes Barragán6, inconforme con la anterior decisión, solicitó se revoque la sente ncia de primera instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.

En su argumentación, señaló que, si bien es cierto que existía la necesidad de proveer el cargo que ocupaba, también quedó debidamente acreditada ante la entidad demandad a su condición de mujer con especial protección debido a su situación de discapacidad severa. En este sentido, subrayó que la entidad estaba obligada a buscar una solución, para ubicarla en un cargo dentro del porcentaje que por ley debe cumplir el Municipio de Piedecuesta en cuanto a la vinculación de personas con discapacidad.

En esa misma línea, indicó que, el juez de primera instancia, no verificó la información suministrada por la parte demandada donde manifiesta que tiene a tres personas con discapacidad vinculadas, con el fin de determinar su autenticidad, y considera que no es un elemento suficiente para verificar las enfermedades que producen incapacidades severas como la de la señora Sandra Liliana Paredes Barragán.

personas con discapacidad vinculadas, con el fin de determinar su autenticidad, y considera que no es un elemento suficiente para verificar las enfermedades que producen incapacidades severas como la de la señora Sandra Liliana Paredes Barragán.

La demandante recalcó que este asunto debe ser considerado bajo un enfoque netamente constitucional, dado que se trata de una persona con circunstancias de debilidad manifiesta debido a su condición severa de salu d, es decir, por su discapacidad. En consecuencia, el Estado no puede dejar desprotegida a una mujer que, además de carecer de recursos y empleo, enfrenta mayores dificultades para sobrellevar las circunstancias de la vida debido a su condición.

Asimismo, destacó que en reiteradas ocasiones informó al Municipio de Piedecuesta sobre su discapacidad, comunicando de forma constante su condición a la entidad municipal, lo cual refuerza la alegación de que su situación fue debidamente conocida por la Administración.

En relación con el certificado de discapacidad expedido por la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, que certifica una discapacidad física del 40.66%, la

6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 00027 S AMAI, archivo 35_EXPEDIENTEDIGITAL_34RECURSOAPELACIONP(.pdf) NroActua 27Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Sandra Liliana Paredes Barragán

Demandado: Municipio de Piedecuesta

Radicado: 2020-00219-01

Página 8 de 37

demandante expresó su desacuerdo con la decisión del juez de primera instancia de no valorarlo por con siderarlo extemporáneo. En su opinión, dicho certificado

Radicado: 2020-00219-01

Página 8 de 37

demandante expresó su desacuerdo con la decisión del juez de primera instancia de no valorarlo por con siderarlo extemporáneo. En su opinión, dicho certificado debería ser tenido en cuenta, pues constituye un elemento fundamental para sustentar su condición de discapacidad.

Finalmente, la demandante manifestó que no ordenar la vinculación del Municipio de Piedecuesta en la planta de personal, tal como lo solicitaba, conllevaría un detrimento en su condición de salud, ya que a la fecha sigue en un proceso de valoraciones médicas, en el cual se le realiza un seguimiento continuo de su discapacidad, lo que refuerza la necesidad de asegurar su estabilidad laboral dentro de la administración pública, conforme a la normatividad vigente.

1.5. Trámite de segunda instancia

El expediente fue repartido al Despacho 03 de esta Corporación el 6 de mayo de

2022. Acto seguido, fue admitido el recurso de apelación el 23 de junio de 2022, en el que se concedió a las partes y al Ministerio Público la posibilidad de pronunciar sobre el recurso de apelación. De este trámite se destaca:

1.5.1. Parte demandante, Sandra Liliana Paredes Barragán, No hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.2. Parte demandada, Municipio de Piedecuesta 7, indicó que, respecto del cargo que venía ocupando la demandante, solo existía un empleo dentro de la planta global de la Alcaldía de Municipal de Piedecuesta el cual ya se encontraba provisto por un funcionario de carrera administrativa, lo que hacía imposible su reubicación.

cargo que venía ocupando la demandante, solo existía un empleo dentro de la planta global de la Alcaldía de Municipal de Piedecuesta el cual ya se encontraba provisto por un funcionario de carrera administrativa, lo que hacía imposible su reubicación.

Además, señaló que, si se tuvo en cuenta la especial condición que envolvía la situación particular de la demandante, y se propendió como medida afirmativa, su reubicación o traslado. Además, señaló que, no se demostró que con el retiro del servicio de la demandante se haya incumplido con el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad.

7 Expediente digital, índice 00010 SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Sandra Liliana Paredes Barragán

Demandado: Municipio de Piedecuesta

Radicado: 2020-00219-01

Página 9 de 37

1.5.3. La representante del Ministerio Público, no emitió concepto de fondo en esta oportunidad procesal.

El proceso fue redistribuido el 31 de mayo de 2023 por parte del Despacho 003 al Despacho 009 a cargo de la Magistrada ponente, conforme el Acuerdo PCSJA2312060 del 25 de abril de 20238, por lo que se asumirá su conocimiento en el estado en que se encuentra y se procederá a dictar sentencia.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdic ción territorial;

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdic ción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandante en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación9, el cual consiste en establecer si:

P.J. ¿Es procedente ordenar el reintegro de la señora Sandra Liliana Paredes en virtud de la estabilidad laboral reforzada por su condición de salud?

8 Por medio del cual se modifica el artículo 10 del Acuerdo PCSJA22-12026 y se adoptan otras disposiciones 9 Art. 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Sandra Liliana Paredes Barragán

Demandado: Municipio de Piedecuesta

Radicado: 2020-00219-01

Página 10 de 37

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, de la estabilidad laboral reforz ada que gozan las personas en situación de debilidad

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, de la estabilidad laboral reforz ada que gozan las personas en situación de debilidad manifiesta, (ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. De la estabilidad laboral reforzada del que gozan las personas en situación de debilidad manifiesta

La estabilidad laboral reforzada constituye una garantía dirigida a proteger a aquellas personas que, por su condición de salud, se encuentran en situación de debilidad manifiesta y, por tanto, son susceptibles de discriminación en el ámbito laboral. Esta garantía implica que dichas personas deben gozar del derecho a permanecer en su empleo, salvo que exista una causa objetiva y razona ble, no relacionada con su estado de salud, que justifique su desvinculación.

Dicha protección no se limita al ámbito legal, sino que encuentra fundamento directo en varias disposiciones de la Constitución Política, particularmente en el artículo 13, que impone al Estado el deber de promover condiciones que garanticen una igualdad real y efectiva, y en el artículo 53, que consagra el principio de estabilidad reforzada en el empleo, especialmente en favor de aquellos trabajadores que, por sus condiciones pa rticulares, podrían verse gravemente afectados ante una desvinculación injustificada.

En desarrollo de estos principios constitucionales, el legislador expidió la Ley 361 de 1997, «Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con

desvinculación injustificada.

En desarrollo de estos principios constitucionales, el legislador expidió la Ley 361 de 1997, «Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitaciones y se dictan otras disposiciones », cuyo artículo 26 establece que la terminación de la relación laboral de una persona con afectaciones de salud requiere la autorización previa del Ministerio del Trabajo, autoridad encargada de verificar si la desvinculación obedece a razones objetivas y no discriminatorias.

En cuanto al alcance de esta garantía, la Sentencia SU -049 de 2017 reiteró que la protección especial cobija a todas las personas que, por una afectación en su salud, se vean limitadas o conserven dificultades sustanciales para el ejercicio ordinario de sus funciones laborales. Esta protección no está condicionada a la existencia deNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Sandra Liliana Paredes Barragán

Demandado: Municipio de Piedecuesta

Radicado: 2020-00219-01

Página 11 de 37

una calificación formal de pérdida de capacidad laboral, ni a la presentación de un dictamen o certificad o específico que acredite la discapacidad. Por el contrario, puede demostrarse a través de diversos medios probatorios que permitan evidenciar la situación de salud y, en consecuencia, la necesidad de la protección constitucional.

Para establecer si una p ersona es beneficiaria de la garantía de estabilidad laboral reforzada, es necesario acreditar que su condición de salud le impide o dificulta de manera significativa o sustancial el desempeño de sus funciones laborales en condiciones regulares. Esta situa ción puede demostrarse a través de

laboral reforzada, es necesario acreditar que su condición de salud le impide o dificulta de manera significativa o sustancial el desempeño de sus funciones laborales en condiciones regulares. Esta situa ción puede demostrarse a través de diversos medios probatorios, entre ellos:

1. El examen médico de retiro , en el que se adviertan enfermedades, recomendaciones o restricciones médicas, o incapacidades anteriores al despido; ii) El diagnóstico médico que requier a tratamiento continuo o especializado; iii) La ocurrencia de un accidente de trabajo que genere incapacidades o que derive en una calificación de pérdida de capacidad laboral; iv) La notificación al empleador , por parte del trabajador, antes de la terminación del vínculo, informando que su bajo rendimiento se origina en una condición de salud cuya vigencia se extiende después de su desvinculación.

Una vez se ha acreditado la condición que activa esta protección, el empleador que pretenda dar por terminado el vínculo laboral deberá demostrar la existencia de una justa causa, ajena a la afectación en salud del trabajador. Para ello, es obligatoria la autorización previa del Inspector del Trabajo.

En caso de comprobarse que la terminación obedeció a la condición especial del trabajador, la estabilidad laboral reforzada hace ineficaz el despido o desvinculación, y se impone el pago de una indemnización equivalente a 180 días de salario.

Adicionalmente, la jurisprudencia ha reforzado esta garantía. En particular, el Consejo de Estado – Sección Primera, en sentencia de tutela del 17 de marzo de

de salario.

Adicionalmente, la jurisprudencia ha reforzado esta garantía. En particular, el Consejo de Estado – Sección Primera, en sentencia de tutela del 17 de marzo de 2022, dentro del radicado 08001 -23-33-000-2021-00553-01, reiteró el análisis yaNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Sandra Liliana Paredes Barragán

Demandado: Municipio de Piedecuesta

Radicado: 2020-00219-01

Página 12 de 37

efectuado en la sentencia del 18 de mayo de 2017 (radicado 2016 -02142-01). Allí se subrayó que la protección de estabilidad laboral reforzada se extiende a todas las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, incluso si no han sido calificadas formalmente como personas en situación de discapacidad, siempre que se demuestre la afectación de salud que impide o limita el ejercicio pleno de sus funciones, al respecto explicó:

«[…] La estabilidad laboral adquiere la connotación de derecho fundamental debido a diversas razones de índole constitucional, como son: i) la e xistencia de mandatos de protección especial vinculantes para todos los actores sociales y el Estado; ii) el principio de solidaridad social, y de eficacia de los derechos fundamentales, y iii) el principio y derecho a la igualdad material, que comporta la adopción de medidas afirmativas en favor de grupos desfavorecidos, o de personas en condición de debilidad manifiesta.

El derecho a la estabilidad laboral reforzada ha sido definido por la Jurisprudencia como: i) el derecho a conservar el empleo que tie ne el trabajador, ii) a no ser

personas en condición de debilidad manifiesta.

El derecho a la estabilidad laboral reforzada ha sido definido por la Jurisprudencia como: i) el derecho a conservar el empleo que tie ne el trabajador, ii) a no ser despedido en razón a la vulnerabilidad que lo afecte o por presentar una afectación grave en su estado de salud, y iii) a permanecer en el cargo para el cual fue contratado.

De igual forma, la Corte Constitucional ha consid erado que para evitar la posible vulneración del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, el Juez Constitucional debe verificar las