TA SAN - Sentencia 68001-33-33-013-2024-00080-01 (23-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333301320240008001

MEDIO DE CONTROL: Protección de los Derechos e Intereses Colectivos

DEMANDANTE: Jaime Orlando Martínez García

derechoshumanosycolectivos@gmail.com derechoshumanosycolectivos@hotmail.com

DEMANDADO: Municipio de Floridablanca

notificaciones@floridablanca.gov.co catalinagomezgarcia@hotmail.com catalinagomezgarcia1@gmail.com

Conjunto Residencial Club House I P.H. crclubhousegold@gmail.com condominioch1@hotmail.com sasesoresjuridicos@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: Eddy Alexandra Villamizar

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 070

TEMA: Falta de adecuada infraestructura que garantice acceso y salida piscina conjunto residencial Club House I P.H. a las personas en situación de discapacidad y personas mayores

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 28 de abril de 202 5, proferida por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que denegó las súplicas de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

El actor popular señaló que, la piscina del inmueble ubicado en la carrera 18 No. 158-72 Conjunto residencial Club House I P.H. no cuenta el «vaso» y/o piscina con

1 Expediente digital SAMAI, índice 00003, Primera instancia expediente digital SAMAI 00002.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333013-2024-00080-01

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rampa de acceso, o en su defecto, con algún sistema moderno eléctrico mecánico o similar para permitir el acceso y salida de las personas sin mayor esfuerzo y seguridad.

De la misma manera, sostuvo que, no se le han realizado las obras arquitectónicas, mecánicas, eléctricas, de infraestructura para que, las personas en situación de discapacidad motriz, física, tanto temporal como permanente, puedan disfrutar en igualdad de condiciones el interior de la piscina, técnicamente llamada «vaso».

Lo anterior, por cuanto la Ley 361 de 1997 en su artículo 52 emitió una orden clara, expresa y exigible de realizar toda clase de adecuaciones para restituir a las personas en situación de discapacidad, motriz, física, tanto temporal como permanente sus derechos constitucionales, sus derechos constitucionales.

Igualmente, aseguró que las normas Decreto No. 1538 del 17 de mayo de 2005,

personas en situación de discapacidad, motriz, física, tanto temporal como permanente sus derechos constitucionales, sus derechos constitucionales.

Igualmente, aseguró que las normas Decreto No. 1538 del 17 de mayo de 2005, Ley 1618 del 27 de febrero de 2013 y Ley 1346 de 2009, no han sido cumplidos por parte de las demandadas, lo cual constituye una vulner ación a los principios de progresividad e igualdad para las personas en situación de discapacidad motriz, física tengan las mismas garantías y autonomía para hacer uso y disfrute del interior del «vaso» de la piscina.

1.1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretende lo siguiente:

«1Se decrete mediante sentencia que tanto el ente territorial, los propietarios de la piscina o el que corresponda, tiene de forma individual o en conjunto responsabilidad en los hechos de la demanda, se encuentran vulnerando los derechos colectivos de las personas en situación de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda y otros accesorios, aparatos, sistemas ortopédicos) al estar probado que al interior de la piscina (Técnicamente llamado “VASO”), inmersas en las leyes y normas a las personas adultas, la piscina -vaso no permite que sea disfrutada por estas personas, no posee rampa peatonal con pasamanos para su

2 Expediente digital SAMAI, índice 00003, Primera instancia expediente digital SAMAI 00002.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333013-2024-00080-01

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acceso y para su salida, no posee algún sistema moderno eléctrico-mecánico, no tiene escaleras de acceso en concreto, no posee ningún sistema idóneo o similar para permitir su acceso como para su salida de manera digna cumpliendo los principios Constitucionales a la IGUALDAD, PROGRESIVIDAD y AUTONOMÍA.

2-Se ordene mediante sentencia tanto al ente territorial o los propietarios de la piscina-vaso o al que corresponda, que en término no mayor a un (01) meses, se realicen todas las obras civiles idóneas para la restitución de los derechos colectivos vulnerados de las personas en situació n de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda y otros accesorios, aparatos, sistemas ortopédicos), inmersas en las leyes y normas a las personas adultas, adecuando, instalando, construyendo los mecanismos técnicos, arquitectónicos para permitir el acceso y salida de estas personas en condiciones dignas para restituirles y facilitarles el uso y disfrute de la piscina-vaso, restituyéndoles sus derechos a la RECREACIÓN, al ESPARCIMIENTO de forma individual autónoma o en familia, cumpliendo la Ley No.361 de 1997, el Decreto Nacional No.1538 de 2005, Ley No.1209 de julio 14 de 2008, Ley No.1346 de 2009, las Normas Técnicas Colombianas, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas

de 2008, Ley No.1346 de 2009, las Normas Técnicas Colombianas, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015 y demás normas concordantes.

3-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda, el operador judicial dé un término prudencial no mayor a dos (02) mes al que corresponda, para que rinda informe escrito al despac ho judicial manifestando el cumplimiento de la sentencia al terminar las obras, de no haberse presentado al final de este término el informe dando cumplimiento de la sentencia, tomar la presente pretensión como el trámite de incumplimiento previo a la posible apertura del incidente de desacato, vencido el termino de tiempo dado sin cumplir las órdenes de hacer iniciar de oficio como juez Constitucional el incidente de desacato, también expedir y trasladar con destino a la Fiscalía General de la Nación las piezas procesales idóneas para que se inicie el trámite por un posible

FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL.

4-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda total o parcialmente, el operador judicial de un término prudencial no mayor a quince (15) días calendarios al que corresponda, para que constituya una POLIZA DE CUMPLIMIENTO por el valor de $15.000.000,oo(Quince millones de pesos), sumaProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333013-2024-00080-01

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de dinero concordante y proporcional de acuerdo al valor de las obras a realizarcen por concepto de posible demolición, construcción, adecuación, de la piscina-vaso, póliza para garantizar la efectiva realización de las obras dentro del término de tiempo dado y evitando un eventual INCIDENTE DE DESACATO, petición anterior al observarse que en centenares se ntencias de acciones populares que el accionado o responsable de las obras civiles no cumplen por lo general dentro del término dado y pasan años y años sin que cumplan, esperando el inicio y tramite de un posible incidente de desacato que dura en promedio uno (01) a (02) dos años o más años después del Fallo, donde finalmente el despacho judicial desestima el desacato y no plica ninguna sanción por el incumplimiento. (Artículo 42 de la Ley No.472 de 1998 y demás normas concordantes al ser la demanda de índole Constitucional).

5-Que el operador judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de forma individual a cada una de los numerales de las pretensiones y no en bloque.

Esta solicitud es procedente y hasta necesaria, de acuerdo a la JURISPRUDENCIA DE UNIFICACIÓN expedida por el H. CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO publicada en el Boletín No.133 del 1 de noviembre de 2013; proceso de REVISION de la acción popular

JURISPRUDENCIA DE UNIFICACIÓN expedida por el H. CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO publicada en el Boletín No.133 del 1 de noviembre de 2013; proceso de REVISION de la acción popular No.08001-33-31-003-2007-00073-01 (AP), consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO; Actor: YURI ANTONIO LORA ESCORCIA, ddo: Municipio de Sabanalarga – Atlántico; Bogotá, D.C. ocho (8) de octubre de dos mil trece (2013); […]

6-Se condene en costas y agencias en derecho al demandado y/o vinculados y demás gast os económicos que se deriven en el transcurso del proceso por remisión expresa del artículo 38 de la Ley No.472de 1998, el Código Civil artículos 1005 y 2360, a los artículos 361, 365, 366 del C.G.P., al artículo 188 del C.P.A.D.A, al numeral 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y la SENTENCIA DE UNIFICACIÓN expedida por el CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA DE DECISIÓN ESPECIAL No. 27, MAGISTRADA: ROCIO ARAÚJO OÑATE, Bogotá D .C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019), Referencia: MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL -ACCIÓN POPULAR, Radicación: 15001 -33-33007-2017-00036-01, Demandante: YESIDProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Jaime Orlando Martínez García

POPULAR, Radicación: 15001 -33-33007-2017-00036-01, Demandante: YESIDProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333013-2024-00080-01

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FIGUEROA GARCIA, Demandado: MUNICIPIO DE TUNJA, Temas: Acción popular. Costas procesales. Agencias en derecho; se trascriben apartes. […]»

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La parte demandada, Municipio de Floridablanca 3, se opuso a las pretensiones de la demanda, toda vez que, los hechos de la demanda recaen en cabeza de los propietarios de la piscina, esto es el Conjunto Residencial Club House I P.H., al tratarse de una propiedad privada, y en ese sentido, el municipio de Floridablanca no tiene competencia para obras arquitectónicas, mecánicas, eléctricas, de infraestructura, esto considerando que, en cabeza del ente territorial recaen aquellas funciones de vigilancia y control, especialmente aquellas contempladas en la Ley 1209 de 2008 y en el Decreto 554 de 2015.

Igualmente, señaló que, lo argumentado por la parte actora no constituyen vulneración de derechos colectivos que justifiquen una acción popular contra la administración, porque en el caso concreto no se trata de una instalación que se encuentre abierta al público, sino que se trata de instalaciones de propiedad privada y que es de uso exclusivo de los propietarios de la propiedad horizontal. Por ende,

administración, porque en el caso concreto no se trata de una instalación que se encuentre abierta al público, sino que se trata de instalaciones de propiedad privada y que es de uso exclusivo de los propietarios de la propiedad horizontal. Por ende, expresó que, es el propietario de la propiedad horizontal el encargado de atender en un eventual caso las pretensiones.

Por lo anterior, reafirmó que este ente territorial no tiene la obligación legal de exigir a los propietarios de los propietarios diferentes conjuntos residenciales la intervención a la infraestructura de las piscinas de uso restringido como lo son las ubicadas en una propiedad horizontal, toda vez que, esa decisión depende del propietario o copropietarios exclusivamente, sin inferir en ello la responsabilidad del municipio cuyo limite son la Ley 1209 de 2008 y el Decreto 554 de 2015.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: «Falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Floridablanca», «Falta de agotamiento del requisito de procedibilidad», «Inepta demanda por inexistencia de vulneración a los derechos e intereses colectivos », «Falta de indicación el derecho o interés colectivo

3 Expediente digital SAMAI, índice 00003, Primera instancia expediente digital SAMAI 00017.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333013-2024-00080-01

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presuntamente vulnerado» «indebida escogencia del medio de control» y «genérica innominada».

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presuntamente vulnerado» «indebida escogencia del medio de control» y «genérica innominada».

1.2.2 La parte demandada, Conjunto residencial Club House I P.H.4, contestó la demanda a través de la representante legal, y se opuso a todas las pretensiones de la demanda, toda vez que, la piscina ubicada en el conjunto cumple con todos los requisitos establecidos en la ley 1209 de 2008 y reglamentado mediante Decreto 554 de 2015, así com o los requisitos exigidos para la inclusión de personas con discapacidad que están dentro de la Ley 361 de 1997 y sus respectivos de cretos reglamentarios, y en ese sentido, tiene una piscina -vaso de diferentes con su respectivo apoyo metálico para acceso d e adultos mayores y personas con discapacidad.

Insistió que, no hay prueba sumaria en el escrito de la demanda que demuestre vulneración alguna del interés colectivo presuntamente vulnerado, por el contrario, de manera ambigua e inexacta la parte actora presentó jurisprudencia que incluye información imprecisa, lo que desnaturaliza esta acción constitucional.

Propuso las siguientes excepciones: «Temeridad y mala fe del accionante»; «Falta de requisitos de procedibilidad y vulneración del debido proce so del accionado»; «Inexistencia de violación de los interese colectivos invocados»; «Desnaturalización de la acción popular por parte del accionante al buscar la protección de intereses particulares e inexistencia de prueba sumaria que respalde pretensiones»; «Falta de legitimación en la causa por pasiva»; «Presunta

«Desnaturalización de la acción popular por parte del accionante al buscar la protección de intereses particulares e inexistencia de prueba sumaria que respalde pretensiones»; «Falta de legitimación en la causa por pasiva»; «Presunta persecución y acoso contra la señora Lucely Cruz Bustamante»; «Falta de jurisdicción y competencia»; y, «Genérica e innominada».

1.3. La sentencia apelada5

El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, denegó las pretensiones de la demanda y de oficio protegió otros derechos colectivos . En la parte resolutiva de la sentencia se dispuso, lo siguiente:

4 Expediente digital SAMAI, índice 00003, Primera instancia expediente digital SAMAI 00018. 5 Expediente digital SAMAI, índice 00003, Primera instancia expediente digital SAMAI 00059.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333013-2024-00080-01

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«PRIMERO: DECLÁRASE que NO HAY VULNERACIÓN a los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; la seguridad y salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; la realización de las construcciones,

garantice la salubridad pública; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urban os respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y los derechos de los consumidores y usuarios, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: EXHORTASE al CONJUNTO RESIDENCIAL CLUB HOUSE I P.H. para que de manera inmediata realicen la señalización preventiva de no correr y no realizar clavados en la piscina, así como como la marcación de riesgo eléctrico en el cuarto de maquina e insumos para mantenimiento de esta.

TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

[…]».

Sostuvo el a quo que, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente y las normas que rigen para la seguridad e instalación de las piscinas, no evidenció una vulneración a los derechos colectivos invocados por el actor popular, toda vez que, la construcción de la piscina-vaso en el conjunto residencial demandado, no supone por sí misma la existencia de determinadas conductas que resulten contrarias a los intereses colectivos invocados, ni se expusieron hechos fehacientes y cercanos de la existencia real de la conducta de acción o de una omisión que de manera razonable sea i ndicadora de la posibilidad casi inmediata del daño contingente o de la efectiva y/o persistente vulneración a las condiciones esenciales del medio ambiente, o a que se puedan generar focos de contaminación,

omisión que de manera razonable sea i ndicadora de la posibilidad casi inmediata del daño contingente o de la efectiva y/o persistente vulneración a las condiciones esenciales del medio ambiente, o a que se puedan generar focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad, como tampoco que se pueda generar un desastre o calamidad, destrucción o afectación de la propiedad privada o pública por accidentes,Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333013-2024-00080-01

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productos, actividades o instalaciones, ni mucho menos la imposibilidad de acceder a la prestación de los servicios públicos en condiciones de eficiencia y oportunidad.

Explicó que, respecto al derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas y a la realización de construcciones edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, está probado que cumple con las normas mínimas de seguridad establecidas en la Ley 1208 de 2009 y el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por lo tanto, no hay vulneración de este derecho.

Por lo anterior, la juez de primera instancia consideró que, si bien el ac tor popular aseguró que deben instalarse las obras arquitectónicas, mecánicas, eléctricas y de infraestructura necesarias para que las personas en situación de discapacidad motriz física, así como los adultos mayores, también lo es que, no hay sustento

aseguró que deben instalarse las obras arquitectónicas, mecánicas, eléctricas y de infraestructura necesarias para que las personas en situación de discapacidad motriz física, así como los adultos mayores, también lo es que, no hay sustento normativo y/o jurisprudencial que así lo sustente , y en ese sentido, acceder a esta pretensión resultaría desproporcionado e irracional para la propiedad horizontal demandada.

Respecto a la condeno en costas, concluyó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, no se condenó en costas, como quiera, que no se evidencia temeridad o mala fe por parte del actor popular.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demandante, Jaime Orlando Martínez García 6, en el recurso de apelación afirmó que el objeto de la acción pública está encaminado hacia la protección reforzada de que gozan las «personas en condición de discapacidad» temporal o permanente, tal como lo han hechos las Altas Cortes en sus pronunciamientos, por ejemplo, la providencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación C ivil., 15 de abril de 2010., M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Rad No. 11001 02 03 000 2010 00488 00.

6 Expediente digital SAMAI, índice 00003, Primera instancia, expediente digital SAMAI 00076.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333013-2024-00080-01

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Igualmente, dentro del recurso citó la jurisprudencia unificada proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de revisión en la acción popular No. 0800133-31-003-2007-00073-01 (AP), C.P. Dr. Enrique Gil Botero , en la cual resaltó la responsabilidad de los jueces en el estudio de las acciones populares y los derechos de la población vulnerable por limitaciones físicas, mentales y/o sensoriales como sujetos de protección constitucional reforzada.

Respecto a la Ley 1618 de 2013, sostuvo que la primera instancia no dio cumplimiento a la protección que allí consagra, para las «personas en situación de discapacidad o de capacidades disminuidas», pues, en dicha norma el legislador no hizo una lista especifica de las situaciones a evitar [barreras arquitectónicas], por el contrario, lo hizo de forma amplia y/o universal respecto de situaciones que no garantizan los principios de igualdad y autonomía. Lo an terior, está reiterado en la sentencia de tutela expediente No. T-4.375.942 de la Corte Constitucional.

Por otra parte, explicó que, de acuerdo con el informe técnico toda clase de edificación sin importar si es propiedad horizontal o no, deben cumplir con las leyes, decretos y demás normas concordantes que buscan garantizar los principios de igualdad y autonomía de las personas en situación de discapacidad tanto temporal como permanente tanto motriz, visual. Por ende, al no cumplirse en el sitio de los

decretos y demás normas concordantes que buscan garantizar los principios de igualdad y autonomía de las personas en situación de discapacidad tanto temporal como permanente tanto motriz, visual. Por ende, al no cumplirse en el sitio de los hechos con la finalidad de estas leyes sostiene que se encuentra plenamente acreditado la vulneración de los derechos colectivos, por lo tanto, solicita se accedan a las pretensiones de la demanda.

En lo que tiene que ver con las consideraciones de la sentencia de primera instancia, manifestó que no comparte las conclusiones del a quo, dado que se aleja de la «realidad de la vida», pues existen diversas familias donde hacen parte personas con capacidades disminuidas bien sea por la edad, por enfermedad o por nacimiento, y por consiguiente, debe existir una inclusión social, la aplicación de los principios de igualdad y autonomía tanto para los que no padecen ninguna discapacidad como para las personas que padecen alguna discapacidad tanto temporal como per manente puedan disfrutar plenamente de todos los servicios sociales y comunes que oferta la propiedad horizontal. A modo de ilustración,Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333013-2024-00080-01

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incluyó imágenes en las cuales explicó la aplicación de rampas, escaleras, grúas, sillas o elevadores eléctricos u otros.

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se accedan a las pretensiones propuestas en el escrito de la demanda.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se accedan a las pretensiones propuestas en el escrito de la demanda.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha 26 de septiembre de 2025 se admitió el recurso de apelación 7 interpuesto por la parte demandante – Jaime Orlando Martínez García, contra la sentencia de fecha 28 de abril de 2025.

1.5.1 La parte demandante, Jaime Orlando Martínez García, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.2. La parte demandada, Conjunto Residencial Club House I PH, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.3. La parte demandada, Municipio de Floridablanca, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.4. La representante del Ministerio Público no emitió conce pto en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

7 Expediente digital SAMAI, índice 00018.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333013-2024-00080-01

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2.2. De los límites de la apelación

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2.2. De los límites de la apelación

Es de resaltar que en el presente caso apeló la parte demandante por lo que es necesario precisar que el ámbito de conocimiento del recurso de apelación interpuesto se limitará al estudio del contenido y alcance de la inconformidad planteada en el mismo.

2.3. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación8, el cual consiste en establecer si:

P.J. ¿Las entidades demandadas vulneraron los derechos colectivos invocados, con ocasión de la presunta omisión en efectuar las adecuaciones en la piscina ubicada en el Conjunto o Unidad Residencial Club House I P.H., con el propósito de que cuente con elemento arquitectónico o mecánico que permita el acceso seguro de las personas mayores o en situación de discapacidad?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marc o normativo, en el que se estudiará el régimen normativo y jurisprudencial con relación a la acción popular, de la protección de las personas mayores o en situación de discapacidad, de las piscinas no abiertas al público, y, (ii) se analizarán los hechos p robados de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. De la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada

los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. De la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e

8 Artículo 328 del CGP.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 680013333013-2024-00080-01

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intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o siempre que exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades, o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.

Al respecto, la H. Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas oportunidades9 acerca de la naturaleza de esta acción pública y constitucional, y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:

«[…] (i) ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas l as personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de

todas l as personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]»10.

En relación con el carácter preventivo d