TA SAN - Sentencia 68001-33-33-013-2024-00105-01 (23-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333301320240010501

MEDIO DE CONTROL: Protección de los derechos e intereses colectivos

DEMANDANTE: Jaime Orlando Martínez García

derechoshumanosycolectivos@gmail.com derechoshumanosycolectivos@hotmail.com

DEMANDADO: Municipio de Floridablanca

notificaciones@floridablanca.gov.co catalinagomezgarcia@hotmail.com catalinagomezgarcia1@gmail.com

Conjunto Residencial Paralela 150 P.H conjuntoparalela150@gmail.com oscargonzalocorzo@contabogados.com

MINISTERIO PÚBLICO: Eddy Alexandra Villamizar

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 069

TEMA: Falta de adecuada infraestructura que garantice acceso y salida de la piscina en el conjunto residencial Paralela 150

P.H. a las personas en situación de discapacidad y adulto mayor. Confirma fallo de primera instancia.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 09 de junio de 202 5, proferida por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que denegó las súplicas de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Hechos1

El actor popular señaló que, la piscina del inmueble ubicado en la carrera 18 No. 158-72 Conjunto Residencial Paralela 150 P.H. no cuenta el «vaso» y/o piscina con

1 Expediente digital, Primera instancia expediente digital SAMAI 00002.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 68001333301320240010501

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rampa de acceso, o en su defecto, con algún sistema moderno eléctrico mecánico o similar para permitir el acceso y salida de las personas sin mayor esfuerzo y seguridad.

De la misma manera, sostuvo que, no se le han realizado las obras arquitectónicas, mecánicas, eléctricas, de infraestructura para que, las personas en situación de discapacidad motriz, física, tanto temporal como permanente, puedan disfrutar en igualdad de condiciones el interior de la piscina, técnicamente llamada «vaso».

Lo anterior, por cuanto la Ley 361 de 1997 en su artículo 52 emitió una orden clara, expresa y exigible de realizar toda clase de adecuaciones para restituir a las personas en situación de discapacidad, motriz, física, tanto temporal como permanente sus derechos constitucionales, sus derechos constitucionales.

Igualmente, aseguró que las normas Decreto No. 1538 del 17 de mayo de 2005,

personas en situación de discapacidad, motriz, física, tanto temporal como permanente sus derechos constitucionales, sus derechos constitucionales.

Igualmente, aseguró que las normas Decreto No. 1538 del 17 de mayo de 2005, Ley 1618 del 27 de febrero de 2013 y Ley 1346 de 2009, no han sido cumplidos por parte de las demandadas, lo cual constituye una vulner ación a los principios de progresividad e igualdad para las personas en situación de discapacidad motriz, física tengan las mismas garantías y autonomía para hacer uso y disfrute del interior del «vaso» de la piscina.

1.1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretende lo siguiente:

« 1-Se decrete mediante sentencia que tanto el ente territorial, los propietarios de la piscina o el que corresponda, tiene de forma individual o en conjunto responsabilidad en los hechos de la demanda, se encuentran vulnerando los derechos colectivos de las personas en situación de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda, muletas, bastones, caminadores y otros accesorios ortopédicos) tanto temporal como permanente, al estar probado que al interior de la piscina (Técnicamente llamado “VASO”), inmersas en las leyes y normas a las personas adultas, la piscina - vaso no permite que sea disfrutada por estas

2 Expediente digital, Primera instancia expediente digital SAMAI 00002.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 68001333301320240010501

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personas, no posee rampa peatonal con pasamanos para su acceso y para su salida, no posee algún sis tema moderno eléctrico -mecánico, no posee ningún sistema idóneo o similar para permitir su acceso como para su salida de manera digna cumpliendo los principios Constitucionales a la IGUALDAD, PROGRESIVIDAD y AUTONOMÍA, incluidas las

personas que : no gozan de los dos (02) brazos funcionales o solamente gozan de un solo brazo funcional, no gozan de las dos (02) manos o gozan solamente una sola mano funcional, no gozan de las dos (02) piernas funcióna les o gozan solamente de una sola pierna funcional, sin olvidar las personas con la enfermedad de obesidad mórbida o semi mórbida, adecuando, instalando, construyendo los mecanismos técnicos, arquitectónicos para permitir el acceso y salida de estas personas en condiciones dignas para restituirles y facilitarles el uso y disfrute de la piscina-vaso, restituyéndoles sus derechos a la RECREACIÓN, al ESPARCIMIENTO de forma individual autónoma o en familia, cumpliendo la Ley No.361 de 1997, el Decreto Nacional No.1538 de 2005, Ley No.1209 de julio 14 de 2008, Ley No.1346 de 2009, las Normas Técnicas Colombianas, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015 y demás normas concordantes.

3-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda, el operador judicial dé un término prudencial no mayor a dos (02) meses al que corresponda, para que rinda informe escrito al despacho judicial manifestando el cumplimiento de la sentencia al terminar las obras, de no haberse presentado al final de este término el informe dando cumplimiento de la sentencia, tomar laProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra

final de este término el informe dando cumplimiento de la sentencia, tomar laProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 68001333301320240010501

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presente pretensión como el trámite de incumplimiento previo a la posible apertura del incidente de desacato, vencido el termino de tiempo dado sin cumplir las órdenes de hacer iniciar de oficio como juez Constitucional el incidente de desacato, también expedir y trasladar con destino a la Fiscalía General de la Nación las piezas procesales idóneas para que se inicie el trámite por un posible

FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL.

4-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda total o parcialmente, el operador judicial de un término prudencial no mayor a quince (15) días calendarios al qu e corresponda, para que constituya una POLIZA DE CUMPLIMIENTO por el valor de $15.000.000,oo (Quince millones de pesos), suma de dinero concordante y proporcional de acuerdo al valor de las obras a realizarcen por concepto de posible demolición, construcción, adecuación, de la piscina-vaso, póliza para garantizar la efectiva realización de las obras dentro del término de tiempo dado y evitando un eventual INCIDENTE DE DESACATO, petición anterior al observarse que en centenares sentencias de acciones popular es que el accionado o responsable de las obras civiles no cumplen por lo general dentro del término dado y pasan años y años sin que cumplan, esperando el inicio y tramite

al observarse que en centenares sentencias de acciones popular es que el accionado o responsable de las obras civiles no cumplen por lo general dentro del término dado y pasan años y años sin que cumplan, esperando el inicio y tramite de un posible incidente de desacato que dura en promedio uno (01) a (02) dos años o más años después del Fallo, donde finalmente el despacho judicial desestima el desacato y no plica ninguna sanción por el incumplimiento. (Artículo 42 de la Ley No.472 de 1998 y demás normas concordantes al ser la demanda de índole Constitucional)

5-Que el operador judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de forma individual a cada una de los numerales de las pretensiones y no en bloque.

Esta solicitud es procedente y hasta necesaria, de acuerdo a la JURISPRUDENCIA DE UNIFICACIÓN expedida por el H. CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO publicada en el Boletín No.133 del 1 de noviembre de 2013; proceso de REVISION de la acción popular No.08001-33-31-003-2007-00073-01 (AP), consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO; A ctor: YURI ANTONIO LORA ESCORCIA, ddo: Municipio de Sabanalarga – Atlántico; Bogotá, D.C. ocho (8) de octubre de dos mil trece (2013); […]Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 68001333301320240010501

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6-Se condene en costas y agencias en derecho al demandado y/o vinculados y demás gastos económicos que se deriven en el transcurso del proceso por remisión expresa del artículo 38 de la Ley No.472 de 1998, el Código Civil artículos 1005 y 2360, a los artículos 361, 365, 366 del C.G.P., al artículo 188 del C.P.A.D.A, al numeral 5 del Acuerdo PSAA16 -10554 de agosto 5 de 2 016 del Consejo Superior de la Judicatura y la SENTENCIA DE UNIFICACIÓN expedida por el

CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO, SALA DE DECISIÓN ESPECIAL No. 27, MAGISTRADA:

ROCIO ARAÚJO OÑATE, Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019), Referencia: MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL -ACCIÓN POPULAR, Radicación: 15001 -33-33 007 -2017-00036-01, Demandante: YESID FIGUEROA GARCIA, Demandado: MUNICIPIO DE TUNJA, Temas: Acción popular. Costas procesales. Agencias en derecho; se trascriben apartes […]»

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La parte demandada, Municipio de Floridablanca, no contestó la demanda.

1.2.2 La parte demandada, Conjunto residencial Paralela 150 P.H., no contestó la demanda.

1.2.1. La parte demandada, Municipio de Floridablanca, no contestó la demanda.

1.2.2 La parte demandada, Conjunto residencial Paralela 150 P.H., no contestó la demanda.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, denegó las pretensiones de la demanda y de oficio protegió otros derechos colectivos . En la parte resolutiva de la sentencia se dispuso, lo siguiente:

«PRIMERO: DECLÁRASE que NO HAY VULNERACIÓN a los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; la seguridad y salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; el derecho a la seguridad y prevención de

3 Expediente digital, Primera instancia expediente digital SAMAI 00068.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 68001333301320240010501

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desastres previsibles téc nicamente; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y los derechos de los consumidores y u suarios, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y los derechos de los consumidores y u suarios, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia […]».

Consideró el a quo que, no se evidenció una vulneración a los derechos colectivos invocados por el actor popular, toda vez que, la construcción de la piscina-vaso en el conjunto residencial demandado, no supone por sí misma la existencia de determinadas conductas que resulten contrarias a los i ntereses colectivos invocados, ni se expusieron hechos fehacientes y cercanos de la existencia real de la conducta de acción o de una omisión que de manera razonable sea indicadora de la posibilidad casi inmediata del daño contingente o de la efectiva y/o persistente vulneración a las condiciones esenciales del medio ambiente, o a que se puedan generar focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad, como tampoco que se pueda generar un desastre o calamidad, destrucción o afectación de la propiedad privada o pública por accidentes, productos, actividades o instalaciones, ni mucho menos la imposibilidad de acceder a la prestación de los servicios públicos en condiciones de eficiencia y oportunidad.

Explicó que, respecto al derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas y a la realización de construcciones edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, está probado que cumple con las normas mínimas

la realización de construcciones edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, está probado que cumple con las normas mínimas de seguridad establecidas en la Ley 1208 de 2009 y el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por lo tanto, no hay vulneración de este derecho.

Por lo anterior, la juez de primera instancia consideró que, si bien el ac tor popular aseguró que deben instalarse las obras arquitectónicas, mecánicas, eléctricas y de infraestructura necesarias para que las personas en situación de discapacidad motriz física, así como los adultos mayores, también lo es que, no hay sustentoProtección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 68001333301320240010501

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normativo y/o jurisprudencial que así lo sustente , y en ese sentido, acceder a esta pretensión resultaría desproporcionado e irracional para la propiedad horizontal demandada.

Respecto a la condeno en costas, concluyó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, no se condenó en costas, como quiera, que no se evidencia temeridad o mala fe por parte del actor popular.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demandante, Jaime Orlando Martínez García 4, en el recurso de apelación afirmó que, el objeto de la acción pública no es determinar si en el sitio

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. La parte demandante, Jaime Orlando Martínez García 4, en el recurso de apelación afirmó que, el objeto de la acción pública no es determinar si en el sitio de los hechos se cumplen o no las normas en las piscinas «hacia los bañistas», sino de la protección reforzada de que go zan las «personas en condición de discapacidad» temporal o permanente y más de los niños y niñas.

Igualmente, dentro del recurso citó la jurisprudencia unificada proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de revisión en la acción popular No. 0800133-31-003-2007-00073-01 (AP), C.P. Dr. Enrique Gil Botero, en la cual resaltó la responsabilidad de los jueces en el estudio de las acciones populares y los derechos de la población vulnerable por limitaciones físicas, mentales y/o sensoriales como sujetos de protección constitucional reforzada.

Respecto a la Ley 1618 de 2013, sostuvo que la primera instancia no dio cumplimiento a la protección que allí consagra, para las «personas en situación de discapacidad o de capacidades disminuidas», pues, en dicha norma el legislador no hizo una lista especifica de las situaciones a evitar [barreras arquitectónicas], por el contrario, lo hizo de forma amplia y/o universal respecto de situaciones que no garantizan los principios de igualdad y autonomía. Lo ant erior, está reiterado en la sentencia de tutela expediente No. T-4.375.942 de la Corte Constitucional.

4 Expediente digital Primera instancia, expediente digital SAMAI 00070.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia

sentencia de tutela expediente No. T-4.375.942 de la Corte Constitucional.

4 Expediente digital Primera instancia, expediente digital SAMAI 00070.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 68001333301320240010501

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Por otra parte, explicó que, de acuerdo con el informe técnico toda clase de edificación sin importar si es propiedad horizontal o no, deben cumplir con las leyes, decretos y demás normas concordantes que buscan garantizar los principios de igualdad y autonomía de las personas en situación de discapacidad tanto temporal como permanente tanto motriz, visual. Por ende, al no cumplirse en el sitio de los hechos con la finalidad de estas leyes sostiene que se encuentra plenamente acreditado la vulneración de los derechos colectivos, por lo tanto, solicita se accedan a las pretensiones de la demanda.

Finalmente, hizo énfasis en la existencia de una norma t écnica – ICONTEC NTC5760 y la Resolución No. 1510 del 06 de mayo de 2011 expedida por el Ministerio de Protección Social, que ordenan la construcción de peldaños arquitectónicos o escaleras no verticales instaladas, empotradas en las paredes interiores de los estanques de agua, por lo que, a su consideración si existen normas que exigen la inclusión social bajo el «principio de progresibilidad», para restituir los derechos colectivos de los grupos de personas motivo de la presente acción constitucional.

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se

inclusión social bajo el «principio de progresibilidad», para restituir los derechos colectivos de los grupos de personas motivo de la presente acción constitucional.

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se accedan a las pretensiones propuestas en el escrito de la demanda.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha 26 de septiembre de 2025 se admitió el recurso de apelación 5 interpuesto por la parte demandante – Jaime Orlando Martínez García, contra la sentencia de fecha 28 de abril de 2025.

1.5.1 La parte demandante, Jaime Orlando Martínez García, presentó su escrito bajo el título de ampliación del recurso de apelación , al respecto precisó que, le asiste responsabilidad al ente territorial dado que no cumplió en el momento de la construcción de la piscina con su función de vigilancia y control a las edificaciones en construcción, las cuales deben respetar la normativa que protegen los derecho colectivos de las personas en s ituación de discapacidad motriz y física tanto

5 Expediente digital SAMAI, índice 00019.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 68001333301320240010501

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temporal como permanente al interior de los conjuntos residenciales o urbanizaciones.

Precisó que la propiedad horizontal violó las leyes y decretos al no elaborar un plan de seguridad en relación con uso de los estanques de agua de las piscinas vulnerando los derechos colectivos, y además indicó que, la propiedad si tiene la

urbanizaciones.

Precisó que la propiedad horizontal violó las leyes y decretos al no elaborar un plan de seguridad en relación con uso de los estanques de agua de las piscinas vulnerando los derechos colectivos, y además indicó que, la propiedad si tiene la obligación de cumplir todo lo ordenado y no parcialmente dentro de la norma técnica

ICONTEC.

Finalmente, solicitó se revoque la sente ncia de primera instancia y que el Juez en uso de sus facultades en caso de requerirlo module, adecue o amplíe el objeto de la demanda y sus pretensiones.

1.5.2. La parte demandada, Conjunto Residencial Paralela 150 PH, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.3. La parte demandada, Municipio de Floridablanca, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.4. La representante del Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Aspecto previo

El actor popular en el escrito presentado como alegatos de conclusión en segunda instancia, mencionó que se trata de una ampliación al recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 68001333301320240010501

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Al respecto, se considera que, el recurso de apelación contra las decisiones de primer grado y el trámite y término de la práctica de las pruebas en segunda

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Al respecto, se considera que, el recurso de apelación contra las decisiones de primer grado y el trámite y término de la práctica de las pruebas en segunda instancia se encuentra regulado en el artículo 37 de la Ley 472 de 19986, así:

«ARTICULO 37. RECURSO DE APELACION. El recurso de apelación pr ocederá contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir de la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal competente.

La práctica de pruebas durante la segunda instancia se sujetará, también, a la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil; en el auto que admite el recurso se fijará un plazo para la práctica de las pruebas que, en ningún caso, excederá de diez (10) días contados a partir de la notificación de dicho auto; el plazo para resolver el recurso se entenderá ampliado en el término señalado para la práctica de pruebas.»

Por lo anterior, se considera que la norma no establece la posibilidad de presentar la ampliación en el trámite de segunda instancia sobre el recurso de alzada, por lo que, en este caso, en aras de la garantía del debido proceso y del acceso a la administración de justicia, el escrito presentado por el actor popular denominado «AMPLIO (sic) EL RECURSO DE APELACIÓN» , la Sala tomará los argumentos expuestos en el memorial como alegatos de conclusión de segunda instancia.

2.2. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para

expuestos en el memorial como alegatos de conclusión de segunda instancia.

2.2. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

6 «Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.».Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 68001333301320240010501

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2.3. De los límites de la apelación

Es de resaltar que en el presente caso apeló la parte demandante por lo que es necesario precisar que el ámbito de conocimiento del recurso de apelación interpuesto se limitará al estudio del contenido y alcance de la inconformidad planteada en el mismo.

2.4. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación7, el cual consiste en establecer si:

P.J. ¿Las entidades demandadas vulneraron los derechos colectivos invocados, con ocasión de la presunta omisión en efectuar las adecuaciones en la piscina ubicada en el Conjunto o Unidad Residencial Paralela 150 P.H., con el propósito de que cuente con elemento arquitectónico o mecánico que

invocados, con ocasión de la presunta omisión en efectuar las adecuaciones en la piscina ubicada en el Conjunto o Unidad Residencial Paralela 150 P.H., con el propósito de que cuente con elemento arquitectónico o mecánico que permita el acceso seguro de las personas mayores o en si tuación de discapacidad?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo, en el que se estudiará el régimen normativo y jurisprudencial con relación a la acción popular, de la protección de las personas mayores o en situación de discapacidad, de las piscinas no abiertas al público, y, (ii) se analizarán los hechos probados de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. De la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazad os o vulnerados o siempre

7 Artículo 328 del CGP.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 68001333301320240010501

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que exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades, o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.

Al respecto, la H. Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas

que exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades, o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.

Al respecto, la H. Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas oportunidades8 acerca de la naturaleza de esta acción pública y constitucional, y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:

«[…] (i) ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘pr ecaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]»9.

En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, tanto la H. Corte Constitucional10 como el H. Consejo de Estado11, han precisado que la prosperidad

uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]»9.

En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, tanto la H. Corte Constitucional10 como el H. Consejo de Estado11, han precisado que la prosperidad de la acción popul ar no depende de que exista un daño o perjuicio, pues la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.

8 Véanse las sentencias C -215 de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez; T -466 de 2003, magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra; T-443 de 2013; y T-254 de 2014, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva. 9 Corte Constitucional, sentencia T-443 de 2013; magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 10 Sentencia C-215 de 1999, magistrada ponente Martha Victoria Sáchica Méndez. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de septiembre de 2004, c onsejera ponente: María Elena Giraldo Gómez, radicación número: 2002-2693-01.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: Municipio de Floridablanca y otra Radicado: 68001333301320240010501

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A su turno, la Sección Primera del Consejo de Estado en forma reiterada 12 ha indicado que los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades

A su turno, la Sección Primera del Consejo de Estado en forma reiterada 12 ha indicado que los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de a