TA SAN - Sentencia 68001-33-33-015-2018-00074-01 (28-08-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333301520180007401

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MEDARDO HERNANDO RAMIREZ GUZMAN

frhiguera@hotmail.com ramirezg30@yahoo.es

DEMANDADO: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALEJÉRCITO NACIONAL

notificaciones.bucaramanga@mindefensa.gov.co dramauragarcia@hotmail.com diper@buzonejercito.mil.co juridicadiper@buzonejercito.mil.co maura.garcia@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 234

TEMA: RETIRO DEL SERVICIO POR LLAMAMIENTO A

CALIFICAR SERVICIOS – Laboral

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que denegó las pretensiones de la demanda, pre via la siguiente reseña:

1. AntecedentesNulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Bucaramanga, que denegó las pretensiones de la demanda, pre via la siguiente reseña:

1. AntecedentesNulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Medardo Hernando Ramírez Guzmán Demandado: NaciónMinisterio de DefensaEjército Nacional Radicado: 680013333015-2018-00074-01

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1.1. LA DEMANDA1

1.1.1. Hechos

El señor Medardo Hernando Ramírez Guzmán ingresó el 19 de enero de 1991, a la edad de 17 años, a la Escuela General José María Córdova, desarrollando desde entonces su carrera militar en la que ocupó cargos de alta responsabilidad y obtuvo resultados sobre salientes. S e desempeñó como subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel y coronel. Asimismo, señala que, durante su permanencia en la institución, realizó múltiples estudios.

El 4 de junio de 2016, mediante el Decreto No. 9008 de 2016, fue ascendido al grado de coronel por recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, del comandante general de las Fuerzas Militares y el comandante del Ejército Nacional. Precisa que, p ara dicho ascenso, se evaluaron sus 26 años de servicio, su perfil profesional, sus logros y objetivos cumplidos, entre otros aspectos.

En atención al ascenso, ejerció el cargo de coronel, en la segunda división del Ejército Nacional, con sede en Bucaramanga , donde recibió conceptos favorables por parte de los generales.

En atención al ascenso, ejerció el cargo de coronel, en la segunda división del Ejército Nacional, con sede en Bucaramanga , donde recibió conceptos favorables por parte de los generales.

No obstante lo anterior, mediante el Decreto No. 338 de l 1 de marzo de 2017 de 2017, se dispuso su llamamiento a calificar servicios, esto es, siete meses después de su ascenso, lo que frustró su expectativa legítima de ejercer el cargo por al menos cinco años, generándole afectaciones psicológicas. Precisa que el referido decreto no fue notificado en debida forma.

El 10 de abril de 2017 , el demandante elevó solicitud al Comandante General del Ejército para reconsiderar su llamamiento a calificar servicios ; sin embargo, mediante oficio del 4 de mayo del mismo añ o, bajo el radicado No. 20173130713921, recibió respuesta negativa.

1.1.2. Pretensiones2

1 PDF 01 2 PDF 01Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Con la demanda se solicitó lo siguiente:

«1. Que se declare la nulidad del acto administrativo que se demanda en lo relacionado con el llamamiento a calificar servicios al coronel Medardo Hernando Ramírez Guzmán con la cedula de ciudadanía No. 79.700.648 y se restablezcan los derechos que tienen todos los coroneles del servicio activo.

relacionado con el llamamiento a calificar servicios al coronel Medardo Hernando Ramírez Guzmán con la cedula de ciudadanía No. 79.700.648 y se restablezcan los derechos que tienen todos los coroneles del servicio activo.

2. Que se le reconozca como valor pecuniario la suma de treinta millones de pesos $30.000.000 y su indexación a la fecha de la sentencia como reconocimiento al daño moral causado por la inobservancia plena de la Ley al momento de tomar la decisión de llamarlo a calificar servicios sin que ello conlleve a “permitir el ascenso y promoción de otros” y “la renovación generacional de la estructura jerárquica”.

3. Que se condene en costas al demandado».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Se invocaron como violadas las siguientes normas: los arts. 13, 15, 21, 25, 29, 125, 209, 217 y 220 de la Constitución Política ; los arts. 3, 5, 7, 8, 9, 13, 35, 44, 65, 66, 67 y 69 del CPACA; los arts. 3 y 4 de la Ley 489 de 1998; los arts. 24 y 55 de la Ley 1104 de 2006; los arts. 50, 51, 52, 53, 99, 100 y 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, entre otros.

En el concepto de violación , alegó la configuración de los siguientes vicios de nulidad: desviación de poder , falsa motivación y su indebida notificación . El demandante sostuvo, en síntesis, que el acto administrativo cuestionado vulnera múltiples disposiciones constitucionales y legales, al haberse expedido con

nulidad: desviación de poder , falsa motivación y su indebida notificación . El demandante sostuvo, en síntesis, que el acto administrativo cuestionado vulnera múltiples disposiciones constitucionales y legales, al haberse expedido con desviación de poder, desbordando los límites de la facultad discrecional para el retiro de personal en las Fuerzas Militares.

Alegó que esta atribución no es absoluta, sino que debe fundarse en hechos reales, objetivos y comprobables, observando los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En su criterio, la decisión no responde a los fines previstos por la Constitución y en la Ley, sino que obedece a motivaciones ajenas al ordenamiento aplicable, contrariando así los artículos y normas invocados, que imponen la sujeción estricta de la administración a la finalidad legítima de los actos.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

1.2.1. Contestación de la demanda

La parte demandada, Nación – Ministerio De Defensa Nacional – Ejército Nacional3, se opuso a la s pretensiones de la demanda , sosteniendo que el procedimiento de calificación de servicios que derivó en el retiro del demandante, dispuesto mediante Decreto No. 0000338 de 2017, se ejecutó conforme a la normativa vigente, cumpliendo a cabalidad los requisitos sustantivos y procedimentales.

procedimiento de calificación de servicios que derivó en el retiro del demandante, dispuesto mediante Decreto No. 0000338 de 2017, se ejecutó conforme a la normativa vigente, cumpliendo a cabalidad los requisitos sustantivos y procedimentales.

Negó la existencia de vulneración al debido proceso, falta de motivació n, abuso o desviación de poder, falsa motivación o desconocimiento de disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias.

Expuso que el retiro en las Fuerzas Militares se encuentra regulado por los artículos 99 a 103 del Decreto 1790 de 2000, modificados por la Ley 1104 de 2006, y que, conforme a la Sentencia C -179 de 2006 de la Corte Constitucional, dicha medida constituye una facultad discrecional orientada a garantizar la eficiencia y eficacia institucional, supeditada a criterios objetivos, razonables y proporcionales.

Indicó que las pretensiones de la demanda carecen sustento probatorio suficiente y se apoya en simples apreciaciones subjetivas. Recalcó que, la desviación de poder exige demostrar que la administración actuó con la intención de perseguir un fin distinto al previsto por el legislador al conferir la facultad, lo cual no se configura en este caso.

Precisó que la aplicación del artículo 103 del Decreto 1790 de 2000, modificado por el artículo 25 de la Ley 1104 de 2006, responde a la estructura jerárquica y piramidal propia de las Fuerzas Militares, en la que, al aproximarse a los grados superiores, es natural que solo algunos permanezcan, debiendo procederse a retiros selectivos para garantizar el funcionamiento institucional.

propia de las Fuerzas Militares, en la que, al aproximarse a los grados superiores, es natural que solo algunos permanezcan, debiendo procederse a retiros selectivos para garantizar el funcionamiento institucional.

En rigor, enfatizó que la decisión de retiro no obedeció a un ejercicio arbitrario, sino a una determinación colegiada debidamente consignada en el acta de la Junta

3 PDF 06Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Asesora, incluso cuando la normativa no exige una motivación formal. Sostuvo que el buen desempeño y la idoneidad del actor no constituyen garantía de estabilidad o ascenso, ni limitan la facultad discrecional de la autoridad militar.

Concluyó al señalar que su actuación se ajustó a derecho y solicitó, por ende, que se desestimen las pretensiones de la demanda.

1.2.2. La sentencia apelada4

El Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Como sustento de su decisión, explicó que, dentro del proceso, no se acreditó la causal de nulidad de desviación de poder y analizó la forma de la notificación del acto administrativo demandado.

Al respecto indicó que, si bien el demandante señaló que el llamamiento a calificar se produjo por situaciones acaecidas durante el término en el que el demandante

administrativo demandado.

Al respecto indicó que, si bien el demandante señaló que el llamamiento a calificar se produjo por situaciones acaecidas durante el término en el que el demandante se desempeñó en el área de inteligencia, ello no se acreditó, pues no hay suficientes indicios que permitieran considerar que el acto administrativo ocultó un fin diferente al concebido en el ordenamiento jurídico.

Señaló el a quo que, por el contrario, en la auditoría de la Contraloría sobre gastos reservados, se concluyó que no existían hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, administrativa o pe nal. Igualmente, manifestó que las reiteradas solicitudes del actor para incorporar perfiles o conceptos de inteligencia/contrainteligencia fueron respondidas por la entidad indicando que dichos documentos no existían para 2016 y que, además, con dichos conceptos de inteligencia y contrainteligencia, lo que se busca es evaluar el grado de confianza que debe existir en quienes desempeñan el rol militar , mas no las circunstancias alegadas por la parte demandante.

Además, el juez de primer grado afirmó que el demandante no t enía registrada en su hoja de vida algún tipo de investigación o proceso sancionatorio, que tache de forma alguna su ejercicio militar, antes bien, destacó que se acreditaron los reconocimientos, logros y felicitaciones respecto del desempeño del demandante.

4 Documento al No. 102 del índice de SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Sin embargo, advirtió que el hecho de acreditar la excelencia en el servicio no puede considerarse como un fuero de estabilidad o inmovilidad en la prestación del servicio en las fuerzas militares.

Frente a l argumento relativo al ascenso del demandante 6 meses antes de su llamamiento a calificar servicios, estimó que no est aba llamado a prosperar, en atención a que, para la aplicación de dicha figura, solo se deben reunir los requisitos contenidos en los arts. 99 y 103 del Decreto 1790 de 2000, esto es, acreditar tiempo de servicios y contar con el concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Fuerzas Militares.

Resaltó que del testimonio del señor Mauricio Ricardo Zúñiga Campo, miembro de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Fuerzas Militares , no señaló irregularidad en el caso del actor . En su declaración puntualizó que en la junta no figuraban los nombres de quienes eran calificados . I gualmente señaló que los comandantes de cada una de las fuerzas, el ministro de defensa y el comandante general, si tenían todos los nombres.

Al respecto, el a quo sostuvo que, si bien esto constituida un indicio, lo cierto es que no obraban otros elementos de prueba que permitieran conllevar a que la decisión de la junta incurrió en inconsistencias , pues además era una situación que se generaba no solo en la calificación del demandante.

no obraban otros elementos de prueba que permitieran conllevar a que la decisión de la junta incurrió en inconsistencias , pues además era una situación que se generaba no solo en la calificación del demandante.

A juicio d el a quo , la expedición del acto administrativo demandado cumplió el requisito relativo al concepto de la junta asesora , máxime cuando al momento del retiro el demandante contaba con más de 26 años de servicios y era acreedor de una asignación de retiro de conformidad con el Decreto 0991 de 2015.

Por contera, en cuanto a la notificación, indicó que se acreditó que el Decreto No. 338 del 1 de marzo de 2017 fue notificado p ersonalmente al actor, quien posteriormente presentó una solicitud de reconsideración, con lo cual descartó dicho cargo.

1.2.3. Fundamentos de la apelaciónNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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La parte demandante, señor Medardo Hernando Ramírez Guzmán5, señaló que, con la prueba directa, clara y concluyente del testimonio del Mayor General Mauricio Ricardo Zúñiga Campo, se pudo determinar que en la sesión de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa celebrada el 19 de diciembre de 2016, los nombres de los oficiales propuestos a retiro, incluido el del demandante, no fueron presentados ni sometidos a evaluación de los miembros de la junta ; omisión que impidió la deliberación y , por ende, afecto su validez, toda vez era uno de los requisitos

oficiales propuestos a retiro, incluido el del demandante, no fueron presentados ni sometidos a evaluación de los miembros de la junta ; omisión que impidió la deliberación y , por ende, afecto su validez, toda vez era uno de los requisitos indispensables previstos en los artículos 5 y 8 del Decreto 2260 de 1973 y en el artículo 99 del Decreto Ley 1790 de 2000.

Señaló que se configura una contradicción manifiesta entre el ascenso por méritos conferido mediante el Decreto 908 de 2016 y el retiro decretado apenas meses después sin motivación individualizada, evaluación negativa o antecedente disciplinario alguno.

Precisó que el Juez de primera instancia omitió realizar un análisis del testimonio del Mayor General Mauricio Zúñiga, pues no analizó el principio de «colegiación» en el funcionamiento de la junta asesora; no valoró el precedente judicial; tampoco se acreditó el mejoramiento del servicio ; ni analizó aspectos determinantes que s í fueron desarrollados en el debate procesal.

Agregó que la hoja de vida institucional del coronel Ramírez refleja una trayectoria intachable, condecoraciones, evaluaciones sobresalientes y ausencia total de sanciones, así como el silencio probatorio de la Administración, que no aportó ningún documento que sustentara una recomendación colegiada válida o que evidenciara una necesidad institucional sobreviniente.

Recalcó que el Ministerio de Defensa Nacional omitió entregar información solicitada por el despa cho en la etapa probatoria, alegando razones genéricas de reserva y seguridad, lo que refuerza la opacidad del procedimiento y frustra el control judicial efectivo.

Recalcó que el Ministerio de Defensa Nacional omitió entregar información solicitada por el despa cho en la etapa probatoria, alegando razones genéricas de reserva y seguridad, lo que refuerza la opacidad del procedimiento y frustra el control judicial efectivo.

Reiteró que, el retiro abrupto sin justificación del demandante constituye una clara violación a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y confianza legitima de los miembros de la institución.

5 Documento al No. 106 del índice de SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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En síntesis, sostuvo que: se omitió la valoración del testimonio ya señalado ; no se analizó en debida forma el acta No. 15 del 19 de diciembre de 2016 y no se analizó la contradicción entre el ascenso y el retiro . Además, que se señaló de manera errónea la falta de cumplimiento de la carga probatoria por dicho extremo procesal.

1.3. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con providencia del 11 de julio de 2025 , se admitió el recurso de apelación 6, y se concedió a las partes y al Ministerio Público la posibilidad de pronunciarse sobre el recurso de apelación, de conformidad con el art. 247 de la Ley 1437 de 2011 e ingresó al Despacho para proferir sentencia. De este trámite se destaca:

1.3.1. Pronunciamiento sobre el recurso

recurso de apelación, de conformidad con el art. 247 de la Ley 1437 de 2011 e ingresó al Despacho para proferir sentencia. De este trámite se destaca:

1.3.1. Pronunciamiento sobre el recurso

La parte demandante, Medardo Hernando Ramírez Guzmán 7, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y solicitó revocar la sentencia primera instancia, al considerar que el acto demandado carece de motivación válida y fue expedido sin seguir el procedimiento establecido.

La parte demandada, Ministerio de Defensa – Ejército Nacional8; sostuvo que no se acreditaron las causales de nulidad alegadas por la parte demandante, pues adujo que el retiro por llamado a calificar servicios correspond ió a una decisión legítima adoptada por los altos mandos de las fuerzas militares , en estricto cumplimiento de la Ley.

La representante del Ministerio Público , guardó silencio, en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Acerca de la competencia en segunda instancia

6 Documento al No. 05 del índice de SAMAISegunda instancia 7 Documento al No. 011 del índice de SAMAISegunda instancia 8 Documento al No. 010 del índice de SAMAISegunda instanciaNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son

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De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzg ados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandante en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación9, el cual consiste en establecer si:

P.J. 01: ¿Es nulo el Decreto núm. 338 del 1 de marzo de 2017 de 2017, por medio de la cual se llama a calificar servicios al señor Medardo Hernando Ramírez Guzmán, al haber sido expedido por la entidad demandada con falsa motivación y desviación de poder?

Con el propósito de resolver el problema jurídico plant eado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial en el que se estudiará el régimen de retiro de los miembros de las fuerzas militares y, (ii) la valoración de las pruebas obrantes en el expediente.

necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial en el que se estudiará el régimen de retiro de los miembros de las fuerzas militares y, (ii) la valoración de las pruebas obrantes en el expediente.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 La carrera del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares

9 Art. 328 del CGP . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisi ones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Como lo ha sostenido el H. Consejo de Estado 10, e l Congreso de la República profirió la Ley 578 de 2000, por medio de la cual se confirió al presidente facultades extraordinarias para, entre otras, expedir las normas de carrera de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. De conformidad con esas facultades extraordinarias, se expidió el Decreto 1790 de 2000 que, en su artículo 2°, reglamentó el régimen especial de la carrera profesional de los miembros del

suboficiales de las fuerzas militares. De conformidad con esas facultades extraordinarias, se expidió el Decreto 1790 de 2000 que, en su artículo 2°, reglamentó el régimen especial de la carrera profesional de los miembros del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.

El decreto citado, en su Título IV reguló, entre otras situaciones, el retiro de las filas en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 99. RETIRO. Retiro de las Fuerzas militares es la situación en la que los oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, por disposición de autoridad competente, cesan en la obligación de prestar servicios en actividad. El retiro de los oficiales en los grados de oficiales Generales y de insignia, Coronel o Capitán de Navío, se hará por decreto del Gobierno; y para los demás grados incluyendo los suboficiales, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Comandante General o Comandantes de Fuerza.

Los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de oficiales generales o de insignia, e inasistencia al servicio sin causa justificada, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal Militar para el delito de abandono del servicio.

El retiro se producirá sin perjuicio de la posibilidad de reincorporación, llamamiento especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.

ARTÍCULO 100. CAUSALES DEL RETIRO . El retiro del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su

especial al servicio o movilización, previstos en este Decreto.

ARTÍCULO 100. CAUSALES DEL RETIRO . El retiro del servicio activo para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares se clasifica, según su forma y causales, como se indica a continuación: a) Retiro temporal con pase a la reserva: 1. Por solicitud propia. 2. Por cumplir cuatro (4) años en el Grado de General o Almirante, salvo lo dispuesto en el artículo 102 de este decreto. 3. Por llamamiento a calificar servicios. […]

ARTÍCULO 103. LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares solo podrán ser retirados por llamamiento a calificar servicios, cuando hayan cumplido los requisitos para tener derecho a la asignación de retiro» (subrayas fuera de texto).

Dichas normas no imponen a la Administración el deber de motivar o justificar, expresamente, las razones por las cuales determina el retiro por llamamiento a

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 25000-23-42-000-2018-01924-02 (4678-2024), de fecha 29 de mayo de 2025.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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calificar servicios, por lo que dicha decisión no comporta un acto de arbitrariedad o

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calificar servicios, por lo que dicha decisión no comporta un acto de arbitrariedad o abuso en la medida en que su trámite está reglado.

Sobre el punto, la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha reiterado que realizar cuestionamientos basados en opiniones subjetivas o personales derivadas del malestar que genera la orden de desacuartelamiento, no tiene la virtud de generar fuero de estabilidad laboral o limitar la potestad discrecional que el legislador otorgó al ejecutivo en aras de procurar el mejor servicio público o, incluso, controlar el ascenso de los uniformados a grados superiores, a los que evidentemente no pueden acceder todos los m iembros de las fuerzas militares por lo limitado de sus cupos y las exigencias excepcionales requeridas, las cuales, sin lugar a dudas, deben valorarse según los criterios (discrecionales y autónomos) de sus mandos.

La Corte Constitucional ha indicado que la causal de desvinculación en comento se constituye en un instrumento importante para la Administración, en la medida que permite el relevo generacional dentro de la línea jerárquica que supone el ascenso de algunos miembros y la separación d el servicio de otros . D e ahí la especial connotación que adquiere frente a otras formas de desvinculación laboral. Igualmente, sostuvo que «calificar servicios» es una:

«[…] acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso

«[…] acepción que implica el ejercicio de una facultad discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso instrumento institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño de unos para permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de una facultad inherente a la normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera corriente de culminar la carrera oficial dent ro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución. Tal atribución hace parte de las inherentes al ejercicio del poder jerárquico de mando y conducción de la fuerza pública, cu yas autoridades deben disponer de poderes suficientes para sustituir, en la medida de las necesidades y conveniencias, con agilidad y efectividad, al personal superior y medio de las jerarquías militares y de policía, con base en apreciaciones y evaluacion es de naturaleza institucional y según el cometido que les es propio».

Adicionalmente, en la Sentencia SU-091 de 2016, la Corte se refirió a la motivación del acto de retiro por llamamiento a calificar servicios, indicando que aquella estáNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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dada expresamen te por la ley y procede cuando se configuran los siguientes

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dada expresamen te por la ley y procede cuando se configuran los siguientes requisitos, a saber: i) tener un tiempo mínimo de servicios y ii) ser acreedor de la asignación de retiro, regla que en la Sentencia SU -217 de 2016 se juzgó como conveniente para promover la «[…] necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza Pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar o policial […]».

En esta sentencia, la Corte hizo énfasis en que la «[…] la ley no impone un estándar de razonabilidad y proporcionalidad sobre estas decisiones más allá de que se configuren las causales objetivas para que se pueda proceder a retirar, de manera decorosa y con derecho a una asignación d