TA SAN - Sentencia 68001-3333-002-2016-00333-01 (30-10-2025)

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Bucaramanga, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Sentencia de segunda instancia Radicado: 68001-3333-002-2016-00333-01

Enlace del expediente: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Caso s/list_procesos.aspx?guid=68001333300220

1600333016800123

Medio de control: Reparación directa

Parte demandante: William José Martínez Villacob

Luz Angelica Cuantidioy Rosa Elena Villacob Rodelo Ariel José Martínez López Ariel José Martínez Campo William Andrés Martínez Campo Andrea Maricel Martínez Deavila Julieth Patricia Martínez Deavila Chirmy Soledad Martínez Gómez hugo1336@hotmail.com Parte demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional notificaciones.bucaramanga@mindefensa.g ov.co usuarios@mindefensa.gov.co Llamada en garantía Aseguradora Solidaria de Colombia notificaciones@solidaria.com.co Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado xmora@procuraduria.gov.co Tema: Responsabilidad extracontractual del Estado por accidente de tránsito con motocicleta oficial. Se modifica la sentencia de primera instancia que accedió de manera parcial a las pretensiones. La proporción de la condena debe corresponder con el grado de incidencia de la actuación estatal en la causación del daño. Concurrencia de culpas por imprudencia de la víctima.

parcial a las pretensiones. La proporción de la condena debe corresponder con el grado de incidencia de la actuación estatal en la causación del daño. Concurrencia de culpas por imprudencia de la víctima. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por las partes y el llamado en garantía contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2018 por el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga , que concedió parcialmente l as pretensiones, una vez verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la competencia1.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte demandante2

La parte demandante pide declarar patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por las lesiones sufridas por William José

1 Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial. 2 Expediente físico, folios 1-55.Radicado: 68001-3333-002-2016-00333-01

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Parte demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Martínez Villacob el 6 de agosto de 2014, y reconocer los perjuicios materiales (lucro cesante) e inmateriales (morales y daño a la salud) a favor de la víctima y sus familiares. Sostuvo que dichas lesiones fueron causadas en un accidente de tránsito ocurrido en una vía del centro de Bucaramanga , cuando un agente de policía conducía su

familiares. Sostuvo que dichas lesiones fueron causadas en un accidente de tránsito ocurrido en una vía del centro de Bucaramanga , cuando un agente de policía conducía su motocicleta oficial en el carril exclusivo de Metrolínea , sin luces y a exceso de velocidad, lo que configuró un riesgo excepcional que se materializó en el daño. 1.2. Posición de la parte demandada 1.2.1. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional se op one a las pretensiones . Argumenta que el accidente fue causado por la imprudencia del peatón, quien cruzó la vía en estado de embriaguez, por un lugar no autorizado, con un puente peatonal cerca y sin la compañía exigida por el Código Nacional de Tránsito. Invocó la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad. 1.2.2. La Aseguradora Solidaria de Colombia , llamada en garantía, también se opone a las pretensiones, alegando que el daño fue imputable exclusivamente a la conducta del peatón y no a la circulación de la motocicleta oficial. Solicita que la eventual condena se ajuste a las condiciones de la póliza. 1.3. La sentencia recurrida3 El juzgado de primera instancia resuelve lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUALMENTE RESPONSABLE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL por los daños derivados de los hechos ocurridos el 6 de agosto de 2014, en la diagonal 15 entre calles 52 y 53 de la ciudad de Bucaramanga, cuando resultó lesionado el señor WILLIAM JOSÉ MARTÍNEZ VILLACOB, a

2014, en la diagonal 15 entre calles 52 y 53 de la ciudad de Bucaramanga, cuando resultó lesionado el señor WILLIAM JOSÉ MARTÍNEZ VILLACOB, a raíz del accidente de tránsito en el que se vio involucrada la motocicleta de placas FGP-43A de propiedad de la Policía Nacional, conducida por el señor

RUBÉN DARÍO DELGADO THERÁN.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, por concepto de PERJUICIOS MORALES los siguientes valores y a favor de las siguientes personas:

De conformidad a la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL, a pagar a favor del señor WILLIAM JOSÉ MARTÍNEZ VILLACOB, C.C. No. 91.435.965, por concepto de: DAÑO MORAL, DIEZ

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (10 SMLMV) y, por

3 Expediente físico, folios 261-269 Demandante Parentesco Reparación por perjuicio moral Reparación definitiva Luz Angélica Cuantindioy Compañera Permanente 40 SMLMV 10 SMLMV Rosa Helena Villacob Rodelo Madre 40 SMLMV 10 SMLMV Ariel José Martínez López Padre 40 SMLMV 10 SMLMV Ariel José Martínez Campo Hijo 40 SMLMV 10 SMLMV William José Martínez Campo Hijo 40 SMLMV 10 SMLMV Andrea Maricel Martínez Deávila Hija 40 SMLMV 10 SMLMV

Ariel José Martínez Campo Hijo 40 SMLMV 10 SMLMV William José Martínez Campo Hijo 40 SMLMV 10 SMLMV Andrea Maricel Martínez Deávila Hija 40 SMLMV 10 SMLMV Chirmy Soledad Martínez Gómez Hija 40 SMLMV 10 SMLMV Julieth Patricia Martínez Deávila Hija 40 SMLMV 10 SMLMVRadicado: 68001-3333-002-2016-00333-01

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Parte demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

DAÑO A LA SALUD, DIEZ SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES

VIGENTES (10 SMLMV).

CUARTO: CONDÉNASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, a pagar por concepto de DAÑO MATERIAL - LUCRO CESANTE a favor de WILLIAM JOSÉ MARTÍNEZ VILLACOB, la suma CONSOLIDADO, equivalente a Medio Salario Mínimo Legal Vigente (1/2 SMLMV) para la fe cha en que se haga el pago de esta sentencia.

QUINTO: NO CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada por lo brevemente razonado en el aparte final de la parte motiva de este fallo.

SEXTO: Se AUTORIZA a la entidad condenada Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, para que efectúe el recobro de lo pagado en virtud de este fallo a la Aseguradora Solidaria de Colombia, en los términos del contrato de seguro que dio origen a la exped ición de la Póliza de Seguros No. 836 -40-

• Policía Nacional, para que efectúe el recobro de lo pagado en virtud de este fallo a la Aseguradora Solidaria de Colombia, en los términos del contrato de seguro que dio origen a la exped ición de la Póliza de Seguros No. 836 -40994000000014, dentro de las coberturas y los montos pactados.

El juzgado analizó el caso bajo la teoría del riesgo excepcional al considerar que el accidente fue causado por la utilización de un artefacto peligroso , una motocicleta oficial, en condiciones que excedían el riesgo ordinario. Encontró probado que el agente de la Policía Nacional transitaba por el carril exclusivo del sistema de transporte masivo Metrolínea, lo cual estaba jurídicamente prohibido y contribuyó a la materialización del daño. Sin embargo, también expuso que el lesionado cruzó la vía de manera imprudente, sin utilizar los puentes peatonales disponibles y bajo el influjo de alcohol. Estas circunstancias llevaron al juez a aplicar la figura de la concurrencia de culpas, asignando un 75% de responsabilidad al actor y un 25% al Estado. Respecto al daño moral el juez aplicó la metodología de los baremos establecida por el Consejo de Estado, reconociendo la indemnización a los familiares cercanos del lesionado conforme al grado de parentesco y la afectación emocional derivada de las lesiones sufridas. En cuanto al daño a la salud lo reconoció como categoría autónoma del perjuicio inmaterial, y consideró la pérdida funcional del ojo derecho del actor como una afectación que limita su vida de relación. Esta indemnización fue también reducida en un 75% por la participación culposa del actor. Sobre el daño material, el juez consideró procedente la indemnización por lucro

afectación que limita su vida de relación. Esta indemnización fue también reducida en un 75% por la participación culposa del actor. Sobre el daño material, el juez consideró procedente la indemnización por lucro cesante, al estimar que una persona en edad productiva normalmente percibe al menos un salario mínimo. No obstante, se reconoció solo medio salario mínimo legal mensual vigente, en razón a la contribución probada del actor en el hecho. Finalmente, reconoció la legitimación de Luz Angélica Cuantindioy como compañera permanente del actor, aplicando un enfoque diferencial que respeta las costumbres de los pueblos indígenas. 1.4. Las apelaciones 1.4.1. La parte demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y se profiera una nueva que reconozca la totalidad de los perjuicios materiales y morales reclamados. Considera que la interpretación que el a quo hizo de la concurrencia de culpas es errónea, puesto que confunde la imputación objetiva con la causalidad. Sostiene que el agente estatal creó y realizó un riesgo jurídicamente desaprobado al invadir el carril exclusivo del transporte masivo, lo que compromete la responsabilidad del EstadoRadicado: 68001-3333-002-2016-00333-01

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Finalmente invoca la teoría de la imputación objetiva como fundamento para atribuir responsabilidad al Estado y argumenta que el agente al invadir el carril exclusivo de Metrolínea creó un riesgo jurídicamente desaprobado que se concretó en

Finalmente invoca la teoría de la imputación objetiva como fundamento para atribuir responsabilidad al Estado y argumenta que el agente al invadir el carril exclusivo de Metrolínea creó un riesgo jurídicamente desaprobado que se concretó en afectaciones a la vida y la integridad personal y vulneró el interés general y la Ley 336 de 1996, lo que justifica la indemnización total por el daño antijurídico causado. 1.4.2. El Ministerio de Defensa afirma que el accidente que lesionó a William José Martínez Villacob fue causado exclusivamente por su conducta imprudente. Argumenta que el peatón incumplió normas básicas de tránsito al cruzar por una zona no autorizada y sin verificar condiciones de seguridad, lo que constituye una causa directa y determinante del daño. Por tanto, solicita que se reconozca la culpa exclusiva de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad extracontractual del Estado. Expone que conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la teoría de la equivalencia de condiciones ha sido reemplazada por la teoría de la causalidad adecuada, la cual establece que solo debe considerarse jurídicamente relevante la causa directa e inmediata del daño. En este caso afirma que el hecho de que el vehículo oficial transitara por el carril exclusivo del Metrolínea es irrelevante, ya que la acción del peatón fue la que generó el accidente. Señala que el juez de primera instancia asignó un 25% de disminución de la capacidad laboral al actor sin contar con prueba pericial médica que lo sustentara ya que la parte demandante no aportó dictamen de la junta regional de invalidez ni otro medio prob atorio idóneo que permitiera establecer ese porcentaje. Por tanto,

capacidad laboral al actor sin contar con prueba pericial médica que lo sustentara ya que la parte demandante no aportó dictamen de la junta regional de invalidez ni otro medio prob atorio idóneo que permitiera establecer ese porcentaje. Por tanto, se considera que no se cumplió con la carga probatoria exigida por el artículo 167 del Código General del Proceso, lo que impide acceder a las pretensiones indemnizatorias. Sostiene que no se aportaron pruebas sobre la condición de compañera permanente de Luz Angélica Cuantindioy con el señor Martínez Villacob, ni sobre los usos, costumbres o tradiciones de la supuesta comunidad indígena a la que pertenecería y por lo tanto no se acreditó debidamente su vínculo con la supuesta víctima ni su pertenencia a una etnia indígena, lo que impide reconocerle legitimación en la causa por activa. Por lo anterior solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y se nieguen en su totalidad las pretensiones de la demanda, además de condenar en costas a la parte demandante. 1.4.3. La Aseguradora Solidaria de Colombia en su calidad de llamada en garantía alega de ig ual manera la culpa exclusiva de las víctimas, el demandante y un tercero. Aduce que éstos cruzaron la avenida sin tener los cuidados adecuados, ni utilizar el puente peatonal mientras se encontraban bajo el influjo de bebidas embriagantes, lo que afectó su capacidad de percepción y coordinación motora. Cita los artículos 58 y 59 del Código Nacional de Tránsito, que prohíbe a los peatones invadir zonas destinadas al tránsito vehicular y cruzar por sitios no

embriagantes, lo que afectó su capacidad de percepción y coordinación motora. Cita los artículos 58 y 59 del Código Nacional de Tránsito, que prohíbe a los peatones invadir zonas destinadas al tránsito vehicular y cruzar por sitios no autorizados y que exigen acompañamiento para peatones bajo el influjo de alcohol respectivamente. Añade que los peatones no fueron víctimas del motociclista, sino causantes de su propio accidente y afirma que el motociclista iba a baja velocidad, como lo demuestra la ausencia de huellas de frenado, y la cercanía entre la motocicleta y el lugar donde quedaron los peatones según el informe policial de accidentes.Radicado: 68001-3333-002-2016-00333-01

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Concluye que no desconoce que el motociclista no estaba autorizado para hacer uso del carril por el que transitaba y que por tanto merecía la imposición de una multa, pero no por ello creó un riesgo para los peatones embriagados que optaron por atravesarse a su paso, a mitad de cuadra, en una avenida de 6 carriles.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico y su tesis ¿Se encuentra demostrada la concurrencia de culpas que da lugar a reducir el monto de la indemnización reconocida a los demandantes por las lesiones sufridas por William José Martínez Villacob, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 6 de agosto de 2014, en el que estuvo implicada una motocicleta oficial conducida por un agente de policía?

Tesis: Si

por William José Martínez Villacob, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 6 de agosto de 2014, en el que estuvo implicada una motocicleta oficial conducida por un agente de policía?

Tesis: Si Fundamento: Está acreditado que el peatón cruzó la vía en un punto no autorizado, sin hacer uso del puente peatonal y bajo los efectos del alcohol. Tal comportamiento resulta temerario, imprevisible y contrario a las normas de tránsito. A su vez, el agente de policía conducía con exceso de velocidad, superando el límite de 30 km/h establecido en la zona donde ocurrió el accidente. Tres conductas reprochables atribuibles a ambos intervinientes fueron determinantes en la producción del daño: por parte del peatón, (i) no utilizar el puente peatonal y (ii) transitar ebrio por una vía vehicular; y por parte del conductor, (iii) exceder el límite de velocidad, cada una con una incidencia equivalente al 33,33%. La maniobra de conducir por el carril exclusivo de Metrolínea careció de relevancia causal (0%). En consecuencia, la sentencia de primera instancia debe modificarse, para que el Estado respond a patrimonialmente en proporción a su participación en el siniestro, esto es, en un 33,33% no 25% como determinó el a quo.

De otra parte, deben reducirse los topes de los perjuicios morales y daño a la salud, de 40 smlmv a 20 smlmv . El juzgado basó su tasación en una indebida valoración de las lesiones. 2.2. Marco jurídico 2.2.1. El régimen objetivo de responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas como la conducción de vehículos oficiales y el régimen subjetivo de falla del servicio

de las lesiones. 2.2. Marco jurídico 2.2.1. El régimen objetivo de responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas como la conducción de vehículos oficiales y el régimen subjetivo de falla del servicio El artículo 90 de la Constitución Política consagra la cláusula general de responsabilidad estatal según la cual «el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas». De la norma constitucional surgen como elementos de la responsabilidad estatal: el daño antijurídico y la imputación 4. El daño antijurídico lo constituye el menoscabo del interés legítimo personal, cierto y actual 5 que la víctima no está en el deber jurídico de soportar6, y la imputación corresponde a la atribución fáctica y jurídica de la lesión a la entidad demandada, a partir de alguno de los títulos de imputación que se derivan del citado artículo 90, valga decir, la falla en el servicio, el riesgo excepcional o el daño especial7.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, C.P Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. 50001-23-31-000-2001-10478-01 (37498) 5 MORAND-DEVILLER, Jacqueline, Curso de Derecho Administrativo, traducción de Zoraida Rincón Ardila y Juan Carlos Peláez Gutiérrez, Universidad Externado de

Colombia, Décima Edición, Bogotá, 2010, Págs. 861 a 863. 6 CONSEJO DE ESTADO COLOMBIANO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Sentencia de 2 de marzo de 2000, C.P. M aría Elena Giraldo Gómez, Exp. 11.945. Sentencia de mayo 8 de 2013. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 70 001 23 31 000 2000 00252 01 (26111). 7 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932; Sentencia del 12 de julio de 1993; Exp. 7622Radicado: 68001-3333-002-2016-00333-01

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La conducción de vehículos automotores ha sido considerada como una actividad peligrosa, cuyo ejercicio por parte de la administración crea un riesgo anormal para las personas. Por esta razón, la entidad guardiana del vehículo se encuentra llamada a respon der por los daños que con dicha actividad ocasione, cuando se concreta el riesgo creado8. En estos casos, la jurisprudencia ha señalado que opera un régimen de responsabilidad objetiva que implica que el demandante sólo tiene que probar la existencia del daño y el nexo con el servicio. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el juez advierta que los daños por los cuales se demanda derivan de una actividad peligrosa respecto de la cual se acreditó que su ejecución o inejecución fue irregular y anómala por parte de la entidad del Estado,

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el juez advierta que los daños por los cuales se demanda derivan de una actividad peligrosa respecto de la cual se acreditó que su ejecución o inejecución fue irregular y anómala por parte de la entidad del Estado, la responsabilidad deberá ser atribuida bajo el título subjetivo de imputación de falla del servicio. La falla surge de la comprobación de haberse producido el hecho como consecuencia de una violación -conducta activa u omisiva - del contenido obligacional a cargo del Estado determinado en la Constitución Política y en la ley9. Las obligaciones del Estado, así como la eventual falla del servicio que implica su incumplimiento, deben analizarse de manera específica en relación con el caso que se juzga. Para tal efecto, se deben considerar las circunstancias que rodearon la ocurrencia del daño reclamado, evaluando su previsibilidad y los recursos disponibles para que las autoridades pudieran evitarlo10. El Consejo de Estado 11 estudió un caso en el que un patrullero condujo un camión oficial sin tener licencia ni autorización para hacerlo, lo que derivó en un accidente de tránsito en el que un auxiliar bachiller resultó gravemente herido. En dicha oportunidad, la Corporación concluyó que la omisión del subteniente a cargo, quien no verificó la idoneidad del conductor ni tomó medidas para reemplazar al chofer ausente, configuraba la responsabilidad de la entidad, ya que a pesar de no haber impartido una orden expresa, el agente p ermitió que el patrullero condujera el vehículo en condiciones peligrosas. El alto tribunal concluyó que el servidor público: […] No solo violó en forma manifiesta e inexcusable y de manera simultánea

impartido una orden expresa, el agente p ermitió que el patrullero condujera el vehículo en condiciones peligrosas. El alto tribunal concluyó que el servidor público: […] No solo violó en forma manifiesta e inexcusable y de manera simultánea varias prescripciones legales, sino que desatendió el deber objetivo de cuidado, pues no previó los efectos nocivos de su acto habiendo podido preverlos o a pesar de haberlos previs to confió imprudentemente en poder evitarlos, por conducir un vehículo oficial sin tener la experiencia, pericia ni permiso de sus superiores para su manejo; por tanto, se violaron las normas del código penal y del régimen disciplinario de la Policía Nacional al conducir un vehículo oficial sin tener autorización, sin licencia de conducción para manejar vehículos tipo camioneta y sin tener experiencia ni pericia en el manejo de esa clase de vehículos. […] El agente expuso la vida del personal de manera irresponsable y extremadamente imprudente, ya que no adoptó las medidas previsivas que estaban a su alcance y, por el contrario, expuso de forma irresponsable e injustificada la vida del personal bajo su mando, que no se encontraba en una situación de urgencia, ni de peligro. La responsabilidad de los conductores de vehículos automotores exige de ellos la máxima prudencia y diligencia en el ejercicio de su actividad. En el ámbito del transporte terrestre, además, se les impone la obligación de cumplir con las normas de tránsito, con el fin de prevenir los riesgos inherentes a esta actividad y, de este modo, evitar la ocurrencia de daños, como el que se examina en este caso12.

de tránsito, con el fin de prevenir los riesgos inherentes a esta actividad y, de este modo, evitar la ocurrencia de daños, como el que se examina en este caso12.

8 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Compendio de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2017, p. 776 9 Corte Constitucional, Sentencia C -254 de 2003. El otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 3 de febrero de 2000, exp. 14.787, M.P. Alier E. Hernández Enríquez y del 30 de noviembre de 2006, exp 14.880, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2021, C.P Alberto Montaña Plata, Rad. 15001-23-31-000-2008-00556-01(48562). 12 CONSEJO DE ESTADO. Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 50001233100020080022401 (62496). veinticuatro (24) de juli o de dos mil veinticuatro (2024)Radicado: 68001-3333-002-2016-00333-01

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Al respecto, el Código de Tránsito Terrestre13 establece el deber de los conductores de respetar los límites de velocidad que se encuentran identificados en señales de tránsito sobre la respectiva vía. En este caso, el motociclista tenía la obligación de ir a una velocidad igual o menor a 30 Km/h en el sector donde ocurrió el accidente, dado que había una señal de tránsito a escasos metros del lugar que marcaba este límite. 2.2.2. La c ulpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad extracontractual del Estado y la concurrencia de culpas El Estado puede exonerarse de responsabilidad si se acredita que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho de la naturaleza, al hecho exclusivo de un tercero o a la culpa de la propia víctima. Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada14. P ara que se configuren deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado15. Frente a la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, la Sección Tercera ha sostenido que debe estar demostrado que ésta participó y que fue causa eficiente en la producción del resultado dañino16. El orden jurídico impone a las personas, tanto naturales como jurídicas, estas últimas a través de sus agentes, que en todos sus actos procedan con la prudencia y diligencia necesarias, a fin de no causar daño a nadie.

El orden jurídico impone a las personas, tanto naturales como jurídicas, estas últimas a través de sus agentes, que en todos sus actos procedan con la prudencia y diligencia necesarias, a fin de no causar daño a nadie. La culpa es un error de conducta, en que incurre quien asume un comportamientopor acción o por omisión - contrario al esperado, por negligencia, imprevisión o impericia. En el ámbito de la responsabilidad civil -tanto de los particulares como del Estadoes la conducta contraria a la que debiera haberse observado (art. 63 CC17). Se trata de u na conducta desviada, bien por imprudencia, por ignorancia, por torpeza o por otro motivo semejante18. A su turno, la concurrencia de culpas se configura si el hecho de la víctima constituye una concausa en la producción del daño. En ese caso, no habrá lugar a eximir de responsabilidad al Estado, sino a reducir la reparación del daño en proporción a la participación de aquella19. En un caso análogo al presente, analizado en sentencia del 14 de febrero de 201820, el Consejo de Estado concluyó que la muerte de un joven atropellado por un vehículo oficial de la Policía Nacional mientras intentaba ingresar de forma irregular a una estación de Transmilenio no era imputable a la administración, pues aunque el vehículo transitaba sin autorización por la calzada exclusiva, la causa adecuada del daño fue la conducta imprudente de la víctima al cruzar por un punto no permitido, eludiendo el uso del puente peatonal, lo que rompió el nexo de causalidad y exoneró de responsabilidad a la entidad estatal. La única diferencia en este caso es que el Consejo de Estado no encontró prueba del exceso de velocidad del

permitido, eludiendo el uso del puente peatonal, lo que rompió el nexo de causalidad y exoneró de responsabilidad a la entidad estatal. La única diferencia en este caso es que el Consejo de Estado no encontró prueba del exceso de velocidad del vehículo, por lo que no se logró acreditar una concurrencia de culpas. Ahora bien, contrario a lo sostenido por la parte actora, la teoría de la imputación objetiva -empleada por el Consejo de Estado para examinar la falla del servicio en los casos de omisiónno equivale a un régimen automático de responsabilidad, ni excluye la posibilidad de analizar la culpa de la víctima dentro de un régimen

13 Articulo 94, incizo 6, de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre ) 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de julio de 2022, C.P Guillermo Sánchez Luque, Rad. 17001-23-33-000-2014-00258-01(57129). 15 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de marzo de 1997, Rad. 10.385 [fundamento jurídico 13] y sentencia del 24 de agosto de 1989, Rad. 5.693 [fundamentos jurídicos 11-13], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 18 17-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 242 y 602-603. 16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, C.P Stella Conto. 17 ARTÍCULO 63. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

pp. 242 y 602-603. 16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, C.P Stella Conto. 17 ARTÍCULO 63. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. 18 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de julio de 1912, en Gaceta Judicial, Tomo XXI, nº. 1040 a 1041, p. 262, [fundamento jurídico párr. 20] y sentencia del 11 de marzo de 1952, en Gaceta Judicial, Tomo LXXI, nº. 2110 a 2111, p. 390, [fundamento jurídico I]. 19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de mayo de 2021, C.P María Adriana Marín, Rad. 23001-23-31-000-2007-00453-03(48254). 20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2018, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad, 25000-23-26-000-2010-00683-01(44774).Radicado: 68001-3333-002-2016-00333-01

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