TA SAN - Sentencia 68001-3333-003-2020-00030-01 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, septiembre dieciocho (18) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Expediente No. 68001-3333-003-2020-00030-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: RUSBI YALILE LEYTON REINA

yudyfuentes710@gmail.com arenasfuentesabogados@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO

NACIONAL-DISPENSARIO MÉDICO DE

BUCARAMANGA

notificaciones.bucaramanga@mindefensa.gov.co valentina.2808@hotmail.com

MINISTERIO PUBLICO: JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

TEMA: CONTRATO REALIDAD

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga, el día 09 de agosto de 2022, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, previo los siguientes antecedentes.

De la Demanda

Pretensiones:

Con la demanda la parte actora solicita la declaratoria de nulidad del Oficio No. 4816

MDN-COGM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DISAN-DMBUG-29.10 del 30 de agosto de

Pretensiones:

Con la demanda la parte actora solicita la declaratoria de nulidad del Oficio No. 4816 MDN-COGM-COEJC-SECEJ-JEMGF-DISAN-DMBUG-29.10 del 30 de agosto de 2019 por medio de l cual, la parte demandada niega el reconocimiento de la existencia de la relación laboral con la señora RUSBI YALILE LEYTON REINA, desde el 10 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2019.

A título de restablecimiento del derecho se pretende:

1. Que se reconozca y pague los correspondiente a cesantías, intereses a las cesantías, prima de navidad, prima semestral, prima vacacional, indemnización de las vacaciones no disfrutadas, bonificaciones por recreación, bonificación porSentencia de segunda instancia

Expediente No. 68001-3333-003-2020-00030-01

2 servicios prestados, dotación de calzado y vestido de labor, indemnización por despido sin justa causa, horas extras, cotizaciones por concepto de salud y pensión al fondo de pensiones que se encuentre afiliada mi representada, el pago de un día de salario por cada día de retardo por el no pago de las cesantías, el pago de la sanción moratoria por el no pago de prestaciones sociales, y demás emolumentos a que tenga derecho la demandante.

1. Que todas las sumas reconocidas sean debidamente indexadas.

1. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia conforme a los artículos 192 y ss. del CPACA.

1. Que se condene en costas a la parte demandada.

Hechos.

La demandante fue vinculada al Dispensario Médico de Bucaramanga como

del CPACA.

1. Que se condene en costas a la parte demandada.

Hechos.

La demandante fue vinculada al Dispensario Médico de Bucaramanga como auxiliar de enfermería desde el 10 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2019, desempeñando de manera continua labores asistenciales y administrativas propias del cargo. Durante este tiempo cumplió horarios y turnos previamente fijados, recibía órdenes de superiores inme diatos y desarrollaba funciones bajo subordinación, lo que configura una relación laboral.

Aunque la realidad era la de un contrato de trabajo, la entidad la obligó a firmar sucesivos contratos de prestación de servicios , incluso asumiendo el costo de pólizas de cumplimiento, con lo cual se pretendió ocultar la verdadera naturaleza laboral del vínculo. A pesar de la prestación personal del servicio, el pago de un salario mensual ($1.157.728) y la subordinación jerárquica, nunca fue afiliada al sistema de seguridad social integral ni se le reconocieron prestaciones sociales.

Al finalizar la relación, el 31 de diciembre de 2019, no se cancelaron salarios pendientes, prestaciones, vacaciones ni indemnizaciones por despido injusto. Tampoco fueron pagadas las acreencias laborales reclamadas, ni reconocidos los aportes a seguridad social.

La actora interpuso reclamación administrativa, que fue resuelta mediante el acto administrativo No. 4816 del 30 de agosto de 2019 , en el que la entidad negó la existencia de la relación laboral y las prestaciones reclamadas. Posteriormente, se intentó la conciliación extrajudicial en la Procuraduría, trámite que fracasó.Sentencia de segunda instancia

existencia de la relación laboral y las prestaciones reclamadas. Posteriormente, se intentó la conciliación extrajudicial en la Procuraduría, trámite que fracasó.Sentencia de segunda instancia Expediente No. 68001-3333-003-2020-00030-01

3 Por ello, la demandante acudió a la jurisdicción contencioso -administrativa solicitando la nulidad del acto que negó sus derechos y el reconocimiento del “contrato realidad”, con las condenas económicas correspondientes al pago de salarios, prestaciones, aportes y sanciones.

Normas violadas y concepto de la violación:

Normas violadas

1. Normas legales y reglamentarias • Decreto 2277 de 1979 (arts. 1, 2, 3, 10 y 36). • Ley 115 de 1994 (art. 115). • Ley 60 de 1993 (art. 6). • Ley 64 de 1946 (art. 1). • Decreto 3135 de 1968 (art. 11). • Leyes 91 de 1989, 72 de 1931, 4ª de 1966, 4ª de 1992, 43 de 1975 y 70 de 1988. • Decretos 1054 de 1938, 2939 y 484 de 1944, 1381 de 1997, 2922 de 1966, 3193 de 1968, 1848 de 1969 y 2477 de 1970. • Código Sustantivo del Trabajo (arts. 21, 22, 23, 37, 38, 46, 65 y 127). • Ley 100 de 1993 (arts. 22 y 61). • Ley 789 de 2002 (art. 29).

• Código Sustantivo del Trabajo (arts. 21, 22, 23, 37, 38, 46, 65 y 127). • Ley 100 de 1993 (arts. 22 y 61). • Ley 789 de 2002 (art. 29). • Ley 80 de 1993 (art. 32 sobre contratos de prestación de servicios). • Ley 909 de 2004 (arts. 19 y ss. sobre empleo público). • Decreto 2400 de 1968 (art. 2). • Decreto 1950 de 1973 (art. 7). • Ley 734 de 2002 (art. 48 num. 29 – falta gravísima por indebida contratación de OPS).

2. Normas constitucionales • Artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67, 122 y 125 de la Constitución Política. • Artículo 48 C.P. (derecho a la seguridad social).

3. Jurisprudencia citada • Corte Constitucional: sentencias C-555 de 1994, C-386 de 2000, C-154 de 1997, C-614 de 2009, SU-040 de 2018. • Consejo de Estado: sentencias sobre contrato realidad (radicados 2300123-33-000-2013-00260-01 y 68001-23-31-000-2010-00799-01).

Concepto de la violaciónSentencia de segunda instancia Expediente No. 68001-3333-003-2020-00030-01

4 La parte actora sostiene que el Dispensario Médico de Bucaramanga desconoció el principio de primacía de la realidad sobre las formas (art. 53 C.P. y

4 La parte actora sostiene que el Dispensario Médico de Bucaramanga desconoció el principio de primacía de la realidad sobre las formas (art. 53 C.P. y jurisprudencia), al encubrir una relación laboral mediante contratos de prestación de servicios, pese a concurrir los elementos del contrato de trabajo: prestación personal, subordinación y salario.

Se vulneraron normas legales que regulan el empleo público y el contrato laboral, porque se impuso una forma de contratación (OPS) que está prohibida para el cumplimiento de funciones permanentes de la administración, contrariando la Ley 80 de 1993, la Ley 909 de 2004, el Decreto 2400 de 1968 y la jurisprudencia constitucional y contenciosa.

Asimismo, se desconocieron derechos constitucionales al trabajo digno (art. 25 C.P.), igualdad y no discriminación (art. 13 C.P.), irrenunciabilidad a los beneficios mínimos (art. 53 C.P.), seguridad social (art. 48 C.P.) y debido proceso (art. 29 C.P.), porque al negar el reconocimiento de la relación laboral y las prestaciones sociales se dejó a la trabajadora sin protección legal ni material.

En suma, la violación se concreta en que la entidad demandada utilizó indebidamente contratos de prestación de servicios para funciones permanentes, subordinadas y con horario, con lo cual desconoció las garantías laborales, el régimen de seguridad social, el derecho al mínimo vital y los principios constitucionales que rigen la función pública.

Contestación a la Demanda

La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a todas las pretensiones argumentando que nunca existió una relación laboral entre la actora

constitucionales que rigen la función pública.

Contestación a la Demanda

La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a todas las pretensiones argumentando que nunca existió una relación laboral entre la actora y el Ejército Nacional, sino contratos de prestación de servicios como auxiliar de enfermería, suscritos de forma legítima.

Frente a los hechos alegados en la demanda , la defensa aceptó parcialmente algunos (existencia de contratos de prestación de servicios), negó otros (continuidad y naturaleza laboral del vínculo) y manifestó que muchos requerían debate probatorio para ser esclarecidos. Insistió en que la demandante aceptó la modalidad contractual y conocía la naturaleza de la relación jurídica.

En cuanto al elemento de subordinación, la apoderada sostuvo que no se trataba de una subordinación laboral sino de una legítima coordinación y vigilancia propia de la supervisión contractual, necesaria para garantizar la adecuadaSentencia de segunda instancia Expediente No. 68001-3333-003-2020-00030-01

5 prestación de un servicio de salud, que por su naturaleza requiere organización horaria y cumplimiento de protocolos.

La defensa invocó jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado para remarcar que: • La diferencia esencial entre contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios radica en la subordinación. • La mera existencia de horarios o coordinación no implica subordinación laboral. • Para que prospere la tesis del “contrato realidad” la parte actora debe probar de manera plena y concluyente los tres elementos de la relación laboral (prestación personal, remuneración y subordinación).

laboral. • Para que prospere la tesis del “contrato realidad” la parte actora debe probar de manera plena y concluyente los tres elementos de la relación laboral (prestación personal, remuneración y subordinación).

Asimismo, se destacó que los contratos fueron celebrados para suplir necesidades de personal en salud, que no podían cubrirse con la planta existente, lo que hace legítima la contratación bajo la modalidad de servicios.

Finalmente, la entidad propuso excepción genérica o innominada, solicitando que se declare cualquier excepción que se configure, y reiteró que no procede acceder a las pretensiones de la actora porque la relación siempre fue contractual y no laboral. Sentencia de Primera Instancia

La sentencia de primera instancia del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga accedió parcialmente a las pretensiones de la demandante Rusbi Yalile Leyton Reina al encontrar probado que entre ella y el Dispensario Médico del Ejército Nacional se configuró un contrato realidad. Se ordenó:

“PRIMERO: Declarar probada de oficio la excepción de prescripción, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: Declarar la nulidad del Oficio No. 4816 MDN -COGM-COEJC-SECEJJEMGF-DISAN-DMBUG-29.10 del 30 de agosto de 2019, mediante el cual la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dispensario Médico de Bucaramanga negó la existencia de un vínculo laboral con la señora Rusbi Yalile Leyton Reina.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación –

– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dispensario Médico de Bucaramanga negó la existencia de un vínculo laboral con la señora Rusbi Yalile Leyton Reina.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dispensario Médico de Bucaramanga a liquidar y cancelar a favor de la demandante las sumas correspondientes a prestaciones sociales comunes (cesan tías, primas, vacaciones, entre otras) y dotación de calzado y vestido de labor, con base en los honorarios contractuales, únicamente por el período comprendido entre el 3 de julio de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, por haber operado la prescripción.

CUARTO: Declarar que el tiempo laborado por la demandante en calidad de auxiliar de enfermería bajo contratos de prestación de servicios entre el 16 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2019, salvo interrupciones, debe computarse para efectos pensionales.Sentencia de segunda instancia

Expediente No. 68001-3333-003-2020-00030-01

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QUINTO: Ordenar que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dispensario Médico de Bucaramanga dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA.

SEXTO: Condenar en costas a la parte demandada, a favor de la demandante, las cuales serán liquidadas por Secretaría.

SÉPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: Ejecutoriada la providencia, ordenar el archivo del proceso con las anotaciones de rigor.”

cuales serán liquidadas por Secretaría.

SÉPTIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: Ejecutoriada la providencia, ordenar el archivo del proceso con las anotaciones de rigor.”

El A-quo, tras analizar los contratos de prestación de servicios suscritos entre 2013 y 2019, concluyó que estaban presentes los tres elementos propios de una relación laboral: la prestación personal del servicio, la remuneración y, especialmente, la subordinación. Para ello valoró tanto los documentos contractuales como las pruebas testimoniales y documentales allegadas al proceso.

Dentro del acervo probatorio, se destacó la certificación de turnos y cuadros de asignación de horarios de auxiliares de enfermería, que demostraron que la actora cumplía jornadas de 12 horas, de día o de noche, previamente fijadas por la institución. Adem ás, se valoraron los testimonios de Diana Marcela Camacho Vanegas, Darly Katherine Álvarez Corzo y Diana Carolina Arenas Carrillo, quienes coincidieron en señalar que la demandante debía cumplir estrictamente con los turnos asignados, informar inasistencias, pedir permisos a sus superiores y acatar llamados de atención o advertencias de sanciones cuando incumplía, todo bajo la supervisión de una jefe de enfermería militar.

El Juzgado de primera instancia razonó que estas pruebas acreditaron la existencia de subordinación, pues las órdenes sobre la forma, lugar, tiempo y modo de la prestación del servicio no provenían de una simple coordinación contractual, sino de una verdadera relación de dependencia jerá rquica y disciplinaria, propia de un vínculo laboral. Además, resaltó que las funciones desempeñadas por la actora

prestación del servicio no provenían de una simple coordinación contractual, sino de una verdadera relación de dependencia jerá rquica y disciplinaria, propia de un vínculo laboral. Además, resaltó que las funciones desempeñadas por la actora correspondían a actividades permanentes y misionales de la entidad demandada, lo que impedía que fueran contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios.

En consecuencia, se declaró la nulidad del oficio que negó la existencia de la relación laboral, se reconoció la existencia del contrato realidad entre 2013 y 2019 y se ordenó el pago de las prestaciones sociales correspondientes por el tiempo laborado, con efectos en el cómputo para pensión y aportes a seguridad social. Sin embargo, se excluyó el reconocimiento de horas extras y la devolución de aportes ya realizados al sistema de seguridad social, en aplicación de la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Recurso de ApelaciónSentencia de segunda instancia Expediente No. 68001-3333-003-2020-00030-01

7 La apoderada de la entidad demandada solicitó al Tribunal Administrativo de Santander revocar la sentencia del 9 de agosto de 2022 y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

Como punto de partida, señaló que el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga fundamentó su decisión en la existencia de turnos y horarios fijos que, a su juicio, demostraban subordinación y, en consecuencia, la configuración del contrato realidad. Sin embargo, la defensa considera que dicha conclusión es errónea.

La apelación reitera que no existió relación laboral entre la demandante y el

que, a su juicio, demostraban subordinación y, en consecuencia, la configuración del contrato realidad. Sin embargo, la defensa considera que dicha conclusión es errónea.

La apelación reitera que no existió relación laboral entre la demandante y el Dispensario Médico de Bucaramanga, sino contratos de prestación de servicios celebrados conforme a la ley, en un contexto en que la planta de personal no contemplaba el cargo de auxiliar de enfermería. Destaca que la contratación se realizó bajo principios de autonomía e independencia técnica, sin que se probara la subordinación.

En relación con las pruebas, la defensa sostiene que: • Los documentos allegados (cuadros de turnos y registros de actividades) solo reflejan coordinación propia de la naturaleza del servicio médico, mas no subordinación laboral. • No se demostró la existencia de horarios impuestos, ni órdenes directas o disciplinarias; las actividades se cumplían según la necesidad de los pacientes y previa coordinación con el supervisor del contrato. • Los testimonios aportados por la parte actora carecen de fuerza probatoria suficiente, por lo que requieren un análisis riguroso de credibilidad y eficacia.

Asimismo, enfatiza que la subordinación no puede confundirse con la supervisión legítima del cumplimiento contractual , la cual es inherente a la contratación estatal. Según la apelante, la relación fue de mera coordinación y no de dependencia jerárquica.

Finalmente, la apelación invoca jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la figura del contrato realidad, recordando que deben concurrir los tres elementos esenciales (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación). Afirma que en

de dependencia jerárquica.

Finalmente, la apelación invoca jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la figura del contrato realidad, recordando que deben concurrir los tres elementos esenciales (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación). Afirma que en este caso no se acreditaron en su totalidad, pues la actora no probó la subordinación ni la continuidad estricta de un vínculo laboral.

En conclusión, el recurso solicita que el Tribunal revoque la sentencia y que se declare ajustado a derecho el acto administrativo acusado, ratificando que laSentencia de segunda instancia Expediente No. 68001-3333-003-2020-00030-01

8 demandante estuvo vinculada exclusivamente mediante contratos de prestación de servicios.

Trámite de Segunda Instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se dispuso su admisión.

El escrito presentado por la apoderada del Ejército Nacional corresponde a la insistencia en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Se solicita al Tribunal Administrativo de Santander revocar la sentencia y negar las pretensiones de la demandante, Rusbi Yalile Leyton Reina. La defensa sostiene que el fallo apelado interpretó erróneamente las pruebas, pues si bien se probó la prestación personal del servicio y la remuneración, no se acreditó el elemento esencial de la subordinación. Afirma que la ejecución de los contratos de prestación de servicios se realizó bajo principios de autonomía e independencia, sin que existiera imposición de horarios, órdenes disciplinarias ni reglamentos internos propios de una relación laboral. Se cues tiona además la valoración de los

de servicios se realizó bajo principios de autonomía e independencia, sin que existiera imposición de horarios, órdenes disciplinarias ni reglamentos internos propios de una relación laboral. Se cues tiona además la valoración de los testimonios practicados, indicando que requieren un análisis estricto de credibilidad y eficacia, recordando la figura de la tacha de testigos. A juicio de la apoderada, los documentos allegados solo demuestran coordinación necesaria para la prestación del servicio de salud, pero no subordinación. Incluso señala que en la planta de cargos del establecimiento de sanidad no existía el empleo de auxiliar de enfermería, razón por la cual fue necesario acudir a contratos de pres tación de servicios. La defensa invoca el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, resaltando que para que exista contrato realidad deben concurrir los tres elementos (prestación personal, remuneración y subordinación). Sostiene que en este caso no se configuraron todos y que la demandante no logró probar extremos temporales ni la existencia de subordinación. Asegura que lo ocurrido fue una simple relación de coordinación y supervisión legítima de un contrato estatal. En conclusión, insiste en que no existió una relación laboral encubierta, sino una legítima contratación por servicios profesionales y, en consecuencia, solicita al Tribunal revocar la sentencia y negar las pretensiones de la demanda.

La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en curso de esta etapa.

CONSIDERACIONES

CompetenciaSentencia de segunda instancia Expediente No. 68001-3333-003-2020-00030-01

9

etapa.

CONSIDERACIONES

CompetenciaSentencia de segunda instancia Expediente No. 68001-3333-003-2020-00030-01

9 De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto.

Problema Jurídico

¿Se configura una verdadera relación laboral entre la señora Rusbi Yalile Leyton Reina y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dispensario Médico de Bucaramanga, en virtud de los contratos de prestación de servicios celebrados entre 2013 y 2019, atendiendo a que la demandante alega haber prestado sus funciones bajo subordinación, con horarios y turnos impuestos, mientras que la entidad demandada sostiene que la vinculación obedeció únicamente a la modalidad contractual de servicios, desarr ollada bajo autonomía técnica y simple coordinación, sin acreditarse el elemento esencial de subordinación propio del contrato de trabajo?

Tesis: Si. Las pruebas allegadas al plenario acreditan los elementos propios de una relación laboral como pasa a verse.

Desarrollo del problema jurídico:

Del contrato de prestación de servicios vs el contrato realidad:

Respecto a la contratación a través de la modalidad de prestación de servicios, la Ley de contratación estatal o Ley 80 de 1993, autoriza su celebración para aquellos eventos en que la función de la entidad contratante no puede cumplirse con personal vinculado a su planta de personal -porque el número de empleos con dichas funciones no es suficiente o porque esa actividad no está asignada a empleo algunoo cuando se requiere de conocimientos especializados para desarrollarla.

vinculado a su planta de personal -porque el número de empleos con dichas funciones no es suficiente o porque esa actividad no está asignada a empleo algunoo cuando se requiere de conocimientos especializados para desarrollarla.

En todo caso, estos contratos están caracterizados, entre otros aspectos, porque su vigencia es temporal, es decir, su duración debe ser por un tiempo limitado. Según el numeral 3º del artículo 32 de la precitada Ley 80 de 1993, en ningún caso estos contra tos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se insiste, deberán celebrarse por el término estrictamente indispensable.

Así mismo, la normatividad que regula la Función Pública, ordena que el desarrollo de la función administrativa del Estado en forma permanente, ha de hacerse sólo a través del ejercicio de funciones adscritas al respectivo empleo al que, por mandato Constitucional, de manera general se accede mediante concurso y con elSentencia de segunda instancia Expediente No. 68001-3333-003-2020-00030-01

10 cumplimiento de los requisitos de nombramiento y posesión, con sujeción a un régimen legal y reglamentario.

El desempeño de un “empleo”, con el lleno de los requisitos para ello, genera una relación laboral entre quien lo desempeña y la entidad a cuya planta está asignado y deberá ser, en todo caso, realizado en forma personal, bajo una continua subordinación y con una contraprestación económica previamente presupuestada. Dicho lo anterior, si logran desvirtuarse tanto la autonomía e independencia en la prestación del servicio, como la temporalidad propia de un contrato de prestación de servicios, y probarse los elementos de la relación laboral -la prestación personal

Dicho lo anterior, si logran desvirtuarse tanto la autonomía e independencia en la prestación del servicio, como la temporalidad propia de un contrato de prestación de servicios, y probarse los elementos de la relación laboral -la prestación personal del s ervicio de manera permanente, la remuneración, la subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad -, necesariamente deberá declararse que se utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, configurándose así, el contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 y 53 de la Carta Política.

De la misma forma, en armonía con el Art. 53 superior que consagra la primacía de la realidad sobre la forma, la Corte Constitucional 1 ha sido enfática en afirmar que de configurarse los elementos propios de una relación laboral entre el Estado y el particular, entre ellos el de subordinación (diferente al de coordinación), pese a la suscripción de un contrato de prestación de servicios, primará la realidad sobre la forma, procediendo a declararse la existencia de esta relación con todos los efectos que ello implica, es decir, el reconocimiento de las prestaciones sociales que fueron desconocidas por el empleador y que por decisión judicial le serán pagaderas al servidor a t ítulo de indemnización, teniendo como base para liquidar la indemnización el respectivo contrato de prestación de servicios.

Sumado a lo anterior, la jurisprudencia ha establecido que para que pueda accederse al pago de prestaciones sociales en los contratos de prestación de servicios debe darse la acreditación de los tres elementos de la relación laboral, a saber, i) la prestac ión de servicio es personal; ii) subordinada de manera continuada; y iii) remunerada, con especial atención en la subordinación o

servicios debe darse la acreditación de los tres elementos de la relación laboral, a saber, i) la prestac ión de servicio es personal; ii) subordinada de manera continuada; y iii) remunerada, con especial atención en la subordinación o dependencia, a la vez que se señaló, que en situaciones específicas de mera coordinación no se configura subordinación, evento en el cual no se encubriría una relación laboral 2. Ciertamente, ha señalado la Máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo que dentro de las características principales del contrato de prestación de servicios esta la prohibición del elemento de subordinación continuada del contratista, en tanto q ue quien se vincula bajo esta calidad –

1 Sentencia C-154 de 2007, entre otras. 2 Consultar entre otras, la sentencia de fecha 26 de julio de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A”, con ponencia del Dr. William Hernández Gómez, Exp. 4534-14.Sentencia de segunda instancia Expediente No. 68001-3333-003-2020-00030-01

11 contratistadebe tener la autonomía para actuar con independencia atado solo a los términos del contrato y de la ley contractual3, “los cuales no pueden versar sobre el ejercicio de funciones permanentes” 4, entendiéndose que corresponde a una vinculación de carácter excepcional, lo que de suyo implica que no puede ser utilizada para el desempeño funciones públicas de carácter permanente o de aquellas que se encuentren previstas en la ley o el reglamento para un empleo público.

Bajo estos parámetros, la jurisprudencia sostiene que la figura del contrato realidad “se aplica cuando se constata la continua prestación de servicios personales

aquellas que se encuentren previstas en la ley o el reglamento para un empleo público.

Bajo estos parámetros, la jurisprudencia sostiene que la figura del contrato realidad “se aplica cuando se constata la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordina ción continuada propia de las relaciones laborales5.6

Del caso en concreto.

Con el fin de resolver el primer problema jurídico, se procederá a analizar si en el presente caso se configuran los tres elementos que la jurisprudencia ha señalado para acreditar la existencia de una relación laboral, a saber, i) la prestación de servicio es personal; ii) subordinada de manera continuada; y iii) remunerada, con especial atención en la subordinación o dependencia:

1. De la prestación personal del servicio y las funciones ejecutadas:

Entre el 16 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2019, la señora Rusbi Yalile Leyton Reina suscribió nueve contratos de prestación de servicios con la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dispensario Médico de Bucaramanga, todos con el objeto de desempeñarse como auxiliar de enfermería en diferentes modalidades, así:

CONTRATO FECHA

INICIO

DURACIÓN HONORARIO

S

OBJETO

Bucaramanga, todos con el objeto de desempeñarse como auxiliar de enfermería en diferentes modalidades, así:

CONTRATO FECHA

INICIO

DURACIÓN HONORARIO

S OBJETO 059/2013 16/01/2013 11 meses 5 días $11.546.000 Auxiliar de enfermería HOSMIR – Prestación

3 Ver Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del 25 de agosto de 2016. Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejero Ponente Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001233300020130026001(0088-15) CESUJ2-005-16. Lucinda María Cordero Causil contra el Municipio de Ciénaga de Oro (Córdoba) 4 Ver sentencia C-614