TA SAN - Sentencia 680012333000-2013-00763-02 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAGISTRADO PONENTE: Dr. JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR

Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: LUZ YANETH ARCINIEGAS NIÑO

fajetoya57@hotmail.com

DEMANDADO:

NACIÓN - RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co; nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

TEMA: PRIMA ESPECIAL EXPEDIENTE: 680012333000-2013-00763-02

Se decide el recurso de APELACIÓN, interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 1 de noviembre de 2024, por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES1

1. Pretensiones Del escrito de la demanda se observa que con su interposición se busca la declaratoria de nulidad de la Resolución 03746 del 19 de noviembre de 2012 y el acto ficto o presunto configurado por el silencia guardado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante los cuales negó el reconocimiento del 30% de la prima especial como agregado, adición, incremente o sobresueldo del salario básico.

A título de restablecimiento del derecho solicita se orden al ente demandado

de Administración Judicial, mediante los cuales negó el reconocimiento del 30% de la prima especial como agregado, adición, incremente o sobresueldo del salario básico. A título de restablecimiento del derecho solicita se orden al ente demandado reliquidar las prestaciones (primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, pensión, entre otras) por el periodo que se ha desempeñado como Juez de la República, tomando como factor salarial la prima

1 Expediente SAMAI – índice No. 005 DEMANDASIGCMA-SGC

especial de servicios percibida mensualmente. Solicita igualmente la parte demandante que: i) se inaplique el artículo 4 de la Constitución Política, por inconstitucionales, las disposiciones que prevén como prima sin carácter salarial, para los jueces; ii) que se ordene el reconocimiento de los perjuicios morales causados a la Dra. LUZ YANETH ARCINIEGAS NIÑO, como consecuencia de la omisión en el pago de las sumas reclamadas; iii) que se condene a la demanda al pago del daño a la vida de relación causado a la Dra. ARCINIEGAS NIÑO, como consecuencia de l acto administrativo presunto configurado por vía de silencio administrativo negativo y; iv) que se ordene la reparación integral del perjuicios a favor de la demandante.

2. Hechos

Se dice en la demanda que: La demandante se desempeñó como Juez de la Republica desde el 1 de enero de 1993 y hasta la fecha.

A través de petición de fecha 13 de noviembre de 2012 , el demandante ele vó solicitud ante la Rama Judicial, a fin de que se le reconozca y pague la prima

1993 y hasta la fecha.

A través de petición de fecha 13 de noviembre de 2012 , el demandante ele vó solicitud ante la Rama Judicial, a fin de que se le reconozca y pague la prima especial del 30% como componente adicional o plus del salario que por derecho legal le corresponde como prestación periódica creada por el legislador a través del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

Mediante Resolución 03746 del 19 de noviembre de 2012, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, dio respuesta negativa al derecho de petición referido anteriormente , motivo por el que dicha decisión fue recurrida, sin que, a la fecha de presentación de la demanda, se haya emitido respuesta alguna al respecto.

3. Normas Violadas y Concepto de Violación

Constitución Política arts. 2, 13, 25, 29, 53, 150 numeral 19 literal e), y 215 inciso 9 Decreto 717 de 1998 art. 12, Ley 4 de 1992 arts. 2, y 10, Ley 270 de 1996 art. 152 numeral 7, Ley 482 de 1998, Código sustantivo del trabajo art. 14.

Señala que la Ley 4ª de 1992 se desarrolló a través de los Decretos 053 de 1993; 049 de 1995; 2740 y 2743 de 2000; 1480, 2729 y 2777 de 2001; 673 y 685 de 2002SIGCMA-SGC

y 356 de 2003, 1388 de 2010, 723 de 200; 658 de 2008; 618 de 2007 Arts. 8, 10 y 12 Decreto 6221/07, y Arts. 8,9 y 11 del Decreto 3048 de 2007 entre otros y demás decretos que sigue emitiendo el Gobierno Nacional, D.N. 194 del 2014, art. 4 D. N. 1105 de 201 5, disposiciones normativas que consideraron la prima especial sin carácter salarial, circunstancia que alude es contraria a los preceptos constitucionales que buscan garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores.

A partir de lo anterior, sostiene que , si bien es cierto, el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 ordenó al Gobierno Nacional a establecer una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, el Ejecutivo ha venido desbordando su poder por cuanto bajo la apari encia de una prima especial equivalente al 30% del sueldo básico, en realidad despojó de efectos salariales a dicho porcentaje, con lo que disminuyó el monto de las prestaciones sociales.

4. Contestación a la Demanda2

La NACION -RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, se opone a las declaraciones y condenas solicitadas, argumentando que la actuación administrativa impugnada se llevó a cabo conforme a la normatividad vigente en la época de los hechos , en este sentido, argumentó que los salarios y prestaciones de la parte demandante fueron liquidados y pagados en estricto apego al marco normativo aplicable a los servidores públicos, además, afirmó que los actos

vigente en la época de los hechos , en este sentido, argumentó que los salarios y prestaciones de la parte demandante fueron liquidados y pagados en estricto apego al marco normativo aplicable a los servidores públicos, además, afirmó que los actos administrativos cuestionados gozan de pre sunción de legalidad, ejecutoriedad y obligatoriedad, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Asimismo, señaló que la entidad carecía de competencia para modificar el régimen salarial y prestacional de los servidores judiciales. En virtud de la Constitución y la Ley 4 de 1992, enfatizó que dicha función es exclusiva del Gobierno Nacional, razón por la cual cualquier reclamo en es te sentido debía dirigirse a las entidades encargadas de fijar y modificar las escalas salariales, con base en este argumento, concluyó que la acción judicial estaba mal dirigida y carecía de fundamento jurídico. Por otra parte, invocó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, reiterando que la entidad demandada no tiene injerencia en la expedición de los decretos salariales que rigen a los funcionarios judiciales , en segundo lugar, alegó la ineptitud de la demanda debido a la ausencia de elementos esenciales para

2 Expediente SAMAI – índice No. 005 – archivo No. 01 OneDrive – fol. 104 - 108SIGCMA-SGC

estructurar una relación procesal válida, en tanto que la controversia debía recaer sobre el Gobierno Nacional y no sobre la entidad demandada.

Adicionalmente, que cualquier modificación en los pagos reclamados por la parte demandante generaría una afectación directa al Presupuesto General de la Nación,

sobre el Gobierno Nacional y no sobre la entidad demandada.

Adicionalmente, que cualquier modificación en los pagos reclamados por la parte demandante generaría una afectación directa al Presupuesto General de la Nación, en consecuencia, sostuvo que de prosperar las pretensiones de la demanda, sería necesario vincular al proceso a entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Presidencia de la República, dado que son los órganos responsables de la regulación presupuestal y de la política salarial en el sector público.

Por último, destacó que el demandante no había impugnado oportunamente los actos administrativos que regulan su remuneración, en este sentido, manifestó que el intento de obtener un pronunciamiento favorable mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho constituía una forma indirecta de desconocer la vigencia de normas salariales expedidas legalmente , por lo tanto, concluyó que la demanda debía ser desestimada en su totalidad. Propuso la excepción que denominó como “prescripción”.

II. SENTENCIA APELADA3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados, en consecuencia, ordenó el reconocimiento de la prima especial del 30% a favor del demandante. Así mismo, “PRIMERO: DECLARAR la prescripción de derecho laborales para las sumas causadas con anterioridad al 13 de noviembre de 2009, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resolución 03746 del 19 de noviembre de 2012 proferida por la Dirección

por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Resolución 03746 del 19 de noviembre de 2012 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. - Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frene a la interposición del recurso de reposición y apelación presentado el 12 de diciembre de 2012.

3 Expediente SAMAI – índice No. 018 SENTENCIA APELADASIGCMA-SGC

TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a favor de la parte demandante LUZ YANETH ARC INIEGAS NIÑO las diferencias que por concepto de la prima especial resulten a su favor teniendo en cuenta la prima como una adición al salario, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente y teniendo en cuenta que solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación; así mismo se ordena la reliquidación de las prestaciones sociales; la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad, bonificac ión por servicios prestados, las cesantías y los intereses a las cesantías, desde el 13 de noviembre de 2009 y por los periodos desempeñados como Juez de la República, con base en la asignación básica mensual, incluido el 30% de la prima especial de servicios.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los

desempeñados como Juez de la República, con base en la asignación básica mensual, incluido el 30% de la prima especial de servicios.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La actualización ordenada se hará aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: Deniéguese la excepción relacionada con legalidad de los actos administrativos demandados, por las razones expuesta.

QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO…”

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

La NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL La apoderada judicial de la parte demandada señala que dentro del presente asunto debe considerarse la acumulación procesal con el expediente No. 680012333000 -2017-01232-00, medio de control este último queSIGCMA-SGC

adelanta la señora LUZ YANETH ARCINIEGAS NIÑO en contra de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL en donde se solicitan, entre otras, pretensiones respecto de la prima especial (30%).

De otra parte, insiste que no se tiene la potestad propia para realizar una liquidación basándose en la influencia de la prima salarial del 30% razón por la cual las pretensiones señaladas con la demanda no están llamadas a prosperar, teniendo en cuenta que la entidad demandada está sometida al imperio de la Ley y obligada

basándose en la influencia de la prima salarial del 30% razón por la cual las pretensiones señaladas con la demanda no están llamadas a prosperar, teniendo en cuenta que la entidad demandada está sometida al imperio de la Ley y obligada a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dándole estricto cumplimiento.

Agrega que, no se pueden asumir obligaciones que no cuenten con una disponibilidad presupuestal y teniendo en cuenta que a la fecha el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado recursos de presupuesto en el rubro de gastos de personal - nómina para cancelar los mayores valores que se generarían en las asignaciones mensuales de los funcionarios judiciales por reconocimientos y conciliaciones relacionadas con reliquidación de las prestaciones sociales con el 100% de la asignación básica más la prima especial adicional del 30%, sin carácter salarial.

Finalmente, solicita se confirme lo resuelto en la sentencia de primera instancia respecto a la prescripción trienal de los derechos causados tres años antes de la solicitud elevada ante esta entidad, ya que estos se encuentran prescritos. y, en todo caso, denegar las pretensiones de la demanda, pues asegura igualmente que, operó el fenómeno jurídico de caducidad, por cuanto dejaron de demandarse todos aquellos decretos que regulan la prestación reclamada en la presente oportunidad.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por medio de auto del 13 de marzo de 2025 se admitieron los recursos de apelación interpuestos contra de la sentencia de primera instancia en los términos de los artículos 67 y siguiente de la Ley 2080 de 2021.

Por medio de auto del 13 de marzo de 2025 se admitieron los recursos de apelación interpuestos contra de la sentencia de primera instancia en los términos de los artículos 67 y siguiente de la Ley 2080 de 2021.

V. PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN Y

CONCEPTO DE FONDO.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio oportunidad.SIGCMA-SGC

VI. CONSIDERACIONES

ASPECTO PREVIO

La ponencia se sometió a estudio de Sala de Decisión a través de la herramienta Microsoft Teams , para la aprobación del respectivo proyecto de sentencia de segunda instancia.

La H. Magistrada Dra. CLAUDIA XIMENA ARDILA PEREZ manifestó a través de Microsoft Teams hallarse incursa en la causal de impedimento con fundamento en la causal 1ª del artículo 141 del Código de General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artí culo 130 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto le asiste un interés indirecto en las resultas del mismo, toda vez que actualmente se encuentra en trámite proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que actúa como demandante contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante el cual solicita el reconocimiento de la Prima Especial de servicios (prima del 30%), proceso que se encuentra surtiendo el trámite de primera instancia.

Al respecto, encuentra la Sala que se configura así uno de los elementos establecidos en el auto del 24 de julio de 2024 proferido por el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, esto es:

Al respecto, encuentra la Sala que se configura así uno de los elementos establecidos en el auto del 24 de julio de 2024 proferido por el Honorable Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, esto es:

“Así las cosas, dado que los magistrados no señalaron que han presentado demanda o tengan pleito pendiente en el cual se debata el asunto del proceso o hubieran defendido y obtenido dicho beneficio entre otras circunstancias, no se configura la causal de impedimento señalada.

Cabe agregar que para que se configure la causal de impedimento, es necesario que el juez concurra en los dos elementos: el subjetivo esto es que se beneficie o se perjudique con la decisión y el objetivo es que tenga un interés actual, elementos que no se encuentran dentro del escrito de impedimento.”

Teniendo en cuenta lo anterior, y por considerarse procedente, los restantes miembros de la Sala de Decisión declararán fundado el impedimento y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

COMPETENCIASIGCMA-SGC

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 153 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

PROBLEMA JURIDICO En el presente asunto, se circunscribe a determinar si : Hay lugar a ordenar la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de l demandante teniendo en cuenta para tal efecto la prima especial de servicios equivalente al 30% de la remuneración mensual como factor salarial a esta. En caso afirmativo se analizará si el a-quo profirió decisión extra – petita dentro del

cuenta para tal efecto la prima especial de servicios equivalente al 30% de la remuneración mensual como factor salarial a esta. En caso afirmativo se analizará si el a-quo profirió decisión extra – petita dentro del presente asunto, ello si se tiene en cuenta que dentro del presente asunto no se solicitó la inclusión de la prima especial como un incremento o componente adicional plus a la remuneración mensual y salario básico .

VII. MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL.

1. De la Prima Especial de Servicios

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así: “ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: …e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ”Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debeSIGCMA-SGC

observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales

observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece: “El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Minis terio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil. PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación de fecha 2 de septiembre de 2019, advierte que en

la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación de fecha 2 de septiembre de 2019, advierte que en cumplimiento del mandato legal contenido en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se debe adicionar la prim a especial allí ordenada y no sustraerla del salario y/o asignación básica para darle esa denominación; en tal sentido condensó: “(…) esta Sala concluye que en cumplimiento del mandato legal contenido en el art. 14 de la Ley 4ª de 1992, se debe adicionar la prima especial allí ordenada y no sustraerla del salario básico y/ o asignación básica para darle esa denominación. En consecuencia, la asignación básica debe pagarse en un 100% y, con base en ese porcentaje, liquidar las prestaciones sociales, pues estas se vieron afectadas al haber reducido el salario en un 30%.

(…)SIGCMA-SGC

Para la sala, demostrado está que a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos, el Gobierno Nacional año tras año, hasta hoy, al establecer el régimen salarial de los empleados de la Rama Judicial, ha dado la denominación de prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, a lo que en realidad constituye el 30 % del salario de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica, sea

de 1992, a lo que en realidad constituye el 30 % del salario de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica, sea teniendo en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales; no cabe más que restablecer este derecho.” La sentencia ibidem unificó las siguientes reglas en torno a la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: “PRIMERO. UNIFICAR JURISPRUDENCIA respecto a la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la ley 4 de 1992 en los siguientes términos:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.SIGCMA-SGC

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.”

2. De la prescripción Al respecto, en lo que tiene que ver con el fenómeno prescriptivo en materia de reconocimiento de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el H. Consejo de Estado en sentencia de unificación del 02 de septiembre de 2019 consideró: “Aun así, sobre la prima especial creada por la Ley 4 de 1992, muchas son las discusiones dadas respecto al momento a partir del cual debe iniciarse el conteo de la prescripción, por no tener claridad sobre la exigibilidad del derecho, puesto que, en principio, este se causó con la vigencia de la norma que la creó y, en adelante, con las liquidaciones a cada beneficiario bajo los parámetros fijados en los decretos

la prescripción, por no tener claridad sobre la exigibilidad del derecho, puesto que, en principio, este se causó con la vigencia de la norma que la creó y, en adelante, con las liquidaciones a cada beneficiario bajo los parámetros fijados en los decretos que anualmente expidió el Gobierno para reglamentarla. No obstante, los correspondientes decretos expedidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos —parcialmente—, mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz, porque, a juicio de la Corporación, «interpretaron erróneamente (…) la Ley» y consagraron una liquidación en detrimento de los derechos laborales de los servidores públicos beneficiarios de esta. Es criterio de la Sala que, en el caso de la prima especial de servicios, la constitución del derecho ocurrió en el primero de los eventos previamente señalados, es decir, su exigibilidad se predica desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993. Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los servidores públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 –acogidos al Decreto 57 de 1993 -, se actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año tras año un nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que regirán durante su vigencia. Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente,

su vigencia. Ello implica que al tratarse de una norma de carácter general y de orden público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la reglamentación a la ley y, anualmente, de su reiteración, de manera que, de presentarse alguna inconformidad con su contenido, contaron desde el inicio con las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad administrativa encargada de su aplicación.SIGCMA-SGC

Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa”. Y a partir de las anteriores consideraciones se fijó como regla de unificación en la referida sentencia, que “Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969”.

3. Principio de congruencia. - Al respecto señaló el órgano de cierre de esta jurisdicción4 que: “El principio de congruencia se erige como una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, en

3. Principio de congruencia. - Al respecto señaló el órgano de cierre de esta jurisdicción4 que: “El principio de congruencia se erige como una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido , lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión...”

VIII. CASO EN CONCRETO

Revisado el plenario, la Sala encuentra probado:

• Petición elevada por el demandante el 13 de noviembre de 20125, ante la entidad demandada, con el fin que se reconozca y pague la prima especial del 30% como componente adicional o plus del salario, que por derecho legal

4 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección B. M.P. CÉSAR PALOMINO CORTÉS. Exp. 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15). 5 Fol. 9 archivo No. 01 OneDrive – actuación No. 013 de SAMAISIGCMA-SGC

le corresponde como prestación periódica creada por el legislador a través del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

• Resolución 03746 del 19 de noviembre de 2012, mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Bucaramanga, negó las peticiones elevadas por la parte demandante6.

• Resolución 03746 del 19 de noviembre de 2012, mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Bucaramanga, negó