TA SAN - Sentencia 680012333000-2014-00161-00 (28-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2014-00161-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

DEMANDANTE: Ethel Cecilia Mesa De Mariño Y Otros

insog-mag-@hotmail.com

DEMANDADO: NaciónRama Judicial

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PUBLICO mbuendia@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Bonificación por compensación Decreto 610 de 1998

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: MARLENE MURCIA MILLAN

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir Sentencia de Primera Instancia dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por Ethel Cecilia Mesa De Mariño, Henry Octavio Moren o Ortiz, Henry Lozada Pinilla Y Laura Elsa Gamarra de Noriega en contra de Nación - Rama Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

Noriega en contra de Nación - Rama Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., los señores Ethel Cecilia Mesa De Mariño, Henry Octavio Moreno Ortiz, Henry Lozada Pinilla Y Laura Elsa

1 Samai índice 086Expediente digitalarchivo 001Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00161-00 Sentencia de Primera Instancia

Gamarra de Noriega presentan demanda contra Nación - Rama Judicial , formulando las siguientes:

1.1 Pretensiones

PRIMERA. - Se INAPLIQUE por ilegal la expresión "solo” consagrada o establecida en el inciso segundo del artículo primero del Decreto 610 de 1998 expedido por el Gobierno nacional, dándole al inciso segundo del artículo en mención el alcance pertinente que permita establecer como salario para todos los efectos, y en el caso concreto para la liquidación reconocimiento y pago de las cesantías, partir del año 1,999 la Bonificación por Compensación de que trata el inciso primero del artículo primero del decreto 610 de 1998. SEGUNDA.- Que como consecuencia de la anterior declaración, es NULO el acto administrativo contenido en la Resolución No. 03694 de 08 de noviembre de 2012, expedida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, notificada en forma personal, al suscrito apoderado el 05 de diciembre de 2012, por medio del cual se les niega a mis poderdantes en cita, el reconocimiento y pago correcto y completo de sus

en forma personal, al suscrito apoderado el 05 de diciembre de 2012, por medio del cual se les niega a mis poderdantes en cita, el reconocimiento y pago correcto y completo de sus CESANTÍAS incluyendo en ellas, desde el año 1999 hasta el año 2011 y anualidades siguientes, la totalidad o 100% de la denominada BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN. TERCERA.- Que es NULO el acto administrativo contenido en la Resolución 3450 de 16 de mayo de 2013, expedida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial, notificada en forma personal, al suscrito apoderado, el 13 de agosto de 2013, por medio del cual se le niega el recurso de apelación oportunamente interpuesto contra la Resolución 03694 de 08 de noviembre de 2012 , expedida por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga. CUARTA.- Que a título de restablecimiento del derecho, y como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos antes expresados, se ordene a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que dé cumplimiento al mandato legal contenido en el Decreto 3135 de 1968, que ordena en su artículo 27 la liquidación anual de cesantías de los servidores públicos, tomando para el efecto como base el salario promedio mensual devengado por el empleado o trabajador en los últ imos tres (3) meses de cada año, y si el salario es variable tomando como base el promedio de lo devengado en el año respectivo o en el tiempo servido, si este fuere menor de un año. QUINTA.- Que como Consecuencia del Artículo segundo anterior, y para efecto de cumplir con el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de 14 de Diciembre de 2011,

QUINTA.- Que como Consecuencia del Artículo segundo anterior, y para efecto de cumplir con el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de 14 de Diciembre de 2011, proferida dentro del expediente radicado No. 2005-00244-01 de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, Magistrado Ponente Dr. CARLOS ARTURO ORJUELA GÓNGORA, siendo demandante JAIRO HERNÁN VALCÁRCEL y otro que declaró la Nulidad Integral del Decreto 4040 de 2004 , que revivió con efectos Ex Tunc desde el 1° de enero de 1999, el Decreto 610 de 1998, sobre la denominada Bonificación por Compensación, se reconozca e incluya para la fijación del total del salario base de la liquidación de cesantías entre el año 1999 hasta el año 2011 y en adelante, de mis poderdantes ETHEL CECILIA MESA DE MARINO, HENRY OCTAVIO MORENO ORTIZ, HENRY LOZADA PINILLA y LAURA ELSA GAMARRA DE NORIEGA , el 100% de la denominada Bonificación por Compensación devengada por ellos, hasta que se efectúe el pago de la diferencia entre lo liquidado por concepto de cesantías, en esos años, y lo que debe liquidarse respecto de los mismos, de conformidad con el inciso primero del Artículo 1°, del Decreto 610 de 1998. SEXTA. - Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar a los accionantes atrás mencionados, al tiempo de vencimiento de la ejecución de la sentencia que ponga fin al proceso, la suma total que corresponde a los conceptos

• Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar a los accionantes atrás mencionados, al tiempo de vencimiento de la ejecución de la sentencia que ponga fin al proceso, la suma total que corresponde a los conceptos expresados en la pretensión quinta anterior, y en el acáp ite de cuantía del presente libelo demandatorio.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00161-00

Sentencia de Primera Instancia

SÉPTIMA. Que igualmente como consecuencia de la nulidad solicitada en las pretensiones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta de esta demanda, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la NaciónConsejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar a cada uno de los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga - Sala Laboral, Doctores ETHEL CECILIA MESA DE MARIÑO, HENRY OCTAVIO MORENO ORTIZ, HENRY LOZADA PINILLA Y LAURA ELSA GAMARRA DE NORIEGA, el valor de los intereses en la forma y términos expresados en el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011. OCTAVA. Las condenas respectivas proferidas a favor de los Magistrados aqu í demandantes, serán actualizadas o indexadas de conformidad con lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, con el índice de precios al consumidor, desde la fecha en que se hicieron exigibles hasta que se efectúe el pago de la diferencia entre lo liquidado por concepto de cesantías, en esos años, y lo que debe liquidarse respecto de los mismos, de

se hicieron exigibles hasta que se efectúe el pago de la diferencia entre lo liquidado por concepto de cesantías, en esos años, y lo que debe liquidarse respecto de los mismos, de conformidad con el inciso primero del Artículo 1°, del Decreto 610 de 1.998. NOVENA. Que a la providencia de mérito favorable, la entidad pública de mandada le dé cumplimiento en los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011. 1.2 Hechos Los demandantes se desempeñaron como Magistrados del Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bucaramanga desde el 01 de enero de 1999.

La parte demandante el 18 de octubre de 2012 solicitó mediante derecho de petición dirigido al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación equivalente a un 80% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de Altas Cortes, junto con el correspondiente pago de las diferencias salariales a que hubiere lugar, obteniendo respuesta negativa de la demandada m ediante Resolución No. 03694 de 08 de noviembre de 2012.

Posteriormente la parte demandante presenta recurso de apelación contra la anterior decisión el cual es resuelto mediante la Resolución 3450 del 16 de mayo de 2013, notificada el 13 de agosto de 2013 confirmando la decisión inicial en todas sus partes.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Normas Constitucionales: • Artículos 13, 25, 53 y 122 de la Carta Política.

Normas Legales: • Ley 4 de 1992.

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Normas Constitucionales: • Artículos 13, 25, 53 y 122 de la Carta Política.

Normas Legales: • Ley 4 de 1992. • Artículo 8, literal c) del Decreto 1950 de 1973. • Decreto 610 de 1998. • Decreto 1239 de 1998. • Decreto 2688 del 31 de diciembre de 1998. • Decreto 4040 de 2004.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00161-00

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Normas Procedentes de Jurisprudencia: • Sentencia del Consejo de Estado del 25 de septiembre de 2001, que anuló el Decreto 2688 de 1998 y restableció la vigencia de los Decretos 610 y 1239 de 1998. • Sentencia del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011, que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004. Las pretensiones expuestas se fundamentan en la vulneración de derechos reconocidos en la Constituc ión Política, en normas legales y en precedentes jurisprudenciales. En el ámbito constitucional, se invocan los artículos 2, 4, 13, 53 y 113, que consagran principios de igualdad, dignidad humana, favorabilidad laboral y el deber del Estado de garantizar c ondiciones justas y equitativas para los servidores públicos. Legalmente, se sustenta en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desarrollado por el Decreto 10 de 1993, así como en los Decretos 610 y 1239 de

servidores públicos. Legalmente, se sustenta en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desarrollado por el Decreto 10 de 1993, así como en los Decretos 610 y 1239 de 1998, los cuales establecieron una bonificación por compensación para los Fiscales delegados ante Tribunal, fijando un porcentaje del 80% de lo devengado por todo concepto por los Magistrados de las Altas Cortes. Además, la demanda se apoya en la sentencia del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011, que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y restableció la vigencia de las disposiciones anteriores, reconociendo el derecho de los funcionarios beneficiarios a percibir la bonificación en los términos originalmente establecidos. Por tanto, se solicita la nulidad de los actos administrativos que desconocen estos derechos y el reconocimiento del pago de las diferencias salariales con base en la normativa vigente y su correcta aplicación.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA

2.1 Pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones.

El apoderado de la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la JudicaturaSala Administrativa - Dirección Ejecutiva, en relación con los hechos y fundamentos fácticos de la demanda, manifestó que no es pertinente negar o afirmar la veracidad debiendo la defensa de esta entidad insistir respetuosamente en que la actuación administrativa fue surtida conforme la normatividad vigente para la época de los hechos.

Frente a las pretensiones, se opuso argumen tando que los salarios y prestaciones sociales pagados al demandante habían sido cancelados conforme al régimen legal y prestacional vigente para los servidores públicos. Los actos administrativos

hechos.

Frente a las pretensiones, se opuso argumen tando que los salarios y prestaciones sociales pagados al demandante habían sido cancelados conforme al régimen legal y prestacional vigente para los servidores públicos. Los actos administrativos impugnados fueron expedidos respetando la normatividad aplicable al momento en que el demandante solicitó el reconocimiento del carácter salarial de la prima especial. Por lo tanto, dichos actos gozaban de presunción de legalidad y debían considerarse válidos y ejecutables.

Asimismo, planteó la excepción de integ ración de litisconsorcio necesario, solicitando la vinculación de la Nación - Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Justificó esta solicitud en la necesidad de que dichas entidades pa rticiparan en el proceso, dado que cualquier decisión podría afectar los decretos emitidos por el GobiernoNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00161-00 Sentencia de Primera Instancia

Nacional, responsables del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

Además, invocó la figura de la prescripción trienal, afirmando que la mayoría de las pretensiones del demandante estaban prescritas. Explicó que los derechos reclamados, incluida la solicitud de reliquidación de salarios y el reconocimiento de la prima especial, solo podían abarcar un período de tres años anteriores a la presentación formal de su solicitud, de acuerdo con la normativa vigente. En consecuencia, solicitó que se declarara la prescripción parcial de las pretensiones.

Por último, el representante de la Nación argumentó que de la validez de los actos

presentación formal de su solicitud, de acuerdo con la normativa vigente. En consecuencia, solicitó que se declarara la prescripción parcial de las pretensiones.

Por último, el representante de la Nación argumentó que de la validez de los actos administrativos demandados, cabe destacar que la discrepancia planteada por la parte demandante respecto a la bonificación por compensación proviene de la prima especial establecida para los magistrados de la Corte Suprema en la Ley 4 de 1992. Finalmente, indicó que no es viable acceder a las pretensiones del demandante conforme han sido expuestas en la formulación de la demanda.

III. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante La apoderada judicial de la parte demandante sostuvo su argumentación en e l concepto de violación debido al exceso directo en la aplicación de los artículos 25 y 53 de la Constitución, por parte del gobierno nacional al expedir el decreto 610 de

1998. Esto se debe a que, al eliminar los efectos salariales para ciertos efectos de la remuneración como resultado de la nivelación o reclasificación de los funcionarios de la Rama Judicial, se excedió las facultades precisas y expresas otorgadas por el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

Asimismo, enfatizó que la Bonificación por compensación sólo constituirá factor salarial· para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes. En ese orden de ideas, el decreto 610 de 1998 que en apariencia es un acto de carácter general y abstracto, en realidad no lo es, en razón los efectos particulares

Magistrados de las Altas Cortes. En ese orden de ideas, el decreto 610 de 1998 que en apariencia es un acto de carácter general y abstracto, en realidad no lo es, en razón los efectos particulares que produce, en cuanto afecta o produce agravios a los específicos destinatarios de dicha normatividad; estos los enlistados en su artículo 2° En adición, expuso que La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante Tribunal Nacional; a los Fiscales de Tribuna l Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los Jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito. Por lo tanto no puede desconocerse que algunas decisiones que por su naturaleza o denominación parezcan generales, puedan afectar di rectamente situacionesNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00161-00 Sentencia de Primera Instancia

jurídicas particulares; caso en el cual la competencia es de los respectivos órganos de instancia conforme a las reglas generales de la competencia. Finalmente, solicitó que se declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron la reliquidación de las cesantías con base en el 100% de la bonificación por compensación. Además, requirió que se ordenara a la entidad demandada el reconocimiento y pago

que se declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron la reliquidación de las cesantías con base en el 100% de la bonificación por compensación. Además, requirió que se ordenara a la entidad demandada el reconocimiento y pago de los reajustes prestacionales derivados de la inclusión, porque la nivelaci ón o reajuste posible para dichos cargos está prevista en el Decreto 610 de 1998, por vía de la bonificación por compensación. 3.2 Parte demandada La apoderada judicial de la parte demandada sostuvo que la demanda debía ser declarada inepta, debido a la ausen cia de requisitos formales esenciales. Argumentó que la parte demandante no cumplió con la carga procesal de individualizar con precisión los actos administrativos cuestionados y tampoco agotó los recursos administrativos disponibles. En consecuencia, indi có que los actos administrativos que presuntamente afectaban los derechos del demandante nunca fueron debidamente impugnados dentro del término legal, lo que impedía su discusión en sede judicial. Asimismo, expuso que los actos administrativos demandados h abían sido expedidos conforme a la normatividad vigente y con la debida motivación legal. Afirmó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial actuó dentro del marco legal que regula el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los funcionarios judiciales. Además, destacó que el Consejo de Estado ha sostenido que la Nación – Rama Judicial no tiene competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de sus servidores, ya que esta facultad corresponde al Gobierno Nacional, conforme a la Ley 4 de 1992. En relación con la bonificación por compensación, la apoderada judicial de la parte demandada enfatizó que este beneficio no constituye un factor salarial para la

Nacional, conforme a la Ley 4 de 1992. En relación con la bonificación por compensación, la apoderada judicial de la parte demandada enfatizó que este beneficio no constituye un factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales, entre ellas, las cesantías. Citó dis posiciones normativas que establecen que dicha bonificación solo incide en la base de cotización para pensiones, sin que pueda computarse para el cálculo de otros derechos laborales. De igual manera, sostuvo que permitir la inclusión de esta bonificación en la liquidación de cesantías generaría una distorsión en la estructura salarial, sobrepasando los límites establecidos en la legislación vigente. Por otro lado, alegó la prescripción trienal de los derechos reclamados por la parte demandante. Explicó que, conforme a la normativa laboral aplicable, las prestaciones económicas tienen un plazo de prescripción de tres años, contados a partir de su exigibilidad. En este sentido, precisó que la acción fue interpuesta extemporáneamente, por lo que los derechos re clamados ya se encontraban prescritos. Igualmente, advirtió que la interposición de un derecho de petición en el año 2012 no podía revivir términos procesales fenecidos. Finalmente, concluyó que la Nación – Rama Judicial no tenía responsabilidad administrativa en el caso concreto, dado que se limitó a aplicar el marco normativo vigente. Insistió en que las solicitudes de la parte demandante eran improcedentes,Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00161-00 Sentencia de Primera Instancia

pues pretendían modificar la estructura salarial sin fundamento legal. Con base en lo anterior, so licitó al juez que denegara las pretensiones de la demanda y, en su

Sentencia de Primera Instancia

pues pretendían modificar la estructura salarial sin fundamento legal. Con base en lo anterior, so licitó al juez que denegara las pretensiones de la demanda y, en su defecto, declarara probada la prescripción de los derechos reclamados. 3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

IV. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

4.1 Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

4.2 Fijación del litigio

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 03694 del 08 de noviembre 2012 suscrito por Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de CESANTIAS incluyendo en ellas, desde el año 1999 hasta el 2011 y la totalidad o 100% de la denominada BONIFICACION POR COMPENSACIÓN, establecida en el Inciso

Bucaramanga, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de CESANTIAS incluyendo en ellas, desde el año 1999 hasta el 2011 y la totalidad o 100% de la denominada BONIFICACION POR COMPENSACIÓN, establecida en el Inciso Segundo, del artículo V, del Decreto 610 de 1998; así como del acto administrativo Resolución No. 3450 del 16 de mayo de 2013?

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a reconocer y pagar a favor de los demandantes , la BONIFICACION POR COMPENSACIÓN, establecida en el Inciso Segundo, del artículo V, del Decreto 610 de 1998, sobre el salario básico y/o asignación mensual, en los periodos en que se desempeñó como Magistrados Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bucaramanga desde el 01 de enero de 1999 y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.3 ¿Tienen derecho los demandantes a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación y pago de sus salarios incluyendo la Bonificación por Compensación, incluyendo en la liquidación las cesantías y todos los ingresos laborales pagados; así mismo que se les reconozca y paguen los retroactivos correspondientes a las diferencias dejadas de pagar en los periodos en que se desempeñ aron como Magistrados TribunalNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00161-00 Sentencia de Primera Instancia

Superior Del Distrito Judicial De Bucaramanga y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

Radicado: 680012333000-2014-00161-00

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Superior Del Distrito Judicial De Bucaramanga y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

P.J.4. ¿Es procedente disponer la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de los demandantes con la inclusión de la bonificación por compensación como factor salarial, en los periodos en que se desempeñaron como Magistrados Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bucaramanga y en adelante, hasta cuando se sigan causando?

4.3 Marco normativo y jurisprudencial De la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 Por medio del Decreto 610 de 1998, adicionado por el Decreto 1239 del mismo año, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades otorgadas en la Ley 4 de 1992, creó la bonificación por compensación, dirigida entre otros, a los Magistrados de Tribunal, Secretarios de Altas Cortes y Magistrados Auxiliares, consistente en ajustar sus ingresos mensuales de la siguiente manera: en un valor equivalente al 60% de lo que devenga por todo concepto los Magistrados de las Altas Cortes en el año 1999, el 70% para la vigencia fiscal del año 2000 y el 80% para la vigencia fiscal del año 2001 manteniéndose este último porcentaje en lo sucesivo; dicho concepto ha de ser pagado de manera p ermanente y mensual a partir de enero de 1999, siempre y cuando hubiere sido aprobado el presupuesto general. Es claro que el Decreto 610, conlleva la garantía hacia el futuro de que la remuneración de los Magistrados y demás beneficiarios de la denominada "Prima

siempre y cuando hubiere sido aprobado el presupuesto general. Es claro que el Decreto 610, conlleva la garantía hacia el futuro de que la remuneración de los Magistrados y demás beneficiarios de la denominada "Prima por compensación" se mantendrá en términos de equidad y proporcionalidad allí establecida mediante el esquema gradual de nivelación para llegar a la igualdad económica, concertada entre gobierno y funcionarios, cuyo origen se halla contenido en la ley 10 de 1987 y 63 de 1988, que consagran la nivelación de salarios al 80% de los ingresos de las altas Cortes, como antecedente legal de la decisión del Gobierno Nacional para decretar la nivelación objeto de la presente demanda. Al respecto, s ea primero advertir, que el monto de que trata el Decreto 610 fue aprobado a través de la Ley 482 del 15 de noviembre de 1998, en donde se creó la partida de gasto necesario, dentro de la sección destinada a la Rama Judicial, unidad de Tribunales y Juzgados; lo cual indica que éste fue estipulado con sujeción al marco general de la política económica y fiscal, creando la disponibilidad para cubrir ese gasto en la vigencia fiscal respectiva. En diciembre de 1998, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 2668 por medio del cual deroga los Decretos 610 y 1239 de 1998; posteriormente el Gobierno Nacional expidió el Decreto 664 del 13 de abril de 1999, " por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios"; con el fin de revivir la "bonificación por compensación" prevista en los Decretos 610

expidió el Decreto 664 del 13 de abril de 1999, " por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios"; con el fin de revivir la "bonificación por compensación" prevista en los Decretos 610 y 1239 de 1998, los cuales habían sido derogados por el Decreto 2668 de 1998. SinNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00161-00 Sentencia de Primera Instancia

embargo, el 25 de septiembre de 2001 el Decreto 2668 fue declarado nulo por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado2. Aunado a lo anterior, la misma Corporación, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2003, puntualizó que el Decreto 664 de 1999 no había consagrado una bonificación distinta a la prevista en el 610 y 1239 de 1998, pues se trataba " del mismo derecho con diferente cuantía ", agregando que perdió fuerza ejecutoria cuando se declaró nulo el Decreto 2668 de 1998, toda vez que el Decreto 664 se expidió sobre la base de que la bonificación por compensación a que se refieren los Decretos 610 y 1239, no existía. Quiere decir lo anterior, que pese a haberse derogado el Decreto génesis de la bonificación por compensación, éste, recobró sus efectos jurídicos, como consecuencia de la anulación, a cargo del Consejo de Estado, del Decreto 2668 de 1998, creándose la ficción de que este último nunca existió y por lo tanto, dejando incólume el derecho económico de carácter laboral a favor de los funcionarios

consecuencia de la anulación, a cargo del Consejo de Estado, del Decreto 2668 de 1998, creándose la ficción de que este último nunca existió y por lo tanto, dejando incólume el derecho económico de carácter laboral a favor de los funcionarios destinatarios de la norma, de percibir la bonificación del 80%, en los términos ya indicados y sin solución de continuidad. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia 3 son coincidentes en establecer que los efectos jurídicos de la nulidad se retrotraen a la época de expedición del acto anulado, al punto que se crea la ficción que él n o ha existido o que jamás ha pertenecido al ordenamiento jurídico. Dicho en otras palabras, los efectos de la nulidad de los actos administrativos, por regla general son retroactivos (ex tunc), es decir, que van hasta la fecha de su expedición, o sea hasta cuando nació a la vida jurídica, con la ficción de que nunca ha existido en el ordenamiento jurídico, dejando las cosas como inicialmente se encontraban, excepto en relación con las situaciones ya consolidadas. Concordante con lo anterior, respecto a las consecuencias jurídicas de la anulación, y de los efectos jurídicos de los Decretos 610 y 1239 de 1998, el H Consejo de Estado4 en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos señaló: "En primer término, cabe resaltar que como consecuencia del fall o de 25 de septiembre de 2001 recobraron su vigencia los decretos 610 y 1239 de 1998, que establecieron un decreto económico laboral para determinados servidores de la Rama Judicial, el cual debe ser pagado por la Dirección Ejecutiva de Administración

septiembre de 2001 recobraron su vigencia los decretos 610 y 1239 de 1998, que establecieron un decreto económico laboral para determinados servidores de la Rama Judicial, el cual debe ser pagado por la Di