TA SAN - Sentencia 680012333000-2014-00820-00 (21-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Bucaramanga, veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 680012333000-2014-00820-00

Medio De Control: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

Demandante: Iván Augusto Gómez Celis

luisehd@gmaiLcom

Demandado: Fiscalía General de la Nación

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

Ministerio Público: mbuendia@Procuraduria.Gov.Co

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co Tema: Bonificación por compensación Decreto 610 de 1998

Providencia: Sentencia primera instancia

Sala No. 01

Conjuez Ponente: SANTIAGO MIGUEL ORTIZ ACEVEDO

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurado por IVÁN AUGUSTO GÓMEZ CELIS en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

1.1 Pretensiones

1 Samai índice 052Expediente digitalarchivo 002Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00820-00 Sentencia de Primera Instancia

1.1 Pretensiones

1 Samai índice 052Expediente digitalarchivo 002Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00820-00 Sentencia de Primera Instancia

Las pretensiones deprecadas por la parte demandante persiguen la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. DSAF -0120 del 27 de enero de 2014 expedido por el director administrativo y financiero de la Fiscalía General de la Nación seccional Bucaramanga ; así como de la Resolución No. 2 -0098 del 21 de abril de 2014 proferida por el Director Nacio nal Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la Nación , mediante los cuales se negó al demandante en calidad de fiscal delegado ante Tribunal Superior de Distrito Judicial, el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación en los té rminos del Decreto 610 de 1998 , esto es, en cuantía del 80% de lo que por todo concepto devengue un magistrado de alta corte, junto con el pago de las correspondientes diferencias salariales a que haya lugar derivadas de dicho reconocimiento desde el primero (01) de abril de dos mil ocho (2008) hasta el catorce (14) de enero de (2014). En tal sentido, pretende como restablecimiento del derecho se condene a la entidad demandada a proceder con el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación en los términos solicitados. Por último, solicita dar aplicación a los mandatos previstos en los artículos 192 y siguientes del C.P.A.C.A.

1.2 Hechos

La parte demandante se desempeñó como fiscal delegado ante Tribunal Superior

mandatos previstos en los artículos 192 y siguientes del C.P.A.C.A.

1.2 Hechos

La parte demandante se desempeñó como fiscal delegado ante Tribunal Superior de Distrito Judicial entre el primero primero (01) de abril de dos mil ocho (2008) y hasta el catorce (14) de enero de (2014).

La parte demandante solicitó mediante derecho de petición dirigido al Director Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la Nació n, Seccional Bucaramanga el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación equivalente a un 80% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de Altas Cortes, junto con el correspondiente pago de las diferencias salariales a que hubiere lugar, obteniendo respuesta negativa de la demandada mediante Oficio No. DSAF 0120 del 27 de enero de 2014 . Posterior a ello el demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión el cual fue resuelto por la entidad mediante resolución No. 2-0098 de 21 de abril de 2014 proferida por el Director Nacional Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la Nación. Luego, las partes realizaron conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación el día 25 de agosto de 2014, siendo fallida la misma.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Normas Constitucionales: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00820-00

Sentencia de Primera Instancia

• Artículos 13, 25, 53 y 122 de la Carta Política.

Normas Legales: • Ley 4 de 1992. • Artículo 8, literal c) del Decreto 1950 de 1973.

Sentencia de Primera Instancia

• Artículos 13, 25, 53 y 122 de la Carta Política.

Normas Legales: • Ley 4 de 1992. • Artículo 8, literal c) del Decreto 1950 de 1973. • Decreto 610 de 1998. • Decreto 1239 de 1998. • Decreto 2688 del 31 de diciembre de 1998. • Decreto 4040 de 2004.

Normas Procedentes de Jurisprudencia: • Sentencia del Consejo de Estado del 25 de septiembre de 2001, que anuló el Decreto 2688 de 1998 y restableció la vigencia de los Decretos 610 y 1239 de 1998. • Sentencia del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011, que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004. Las pretensiones expuestas se fundamentan en la vulneración de derechos reconocidos en la Constitución Política, e n normas legales y en precedentes jurisprudenciales. En el ámbito constitucional, se invocan los artículos 2, 4, 13, 53 y 113, que consagran principios de igualdad, dignidad humana, favorabilidad laboral y el deber del Estado de garantizar condiciones just as y equitativas para los servidores públicos. Legalmente, se sustenta en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desarrollado por el Decreto 10 de 1993, así como en los Decretos 610 y 1239 de 1998, los cuales establecieron una bonificación por compensación para los Fiscales delegados ante Tribunal, fijando un porcentaje del 80% de lo devengado por todo concepto por los Magistrados de las Altas Cortes. Además, la demanda se apoya

1998, los cuales establecieron una bonificación por compensación para los Fiscales delegados ante Tribunal, fijando un porcentaje del 80% de lo devengado por todo concepto por los Magistrados de las Altas Cortes. Además, la demanda se apoya en la sentencia del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011, que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y restableció la vigencia de las disposiciones anteriores, reconociendo el derecho de los funcionarios beneficiarios a percibir la bonificación en los términos originalmente establecidos. Por tanto, se solicita la nulidad de los actos administrativos que desconocen estos derechos y el reconocimiento del pago de las diferencia s salariales con base en la normativa vigente y su correcta aplicación.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00820-00 Sentencia de Primera Instancia

2. Contestación de la demanda2

Los argumentos expuestos por el apoderado de la parte demandada se centraron en la aplicación estricta de la normativa vigente y en la imposibilidad de ac ceder a las pretensiones de la parte demandante por razones legales. En primer lugar, sostuvo que la Fiscalía General de la Nación había actuado conforme a la normatividad aplicable, reconociendo y pagando la bonificación de gestión judicial establecida po r el Decreto 4040 de 2004, el cual reemplazó la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998. Argumentó que el demandante ingresó a su cargo bajo la vigencia del Decreto 4040 de 2004, por lo que no podía pretender el reconocimiento de u n régimen anterior que ya no estaba vigente al

compensación prevista en el Decreto 610 de 1998. Argumentó que el demandante ingresó a su cargo bajo la vigencia del Decreto 4040 de 2004, por lo que no podía pretender el reconocimiento de u n régimen anterior que ya no estaba vigente al momento de su vinculación. Además, enfatizó que la Fiscalía no tenía la facultad de modificar ni aplicar el régimen salarial de manera discrecional, ya que esta competencia recaía exclusivamente en el Gobierno Nacional. En segundo lugar, el apoderado de la parte demandada planteó que la nulidad del Decreto 4040 de 2004, declarada por el Consejo de Estado, no generaba efectos retroactivos que permitieran modificar situaciones consolidadas durante su vigencia. Sostuvo que las prestaciones reconocidas bajo la vigencia de dicha norma fueron legales y válidas hasta su anulación, y que el Decreto 1102 de 2012, expedido posteriormente, reguló nuevamente la materia salarial y fijó el porcentaje de la bonificación por compensación en un 80% a partir de su publicación, sin efectos hacia el pasado. Por tanto, consideró improcedente la solicitud del demandante de retrotraer los efectos del decreto anulado para reclamar diferencias salariales anteriores a su declaratoria de nulidad. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación alegó que había cumplido con todas sus obligaciones legales en materia de pagos salariales y prestacionales, conforme a la normativa vigente durante cada período fiscal. Argumentó que reconocer la pretensión del demandante implicaría una extralimitación de funciones por parte de la entidad, lo cual podría generar responsabilidades fiscales y disciplinarias. Así mismo, adujo la existencia de situaciones jurídicas consolidadas bajo el Decreto

pretensión del demandante implicaría una extralimitación de funciones por parte de la entidad, lo cual podría generar responsabilidades fiscales y disciplinarias. Así mismo, adujo la existencia de situaciones jurídicas consolidadas bajo el Decreto 4040 de 2004, las cual es no podían ser modificadas retroactivamente sin violar principios de seguridad jurídica y legalidad. En conclusión, solicitó desestimar las pretensiones del demandante e invocó la prescripción y caducidad de la acción como excepciones de fondo.

2 Samai índice 052Expediente Digitalarchivo 018Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00820-00 Sentencia de Primera Instancia

3. Alegatos de conclusión

3.1 Parte Demandante3

Reafirmó las pretensiones expuestas en la demanda, insistiendo en que se le debía reconocer y pagar la diferencia del 10% entre lo devengado por los Magistrados de las Altas Cortes y lo efectivamente recibido en su calidad de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito Judicial, durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2008 y el 14 de enero de 2014. Argumentó que la anulación del Decreto 4040 de 2004 por parte del Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2011, restableció la vigencia de los Decretos 610 y 1239 de 1998, eliminando cualquier incompatibilidad entre estos y el decreto anulado. En consecuencia, afirmó que el demandante tenía derecho a la " bonificación por compensación" en un porcentaje del 80%, en lugar del 70% de la "bonificación por gestión judicial" que le fue aplicada.

cualquier incompatibilidad entre estos y el decreto anulado. En consecuencia, afirmó que el demandante tenía derecho a la " bonificación por compensación" en un porcentaje del 80%, en lugar del 70% de la "bonificación por gestión judicial" que le fue aplicada. Enfatizó que la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 generó efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que se expidió el acto administrativo anulado. Sostuvo que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la nulidad de dicho decreto implicó el restablecimiento pleno de los derechos consagrados en los Decretos 610 y 1239 de 1998, por lo que el Estado estaba obligado a pagar las sumas correspondientes de manera retroactiva. Además, hizo hincapié en que la negativa de la entidad demandada a reconocer estos derechos constituía una vulneración al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Así mismo, citó pronunciamientos previos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, los cuales han reafirmado el derecho de los servidores públicos a exigir la aplicación del régimen más favorable. Finalmente, el apoderado del demandante argumentó que el desconocimiento de los derechos reconocidos en la normatividad vigente y en la jurisprudencia vulneraba principios constitucionales como la dignidad humana, la igualdad y el derecho al trabajo. Sostuvo que el Estado Social de Derecho impone a las autoridades la obligación de garantizar la protección de los derechos fundamentales, incluyendo el reconocimiento de los derechos salariales y prestacionales adquiridos por los servidores p úblicos. Con base en estos

autoridades la obligación de garantizar la protección de los derechos fundamentales, incluyendo el reconocimiento de los derechos salariales y prestacionales adquiridos por los servidores p úblicos. Con base en estos argumentos, solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda, ordenando

3 Samai índice 052Expediente digitalarchivo 037Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00820-00 Sentencia de Primera Instancia

el pago de las sumas adeudadas, la reliquidación de las prestaciones sociales y la indexación de los valores correspondientes. 3.2 Parte demandada4 Argumentó que las pretensiones del demandante no podían prosperar debido a la prescripción extintiva de los derechos reclamados, conforme a lo establecido en el Decreto 3135 de 1998 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Señaló que el demandante pres entó su solicitud el 14 de enero de 2014, por lo que cualquier derecho anterior al 14 de enero de 2011 se encontraba prescrito. En este sentido, la entidad sostuvo que la reclamación de la bonificación por compensación debía sujetarse a los plazos establec idos en la ley, y que el demandante no había interrumpido oportunamente la prescripción mediante acciones legales válidas. Por otro lado, alegó que durante la relación laboral del demandante, la entidad cumplió con las disposiciones legales vigentes, reco nociendo y pagando la bonificación de gestión judicial conforme al Decreto 4040 de 2004, el cual fue expedido luego de un proceso de concertación con el Gobierno Nacional. Dicho decreto estableció una bonificación equivalente al 70% de los ingresos de los

bonificación de gestión judicial conforme al Decreto 4040 de 2004, el cual fue expedido luego de un proceso de concertación con el Gobierno Nacional. Dicho decreto estableció una bonificación equivalente al 70% de los ingresos de los Magistrados de las Altas Cortes, en contraste con el 80% previsto en el Decreto 610 de 1998, al cual el demandante pretende acogerse. No obstante, la Fiscalía insistió en que este último decreto había sido derogado y sustituido por una normativa posterior, por lo que su aplicación resultaba improcedente. Además, argumentó que la entidad carecía de facultades para fijar o modificar el régimen salarial y prestacional de sus funcionarios, ya que dicha competencia recae exclusivamente en el Gobierno Nacional. Finalmente, reiteró que la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, emitida por el Consejo de Estado, no invalidaba las situaciones jurídicas consolidadas durante su vigencia, dado que los pagos realizados bajo su amparo fueron efectuados de bu ena fe y con plena presunción de legalidad. Explicó que, tras la anulación de dicho decreto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1102 de 2012, el cual estableció el reconocimiento de la bonificación por compensación con un porcentaje del 80%, pero únicamente a partir del 27 de enero de 2012, sin efectos retroactivos. En este sentido, la entidad consideró que acceder a las pretensiones del demandante implicaría desconocer el marco normativo vigente y generar un impacto fiscal no previsto, razón por la cu al solicitó desestimar la demanda en su totalidad.

4 Samai índice 052Expediente digitalarchivo 036Nulidad y Restablecimiento del Derecho

impacto fiscal no previsto, razón por la cu al solicitó desestimar la demanda en su totalidad.

4 Samai índice 052Expediente digitalarchivo 036Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00820-00 Sentencia de Primera Instancia

3.3 Ministerio público

Dentro del término otorgado el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia.

1. Acerca de la competencia

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema jurídico De conformidad con la fijación del litigio, corresponde a la Sala determinar si: P.J.1: ¿Hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en:

(i) el oficio No . DSAF-0120 del 27 de enero de 2014 expedido por el director administrativo y financiero de la Fiscalía General de la Nación seccional Bucaramanga; así como de (ii) la Resolución No. 2 -0098 del 21 de abril de 2014 proferida por el Director Nacional Administrativo y Financiero de la Fiscalía General

administrativo y financiero de la Fiscalía General de la Nación seccional Bucaramanga; así como de (ii) la Resolución No. 2 -0098 del 21 de abril de 2014 proferida por el Director Nacional Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la Nación mediante la cual se confirmó la decisión anterior?

P.J.2: ¿Tiene el demandante derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación en los términos del Decreto 610 de 1998, esto es, en cuantía del 80% de lo que por todo concepto devengue un magistrado de alta corte, junto con el pago de las correspondientes diferencias salariales a que haya lugar deriv adas de dicho reconocimiento desde el primero (01) de abril de dos mil ocho (2008) hasta el catorce (14) de enero de (2014)?

En caso afirmativo a los anteriores interrogantes, deberá determinarse si en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00820-00 Sentencia de Primera Instancia

3. Marco normativo y jurisprudencial 3.1 De la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998

Por medio del Decreto 610 de 1998, adicionado por el Decreto 1239 del mismo año, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades otorgadas en la Ley 4 de 1992, creó la bonificación por compensación, dirigida entre otros, a los Magistrados de Tribunal, Secretarios de Altas Cortes y Magistrados Auxiliares, consistente en ajustar sus ingresos mensuales de la siguiente manera: en un valor equivalente al 60% de lo que devenga por todo concepto los Magistrados de las Altas Cortes en el

Tribunal, Secretarios de Altas Cortes y Magistrados Auxiliares, consistente en ajustar sus ingresos mensuales de la siguiente manera: en un valor equivalente al 60% de lo que devenga por todo concepto los Magistrados de las Altas Cortes en el año 1999, el 70% para la vigencia fiscal del año 2000 y el 80% para la vigencia fiscal del año 2001 manteniéndose este último porcentaje en lo sucesivo; dicho concepto ha de ser pagado de manera permanente y mensual a partir de enero de 1999, siempre y cuando hubiere sido aprobado el presupuesto general. Es claro que el telos del Decreto 610, conlleva la garantía hacia el futuro de que la remuneración de los Magistrados y demás beneficiarios de la denominada "Prima por compensación" se mantendrá en términos de equidad y proporcionalidad allí establecida mediante el esquema gradual de nivelación para llegar a la ig ualdad económica, concertada entre gobierno y funcionarios, cuyo origen se halla contenido en la ley 10 de 1987 y 63 de 1988, que consagran la nivelación de salarios al 80% de los ingresos de las altas Cortes, como antecedente legal de la decisión del Gobierno Nacional para decretar la nivelación objeto de la presente demanda. Al respecto, sea primero advertir, que el monto de que trata el Decreto 610 fue aprobado a través de la Ley 482 del 15 de noviembre de 1998, en donde se creó la partida de gasto neces ario, dentro de la sección destinada a la Rama Judicial, unidad de Tribunales y Juzgados; lo cual indica que éste fue estipulado con sujeción al marco general de la política económica y fiscal, creando la disponibilidad para cubrir ese gasto en la vigencia fiscal respectiva.

unidad de Tribunales y Juzgados; lo cual indica que éste fue estipulado con sujeción al marco general de la política económica y fiscal, creando la disponibilidad para cubrir ese gasto en la vigencia fiscal respectiva. En diciembre de 1998, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 2668 por medio del cual deroga los Decretos 610 y 1239 de 1998; posteriormente el Gobierno Nacional expidió el Decreto 664 del 13 de abril de 1999, " por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios"; con el fin de revivir la "bonificación por compensación" prevista en los Decretos 610 y 1239 de 1998, los cuales habían sido derogados por el Decreto 2668 de 1998. SinNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00820-00 Sentencia de Primera Instancia

embargo, el 25 de septiembre de 2001 el Decreto 2668 fue declarado nulo por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado5. Aunado a lo anterior, la misma Corporación, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2003, puntualizó que el Decreto 664 de 1999 no había consagrado una bonificación distinta a la prevista en el 610 y 1239 de 1998, pues se trataba " del mismo derecho con diferente cuantía", agregando que perdió fuerza ejecutoria cuando se declaró nulo el Decreto 2668 de 1998, toda vez que el Decreto 664 se expidió sobre la base de que la bonificación por compensación a que se refieren los Decretos 610 y 1239, no existía. Quiere decir lo anterior, que pese a haberse derogado el Decreto génesis de la

expidió sobre la base de que la bonificación por compensación a que se refieren los Decretos 610 y 1239, no existía. Quiere decir lo anterior, que pese a haberse derogado el Decreto génesis de la bonificación por compensación, éste, recobró sus efectos jurídicos, como consecuencia de la anulación, a cargo del Consejo de Estado, del Decreto 2668 de 1998, creándose la ficción de que este último nunca existió y por lo tanto, dejando incólume el derecho económico de carácter laboral a favor de los funcionarios destinatarios de la norma, de percibir la bonificación del 80%, en los términos ya indicados y sin solución de continuidad. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia 6 son coincidentes en establecer que los efectos jurídicos de la nulidad se retrotraen a la época de expedición del acto anulado, al punto que se crea la ficción que él no ha existido o que jamás ha pertenecido al ordenamiento jurídico. Dicho en otras palab ras, los efectos de la nulidad de los actos administrativos, por regla general son retroactivos (ex tunc), es decir, que van hasta la fecha de su expedición, o sea hasta cuando nació a la vida jurídica, con la ficción de que nunca ha existido en el ordenamiento jurídico, dejando las cosas como inicialmente se encontraban, excepto en relación con las situaciones ya consolidadas. Concordante con lo anterior, respecto a las consecuencias jurídicas de la anulación, y de los efectos jurídicos de los Decretos 610 y 1239 de 1998, el H Consejo de Estado7 en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos señaló:

y de los efectos jurídicos de los Decretos 610 y 1239 de 1998, el H Consejo de Estado7 en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos señaló: "En primer término, cabe resaltar que como consecuencia del fallo de 25 de septiembre de 2001 recobraron su vigencia los decretos 610 y 123 9 de 1998, que establecieron un decreto económico laboral para determinados servidores de la

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp. 395-99. CP. Álvaro Lecompte Luna. 6 sentencia del Consejo de Estado, Radicación No. 66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG), del 13 de agosto de 2021 7 Sentencia del Consejo de Estado. 11 de diciembre de 2003. CP. Evelio Suarez Suarez.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00820-00 Sentencia de Primera Instancia

Rama Judicial, el cual debe ser pagado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de ejecutar e l presupuesto de la Rama Judicial, por mandato del numeral 5° de artículo 256 de la Constitución Política, de donde se deduce que ella está legitimada en la causa pasiva, vale decir, es la llamada por la ley para responder lo pretendido... Tanto el recurso como el escrito contentivo del alegato de conclusión por el Ministerio Público, se sostiene como los decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados con anterioridad a la fecha que debieron entrar en rigor, en ningún momento

recurso como el escrito contentivo del alegato de conclusión por el Ministerio Público, se sostiene como los decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados con anterioridad a la fecha que debieron entrar en rigor, en ningún momento consolidaron derecho alguno a fav or de quienes a esa fecha desempeñan los campos comprendidos por la bonificación.... Al respecto se advierte que como los efectos de la nulidad administrativa son ex tunc, vale decir, desde entonces, deja la situación jurídica en el estado en que se encontraba antes de la expedición del acto declarado nulo, por lo que resulta evidente que al recobrar vigencia los decretos 610 y 1239 de 1998 obviamente su ejecución no puede traducirse en nada diferente a que deban pagarse los derechos allí establecidos." Conforme lo anterior, es plausible concluir que la consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 2668 de 1998, no es otra que haber recobrado vigencia los Decretos 610 y 1238 de 1998 los cuales establecieron un derecho económico de carácter laboral para algunos funcionarios de la Rama Judicial, el cual no es posible desmejorar, en consideración, tanto a preceptos constitucionales, como los previstos en el artículo 2, literal a de la ley 4ª de 1992. Así mismo las disposiciones expedidas con fundamento en el Decreto 2668, como el caso del Decreto 664 de 99, perdieron su fuerza ejecutoria. De lo mencionado anteriormente, el H Consejo de Estado evidencia que: "las disposiciones laborales reconocidas por los Decretos 610 y 1239 de 1998 constituye a la luz de la Constitución y la ley, verdaderos derechos adquiridos, que

De lo mencionado anteriormente, el H Consejo de Estado evidencia que: "las disposiciones laborales reconocidas por los Decretos 610 y 1239 de 1998 constituye a la luz de la Constitución y la ley, verdaderos derechos adquiridos, que aparecen violados y desconocidos por la posterior expedición del Decreto 2668 de 31 de diciembre de 1998, en contradicción absoluta con la Ley marco de las prestaciones y derechos Sociales, contenidos en la Ley 4ª de 1992, que prohíbe desmejorar los salarios y prestaciones laborales, apoyada en lo dispuesto en el artículo 215 de la Carta, del cual se deriva la figura de falsa motivación, constitutiva de violación directa de la Constitución y de la ley, por cuanto invoca hechos que contradicen la realidad jurídica y legal. Derechos salariales éstos que recayeron en forma directa sobre los funcionarios allí determinados, no sometidos a plazo o condición alguna, sobre la creación de un factor o e molumento calificado de "Bonificación salarial" constitutivo de una prestación social nueva de carácter permanente, como lo expresa la motivación del Decreto 610 de 1998."Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00820-00 Sentencia de Primera Instancia

3.2 Efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y de los contratos de transacción y desistimiento de las demandas requeridos para acceder a la bonificación por gestión judicial.

El Decreto 4040 de 2004 fue expedido por el Gobierno Nacional, dentro de un contexto en el cual los funcionarios judiciales destinatarios del Decreto 610 de 1998

bonificación por gestión judicial.

El Decreto 4040 de 2004 fue expedido por el Gobierno Nacional, dentro de un contexto en el cual los funcionarios judiciales destinatarios del Decreto 610 de 1998 demandaban a la Nación - Rama Judicial, con el fin de obtener el reconocimiento de la bonificación por compensación; dicho decreto fue proferido entonces, como mecanismo para frenar el sinnúmero de demandas y condenas en contra del Estado, y dio origen a la bonificación por gestión judicial, también con carácter permanente, la cual consiste en igualar los ingresos laborales, entro otros, de los Magistrados de Tribunal, al 70% de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de Altas Cortes, a partir de la vigencia fiscal de 2001. Sin embargo, el Estado imponía como requisito sine qua non, a quienes deseaban obtener inmediatamente el pago del 70%, el desistimiento de las pretensiones de las demandas instauradas en procura de obtener el pago del 80% de lo devengado por los Magistrados de las Altas Cortes, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones o suscribiendo con la Rama Judicial un contrato d e transacción " para precaver litigios futuros relacionados con la bonificación por compensación". Cualesquiera que fuera la opción adoptada, dicha manifestación de voluntad debía ser expresa y presentada antes del 31 de diciembre de 2004; es de advertir, que para esa época los funcionarios solamente estaban percibiendo una bonificación del 60%, luego es fácil entender, que fueron compelidos para acceder a percibir la bonificación del 70%. Posteriormente la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del H. Consejo de

bonificación del 60%, luego es fácil entender, que fueron compelidos para acceder a percibir la bonificación del 70%. Posteriormente la Sala de Conjueces de la Secci