TA SAN - Sentencia 680012333000-2014-00834-00 (28-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2014-00834-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

DEMANDANTE: Miguel Ángel Parra Villareal

insog-mag-@hotmail.com

DEMANDADO: Nación - Procuraduría General de la Nación

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co MINISTERIO PUBLICO mbuendia@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Bonificación por compensación Decreto 610 de 1998

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: MARLENE MURCIA MILLAN

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir Sentencia de Primera Instancia dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por Miguel Ángel Parra Villareal en contra de Nación - Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., el señor Miguel Ángel Parra Villareal

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., el señor Miguel Ángel Parra Villareal presenta demanda contra Nación - Procuraduría General de la Nación, formulando las siguientes:

1 Samai índice 033Expediente digitalarchivo 003Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00834-00 Sentencia de Primera Instancia

1.1 Pretensiones PRIMERA.- Que por haberse expedido el 14 de Diciembre de 2011, por una Sala de Conjueces de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, siendo Conjuez ponente el Dr. CARLOS ARTURO ORJUELA GONGORA, mediante la cual se declaró la nulidad integral del Decreto 4040 de 2004, dando lugar a revivir el Decreto 610 de 1998 que reconoce a los Procuradores Judiciales, caso de mi poderdante, el derecho a obtener el 80% de lo devengado por todo concepto por los Magistrados de las Altas Cortes, es NULO el ACTO FICTO o PRESUNTO configurado por el SILENCIO NEGATIVO de la NaciónProcuraduría General de la Nación, al no dar respuesta adecuada y de fondo definitiva, a través de la función administrativa, respecto de los derechos de petición presentados el 13 de diciembre de 2012 y e l 18 de marzo de 2014, por el suscrito apoderado, debiéndose entender conforme al artículo 83 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo

de diciembre de 2012 y e l 18 de marzo de 2014, por el suscrito apoderado, debiéndose entender conforme al artículo 83 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y Ley 1437 de 2011, que con esa conducta asumida, la decisión de la administra ción en cabeza de dicha entidad pública, es negativa en torno al reconocimiento y pago, entre el 15 de diciembre de 2008 hasta el 26 de enero de 2012, de la diferencia existente entre el 70%, que durante ese período se le reconoció al Procurador Judicial I I en plaza en Tribunal de Distrito Judicial de Bucaramanga, por nómina en aplicación del Decreto 4040 de 2004, el 80% a que hace referencia el Decreto 610 de 1998, o de lo que devengaran en ese lapso temporal los Magistrados de las Altas Cortes. TERCERA.- Que a título de restablecimiento del derecho, y como consecuencia de la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo antes expuesto, se ordena a la Nación - Procuraduría General de la Nación, que en cumplimiento de los Decretos 610 de marzo 26 de 1998 y 323 de 2 de julio de 1998 reconozca, liquide y pague al Procurador Judicial II, Dr. MIGUEL ÁNGEL PARRA VILLAREAL, de manera retroactiva, y por nómina, la diferencia existente entre el 70% y el 80%, de lo que por todo concepto devengaro n los Magistrados de las Altas Cortes de Justicia, existentes entre el 15 de diciembre de 2009 y el 26 de enero de 2012, más el provecho de dicha porcentualidad, en el pago proporcional

Magistrados de las Altas Cortes de Justicia, existentes entre el 15 de diciembre de 2009 y el 26 de enero de 2012, más el provecho de dicha porcentualidad, en el pago proporcional de la Bonificación por Gestión Judicial prevista en el ilegal Decreto 4040 de 2004. CUARTA. - Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condena a la Nación - Procuraduría General de la Nación , a pagarle al accionante Doctor MIGUEL ÁNGEL PARRA VILLAREAL, al tiempo de vencimiento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, la suma total que corresponde a los conceptos expresados en la pretensión Tercera anterior, en el acápite de cuantía del presente líbelo demandatorio. QUINTA. - Que igualmente como consecuencia de la nulidad solicitada en las pretensiones segunda, tercera y cuarta de esta demanda, a título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación - Procuraduría General de la Nación , a pagarle al Procurador Judicial II accionante MIGUEL ÁNGEL PARRA VILLAREAL, el valor de los intereses en la forma y términos expresados en el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011. SEXTA. - Las condenas respectivas profieras a favor del Procurador Judicial II Penal, Dr. MIGUEL ÁNGEL PARRA VILLAREAL, serán actualizadas e indexadas de conformidad con lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 del 2011, en todo caso con sujeción a la suma determinada hecha con sujeción a los tiempos (15 de diciembre de 2008 hasta el 26 de enero de 2012) pa ra completar el 80% de la básica, incluida la Bonificación por Compensación.

suma determinada hecha con sujeción a los tiempos (15 de diciembre de 2008 hasta el 26 de enero de 2012) pa ra completar el 80% de la básica, incluida la Bonificación por Compensación. SÉPTIMA. - Que a la providencia de mérito favorable, la entidad pública demandada le dé cumplimiento en los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00834-00 Sentencia de Primera Instancia

1.2 Hechos La parte demandante se desempeñó como Procurador Judicial II entre el quince (15) de diciembre del dos mil ocho (2008) y hasta el veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012).

La parte demandante solicitó mediante derecho de petición dirigido a la Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación equivalente a un 80% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de Altas Cortes, junto con el correspondiente pago de las diferencias salariales a que hubiere lugar, obteniendo respuesta negativa de la demandada mediante Oficio S.G. No. 5292 de 31 de diciembre 2012.

Luego, las partes realizaron conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación el día 23 de septiembre de 2014, siendo fallida la misma.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Normas Constitucionales: • Artículos 13, 25, 53 y 122 de la Carta Política.

Normas Legales: • Ley 4 de 1992.

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Normas Constitucionales: • Artículos 13, 25, 53 y 122 de la Carta Política.

Normas Legales: • Ley 4 de 1992. • Artículo 8, literal c) del Decreto 1950 de 1973. • Decreto 610 de 1998. • Decreto 1239 de 1998. • Decreto 2688 del 31 de diciembre de 1998. • Decreto 4040 de 2004.

Normas Procedentes de Jurisprudencia: • Sentencia del Consejo de Estado del 25 de septiembre de 2001, que anuló el Decreto 2688 de 1998 y restableció la vigencia de los Decretos 610 y 1239 de 1998. • Sentencia del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011, que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004. Las pretensiones expuestas se fundamentan en la vulneración de derechos reconocidos en la Constitución Política, en normas legales y en precedentes jurisprudenciales. En el ámbito constitucional, se invocan los artículos 2, 4, 13, 53 y 113, que consagran principios de igualdad, dignidad humana, favorabilidad laboral y el deber del Estado de garantizar condiciones justas y equitativas para los servidores públicos. Legalmente, se sustenta en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desarrollado por el Decreto 10 d e 1993, así como en los Decretos 610 y 1239 de 1998, los cuales establecieron una bonificación por compensación para los Fiscales delegados ante Tribunal, fijando un porcentaje del 80% de lo devengado por todo

1998, los cuales establecieron una bonificación por compensación para los Fiscales delegados ante Tribunal, fijando un porcentaje del 80% de lo devengado por todo concepto por los Magistrados de las Altas Cort es. Además, la demanda se apoyaNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00834-00 Sentencia de Primera Instancia

en la sentencia del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011, que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y restableció la vigencia de las disposiciones anteriores, reconociendo el derecho de los funcionarios benefi ciarios a percibir la bonificación en los términos originalmente establecidos. Por tanto, se solicita la nulidad de los actos administrativos que desconocen estos derechos y el reconocimiento del pago de las diferencias salariales con base en la normativa vigente y su correcta aplicación.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA

2.1 Pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones. El apoderado judicial argumentó que la Procuraduría General de la Nación no tenía competencia para modificar el régimen salarial o prestacional de sus funcionarios, puesto que esta facultad correspondía exclusivamente al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. En consecuencia, sostuvo que cualquier reconocimiento económico adicional debía estar respaldado por un acto administrativo expedid o por las autoridades competentes, de conformidad con la Ley 4 de 1992 y los decretos salariales anuales. Asimismo, señaló que la bonificación por compensación no constituía un factor

estar respaldado por un acto administrativo expedid o por las autoridades competentes, de conformidad con la Ley 4 de 1992 y los decretos salariales anuales. Asimismo, señaló que la bonificación por compensación no constituía un factor salarial para todos los efectos prestacionales, sino únicamente para la base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1102 de 2012. En virtud de ello, afirmó que no era procedente la pretensión de la demandante de incluir dicho concepto en la liquidación de sus prestaciones sociales, dado que esto contravenía la normatividad vigente y la jurisprudencia aplicable. Por otra parte, argumentó que la nulidad del Decreto 4040 de 2004, declarada por el Consejo de Estado en el año 2011, tenía efectos "ex tunc", lo que implicaba que el acto anulado debía considerarse inexistente desde su expedición. No obstante, aclaró que esta circunstancia no afectaba las situaciones jurídicas consolidadas bajo su vigencia, en aras de garantizar la seguridad jurídica y la cosa juzgada. En consecuencia, sostuvo que la anulación del decreto no daba lugar al reconocimiento automático de derechos adicionales a los funcionarios que fueron cobijados por su aplicación. En cuanto a la procedencia de la acción judicia l, resaltó que cualquier reclamación relacionada con la bonificación por compensación debía formularse dentro del término de prescripción de tres años, conforme a lo establecido en el Decreto 3135 de 1968 y el Código Sustantivo del Trabajo. Bajo esta premi sa, sostuvo que, al no haberse ejercido la acción dentro del plazo legalmente previsto, la demandante no

de 1968 y el Código Sustantivo del Trabajo. Bajo esta premi sa, sostuvo que, al no haberse ejercido la acción dentro del plazo legalmente previsto, la demandante no podía pretender el reconocimiento retroactivo de los valores reclamados.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIONNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00834-00

Sentencia de Primera Instancia

3.1 Parte demandante La apoderada judicial de la parte d emandante sostuvo que la Bonificación por Compensación, establecida en el Decreto 610 de 1998, constituye un factor salarial que debe ser tenido en cuenta para la liquidación de cesantías. Para fundamentar su posición, argumentó que la exclusión de esta bo nificación como factor salarial vulnera los principios constitucionales del trabajo digno y la remuneración justa, consagrados en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia. En consecuencia, adujo que el Gobierno Nacional, al expedir el decreto en cuestión, excedió las facultades conferidas por la Ley 4 de 1992, pues al limitar los efectos salariales de la bonificación transgredió el principio de equidad en la nivelación salarial de los funcionarios judiciales. Adicionalmente, hizo referencia a la derogatoria del Decreto 610 de 1998 mediante el Decreto 2668 de 1998, el cual posteriormente fue declarado nulo por el Consejo de Estado. En su análisis, destacó que dicha declaratoria de nulidad reactivó la vigencia del Decreto 610 de 1998 , lo que implica que la bonificación por compensación nunca perdió su aplicabilidad. Por consiguiente, sostuvo que los beneficiarios de dicha bonificación tienen derecho a exigir la corrección de su

vigencia del Decreto 610 de 1998 , lo que implica que la bonificación por compensación nunca perdió su aplicabilidad. Por consiguiente, sostuvo que los beneficiarios de dicha bonificación tienen derecho a exigir la corrección de su liquidación prestacional, con el fin de garantizar la equ idad y el respeto por sus derechos adquiridos. En cuanto al Decreto 4040 de 2004, argumentó que su expedición constituyó una maniobra para eludir las disposiciones del Decreto 610 de 1998, afectando gravemente los derechos de los funcionarios judiciales. S ubrayó que este nuevo decreto pretendió reemplazar la bonificación por compensación con la Bonificación por Gestión Judicial, reduciendo su porcentaje de incidencia en la remuneración. En consecuencia, la parte demandante insistió en que esta medida generó un perjuicio económico injustificado para los servidores judiciales, razón por la cual resultaba necesario declarar la inaplicabilidad de dicha disposición en beneficio de los afectados. Por otra parte, sustentó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido en varias ocasiones la necesidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando una norma reglamentaria desconoce principios superiores. En virtud de esta doctrina, enfatizó que el juez administrativo está facultado para inaplicar disposiciones normativas cuando estas lesionan derechos fundamentales. En este orden de ideas, argumentó que, dado que el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de Estado en el año 2011, se consolidó el derecho de los funcionarios judiciales a la correcta liquidación de sus cesantías con base en la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998.

nulo por el Consejo de Estado en el año 2011, se consolidó el derecho de los funcionarios judiciales a la correcta liquidación de sus cesantías con base en la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Finalmente, concluyó que la exclusión de la bonificación por compensación en la liquidación de cesantías desconoció el derecho al reconocimiento y pago íntegro de prestaciones sociales. Por ello, solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda, ordenando la reliquidación de las cesantías de la demandante y el reconocimiento de los valores adeudados con base en el Decreto 610 de 1998. 3.2 Parte demandadaNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00834-00 Sentencia de Primera Instancia

La parte demandada no presento alegatos de conclusión

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

IV. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

4.1 Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

4.2 Fijación del litigio

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Oficio S.G No. 066 de 15 de enero de 2013 suscrito por la Secretaria General De La Procuraduría General De La Nación, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales adeudas por concepto de bonificación por compensación, de conformidad con el Decreto 610 de 1988, re lativo al 80% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de las altas cortes de Justica, deben recibir un salario igual los ingresos que por todo concepto devengan los congresistas, entre el 15 de diciembre de 2008 a la fecha y al 27 de enero de 2012; así como del acto administrativo ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo?

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a reconocer y pagar a favor del señor MIGUEL ANGEL PARRA VILLARREAL , la BONIFICACION POR COMPENSACIÓN, establecida en el Inciso Segundo, del artículo V, del Decreto 610 de 1998, sobre el salario básico y/o asignación mensual, en los periodos en que se desempeñó como Procurador Judicial ii y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.3 ¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca y paguen las diferencias

en los periodos en que se desempeñó como Procurador Judicial ii y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.3 ¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación y pago de sus salarios incluyendo la Bonificación por Compensación, incluyendo en la liquidación las cesantías y todos los ingresos laborales pagados; así mismo que se les reconozca y paguen los retroactivos correspondientes a las diferencias dejadas de pagar en los periodos en que se desempeñó como Procurador Judicial II y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00834-00 Sentencia de Primera Instancia

P.J.4. ¿Es procedente disponer la reliquidación y pago de las prestaciones sociales del demandante con la inclusión de la bonificación por compensación como factor salarial, en los periodos en que se desempeñó como Procurador Judicial II y en adelante, hasta cuando se sigan causando?

4.3 Marco normativo y jurisprudencial De la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 Por medio del Decreto 610 de 1998, adicionado por el Decreto 1239 del mismo año, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades otorgadas en la Ley 4 de 1992, creó la bonificación por compensación, dirigida entre otros, a los Magistrados de Tribunal, Secretarios de Altas Cortes y Magistrados Auxiliares, consistente en ajustar sus ingresos mensuales de la siguiente manera: en un valor equivalente al 60% de lo que devenga por todo concepto los Magistrados de las Altas Cortes en el

Tribunal, Secretarios de Altas Cortes y Magistrados Auxiliares, consistente en ajustar sus ingresos mensuales de la siguiente manera: en un valor equivalente al 60% de lo que devenga por todo concepto los Magistrados de las Altas Cortes en el año 1999, el 70% para la vigencia fiscal del año 2000 y el 80% para la vigencia fiscal del año 2001 manteniéndose este último porcentaje en lo sucesivo; dicho concepto ha de ser pagado de manera permanente y mensual a partir de enero de 1999, siempre y cuando hubiere sido aprobado el presupuesto general. Es claro que el decreto 610, conlleva la garantía hacia el futuro de que la remuneración de los Magistrados y demás beneficiarios de la denominada "Prima por compensación" se mantendrá en términos de equidad y proporci onalidad allí establecida mediante el esquema gradual de nivelación para llegar a la igualdad económica, concertada entre gobierno y funcionarios, cuyo origen se halla contenido en la ley 10 de 1987 y 63 de 1988, que consagran la nivelación de salarios al 80% de los ingresos de las altas Cortes, como antecedente legal de la decisión del Gobierno Nacional para decretar la nivelación objeto de la presente demanda. Al respecto, sea primero advertir, que el monto de que trata el Decreto 610 fue aprobado a través de la Ley 482 del 15 de noviembre de 1998, en donde se creó la partida de gasto necesario, dentro de la sección destinada a la Rama Judicial, unidad de Tribunales y Juzgados; lo cual indica que éste fue estipulado con sujeción al marco general de la polí tica económica y fiscal, creando la disponibilidad para cubrir ese gasto en la vigencia fiscal respectiva.

unidad de Tribunales y Juzgados; lo cual indica que éste fue estipulado con sujeción al marco general de la polí tica económica y fiscal, creando la disponibilidad para cubrir ese gasto en la vigencia fiscal respectiva. En diciembre de 1998, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 2668 por medio del cual deroga los Decretos 610 y 1239 de 1998; posteriormente el Gobierno Nacional expidió el Decreto 664 del 13 de abril de 1999, " por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios"; con el fin de revivir la "bonificación por compensación" prevista en los Decretos 610 y 1239 de 1998, los cuales habían sido derogados por el Decreto 2668 de 1998. Sin embargo, el 25 de septiembre de 2001 el Decreto 2668 fue declarado nulo por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado2. Aunado a lo anterior, la misma Corporación, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2003, puntualizó que el Decreto 664 de 1999 no había consagrado una

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp. 395-99. CP. Álvaro Lecompte Luna.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00834-00 Sentencia de Primera Instancia

bonificación distinta a la prevista en el 610 y 1239 de 1998, pues se trataba " del mismo derecho con diferente cuantía ", agregando que perdió fuerza ejecutoria

Sentencia de Primera Instancia

bonificación distinta a la prevista en el 610 y 1239 de 1998, pues se trataba " del mismo derecho con diferente cuantía ", agregando que perdió fuerza ejecutoria cuando se declaró nulo el Decreto 2668 de 1998, toda vez que el Decreto 664 se expidió sobre la base de que la bonificación por compensación a que se refieren los Decretos 610 y 1239, no existía. Quiere decir lo anterior, que pese a haberse der ogado el Decreto génesis de la bonificación por compensación, éste, recobró sus efectos jurídicos, como consecuencia de la anulación, a cargo del Consejo de Estado, del Decreto 2668 de 1998, creándose la ficción de que este último nunca existió y por lo ta nto, dejando incólume el derecho económico de carácter laboral a favor de los funcionarios destinatarios de la norma, de percibir la bonificación del 80%, en los términos ya indicados y sin solución de continuidad. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia3 son coincidentes en establecer que los efectos jurídicos de la nulidad se retrotraen a la época de expedición del acto anulado, al punto que se crea la ficción que él no ha existido o que jamás ha pertenecido al ordenamiento jurídico. Dich o en otras palabras, los efectos de la nulidad de los actos administrativos, por regla general son retroactivos (ex tunc), es decir, que van hasta la fecha de su expedición, o sea hasta cuando nació a la vida jurídica, con la ficción de que nunca ha existido en el ordenamiento jurídico, dejando las cosas como inicialmente se encontraban, excepto en relación con las situaciones ya consolidadas.

jurídica, con la ficción de que nunca ha existido en el ordenamiento jurídico, dejando las cosas como inicialmente se encontraban, excepto en relación con las situaciones ya consolidadas. Concordante con lo anterior, respecto a las consecuencias jurídicas de la anulación, y de los efectos jurídicos de los Decretos 610 y 1239 de 1998, el H Consejo de Estado4 en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos señaló: "En primer término, cabe resaltar que como consecuencia del fallo de 25 de septiembre de 2001 recobraron su vigencia los decretos 610 y 1239 de 1998, que establecieron un decreto económico laboral para determinados servidores de la Rama Judicial, el cual debe ser pagado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de ejecut ar el presupuesto de la Rama Judicial, por mandato del numeral 5° de artículo 256 de la Constitución Política, de donde se deduce que ella está legitimada en la causa pasiva, vale decir, es la llamada por la ley para responder lo pretendido... Tanto el recurso como el escrito contentivo del alegato de conclusión por el Ministerio Público, se sostiene como los decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados con anterioridad a la fecha que debieron entrar en rigor, en ningún momento consolidaron derecho alguno a favor de quienes a esa fecha desempeñan los campos comprendidos por la bonificación.... Al respecto se advierte que como los efectos de la nulidad administrativa son ex tunc, vale decir, desde entonces, deja la situación jurídica en el estado en que se encontraba antes de la expedición del acto

campos comprendidos por la bonificación.... Al respecto se advierte que como los efectos de la nulidad administrativa son ex tunc, vale decir, desde entonces, deja la situación jurídica en el estado en que se encontraba antes de la expedición del acto declarado nulo, por lo que resulta evidente que al recobrar vigencia los decretos 610 y 1239 de 1998 obviamente su ejecución no puede traducirse en nada diferente a que deban pagarse los derechos allí establecidos."

3 sentencia del Consejo de Estado, Radicación No. 66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG), del 13 de agosto de 2021 4 Sentencia del Consejo de Estado. 11 de diciembre de 2003. CP. Evelio Suarez Suarez.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2014-00834-00 Sentencia de Primera Instancia

Conforme lo anterior, es plausible concluir que la consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 2668 de 1998, no es otra que haber recobrado vigencia los Decretos 610 y 1238 de 1998 los cuales establecieron un derecho económico de carácter laboral para algunos funcionarios de la Rama Judicial, el cual no es posible desmejorar, en consideración, tanto a preceptos constitucionales, como los previstos en el artículo 2, literal a de la ley 4ª de 1992. Así mismo las disposiciones expedidas con fundame nto en el Decreto 2668, como el caso del Decreto 664 de 99, perdieron su fuerza ejecutoria. De lo mencionado anteriormente, el H Consejo de Estado evidencia que: "las disposiciones laborales reconocidas por los Decretos 610 y 1239 de 1998

99, perdieron su fuerza ejecutoria. De lo mencionado anteriormente, el H Consejo de Estado evidencia que: "las disposiciones laborales reconocidas por los Decretos 610 y 1239 de 1998 constituye a la luz de la Constitución y la ley, verdaderos derechos adquiridos, que aparecen violados y desconocidos por la posterior expedición del Decreto 2668 de 31 de diciembre de 1998, en contradicción absoluta con la Ley marco de las prestaciones y derechos Social es, contenidos en la Ley 4ª de 1992, que prohíbe desmejorar los salarios y prestaciones laborales, apoyada en lo dispuesto en el artículo 215 de la Carta, del cual se deriva la figura de falsa motivación, constitutiva de violación directa de la Constitució n y de la ley, por cuanto invoca hechos que contradicen la realidad jurídica y legal. Derechos salariales éstos que recayeron en forma directa sobre los funcionarios allí determinados, no sometidos a plazo o condición alguna, sobre la creación de un factor o emolumento calificado de "Bonificación salarial" constitutivo de una prestación social nueva de carácter permanente, como lo expresa la motivación del Decreto 610 de 1998."

3.2 Efectos de la nulidad del Decreto 4040 de 2004 y de los contratos de transacción y desistimiento de las demandas requeridos para acceder a la bonificación por gestión judicial.

El Decreto 4040 de 2004 fue expedido por el Gobierno Nacional, dentro de un contexto en el cual los funcionarios judiciales destinatarios del Decreto 610 de 1998 demandaban a la Nación - Rama Judicial, con el fin de obtener el reconocimiento de la bonificación por compensación; dicho decreto fue proferido entonces, como

contexto en el cual los funcionarios judiciales destinatarios del Decreto 610 de 1998 demandaban a la Nación - Rama Judicial, con el fin de obtener el reconocimiento de la bonificación por compensación; dicho decreto fue proferido entonces, como mecanismo para frenar el sinnúmero de demandas y condenas en contra del Estado, y dio o rigen a la bonificación por gestión judicial, también con carácter permanente, la cual consiste en igualar los ingresos laborales, entro otros, de los Magistrados de Tribunal, al 70% de lo que por todo concepto devenguen los Magistrados de Altas C