TA SAN - Sentencia 680012333000-2015-01284-00 (11-04-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2015-01284-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: CARMENZA BADILLO CHAPARRO

saabogados@hotmail.com

DEMANDADO: Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la

Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PUBLICO mbuendia@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima especial de servicios 30% Plus PROVIDENCIA: Sentencia de primera instancia

SALA No. 02

CONJUEZ PONENTE: LUZ MARINA BERMUDEZ LOZANO

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurado por CARMENZA BADILLO CHAPARRO en contra de Nación - Rama Judicial-Consejo Superior De La Judicatura-Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

La Judicatura-Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora CARMENZA BADILLO CHAPARRO presenta demanda contra Nación - Rama Judicial - Consejo SuperiorNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2015-01284-00 Sentencia de Primera Instancia

de la Judicatura - Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva , formulando las siguientes:

1.1 Pretensiones

“1. Se inaplique los Decretos 658 del 4 de marzo 2008; 723 del 6 de marzo de 2009; 1388 del 26 de abril de 2010; 1039 del 4 de abril de 2011, 0874 del 27 de abril de 2012, 1024 del 21 de marzo de 2013; 194 del 7 de febrero de 2014 en su Articulo 8, 1105 de 201 5 articulo 4, 1157 de la asignación básica, por ser inconstitucionales e ilegales, dado que en ellos se reitera los yerros de las normas que en tal sentido les precedieron y que a la fecha se encuentran declaradas nulas en virtud de la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por la Sala de Conjueces del H. Consejo de Estado.

2. Se declare que en el caso de marras ha operado el silencio administrativo negativo respecto del recurso de apelación interpuesto el 8 de julio de 2015 contra la Resolución No. 3717de junio 19 de 2015 en los términos del Artículo 86 del CPACA.

negativo respecto del recurso de apelación interpuesto el 8 de julio de 2015 contra la Resolución No. 3717de junio 19 de 2015 en los términos del Artículo 86 del CPACA.

3.Se declaren NULOS tanto el acto ficto o presunto resultante de la no atención al recurso de apelación el cual conlleva tácitamente la negativa de la prosperidad del mentado recurso, com o la Resolución No. 3717 de junio 19 de 2015 “por medio de la cual se resuelve un Derecho de Petición” proferida por el señor Director Ejecutivo Seccional de Administración judicial de Bucaramanga.

4. Como consecuencia de lo anterior y a título de restabl ecimiento del derecho, se ordene a la demandada o a quien corresponda, proceda a la reliquidación de los salarios y pago efectivo de la Prima Especial de Servicios prevista en el Articulo 14 de Ley 4 de 1992 en favor de mi mandante, como adicional a la Remuneración Mensual ordenada por el Gobierno Nacional, en el equivalente al 30% conforme lo establece la Sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda – Sala de Conjueces del 29 de Abril de 2014, desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992, esto es el 18 de mayo de 1992, hasta la fecha y a futuro.

5. Se disponga la reliquidación y pago de todas las prestaciones sociales de la doctora CARMENZA BADILLO CHAPARRO, de conformidad con los lineamientos proporcionados por el H. Consejo de Estado en la sentencia del 29 de Abril de 2014, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992,

doctora CARMENZA BADILLO CHAPARRO, de conformidad con los lineamientos proporcionados por el H. Consejo de Estado en la sentencia del 29 de Abril de 2014, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992, esto es el 18 de mayo de 1992, fecha en la que ya ostentaba la calidad de funcionaria judicial como Juez Quinta Penal del Circuito Judicial de Barrancabermeja hasta la fecha a saber : Prima de Servicios; Cesantías; Vacaciones; Prima de Vacaciones; Prima de Navidad; Bonificación por Actividad Judicial y demás emolumentos cancelados de forma incompleta, incluyendo en la misma, la Remuneración Mensual prevista en los Decretos por medio de los cuales el Gobierno Nacional establece el salario de los funcionarios de la Rama Judicial, pero adicionando el 30% que corresponde a la Prima Especial de Servicios para efectos de contabilizar el IBL.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2015-01284-00 Sentencia de Primera Instancia

6. Se ordene incluir dentro de la reliquidación de las prestaciones sociales enumeradas en el numeral anterior, el 30% de la Prima Especial de Servicios adicional al ingreso Mensual decretado por el Gobierno, desde su vinculación como Funcionaria Judicial a l a Rama Judicial a la Rama Judicial, bajo el entendido que conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Segunda Subsección B, dentro del proceso radicado con el No. 25000 -23-25-000-2005 – 01134 – 01 (0419-07), con ponencia de la doctora BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ,

dentro del proceso radicado con el No. 25000 -23-25-000-2005 – 01134 – 01 (0419-07), con ponencia de la doctora BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ, tiene carácter salarial, precedente ratificado por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado , Conjuez ponente PEDRO SIMON VASGAS SAENZ, Sentencia del 7 de mayo de 2012. Radicado No. 410012331000200300551-01.

7. Igualmente como consecuencia de la nulidad deprecada, se condene a la entidad demandada a pagar a la demandante el valor de los intereses en la forma y términos contemplados en el Articulo 195 del CPACA-Ley 1437 de 2011.

8. Las sumas del saldo insoluto dejado de pagar a la Doctora CARMENZA BADILLLO CHAPARRO, tanto por salario como prestaciones sociales por los errores puestos de presente con la demanda, deberán ser actualizados conforme al índice de Precios al Consumidor IPC, año por año desde cuando debió surtirse el pago efectivo de la obligación y hasta el pago efectivo de las mismas según lo previsto por el Articulo 187 del CPACA Ley1437 de 2011.

9. Que a la providencia que de merito favorable a las pretensiones de esta demanda, la entidad publica demandada le de cumplimiento acatando lo dispuesto por los Artículos 192 y siguientes del CPACALey 1437 de 2011.

1.2 Hechos

La señora Carmenza Badillo Chaparro desempeñó diversos cargos dentro de la Rama Judicial desde el año 1982, ejerciendo funciones como juez penal municipal y del circuito en municipios como Barrancabermeja, Bucaramanga y Floridablanca,

La señora Carmenza Badillo Chaparro desempeñó diversos cargos dentro de la Rama Judicial desde el año 1982, ejerciendo funciones como juez penal municipal y del circuito en municipios como Barrancabermeja, Bucaramanga y Floridablanca, hasta el momento de presentación de la demanda. Alega la actora que, en virtud del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, tenía derecho a devengar, además de la asignación mensual, una prima especial de servicios equivalente al 30% del salario básico , la cual debía tenerse como factor salarial para efectos de la liquidación de prestaciones sociales. Señala que dicha prima nunca le ha sido reconocida ni cancelada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, lo que ha generado un detrimento en sus derechos laborales, particularmente por la reducción del salar io base sobre el cual se liquidan prestaciones como cesantías, pensiones y bonificaciones. Expone que los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional desde 1993 fraccionaron indebidamente la remuneración mensual, descomponiéndola entre salario básico y prima especial, sin que esta última se reconociera como unNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2015-01284-00 Sentencia de Primera Instancia

valor adicional, sino como parte incluida del salario total, lo que redujo su base salarial efectiva. El 10 de junio de 2015, la demandante presentó solicitud de reconocimiento y pago retroactivo de la prima especial ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la cual fue resuelta de forma negativa, decisión notificada el 26 de junio del mismo año. En cumplimiento del requisito de procedibilidad, la actora acudió el 19 de noviembre

Judicial, la cual fue resuelta de forma negativa, decisión notificada el 26 de junio del mismo año. En cumplimiento del requisito de procedibilidad, la actora acudió el 19 de noviembre de 2015 a audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, la cual culminó sin acuerdo. Ante la negativa de la administración, la señora Badillo Chaparro promovió la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho , con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo por medio del cual se le negó el reconocimiento de la prima especial de servicios, así como el pago de las sumas dejadas de percibir y la reliquidación de las prestaciones sociales correspondientes. 1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Constitucionales: Artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 53, 93, 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9 de la Constitución Política.

Legales: Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14; el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996; Código Sustantivo del Trabajo, artículos 14 y 65; y los Decretos 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1105 y 1157 de 2015, entre otros.

La señora Carmenza Badillo Chaparro argumenta que el acto administrativo proferido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el

La señora Carmenza Badillo Chaparro argumenta que el acto administrativo proferido por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, vulneró directamente el ordenamiento jurídico y desconoció derechos laborales que le asistían en su condición de servidora judicial. Sostiene que, de acuerdo con la norma mencionada, tenía derecho a percibi r una prima equivalente al 30 % del salario básico mensual , la cual, si bien carece de carácter salarial para ciertos efectos, debía ser incluida como factor para la liquidación de sus prestaciones sociales. No obstante, dicha prima —según arguye— nunca le fue reconocida como un valor adicional ni incluida en las nóminas, lo que generó una reducción efectiva de su base salarial y un perjuicio económico. En respaldo de su posición, refiere la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, dentro del expediente No. 1100103-25-000-2007-00087-00, en la cual se declaró la nulidad de diversos decretos expedidos por el Gobierno Nacional por haber interpretado erradamente que la prima especial hacía parte del salario, c uando en realidad —asegura— debía tratarse de un ingreso autónomo y adicional.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2015-01284-00 Sentencia de Primera Instancia

Arguye que tal interpretación administrativa condujo a que el salario base reconocido fuera del 70 %, y el 30 % restante se tratara como una prima especial

Radicado: 680012333000-2015-01284-00

Sentencia de Primera Instancia

Arguye que tal interpretación administrativa condujo a que el salario base reconocido fuera del 70 %, y el 30 % restante se tratara como una prima especial sin efectos prestacio nales, lo que —en su criterio — afectó de forma negativa la liquidación de cesantías, pensión y demás emolumentos a los que tenía derecho. Sostiene que esta práctica administrativa contraviene el espíritu de la Ley 4ª de 1992, así como principios constituci onales y jurisprudenciales como la favorabilidad, progresividad y equidad , pues la prima especial fue concebida como un sobresueldo, no como un mecanismo para disminuir el ingreso real del funcionario judicial. En consecuencia, solicita se declare la nulidad del acto administrativo acusado y se ordene el correspondiente restablecimiento del derecho , incluyendo el reconocimiento y pago de las sumas dejadas de percibir y la reliquidación de sus prestaciones sociales conforme a derecho.

2. Contestación de la demanda

La parte demandada se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda argumentando que los salarios y prestaciones sociales pagados a la parte demandante habían sido cancelados conforme al régimen legal y prestacional vigente para los serv idores públicos. Asegura que los actos administrativos impugnados fueron expedidos respetando la normatividad aplicable al momento en que se solicitó el reconocimiento del carácter salarial de la prima especial, por lo tanto, dichos actos gozan de presunción de legalidad y deben considerarse válidos y ejecutables.

Argumentó que la facultad para fijar los estipendios salariales de los servidores

tanto, dichos actos gozan de presunción de legalidad y deben considerarse válidos y ejecutables.

Argumentó que la facultad para fijar los estipendios salariales de los servidores públicos correspondía exclusivamente al Gobierno Nacional, según lo dispuesto en la Constitución y la Ley 4 de 1992. Por tanto, la Rama Judicial no tenía competencia para modificar el régimen prestacional y salarial, estando limitada a aplicar las disposiciones emitidas por el Ejecutivo. Así, los actos administrativos demandados no podían ser declarados nulos, ya que se ajustaban plenamente a la legalidad vigente.

Además, invocó la figura de la prescripción trienal, afirmando que las pretensiones del demandante estaban parcialmente prescritas. Explicó que los derechos reclamados, incluida la solicitud de reliquidación de salarios y el reconocimiento de la prima especial, solo podían abarcar un período de tres años anteriores a la presentación formal de su solicitud, de acuerdo con la normativa vigente. En consecuencia, solicitó que se declarara la prescripción parcial de las pretensiones.

Finalmente, indicó que no es viable acceder a las pretensiones de la accionante conforme han sido formuladas en la demanda, sino que, en caso de que sean reconocidas, deberá decretarse de oficio la prescripción trienal de las mesadas que se hubieran causado tres años antes de la solicitud elevada por la parte accionante ante la Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2015-01284-00 Sentencia de Primera Instancia

3. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante

Radicado: 680012333000-2015-01284-00

Sentencia de Primera Instancia

3. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante El apoderado judicial de la parte demandante, sostuvo que su mandante, la señora Carmenza Badillo Chaparro, se había desempeñado de manera continua como jueza de la República desde el 26 de octubre de 1982, circunstancia debidamente acreditada en el expediente. Expuso que, conforme a los certificados expedidos po r las oficinas de Recursos Humanos y Pagaduría de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se había constatado que el 30 % de la asignación básica que legalmente le correspondía como jueza fue erróneamente calificado por la entidad como “prima es pecial de servicios”, despojando a dicha porción de su naturaleza salarial y de sus efectos prestacionales. Afirmó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, a los jueces de la República les asiste el derecho a percibir dicha prima como un valor adicional al salario básico, y no como un componente sustitutivo del mismo. En tal sentido, argumentó que las prestaciones sociales debieron liquidarse con base en el 100 % de la asignación mensual, y no sobre el 70 %, como históricamen te lo había hecho la entidad demandada. Invocó como respaldo jurisprudencial la sentencia del 29 de abril de 2014, dictada

por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado dentro del expediente No. 1100103-25-000-2007-00087-00, en la que se declaró la nulid ad de los decretos reglamentarios expedidos entre 1993 y 2007, al establecerse que la prima especial debía considerarse como un componente retributivo de carácter adicional y no sustitutivo del salario. De igual forma, se refirió a la Sentencia de Unificac ión SUJ -016-CE-S2-2019, proferida el 2 de septiembre de 2019 por la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se reiteró el derecho de los funcionarios beneficiarios de la prima especial a la reliquidación de las presta ciones sociales sobre el 100 % del salario básico, con inclusión del 30 % que había sido indebidamente excluido. Asimismo, citó el auto aclaratorio del 7 de octubre de 2019, mediante el cual la misma corporación precisó que ya no existe tope porcentual alg uno aplicable a los ingresos anuales de los jueces de la República, en razón a que el Decreto 1251 de 2009 no se encuentra vigente, y que el único límite aplicable es el que determine anualmente el Gobierno Nacional en los respectivos decretos salariales. Con fundamento en los anteriores argumentos fácticos y jurídicos, el apoderado solicitó al Tribunal acceder en su integridad a las pretensiones de la demanda, enNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2015-01284-00 Sentencia de Primera Instancia

aras de garantizar los derechos laborales de su representada y de hacer efectivo el precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado.

Radicado: 680012333000-2015-01284-00

Sentencia de Primera Instancia

aras de garantizar los derechos laborales de su representada y de hacer efectivo el precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado.

3.2 Parte demandada

La apoderada judicial de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostuvo que la señora Carmenza Badillo Chaparro ya había promovido con anterioridad otr o proceso judicial con similares pretensiones respecto a la prima especial de servicios, identificado bajo radicado No. 680012331000-2007-00056-01, el cual fue decidido mediante sentencia de segunda instancia del 9 de marzo de 2015, por lo que solicitó apl icar el principio de prejudicialidad o, en su defecto, la acumulación procesal para evitar decisiones contradictorias.

Afirmó que la actora se retiró del servicio el 31 de diciembre de 2019, y que en su momento le fueron liquidadas y pagadas sus prestaciones sociales sin objeción alguna, lo que —a juicio de la defensa— evidenciaba conformidad con lo recibido.

Sostuvo además que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial actuó dentro de los límites de sus competencias, conforme a los decret os salariales expedidos por el Gobierno Nacional, única autoridad competente para fijar el régimen salarial de los empleados públicos. En ese sentido, indicó que la entidad que representa es simplemente ordenadora del gasto, y que no puede reconocer conceptos salariales no previstos en la ley, sin incurrir en responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal.

Adujo que la pretensión de inaplicabilidad de los decretos salariales era

simplemente ordenadora del gasto, y que no puede reconocer conceptos salariales no previstos en la ley, sin incurrir en responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal.

Adujo que la pretensión de inaplicabilidad de los decretos salariales era improcedente, pues tales normas se encontraban vigentes y no habían sido demandadas dentro del término legal. En su criterio, la parte actora pretendía el restablecimiento automático de un derecho sin atacar los actos administrativos generales que establecieron el régimen salarial, configurándose así la caducidad de la acción, conforme al artículo 138 del CPACA.

Invocó la prescripción trienal de los derechos prestacionales alegados, conforme a los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, y reiteró que solo podían reconocerse tres años anteriores a la presentación de la solicitud adminis trativa (10 de junio de 2015), por lo que lo reclamado antes del 10 de junio de 2012 se encontraba prescrito.

Finalmente, alegó la inexistencia del demandado, argumentando que el verdadero competente para resolver sobre el reconocimiento y modificación de l régimen salarial es el Gobierno Nacional, conforme a la Ley 4ª de 1992, y que por tanto la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no podía ser llamada a juicio por hechos que no se encontraban bajo su competencia normativa.

Con base en todo lo anterior, solicitó al despacho declarar probadas las excepciones propuestas y denegar las pretensiones de la demandaNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2015-01284-00 Sentencia de Primera Instancia

3.3 Ministerio Publico

propuestas y denegar las pretensiones de la demandaNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2015-01284-00 Sentencia de Primera Instancia

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

4. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

4.1. Fijación del litigio

La fijación del litigio en la audiencia inicial celebrada el 19 de julio de 20 24 fue establecida en los siguientes términos:

PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en: i) Resolución No 3717 de fecha 19 de junio de 2015, que negó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, establecida en el artículo 14 de la ley 4° de 1992 y recon ocida en sentencia del consejo de estado de 29 de abril de 2014 hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago del porcentaje descontado como prima especial de

artículo 14 de la ley 4° de 1992 y recon ocida en sentencia del consejo de estado de 29 de abril de 2014 hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago del porcentaje descontado como prima especial de servicio y los que se sigan causando, en calidad de Juez; ii) así como el Acto Ficto o presunto resultante de la no atención del recurso de apelación interpuesto el 08 de julio de 2015 contra la Resolución No 3717 de fecha 19 de junio de 2015? Para tal fin, será necesario establecer si ¿Se configuran las causales de nulidad propuestas en la demanda?; y, si ¿hay lugar a ordenar el consecuente restablecimiento del derecho reclamado por la parte accionante?

P.J.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a reconocer y pagar a favor de la demandante CARMENZA BADILL O CHAPARRO la prima de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ta de 1992, como un valor agregado del 30 % sobre el salario básico y/o asignación mensual en los periodos en que el demandante se ha desempeñado como Juez y en adelante hasta la fecha en que se sigan causando.?

PJ.3¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, intereses a lasNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2015-01284-00 Sentencia de Primera Instancia

cesantías, bonif icaciones, licencias y demás emolumentos), teniendo en cuenta el 30% correspondiente a la prima especial de servicios desde el

Radicado: 680012333000-2015-01284-00

Sentencia de Primera Instancia

cesantías, bonif icaciones, licencias y demás emolumentos), teniendo en cuenta el 30% correspondiente a la prima especial de servicios desde el veintiséis (26) de octubre de 1982 en los periodos en que el demandante se ha desempeñado como Juez y en adelante hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.4 ¿Hay lugar a aplicar el término de prescripción trienal frente a las mesadas causadas tres años antes de la solicitud elevada ante la entidad demandada?

Fijación del litigio frente a la cual las partes manifestaron su conformidad, indicando no tener observación u objeción alguna respecto de los términos en que fue delimitado.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala advierte que resulta necesario examinar, de manera oficiosa, si en el presente asunto se configura la cosa juzgada respecto de alguna de las pretensiones formuladas por la demandante CARMENZA BADILLO CHAPARRO , a la luz del proceso judicial radicado bajo el 680012331000-200700056-01, en el cual se profirió sentencia ejecutoriada que resolvió sobre el reconocimiento y pago de la prima especial del 30 %, existiendo, presuntamente, identidad de partes, objeto y causa petendi.

4.2 . Marco normativo y jurisprudencial

4.2.1 Prima especial de servicios

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

“ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

...e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso N acional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2015-01284-00 Sentencia de Primera Instancia

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicia l y Contencioso

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicia l y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Regis trador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. (Sub rayas fuera de texto original)

Se vislumbra la fijación de ciertos parámetros en el contexto de los cuales el Gobierno Nacional, en ejercicio de la f acultad establecida por el numeral 11 del artículo 189 constitucional, debe desarrollar la prima up supra aludida, la pena de incurrir en una omisión violatoria de la constitucionalidad y la legalidad.

En cumplimiento del enunciado deber se expidieron por el Gobierno Nacional los respectivos decretos anuales, mediante los cuales se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio

En cumplimiento del enunciado deber se expidieron por el Gobierno Nacional los respectivos decretos anuales, mediante los cuales se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictaron otras disposiciones

La mentada normativa regulatoria, como bien es manifestado, fue objeto de la acción de Nulidad Simple de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00, en la cual la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de fecha 29 de abril de 2014, señaló:

“En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió los decretos demandado