TA SAN - Sentencia 680012333000-2015-01313-00 (30-10-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander

Bucaramanga, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia de primera instancia

Radicado 680012333000-2015-01313-00

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3006800123 Medio de control Reparación directa Demandante Marco Antonio Velásquez proximoalcalde@gmail.com yey933@gmail.com Demandado Nación – Rama Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co Nación – Congreso de la República judiciales@senado.gov.co notificacionesjudiciales@camara.gov.co Ministerio público Jhon Carlos García Perea jcgarcia@procuraduria.gov.co Sentencia n.º 155 Asunto Sentencia de primera instancia. Deniega pretensiones. Tema Reconocimiento incentivo económico previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 derogado por la Ley 1425 de 2010. Perdida de oportunidad en su pago por defectuoso funcionamiento de la administración judicial en el trámite de la acción popular.

Magistrada ponente: Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala dicta sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

1. AntecedentesReparación Directa Sentencia de primera instancia

Magistrada ponente: Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala dicta sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

1. AntecedentesReparación Directa Sentencia de primera instancia

Demandante: Marco Antonio Velásquez

Demandado: Nación – Rama Judicial y Otro

Radicado No. 680012333000-2015-01313-00

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1.1. Posición de la parte demandante1

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“Condenar a la «RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y CONGRESO DE COLOMBIA, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVOS DE SANTANDER a título de perjuicios morales, el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoría de la providencia que apruebe la conciliación prejudicial. o lo máximo aceptado por la jurisprudencia a

pagar a MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ,

Por concepto de perjuicios materiales: condonar a la «RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, CONGRESO DE COLOMBIA, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER por perjuicios material es por la pérdida de oportunidad de MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ de haber obtenido el incentivo económico ordenado en el Articulo 39 Y 40 de la Ley 472 de 1998 por no

pérdida de oportunidad de MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ de haber obtenido el incentivo económico ordenado en el Articulo 39 Y 40 de la Ley 472 de 1998 por no tramitar y fallar Acción Popular dentro de Los términos perentorios e improrrogables establecidos en la Ley 472 de 1998 y que trajo como consecuencia el lucro cesante debido o consolidado y futuro el equivalente al 15 % de lo que correspondió como daño fiscal, esto es que lo probado fueron $ 3.556.578.700 millones de lo cual el 15 % es la suma de $ 533.486.805 millones indexados a la fecha en que se pide la conciliación esto es año 2015, que son los cuales se deben ordenar pagar a MARCO

ANTONIO VELÁSQUEZ.

Que se ordene el pago de costas procesales o agencia de derecho por valor de 4 salarios mínimos las cuales son los costos o gastos relacionados con la defensa judicial de la parte demandante en este litigio. Estos costos o gastos, comúnmente conocidos como costas judiciales, deben ser asumidos por la parte que pierde el litigio o la querella.”

Las pretensiones se fundamentaron en los siguientes hechos:

En el año 2008 presentó demanda de acción popular de conocimiento del Juzgado Único Administrativo de San Gil, en el que se profirió sentencia de primera instancia el 31 de mayo de 2013. En segunda instancia, la sentencia se dictó el 29 de enero de 2015, es decir, casi siete años después de la radicación.

Lo anterior, desconoció el trámite preferente señalado en el artículo 6º de la Ley 472 de 1998, por cuanto la acción constitucional deb ió fallarse a más tardar el 14 de

Lo anterior, desconoció el trámite preferente señalado en el artículo 6º de la Ley 472 de 1998, por cuanto la acción constitucional deb ió fallarse a más tardar el 14 de noviembre de 2008.

Esta circunstancia le generó una afectación, dado que, durante el trámite de la acción popular, el Congreso de la República expidió la Ley 1425 de 2010 que derogó el incentivo contenido en el artículo 40 de la Ley 472 de 1998, que derivó en la

1 Expediente digital de OneDrive, 003Demanda.pdfReparación Directa Sentencia de primera instancia

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pérdida de oportunidad de obtenerlo, puesto que, de haberse fallado en término, se habría ordenado su reconocimiento.

Finalmente, estructuró el título de imputación como un daño especial derivado del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Señaló que el juez transformó el trámite preferente de la acción popular en uno de naturaleza ordinaria, con lo cual vulneró los términos procesales y desatendió el carácter constitucional de este mecanismo, que debe ser breve, ágil y prioritario para garantizar la protección efectiva de los derechos e intereses colectivos.

1.2. Posición de la parte demandada

1.2.1. Nación – Rama Judicial2

Afirmó que la actuación judicial en la acción popular se realizó correctamente y no generó daño antijurídico comprobable, en tanto no existen pruebas que demuestren

1.2.1. Nación – Rama Judicial2

Afirmó que la actuación judicial en la acción popular se realizó correctamente y no generó daño antijurídico comprobable, en tanto no existen pruebas que demuestren una falla del servicio. Destacó además que el tema surge de un litigio previamente resuelto de forma desfavorable en sentencia de unificación jurisprudencial.

Señaló que las decisiones judiciales criticadas por la parte demandante se emitieron conforme con la Ley, con aplicación de las normas procesales y sustanciales vigentes, tanto en primera como en segunda instancia, que conllevaron a la resolución de la litis con la declaración de derechos a favor y desfavor de las partes intervinientes, sin que ello implique un daño antijurídico.

Resaltó que, desde a ños anteriores, el demandante había promovido de manera reiterada y sistemática acciones populares con el propósito de obtener reconocimientos económicos de carácter personal , lo cual fue corregid o por el legislador mediante la expedición de la Ley 1425 de 2010, cuyo objetivo consistió en proteger el patrimonio público de los entes territoriales, afectado por el uso indiscriminado de este tipo de acciones.

Finalmente, refirió que el daño alegado no es un daño cierto, y que conforme la sentencia de unificación del H. Consejo de Estado, el incentivo no se trataba de un derecho adquirido sino una mera expectativa, a la que se le debe aplicar lo señalado por el artículo 17 de la Ley 153 de 1887, según el cual “las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene.”

2 Expediente digital de OneDrive, 035ContestacionDemandaAnexos.pdfReparación Directa

por el artículo 17 de la Ley 153 de 1887, según el cual “las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene.”

2 Expediente digital de OneDrive, 035ContestacionDemandaAnexos.pdfReparación Directa Sentencia de primera instancia

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1.2.2. Nación – Congreso de la República3

Se opuso a las pretensiones con fundamento en que, si la parte demandante advirtió daño alguno con la expedición de la Ley 1425 de 2010, debió demandarla a través de la acción pública de inconstitucionalidad.

Explicó que el Congreso de la República no generó ningún daño antijurídico por el solo hecho de expedir la norma que derogó el reconocimiento del incentivo a favor de los actores populares, incluso cuando la demanda se presentó en el año 2008, por cuanto la Ley 1425 de 2010 produjo efecto inmediato sobre las meras expectativas de alcanzar el incentivo económico.

1.3. Trámite procesal

La demanda se presentó el día 29 de mayo de 2015 . Inicialmente, la conoció el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión Mixto de San Gil; juez que se declaró impedido para conocer el proceso. A su turno, el Juez Administrativo 751 de Descongestión de San Gil, manifestó impedimento. No obstante, mediante auto del 31 de julio de 2015 declaró la falta de competencia para conocer del proceso y ordenó la remisión al Tribunal4.

de Descongestión de San Gil, manifestó impedimento. No obstante, mediante auto del 31 de julio de 2015 declaró la falta de competencia para conocer del proceso y ordenó la remisión al Tribunal4.

En el curso del estudio de admisión en esta Corporación, se formuló recusación, la cual no se aceptó en auto del 15 de diciembre de 2015 5. Luego, mediante auto del 12 de abril de 2016 6 se dejó sin efectos esta decisión y se manifestó impedimento conjunto por parte de todos los magistrados , resuelto por el H. Consejo de Estado en decisión del 27 de julio de 20167, que declaró infundado el impedimento.

En consecuencia, en auto del 12 de febrero de 2018 el Despacho 01 de esta Corporación, admitió la demanda y corrió traslado a las entidades demandadas, Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado8.

Con ocasión de la redistribución de procesos realizada conforme a los Acuerdos No. CSJSAA21-17 de 10 de febrero de 2021 y No. PCSJA20 -11686 de fecha 10 de diciembre de 2020, mediante auto del 15 de septiembre de 2021 9 el Despacho 07

3 Expediente digital de OneDrive, 039ContestacionDemandaExcepcionPrevia.pdf 4 Expediente digital de OneDrive, archivo digital 016, C01Principal 5 Expediente digital de OneDrive, archivo digital 019, C01Principal 6 Expediente digital de OneDrive, archivo digital 020, C01Principal 7 Expediente digital de OneDrive, archivo digital 024, C01Principal 8 Expediente digital de OneDrive, archivo digital 032, C01Principal 9 Expediente digital de OneDrive, archivo digital 043, C01PrincipalReparación Directa Sentencia de primera instancia

7 Expediente digital de OneDrive, archivo digital 024, C01Principal 8 Expediente digital de OneDrive, archivo digital 032, C01Principal 9 Expediente digital de OneDrive, archivo digital 043, C01PrincipalReparación Directa Sentencia de primera instancia

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avocó conocimiento del proceso y decidió las excepciones propuestas por la parte demandada.

En auto del 29 de marzo de 2022 10 , el despacho de la magistrada ponente prescindió de la audiencia inicial, fijó el litigio, decretó pruebas y ordenó el cierre de la etapa probatoria una vez se remitiera la prueba documental pendiente de recaudo. Cumplido lo anterior, se corrió traslado a las partes y al Agente del Ministerio Público, para la presentación de alegatos de conclusión y concepto de fondo, respectivamente.

El proyecto de sentencia inicialmente se convocó inicialmente en sala judicial ordinaria a través de la plataforma Microsoft Teams , en la cual, el H. Magistrado: Iván Fernando Prada Macías, solicitó “Por favor verificar si actué en la acción popular, toda vez que entre el 27 de abril al 4 de agosto de 2009 me desempeñé como Juez Único Administrativo de San Gil”.

Ante la manifestación, la ponencia se retiró y en auto del 26 de junio de 2025 11, se ordenó requerir a las partes para que informaran si contaban con copia de las piezas procesales correspondientes a los folios 115 a 132 de la acción popular radicado

ordenó requerir a las partes para que informaran si contaban con copia de las piezas procesales correspondientes a los folios 115 a 132 de la acción popular radicado 686793331001-2008-00156-00 y presuntamente expedidas entre el 27 de abril al 4 de agosto de 2009, para llevar a cabo diligencia de reconstrucción de expediente.

El 8 de julio de 202512, el despacho ponente realizó diligencia de reconstrucción, en la cual las partes manifestaron no tener copia de las piezas procesales requeridas. Por lo tanto, ordenó dar aplicación al numeral 5º del artículo 126 de la Ley 1564 de 201213, al contar con prueba 14 de la que se deduce que los documentos faltantes corresponden a: i) la manifestación de impedimento del doctor Álvaro Sánchez Caro, en su condición de Juez Único Administrativo de San Gil ; ii) la remisión del expediente a esta Corporación y; iii) la decisión que proferida sobre el impedimento.

Finalmente, en esa fecha, en aplicación de las reglas del debido proceso y derecho de defensa y contradicción, se ordenó un nuevo traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.

10 Expediente digital de OneDrive, archivo digital 059, C01Principal 11 Expediente digital de OneDrive, archivo 113, C01Principal 12 Expediente digital de OneDrive, archivo 118, C01Principal 13 “Artículo 126. Trámite para la reconstrucción. En caso de pérdida total o parcial de un expediente se procederá así: (…) 5. Reconstruido totalmente el expediente, o de manera parcial que no impida la continuación del proceso, este se adelantará, incluso, con prescindencia de lo perdido o destruido.”

así: (…) 5. Reconstruido totalmente el expediente, o de manera parcial que no impida la continuación del proceso, este se adelantará, incluso, con prescindencia de lo perdido o destruido.” 14 Sentencia de primera instancia acción popular que contiene el trámite procesal de las actuaciones surtidas en la fecha objeto del trámite de reconstrucción.Reparación Directa Sentencia de primera instancia

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1.4. Alegatos de conclusión

1.4.1. Parte demandante15

Señaló que el daño reclamado proviene de una falla del servicio por mora judicial, al haberse proferido la sentencia fuera de los términos previstos en la Ley 472 de 1998, lo cual vulneró el derecho fundamental a una pronta y cumplida justicia.

Indicó que la Ley 1425 de 2010 no podía aplicarse retroactivamente a procesos iniciados antes de su vigencia, por tratarse de una norma sustantiva y no procedimental.

Manifestó que la decisión de primera instancia en la acción popular incurrió en error judicial al desconocer el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 y los principios de legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima e irretroactividad de la ley.

Agregó que en la decisión de segunda instancia se desconoció el precedente de la Corte Constitucional contenido en las sentencias SU-881 de 2005 y C-539 de 2011, que prohíben la aplicación retroactiva de la ley.

Finalmente, afirmó que, al negarse el incentivo en el caso concreto, cuando fue en

Corte Constitucional contenido en las sentencias SU-881 de 2005 y C-539 de 2011, que prohíben la aplicación retroactiva de la ley.

Finalmente, afirmó que, al negarse el incentivo en el caso concreto, cuando fue en otros procesos similares, vulneró e l derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, por lo que solicitó declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la falla en la administración de justicia , y como consecuencia, se reconozca el incentivo.

1.4.2. Nación – Rama Judicial16

Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en general, porque las decisiones judiciales acusadas se emitieron en aplicación de las normas procesales y sustanciales que exigía el caso tanto en primera como en segunda instancia, lo que llevó a una correcta resolución de la litis y, a la decisión del carácter adversarial del incentivo con la expedición de la Ley 1425 de 2010, sin que ello implicara un daño antijurídico.

1.4.3. Nación – Congreso de la República17

15 Expediente digital de OneDrive, 121AlegatosConclusionDemandante.pdf 16 Expediente digital de OneDrive, 125AlegatosConclusionDireccionEjecutiva.pdf 17 Expediente digital de OneDrive, 127AlegatosConclusionCongresoRepublica.pdfReparación Directa Sentencia de primera instancia

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Señaló que , en el caso concreto se probó que el perjuicio reclamado con la demanda no fue ocasionado por el Congreso de la República sino por la Rama

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Señaló que , en el caso concreto se probó que el perjuicio reclamado con la demanda no fue ocasionado por el Congreso de la República sino por la Rama Judicial, ante la mora en que incurrieron lo operadores judiciales que conocieron el trámite de la acción popular antes de expedirse la Ley 1425 de 2010.

Por lo tanto, concluye que , no existe nexo causal entre el daño ocasionado al demandante y la actuación del Congreso, puesto que la conducta determinante para la generación del daño fue la desplegada por la administración de justicia y no por el legislador.

Finalmente, reiteró que la expedición de la Ley 1425 de 2010 es el resultado del ejercicio legítimo del poder legislativo, por lo que el daño que reclama el actor respecto del Congreso no puede considerarse como antijurídico por el solo hecho de expedir la Ley.

2. Consideraciones

2.1. Impedimento

Registrado el proyecto para revisión de la Sala, a través de la plataforma Teams, el Magistrado Iván Fernando Prada Macias manifestó que se encuentra impedido para conocer del proceso como miembro de la Sala, con fundamento en la causal prevista en el artículo 130, numeral 1º de la Ley 1437 de 2011.

Señaló que, entre el 27 de abril y el 4 de agosto de 2009, se desempeñó en el cargo de Juez Único Administrativo de San Gil, en el que se tramitó el expediente radicado bajo el número 2008-00156, con lo cual se prueba su participación en la ejecución del hecho objeto de controversia.

En efecto, el artículo citado por el Magistrado consagra la causal de impedimento

bajo el número 2008-00156, con lo cual se prueba su participación en la ejecución del hecho objeto de controversia.

En efecto, el artículo citado por el Magistrado consagra la causal de impedimento en los siguientes términos:

“Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:

1. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, hubieren participado en la expedición del acto enjuiciado, en la formación o celebración del contrato o en la ejecución del hecho u operación administrativa materia de la controversia.Reparación Directa Sentencia de primera instancia

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(…).”

En el caso concreto, la Sala concluye que se configura la causal de impedimento invocada por el Magistrado, toda vez que, en su condición de Juez Administrativo, tuvo a su cargo el trámite de la acción popular radicada bajo el número 2008-0015600, proceso en el que se cuestiona una presunta mora judicial que habría ocasionado la pérdida de oportunidad en el reconocimiento del incentivo económico. Esta circunstancia resulta suficiente para acreditar su participación en los hechos que dieron origen a la acción de reparación directa objeto del presente litigio.

En consecuencia, se declar ará fundado el impedimento por él manifestado y se

Esta circunstancia resulta suficiente para acreditar su participación en los hechos que dieron origen a la acción de reparación directa objeto del presente litigio.

En consecuencia, se declar ará fundado el impedimento por él manifestado y se procederá a separarlo del conocimiento del presente asunto como miembro de la Sala de decisión.

2.2. Problema jurídico y tesis

Conforme a la fijación del litigio contenida en el auto de 29 de noviembre de 2022, la Sala debe resolver el siguiente problema jurídico principal: PJ.1 ¿Se configuran los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado atribuible a las entidades demandadas, o a alguna de ellas, por el daño patrimonial que el actor afirma haber sufrido, derivado de dos hechos distintos y autónomos, a saber: a) La derogatoria del incentivo económico previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, a favor de los actores populares, que fue eliminado del ordenamiento jurídico por la Ley 1425 de 2010; y b) La presunta mora judicial en la expedición de la sentencia dentro de la acción popular radicada bajo el n.° 680012331000-2008-00156-00, la cual, s egún el demandante, habría impedido el reconocimiento del mencionado incentivo? En caso de encontrarse acreditada la responsabilidad, deberá establecerse: PJ:2 ¿Procede condenar a las entidades demandadas al pago de los perjuicios reclamados, consistentes en: (i) daño moral por el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes o el máximo aceptado por la jurisprudencia, y (ii) perjuicios mate riales por pérdida de oportunidad, equivalentes al quince por

mínimos mensuales legales vigentes o el máximo aceptado por la jurisprudencia, y (ii) perjuicios mate riales por pérdida de oportunidad, equivalentes al quince por ciento (15 %) del monto reconocido como daño fiscal en la acción popular, esto es, $3.556.578.700, cuyo 15% corresponde a $533.486.805, debidamente indexados al año 2015?Reparación Directa Sentencia de primera instancia

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Tesis: No se estructur a la responsabilidad del Estado al no estar acreditado el primer elemento, esto es, el daño. En el caso concreto, la eliminación del reconocimiento del incentivo económico se produjo por cambio legislativo, esto es, por la entrada en vigor de la Ley 1425 de 2010, que derogó los artículos 39 y 40 de la Ley 478 de 1998, cuando estaba en trámite la acción constitucional. Además, al tratarse de una norma de procedimiento, su aplicación era inmediata.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el problema jurídico, la Sala estudiará los siguientes temas: i) el daño antijuridico; ii) la imputación; y iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.

2.3.1. El daño antijuridico

El artículo 90 de la Constitución Política consagra la cláusula general de responsabilidad del Estado, conforme con la cual este debe responder por los daños

crítico.

2.3.1. El daño antijuridico

El artículo 90 de la Constitución Política consagra la cláusula general de responsabilidad del Estado, conforme con la cual este debe responder por los daños antijurídicos que cause a los particulares como consecuencia de la acción u omisión de sus autoridades, siempre que tales hechos le sean imputables.

Esta disposición establece dos elementos esenciales: el daño antijurídico y la imputación. El primero se configura cuando una persona su fre un perjuicio que no estaba en el deber jurídico de soportar, proveniente de una actuación lícita o ilícita del Estado. El segundo hace referencia a la atribución fáctica y jurídica del daño a una entidad pública o a sus agentes, de acuerdo con el títul o de imputación que corresponda.

La jurisprudencia ha precisado que, para que el daño sea indemnizable, debe reunir las características de cierto, personal, lícito y persistente 18. Es decir, debe ser real y comprobable, afectar directamente al demandante, recaer sobre un bien jurídicamente protegido y no haber sido previamente reparado.

En síntesis, el daño antijurídico constituye el presupuesto indispensable para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, pues refleja la ruptura del

18 Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia del 12 de octubre de 2017 exp. 05001-23-31000-2001-02300-01(39354) C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E)Reparación Directa Sentencia de primera instancia

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equilibrio frente a las cargas públicas que las personas no están obligadas a soportar.

2.3.2. La imputación

Identificado el daño susceptible de reparación, corresponde analizar su imputación. Este estudio comprende dos dimensiones: la fáctica, referida a la relación de causalidad entre la acción u omisión estatal y el daño; y la jurídica, relativa a la atribución del perjuicio al Estado con fundamento en un deber legal o constitucional incumplido. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha consolidado diversos títulos de imputación, entre ellos la falla del servicio, el daño especial y el riesgo excepcional, sin que esta clasificación sea taxativa.

El principio de imputabilidad constituye un elemento esencial de la responsabilidad estatal. Conforme a él, la r eparación del daño antijurídico solo procede cuando existen pruebas suficientes que demuestran tanto la ocurrencia del hecho como su atribución jurídica al Estado. La imputación exige, por tanto, que el daño no solo sea cierto y antijurídico, sino también atribuible a una conducta estatal irregular o a la concreción de un riesgo cuya asunción corresponde al Estado.

Debe advertirse, no obstante, que la relación causal puede romperse cuando se demuestra la existencia de causas extrañas que excluyen la responsabilidad, tales como el hecho exclusivo y determinante de la víctima, el hecho de un tercero o la fuerza mayor. En tales hipótesis, la administración deberá ser absuelta por falta de

demuestra la existencia de causas extrañas que excluyen la responsabilidad, tales como el hecho exclusivo y determinante de la víctima, el hecho de un tercero o la fuerza mayor. En tales hipótesis, la administración deberá ser absuelta por falta de nexo causal entre su actuación y el daño alegado.

2.3.3. El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La cláusula general de responsabilidad del Estado, consagrada en el artículo 90 de la Constitución y desarrollada por la Ley 270 de 1996, vincula directamente la responsabilidad patrimonial con los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.

Su configuración se presenta cuando la función jurisdiccional se desarrolla de manera anormal, ya sea por falta, indebido o tardío funcionamiento. En este sentido, el juicio de responsabilidad exige verificar si las actuaciones u omisiones ocurridas en el curso del proceso judicial afectaron de manera directa el ejercicio de dichos derechos.Reparación Directa Sentencia de primera instancia

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La doctrina ha equiparado el defectuoso funcionamiento con la falla del servicio en el ámbito judicial, indicando que puede presentarse en tres hipótesis: cuando el servicio ha funcionado mal, no ha funcionado o ha funcionado de forma tardía. Este concepto parte del estándar del funcionamiento normal del servicio de justicia, de modo que cualquier desviación relevante constituye un funcionamiento anómalo que puede generar responsabilidad estatal.

El Consejo de Estado ha precisado que este régimen es, por regla general, de

concepto parte del estándar del funcionamiento normal del servicio de justicia, de modo que cualquier desviación relevante constituye un funcionamiento anómalo que puede generar responsabilidad estatal.

El Consejo de Estado ha precisado que este régimen es, por regla general, de naturaleza subjetiva19, por lo cual corresponde al demandante acreditar la existencia de una actuación irregular, una omisión o un incumplimiento funcional.

Ha señalado, además, que el defectuoso funcionamiento se configura frente a actuaciones distintas a las decisiones judiciales, que sean necesarias para adelantar un proceso o ejecutar una providencia. Puede provenir de funcionarios judiciales, auxiliares o particulares investidos de facultades jurisdiccionales y se materializa cuando la administración de justicia opera por fuera de los estándares de diligencia, afectando los derechos fundamentales de quienes acuden a ella.

3. Caso concreto

3.1. Hechos relevantes probados:

3.1.1. El 6 de mayo de 2008, el señor Marco Antonio Velásquez presentó demanda en ejercicio de la acción popular contra el Municipio de San Gil la cual fue repartida al Juzgado Único Administrativo de San Gil bajo el número de radicación 686793331001 -2008-00156-00 20. En el curso del proceso se destacan las siguientes actuaciones:

• La demanda fue admitida en auto del 14 de mayo de 2008 21, la cual, se notificó personalmente en la fecha y, mediante aviso, el 24 de junio de 200822. • El Municipio de San Gil contestó la demanda el 15 de julio de 200823. • El demandante interpuso apelación contra el auto que admitió la

se notificó personalmente en la fecha y, mediante aviso, el 24 de junio de 200822. • El Municipio de San Gil contestó la demanda el 15 de julio de 200823. • El demandante interpuso apelación contra el auto que admitió la demanda24. El recurso fue concedido en auto del 18 de julio de 200825.

19 Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 16 de julio de 2021, Exp. 49325, C.P. José Roberto Sáchica Méndez 20 Expediente digital de OneDri