TA SAN - Sentencia 680012333000-2016-00048-00 (20-06-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veinte (20) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2016-00048-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: Esperanza Otero Rodríguez

inesoteror@hotmail.com

DEMANDADO: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la

Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PUBLICO mbuendia@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima especial PROVIDENCIA: Sentencia de primera instancia

SALA No. 01

CONJUEZ PONENTE: HERLEY PAOLA ARDILA VANEGAS

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurado por ESPERANZA OTERO RODRÍGUEZ en contra de Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de administración Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

la Judicatura – Dirección Ejecutiva de administración Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Esperanza Otero Rodríguez presenta demanda contra Nación – Rama Judicial – Consejo Superior

1 SAMAI. Índice 70, expediente digital, archivo 002.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 680012333000-2016-00048-00 Sentencia de Primera Instancia

de la Judicatura – Sala Adminis trativa – Dirección Ejecutiva , formulando las siguientes:

1.1 Pretensiones

“PRIMERA: Que se declare NULO el Acto Administrativo contenido en la resolución 3463 del 25 de mayo de 2015 proferido por el Director Eje cutivo de Administración Judicial de Bucaraman ga con notificación personal el 1 de julio de 2015, por medio del cual le negó a la demandante el reconocimiento y pago de a) los valores que resulten de reliquidar la totalidad de sus prestaciones sociales desde el 1 de enero de 1993 hasta que le sea canc elada de manera completa cada una de sus prestaciones, aplicando el 30% de la prima especial de servicios como FACTOR SALARIAL, y b) Los valores que resulten de reliquidar todas Las prestaciones sociales y salarios aplicando el 30% que corresponde a la prima especial creada por el artículo 14 de la ley 4 de 1.992 como factor retributivo de carácter adicional para efectos del IBL, durante todo el tiempo desempeñado como Juez de la República a partir del 1 de enero de

corresponde a la prima especial creada por el artículo 14 de la ley 4 de 1.992 como factor retributivo de carácter adicional para efectos del IBL, durante todo el tiempo desempeñado como Juez de la República a partir del 1 de enero de 1.993 en las fechas que se relacionan en las certificaciones y liquidación.

SEGUNDA: Que ese declare NULO el acto administrativo presunto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bucaramanga, configurado en el silencio administrativo negativo por el hecho de no haber resuelto dentro del término de ley la apelación a la resolución 3463 del 25 de mayo de 2015.

TERCERA: Que se declare Nulo el oficio D.E.S.R.J 004323 del 27 de junio de 2014 por el cual resolvió no acceder a las pretensiones formuladas por la doctora

ESPERANZA OTERO RODRIGUEZ.

CUARTA: Que se declare Nula la resolución 4987 del 20 de agosto de 2015 notificada el 22 de octubre 2015 que confirma la decisión emitida en oficio

D.E.S.R.J004323.

QUINTA. Que ese declare NULO el acto administrativo presunto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cúcuta, configurado en el silencio administrativo negativo por el hecho de no haber resuelto dentro del término de ley las peticiones elevadas el 05 de junio de 2015.

SEXTA: Que a título de Restablecimiento del Derecho y como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos acusados se CONDENE a la NaciónConsejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

SEXTA: Que a título de Restablecimiento del Derecho y como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos acusados se CONDENE a la NaciónConsejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Direcciones Ejecutiva Seccionales de Administración Judicial de Bucaramanga y Cúcuta respectivamente se reconozca y pague a la demandante ESPERANZA

OTERO RODRIGUEZ:

A. Los valores que por concepto de prestaciones sociales como primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos que la demandada le adeuda entre el primero de enero de 1993 hasta la fecha y los años que se sigan causando durante el trámite del presente proceso y hasta que se produzca el pago real y efectivo de las sumas que resultan de aplicar el 30% de primaNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 680012333000-2016-00048-00

Sentencia de Primera Instancia

especial como factor legalmente constitutivo de salario para estos efectos de liquidar prestaciones sociales. Porcentaje que nunca fue reconocido como salario mediante los decretos de aumento anual de remuneración expedidos por el Gobierno Nacional para los servidores de la Rama Judicial. Por no existir la necesaria coincidencia axiológica que el decreto debe guardar con la ley que define los ámbitos generales que justifican precisamente la expedición del decreto se habrá de INAPLICAR o aplicar la excepción de inconstitucionalidad.

B. Los valores que resulten de reliquidar todas Las prestaciones sociales y salarios aplicando el 30% que corresponde a la prima especial creada por el artículo 14 de la ley 4 de 1.992 como factor retributivo de carácter adicional para

B. Los valores que resulten de reliquidar todas Las prestaciones sociales y salarios aplicando el 30% que corresponde a la prima especial creada por el artículo 14 de la ley 4 de 1.992 como factor retributivo de carácter adicional para efectos del IBL, durante todo el tiempo desempeñado como Juez de la República a partir del 1 de enero de 1.993 y hasta que se produzca el pago efectivo de dichos valores.

SEPTIMA. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en el artículo 189,192 del CPACA.

OCTAVAQue se paguen los intereses moratorios como lo ordena el inciso tercero del artículo 192 del CPACA.

NOVENA. Que se ordene la aplicación de los ajustes de valor (indexación) desde la fecha en que debieron ser ca ncelados hasta la fecha e que efectivamente sean cancelados en su totalidad.”

1.2 Hechos

La demandante Esperanza Otero Rodríguez , está vinculada a la Rama Judicial desde 1983, desempeñándose como Juez de la República.

El 26 de junio de 2014, 22 de mayo y 05 de junio de 2015 , presentó solicitud de reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la remuneración mensual. Igualmente solicitó reconocimiento y pago de la prima especial de servicios correspondiente al 30% adicional a su salario básico mensual, desde el 01 de enero de 1993. Peticiones que fueron negadas por la entidad demandada mediante los actos administrativos demandados.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por la demandante como normas violadas las siguientes:

de enero de 1993. Peticiones que fueron negadas por la entidad demandada mediante los actos administrativos demandados.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por la demandante como normas violadas las siguientes:

Constitucionales: Artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53 y 209 de la Constitución Política.

Legales: Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14.

Se argumenta que la prima especial del 30% no fue correctamente considerada como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. Esta incorrecta interpretación condujo a que, en lugar de ser sumada al salario, fueraNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 680012333000-2016-00048-00 Sentencia de Primera Instancia

descontada, reduciendo injustificadamente los ingresos totales de los empleados judiciales.

Además, se sostiene que hubo una violación del principio de progresividad y de protección del salario, al despojar de efectos salariales el 30% correspondiente a la prima especial, lo que contraviene el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales. Esto resultó en una disminución injustificada de los ingresos, afectando los derechos fundamentales de los empleados de la Rama Judicial.

Aduce que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, tiene derecho al reconocimiento de la prima especial como un componente adicional a su remuneración mensual, y no como lo ha interpretado la demandada, sustrayendo el 30% de su salario indebidamente para imputarlo a título de prima especial de servicios.

2. Contestación de la demanda2

a su remuneración mensual, y no como lo ha interpretado la demandada, sustrayendo el 30% de su salario indebidamente para imputarlo a título de prima especial de servicios.

2. Contestación de la demanda2

La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el reconocimiento y pago de la prima especial se realizó conforme a la normatividad vigente. La defensa sostuvo que dichos beneficios no tenían cará cter salarial, salvo para efectos específicos de cotización a seguridad social, según lo estipulado en los decretos salariales expedidos anualmente por el Gobierno Nacional. Además, alegó que no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional de los servidores judiciales.

Así mismo, resaltó que la actuación administrativa se llevó a cabo conforme a la normatividad vigente, destacando que cualquier modificación en el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos es competenc ia exclusiva del Gobierno Nacional. Enfatizó que el reconocimiento de derechos adicionales a los establecidos en los decretos salariales expedidos por el Ejecutivo implicaría una vulneración del principio de sostenibilidad fiscal y un desconocimiento del m arco presupuestal establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Finalmente sostuvo que en el presente caso se configuraba el fenómeno de prescripción, sin proponer ninguna excepción adicional.

3. Alegatos de conclusión

3.1 Parte demandante3

Sostiene que dentro del proceso se logró demostrar que de los pagos recibidos por la demandante durante toda su relación laboral a partir de 1993, la denominada prima especial del 30% se ha sustraído/disminuido y no adicionado a la remuneración mensual.

la demandante durante toda su relación laboral a partir de 1993, la denominada prima especial del 30% se ha sustraído/disminuido y no adicionado a la remuneración mensual.

2 SAMAI. Índice 70, expediente digital, archivo 031. 3 SAMAI. Índice 75.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 680012333000-2016-00048-00 Sentencia de Primera Instancia

Por lo anterior, considera que existe razón suficiente para la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados y en consecuencia a título de restablecimiento del derecho condenar a la demandada a la reliquidación de los salaros con el incre mento del 30%, lo que significa una retribución de carácter adicional. A su vez considera que hay lugar a la reliquidación de todas las prestaciones sociales, para efectos del IBL, con el verdadero sentido de la prima mensual especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

3.2 Parte demandada4

La parte demandada reitero lo dicho en la contestación de la demanda, señalando que no es el competente para fijar los temas salariales ya que el contenido legal y reglamentario descrito en los Decretos salariales fueron expedidos por el Gobierno Nacional siendo este el competente.

Expuso que en el presente caso ha operado la prescripción trienal en razón a que el derecho de petición fue presentado el día 22 de mayo de 2015, razón por la cual las sumas recla madas con anterioridad al 22 de mayo de 2012, se encuentran prescritas.

Propuso como excepciones la caducidad, inexistencia del demandado, ineptitud de

las sumas recla madas con anterioridad al 22 de mayo de 2012, se encuentran prescritas.

Propuso como excepciones la caducidad, inexistencia del demandado, ineptitud de la demanda, cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar, falta de legitimación en la causa por pasiva y la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios.

Finalmente solicita no se declare ninguna responsabilidad administrativa ni patrimonial, confirmando que su actuar carece de ileg alidad, que fue en derecho y que no puede predicarse la nulidad de su actuación ya que no se incurrió en vicio de nulidad o ilegalidad, dado que fue acorde al ordenamiento jurídico vigente.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

II. CUESTIÓN PREVIA

Advierte la Sala que no emitirá pronunciamiento alguno en relación con las excepciones de “caducidad” 5, “inexistencia del demandado”, “ineptitud de la demanda”, “cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, y “la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios” planteadas por la entidad demandada en los alegatos de conclusión, toda vez que como excepciones previas las mismas debieron ser formuladas con la contestación de la demanda para

4 SAMAI. Índice 76. 5 Frente a esta excepción adicionalmente, tampoco se encuentran acreditados los presupuestos para

previas las mismas debieron ser formuladas con la contestación de la demanda para

4 SAMAI. Índice 76. 5 Frente a esta excepción adicionalmente, tampoco se encuentran acreditados los presupuestos para declararla de oficio, toda vez que en el presente asunto los actos administrativos demandados niegan prestaciones periódicas -al encontrarse vigente la relación laboral -, actos respecto de los cuales no se predica la caducidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del CPACA.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 680012333000-2016-00048-00 Sentencia de Primera Instancia

dar a la parte demandante la oportunidad de ejercer e l derecho de defensa y contradicción sobre aquellas, sin embargo, se evidencia que dichos planteamientos solo son puestos de presente por la demandada en los alegatos de conclusión, sin ser ese el momento procesal procedente para ello.

III. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Fijación del litigio

De conformidad con los antecedentes expuestos, corresponde a esta Sala de

Decisión determinar si:

de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Fijación del litigio

De conformidad con los antecedentes expuestos, corresponde a esta Sala de

Decisión determinar si:

P.J.1: ¿Hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en: (i) la Resolución No. 3463 del 25 de mayo de 2015 suscrita por el Director Ejecutivo de Administración Judicial Seccional Santander, (ii) el acto ficto o presunto producto del silencio negativo al no resolver recurso de apelación interpuesto contra la resolución anterior, (iii) el Oficio No. DESRJ 004323 del 27 de junio de 2014 suscrito por el Director Ejecutivo de Administración Judicial Seccional Santander, (iv) la Resolución No. 4987 del 20 de agosto de 2015 emitida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que resolvió confirmar lo dispuesto en el oficio DESRJ 004323; y (v) el acto ficto o presunto producto del silencio negativo al no resolver las peticiones elevadas el 05 de junio de 2015?

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, habrá de determinarse si ¿hay lugar a reconocer y pagar a favor de Esperanza Otero Rodríguez la prima de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ta de 1992, como un valor agregado sobre el salario básico y/o asignación mensual, en los periodos en que la demandante se ha desempeñado como Juez y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando en razón del cargo?

PJ.3. ¿Tiene derecho la demandante a que se le reconozca y paguen las diferencias

periodos en que la demandante se ha desempeñado como Juez y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando en razón del cargo?

PJ.3. ¿Tiene derecho la demandante a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bon ificaciones, licencias y demás emolumentos), teniendo en cuenta el 30% correspondiente a la prima especial, desde el 01 de enero de 1993 y hasta la fecha en que se siga causando en razón del cargo?Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 680012333000-2016-00048-00 Sentencia de Primera Instancia

En caso que la respuesta a los anteriores problemas jurídi cos sea positiva, deberá determinarse si en el presente caso ha operado el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Prima especial de servicios

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

“ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

...e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

...e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los mi embros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instr ucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados depa rtamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los

primero (1º.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados depa rtamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. (Sub rayas fuera de texto original)Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 680012333000-2016-00048-00 Sentencia de Primera Instancia

Se vislumbra la fijación de ciertos parámetros en el contexto de los cuales el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad establecida por el numeral 11 del artículo 189 constitucional, debe desarrollar la prima up supra aludida, la pena de incurrir en una omisión violatoria de la constitucionalidad y la legalidad.

En cumplimiento del enunciado de ber se expidieron por el Gobierno Nacional los respectivos decretos anuales, mediante los cuales se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictaron otras disposiciones.

La mentada normativa regulatoria, como bien es manifestado, fue objeto de la acción de Nulidad Simple de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00, en la cual la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en s entencia de fecha 29 de abril de 2014, señaló:

la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en s entencia de fecha 29 de abril de 2014, señaló:

“En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió los decretos demandados, reproduciendo año por año la previsión de que el 30% del salario devengado por los funcionarios enumerados en el artículo 14 de la mencionada ley, sería considerado como prima. Dichos decretos no ofrecieron la suficiente claridad y fueron interpretados erróneamente por las entidades encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salario bá sico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. Aunque parece un juego de palabras, son dos cosas completamente diferentes, pues la primera interpretación implica una reducción del salario básico al 70%, mientras que la segunda, que es la correcta de conformidad con la Ley y la Constitución Política, como se explicará más adelante, implica que se puede tomar el 30% del salario, pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico”

(…)

“De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón

podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad”. Resaltado incluido en el texto original.

Así, a partir del enunciado fallo de nulidad se es tableció que los decretos anuales mediante los cuales “se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la rama judicial, del Ministerio Público, de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”, venían generando el pago salarial y prestacional en contravía de lo dispuesto por la ley 4 de 1992 al entender que “ el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. ”, restando de tal forma del valor correspondiente al salario y de la base de liquidación prestacional el 30%, esto es, liquidando solo sobre el 70% de lo que en estricto rigor debía ser la base de liquidación.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 680012333000-2016-00048-00 Sentencia de Primera Instancia

Ahora bien, una cosa es el hipotético reajuste del 30 % en Salarios y prestaciones derivado del incorrecto pago efectuado a los servid ores descritos en el artículo 14 de la ley 4 de 1992 y otra bien diferente es que la prima en si misma constituya factor salarial a efectos de la liquidación de las prestaciones sociales de aquellos.

Efectivamente, como bien lo enuncia el texto ibídem la prima especial de servicios NO TIENE ® SALARIAL, a efectos de la liquidación de prestaciones sociales, en

factor salarial a efectos de la liquidación de las prestaciones sociales de aquellos.

Efectivamente, como bien lo enuncia el texto ibídem la prima especial de servicios NO TIENE ® SALARIAL, a efectos de la liquidación de prestaciones sociales, en cambio sí a efectos de cotizaciones al sistema de seguridad social integral en materia de pensión, conforme lo definieran las leyes 332 de 1996 y 476 de 1998.

Necesario se torna efectuar un análisis de acoplamiento de la legislación en cita a la Constitución. Toda ley, por ser fruto de la actividad democrática popular, expedida a través del representante legítimo del pueblo soberano, en ejercici o de su libertad de configuración, (legislador) goza de presunción de validez formal, sin embargo, imperioso se torna para el fallador observar en aplicación del artículo 4 superior la adecuación a la constitucionalidad de las reglas a aplicar, lo que le o torga a la ley un status de validez sustancial respecto a la Constitución.

“De acuerdo con lo anterior, al juez corresponde un control de la ley de conformidad con el conjunto de valores constitucionales, no solo para evitar la incoherencia del ordenamiento jurídico por la existencia de antinomias, cuyo origen se encuentra en la elaboración de leyes ordinarias contrarias a las normas constitucionaleses decir, por violación a las prohibiciones impuestas por normas superiores a la esfera de lo decidible-; sino para garantizar una dimensión de la democracia que condiciona la validez de la ley al respeto de los derechos fundamentales y los valores públicos de la Constitución”.6

Así, la exclusión de la prima especial de servicios, consagrada en el artí culo 14 de la ley 4 de 1992, como factor salarial base de liquidación de las prestaciones

la Constitución”.6

Así, la exclusión de la prima especial de servicios, consagrada en el artí culo 14 de la ley 4 de 1992, como factor salarial base de liquidación de las prestaciones sociales no solo debe analizarse desde la mera interpretación gramatical de la ley.

Se trata de concretar si a la luz de la jurisprudencia constitucional, la teleol ogía de la exclusión que efectúa la norma es legítima y en tal caso, si es sistemáticamente compatible con los principios y valores que irradia el texto constitucional.

Al respecto manifestó la sentencia C-279 de 1996, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y cuya ratio decidendi constituye precedente vertical para los presentes efectos; lo siguiente:

“De otra parte, no es fácil aceptar que la reiterada práctica legal en el tratamiento de la remuneración al trabajo, adquiera fuerza suficiente como para considerarse expresión necesaria de los mandatos constitucionales que regulan esa materia, hasta el punto de que tal práctica pueda convertirse en argumento constitucional para descalificar otras decisiones que con criterio distinto, adopte luego el Congreso.

En varias ocasiones, la Jurisprudencia constitucional del país, expresada por la Corte Suprema de Justicia antes de 1991, y luego por la Corte Constitucional, ha manifestado que no existe derecho adquirido a la estabilidad de un r égimen legal.

6 Jorge Ernesto Roa, La Acción Publica De Constitucionalidad A DebateInstituto De Estudios Constitucionales Carlos Restrepo PiedrahitaUniversidad Externado De Colombia.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 680012333000-2016-00048-00 Sentencia de Primera Instancia

Carlos Restrepo PiedrahitaUniversidad Externado De Colombia.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 680012333000-2016-00048-00 Sentencia de Primera Instancia

Las normas legales acusadas bien podrían entonces disponer que no se consideran parte del salario, para efecto de liquidar prestaciones sociales, ciertas remuneraciones que a la luz de criterios tradicionales, deberían haberse tenido como parte de aquél.

De otra parte, como anotó el interviniente CESAR AUGUSTO LOPEZ BOTERO, la actora ha confundido los conceptos de régimen salarial y salario, pues como afirma aquél en su escrito “el primero, es el género, mientras que el segundo, es la especie. El primero, dentro del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, es sinónimo de derechos laborales del servidor público mientras que el segundo es parte integrante de tales derechos sin constituir la totalidad del mismo ”. La Constitución dispone que previa una ley marco, el gobierno quedará facultado para fijar el “régimen salarial ” esto es, el conjunto de derechos salariales, no salariales y prestacionales. No es razonable suponer que un instrumento como la ley marco a la que se refiere el literal “e” del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución pudiera utilizarse solo para fijar salarios.

La Corte Suprema de Justicia, en uno de sus recientes fallos sobre las modificaciones que en materia salarial en el sector privado introdujo la ley 50 de 1990, y en relación con la naturaleza jurídica de las primas, afirmó que:

“En efecto,