TA SAN - Sentencia 680012333000-2016-00791-00 (24-07-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Bucaramanga, veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES -PEDRO JESÚS HERNÁNDEZ BARAJAS, identificado con CC. 91.155.698 de Floridablanca, Santander , (padre); pradillaydelgado@gmail.com -ANA DELIA HERNÁNDEZ VARGAS, identificada con CC. 28.259.385 de Molagavita , (Sder) , madre, quien actúa en nombre propio y en repres entación de los

menores CARLOS ALIRIO HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ, CRISTIAN DAVID HER NÁNDEZ

HERNÁNDEZ, y DANIEL FELIPE HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ;

pradillaydelgado@gmail.com -JESUS ALBERTO HER NÁNDEZ HERNÁNDEZ, identificado con CC. 1.101.521.068 de Molagavita, Santander (Hijo); pradillaydelgado@gmail.com

DEMANDADA E.S.E. CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE MOLAGAVITA , identificada con

NIT. 80.401.481-0 manuel.ibanezabogado@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

LA ESPERANZA DE MOLAGAVITA , identificada con NIT. 80.401.481-0 manuel.ibanezabogado@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO DEL

EXPEDIENTE DIGITALIZADO 680012333000-2016-00791-00

TEMAS Falla médica. Se configura la responsabilidad del hospital demandado por la omisión en la aplicación oportuna de la vacuna Rhesuman a una madre con riesgo de isoinmunización, lo que derivó en que dos de sus hijos sufrieran una encefalopatía por ictericia que les causó hipoacusia y retardo cognitivo. No se configura la caducidad. El término para presentar la demanda se computa a partir del conocimiento del daño cuando esto no fue posible en el momento del hecho dañ oso. Se niega el decreto de prueba de oficio por no cumplir los requisitos previstos en los artículos 212 y 213 del CPACA. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a dictar sentencia.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante1

Los demandantes solicitan que se declare la responsabilidad administrativa de la E.S.E. Centro de Salud de Nuestra Señora de la Esperanza de Molagavita por el daño antijurídico causado por la omisión en la aplicación de la vacuna Rhesuman a la señora Ana Delia Hernández Vargas durante el parto de su hijo Carlos Alirio Hernández Hernández. En consecuencia, pretenden que se condene a la demandada al pago de $1.348.573.980 por los siguientes conceptos:

la señora Ana Delia Hernández Vargas durante el parto de su hijo Carlos Alirio Hernández Hernández. En consecuencia, pretenden que se condene a la demandada al pago de $1.348.573.980 por los siguientes conceptos: • Perjuicio Moral: 100 SMLMV para cada uno de los demandantes. • Lucro Cesante Futuro: $364.032.240 para cada uno de los demandantes Cristian David y Daniel Felipe Hernández Hernández (víctimas directas).

1 Documento 005 demanda, fls. 1-25. Expediente digitalizado en OneDrive.Radicado: 680012333000-2016-00791-00

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Delia Hernández Vargas y otros.

Demandado: E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de la Esperanza de Molagavita

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander • Daño a la Salud: 200 SMLMV para cada uno de estos últimos. En caso de no prosperar la s pretensiones principales, piden que se declare administrativamente responsable a la entidad demandada por la pérdida de oportunidad que significó para los menores afectados la omisión de aplicar la referida vacuna y se reconozca una indemnización estimada en $1.213.716.582, que corresponde al 90% de las anteriores cifras. Los demandantes fundamentan sus pretensiones en las siguientes afirmaciones: Los señores Pedro Jesús Hernández Barajas y Ana Delia Hernández Vargas procrearon a su primer hijo, Jesús Alberto Hernández Hernández, quien nació el 22 de abril de 1998. En los exámenes de control del embarazo se estableció que la

Los señores Pedro Jesús Hernández Barajas y Ana Delia Hernández Vargas procrearon a su primer hijo, Jesús Alberto Hernández Hernández, quien nació el 22 de abril de 1998. En los exámenes de control del embarazo se estableció que la señora Ana Delia tenía el tipo de sangre O con factor Rh negativo (-), mientras que su esposo era Rh positivo (+). Debido a una posible incompatibilidad sanguínea entre madre e hijo, la demandante fue remitida por la ESE de Molagavita -aquí demandadaal Hospital Santo Domingo de Málaga. En el momento del nacimiento, se confirmó que el menor tenía el grupo sanguíneo O con Rh positivo (+), por lo que se administró a la madre la vacuna Rhesuman. El 17 de julio de 2000, la señora Ana Delia dio a luz a su segundo hijo, Carlos Alirio Hernández, en la E.S.E. de Molagavita, quien también resultó con el grupo sanguíneo O y Rh positivo (+). Sin embargo, durante el procedimiento postparto, se omitió la aplicación de la vacuna Rhesuman, a pesar de la conocida incompatibilidad sanguínea entre madre e hijo. El 22 de marzo de 2004 nació el tercer hijo, Cristian David Hernández Hernández, quien fue diagnosticado con ictericia neonatal e isoinmunización Rh. Fue remitido al Hospital Universitario Ramón González Valencia el 30 de marzo de 2004 debido a la gravedad de sus patologías. El 29 de octubre de 2006 nació el cuarto hijo, Daniel Felipe Hernández Hernández, quien también presentó isoinmunización Rh e ictericia, como consecuencia de la incompatibilidad sanguínea no tratada durante el embarazo anterior. El 30 de

El 29 de octubre de 2006 nació el cuarto hijo, Daniel Felipe Hernández Hernández, quien también presentó isoinmunización Rh e ictericia, como consecuencia de la incompatibilidad sanguínea no tratada durante el embarazo anterior. El 30 de octubre de 2006, debido a la gravedad de su condición, fue remitido al Hospital Universitario de Santander. Diez años después, el 16 de febrero de 2016, una junta médica diagnosticó a Daniel Felipe Hernández Hernández con hipoacusia neurosensorial y el 18 de junio de 2016 a Cristian David Hernández Hernández con encefalopatía por ictericia. Debido a la magnitud del daño, este último requirió atención médica más agresiva, lo que afectó su sistema nervioso y generó una dependencia permanente. La señora Ana Delia Hernández Vargas no fue debidamente informada sobre los riesgos asociados a su condición inmunológica, especialmente respecto a los efectos del factor Rh positivo (+) en sus hijos. Esta falta de información impidió que pudiera tomar decisiones informadas sobre su plan de maternidad. Con base en los anteriores hechos, los demandantes argumentan que el hospital demandado incurrió en una falla del servicio al omitir la administración de la vacuna Rhesuman a la señora Ana Delia después del nacimiento de su segundo hijo, Carlos Alirio, a pesar de que era obligatoria en madres con riesgo de isoinmunización, según la literatura científica y los protocolos médicos vigentes para el momento de los hechos. Señalan que dicha omisión permitió que la madre desarrollara anticuerpos que causaron daños neurológicos graves e irreversibles a sus siguientes hijos, Cristian David y Daniel Felipe.

los hechos. Señalan que dicha omisión permitió que la madre desarrollara anticuerpos que causaron daños neurológicos graves e irreversibles a sus siguientes hijos, Cristian David y Daniel Felipe. En sus alegaciones2, además de reiterar los argumentos expuestos en la demanda, los demandantes enfatizan en que, según el material probatorio recaudado, en particular las historias clínicas, los testimonios y peritajes, la omisión en la aplicación

2 Ver expediente digital cargado a SAMAI. Índice 213.Radicado: 680012333000-2016-00791-00

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Delia Hernández Vargas y otros.

Demandado: E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de la Esperanza de Molagavita

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander de la vacuna Rhesuman fue la causa exclusiva del cuadro clínico y secuelas permanentes sufridas por los hermanos Hernández.

B. Posición de la demandada3

La E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de la Esperanza de Molagavita4 se opone a las pretensiones de la demanda. Sostiene, por un lado, que transcurrió un plazo superior a dos años entre la supuesta omisión y la presentación de la demanda, lo que configura la caducidad de la acción. Por otro lado, niega haber incurrido en la falla que se le imputa y afirma que no existe nexo causal entre la omisión de la aplicación de la vacuna y el daño alegado. Sobre la ausencia de falla, tanto en la contestación como en los alegatos5, el hospital

incurrido en la falla que se le imputa y afirma que no existe nexo causal entre la omisión de la aplicación de la vacuna y el daño alegado. Sobre la ausencia de falla, tanto en la contestación como en los alegatos5, el hospital afirma que presta servicios de primer nivel de atención de complejidad subtipo 1B, dentro de los cuales se encuentra las consultas externas de medicina general, la planificación familiar y la vacunación básica, siempre que las vacunas estén disponibles en el centro de acopio del Hospital Regional de García Rovira. Refiere que, desde su creación, nunca ha prestado servicios especializados en ginecología, obstetricia y pediatría, y que, en el momento de los hechos, no tenía la obligación de aplicar la vacuna Rhesuman, ya que ello excedía la oferta de servicios de su nivel de complejidad. En caso de ser necesario, remitía a los pacientes que requerían control prenatal al segundo nivel de atención para su valoración por un especialista. Asimismo, asegura que el personal médico que atendió a la paciente actuó de manera oportuna y conforme a los protocolos médicos establecidos por la lex artis. En cuanto al nexo causal, niega que a Cristian David se le haya diagnosticado encefalopatía por ictericia y que dicha condición haya sido consecuencia directa de la omisión en la aplicación de la vacuna Rhesuman durante el nacimiento de su hermano Carlos Alirio. Dice que, según la historia clínica, no se ha determinado que la encefalopatía se derive de la falta de tratamiento adecuado para la incompatibilidad sanguínea. Con respecto a Daniel Felipe, la entidad también niega que se le haya diagnosticado hipoacusia neurosensorial como consecuencia de la omisión de la vacuna Anti-D

la encefalopatía se derive de la falta de tratamiento adecuado para la incompatibilidad sanguínea. Con respecto a Daniel Felipe, la entidad también niega que se le haya diagnosticado hipoacusia neurosensorial como consecuencia de la omisión de la vacuna Anti-D (Rhesuman) al momento del nacimiento de su hermano Carlos Alirio Hernández en el año 2000. Tal diagnóstico no aparece en los registros médicos de 2014 y 2015, ni en los informes médicos emitidos en 2016 por la junta médica de otorrinolaringología. Advierte que un fallo condenatorio podría resultar muy gravoso para sus finanzas debido al bajo presupuesto que administra. También objeta la cuantía estimada por la parte actora, ya que no se prueban las sumas correspondientes a los perjuicios materiales pretendidos, los cuales, además, exceden los topes establecidos en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Finalmente, advierte que los demandantes Cristian David y Daniel Felipe podrían padecer patologías genéticas debido a endogamia. Sustenta esta inferencia en que se tiene conocimiento de que algunos familiares presentan condiciones de salud similares, por lo que solicitan, como prueba de oficio, la realización de un estudio genético de ADN para determinar la posible incidencia de la endogamia.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Según los factores funcional6 y territorial7, la competencia para conocer del presente asunto corresponde a este Tribunal, toda vez que se ejerce el medio de control de

3 Se deja constancia que el Departamento de Santander fue demandado, pero en la audiencia inicial, celebrada el 15 de agosto de 2018, se declara probada la

asunto corresponde a este Tribunal, toda vez que se ejerce el medio de control de

3 Se deja constancia que el Departamento de Santander fue demandado, pero en la audiencia inicial, celebrada el 15 de agosto de 2018, se declara probada la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el Departamento, decis ión que confirma el H. Consejo de Estado en auto del 19 de marzo de 2019. Asimismo, el 27 de febrero de 2018 se rechazó el llamamiento en garantía que hizo la ESE demandada a la E.S.E . Hospital Regional García Rovira. 4 Ver expediente digitalizado cargado a OneDrive. Documento 019. 5 Ver expediente digital en SAMAI. Índice 214. 6 Ley 1437 de 2011. Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administr ativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)

6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 7 Ley 1437 de 2011. Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del t erritorio se observarán las siguientes reglas:Radicado: 680012333000-2016-00791-00

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Delia Hernández Vargas y otros.

Demandado: E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de la Esperanza de Molagavita

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Demandado: E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de la Esperanza de Molagavita

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander reparación directa con ocasión de una falla del servicio imputada a una entidad pública, derivada de una presunta omisión ocurrida en el Departamento de Santander, con una cuantía de $364032.240, que corresponde al perjuicio material cuya reparación reclama cada una de las víctimas directas. Esta cifra, para el año 2016 -fecha de presentación de la demanda-, superaba los 500 smlmv8.

B. Aspectos previos

1. Improcedencia del decreto de la prueba genética Durante las etapas de pruebas y alegatos, la entidad demandada pidió que se decretara, de oficio, una prueba genética, para establecer la relación entre los antecedentes o factores genéticos de la familia Hernández Hernández y las enfermedades padecidas por Cristian David y Daniel Felipe. Dicha solicitud no es procedente porque fue presentada por fuera de las oportunidades probatorias establecidas en el artículo 212 del CPACA9 y no se puede considerar una prueba sobreviniente, pues, de existir las supuestas afectaciones genéticas, éstas pudieron conocerse en la etapa de contestación de la demanda.

En todo caso, no se considera necesaria para esclarecer algún punto oscuro del litigio; por el contrario, con la prueba recaudada es suficiente para tomar una decisión de fondo. Su decreto solo estaría orientado a probar un argumento de la defensa, lo que inclinaría el uso de los poderes oficiosos del juez en favor de una

litigio; por el contrario, con la prueba recaudada es suficiente para tomar una decisión de fondo. Su decreto solo estaría orientado a probar un argumento de la defensa, lo que inclinaría el uso de los poderes oficiosos del juez en favor de una parte y en perjuicio de la otra, lo que claramente desconoce el principio de igualdad procesal.

2. No se configura la caducidad En audiencia inicial del 15 de agosto de 201810 el entonces magistrado ponente Julio Edisson Ramos Salazar difirió a la etapa de sentencia la resolución de la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada. La Sala considera que no está probada, por las razones que se pasan a explicar.

La caducidad constituye una restricción del derecho de acceso a la administración de justicia prevista por el legislador para salvaguardar el principio de seguridad jurídica, el cual se vería afectado ante la incertidumbre que generaría la posibilidad de promover una demanda en cualquier tiempo11. En relación con el medio de control de reparación directa, el artículo 164 de la Ley 1437 de 201112 establece que la demanda debe presentarse dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia de la acción u omisión que causó el daño, o a partir del momento en que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones a dministrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante.

ocurrencia.

6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones a dministrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante. 8 El salario mínimo legal mensual vigente del 2013 correspondía a $689.455, de modo que 500 salarios equivalía a $344.727.275. 9 ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la ref orma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los i ncidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada. Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas. En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnant e se requerirá su anuencia.

2. <Numeral modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este últi mo caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dent ro del término de ejecutoria del auto que las decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas que no po drá exceder de diez (10) días hábiles. 10 Ver expediente digital OneDrive. Documento 030. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, C.P . Danilo Rojas Betancourth. Rad. 19001-23-31-000-2005-01594-01 (40061). Sobre las implicaciones de este fenómeno, el alto tribunal ha sostenido: «Entonces, el derecho al acceso a la administración

de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las accion es se inicien dentro de los plazos que señala el legislador, pues la indeterminación y la incertidumbre chocan con los fines del derecho como herramienta para lograr la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones sociales. El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejer cicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la fi rmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. Por lo mismo, se extingue la jurisdicción del Estado, si es que el interesado ha caído en la desidia al no defender su derecho en la ocasión debida y con la presteza que exige la ley». Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 7 de octubre de 2010, C.P. VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, Rad. 25000 -23-25-000-2004-05678-02(2137-09) 12 ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a par tir del día siguiente al de la ocurrencia

de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener co nocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.Radicado: 680012333000-2016-00791-00

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Delia Hernández Vargas y otros.

Demandado: E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de la Esperanza de Molagavita

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Ante la existencia de eventos en los cuales se dificulta el conocimiento del daño, el legislador, orientado por la jurisprudencia de la época, consagró algunas excepciones a la regla13, entre ellas, la que permite el cómputo de la caducidad desde cuando se tiene conocimiento del daño. La mencionada excepción, ha dicho la jurisprudencia 14, aplica frente a circunstancias especiales en las cuales resulta difícil identificar el daño, porque no es posible que su conocimiento suceda en el mismo instante del hecho dañoso; debido a que: (i) no es de aquellos que se producen de manera instantánea15, u (ii) ocurre en circunstancias oscuras y su entidad y características se develan con el tiempo16. La flexibilización prevista en el artículo 164.2 literal i) del CPACA frente al cómputo de la caducidad evidencia la intención del legislador de evitar que este fenómeno procesal se convierta en una restricción arbitraria del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pues, como se dijo al inicio, su propósito es

de la caducidad evidencia la intención del legislador de evitar que este fenómeno procesal se convierta en una restricción arbitraria del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pues, como se dijo al inicio, su propósito es establecer un límite temporal para ejercer el derecho de acción, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica, no crear cargas irrazonables17. En este caso, el daño consiste en la hipoacusia neosensorial y el retardo cognitivo de Cristian David y Daniel Felipe Hernández Hernández , producto de la encefalopatía por ictericia, causada por la falta de aplicación de la vacuna Rhesuman a la progenitora al momento del parto de su segundo hijo. En criterio de la Sala, la lesión no fue conocida por parte de los demandantes sino hasta los días 16 de febrero y 28 de junio de 2016, en los cuales se emitió el diagnóstico por parte de las especialidades correspondientes, y se valoró la evolución de las enfermedades que padecen los menores. Entonces, la demanda fue presentada oportunamente en el año 2016. La interpretación literal de la regla de caducidad adoptada por la Sala resulta compatible con el principio de efecto útil de las normas. En este sentido, computar el término desde el año 2014 o desde una fecha anterior implicaría desconocer que, debido a la complejidad de las condiciones médicas que afectan a los jóvenes Daniel Felipe y Cristian David, los accionantes no estaban en capacidad de identificar que la omisión en la aplicación de la vacuna Rhesuman en el año 2000 constituyó la causa del daño. No puede exigírseles a los demandantes el conocimiento previo de nociones técnicas propias de la lex artis, pues ello excede

identificar que la omisión en la aplicación de la vacuna Rhesuman en el año 2000 constituyó la causa del daño. No puede exigírseles a los demandantes el conocimiento previo de nociones técnicas propias de la lex artis, pues ello excede el nivel de comprensión ordinario exigible a los particulares, máxime cuando la causa del daño solo se evidenció con la expedición del diagnóstico especializado.

C. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Las patologías sufridas por Cristian David y Daniel Felipe Hernández Hernández son imputables a la entidad demandada, bajo el régimen de falla del servicio, por omitir aplicar a su progenitora la vacuna Rhesuman luego de que diera a luz a su segundo hijo?

Tesis: Sí.

13 Una es la que aplica a los delitos de desaparición forzada, sin embargo, La jurisprudencia ha precisado que existen dos clase s de daños: el daño instantáneo o inmediato y el daño continuado o de tracto sucesivo. El primero se caracteriza por ser identific able en un momento específico en el tiempo; si bien puede generar perjuicios que se proyecten hacia el futuro, su existencia se limita al momento en que ocurre el hecho. En contraste, el daño continuado o de tracto sucesivo se manifiesta de manera sucesiva y constante a lo largo del tiempo, sin que exista solución de continuidad. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administ rativo,

Sección Tercera. Sentencia del 8 de abril de 2024. Radicado: 41001 -23-33-000-2018-00081-01 (68.067) 14 En un caso similar en el que una menor contrajo la enfermedad de la poliomielitis con la aplicación de una vacuna el 15 de julio de 2002, el Consejo de Estado señaló que el término de caducidad comenzaba a contarse a partir del momento en que se diagnosticó la enfermedad y se tuvo conocimiento del daño, esto es, el 21 de octubre de 2002. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de abril de 2018, C.P María Adriana Marín, Rad. 25000-23-26-000-2004-0201001(41390). 15 Ibidem. 16 Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP. María Adriana Marín, sentencia del 10 de sept iembre de 2021, radicado: 0800123-31-000-2008-00492-01. 17 Por ejemplo, en una providencia similar se optó por contar el término de caducidad desde el momento en que se descubrió media nte un diagnóstico la causa del daño, lo cual fue posterior a la fecha en que se realizó la intervención médica. Al respecto el Con sejo de Estado declaró una presunta falla en el servicio médico durante una intervención quirúrgica realizada al paciente el 8 de enero de 2009, que resultó en la pérdida de visión en su oj o derecho. El expediente muestra que,

durante una vitrectomía, se u só solución destilada en lugar de salina, lo que retrasó la cirugía. La operación se repitió con éxito el 5 de febrero de 200 9, pero el paciente perdió la visión en el ojo derecho, lo cual se confirmó el 27 de marzo de 2009, cuando se observó palidez total del nervio óptico. El plazo de caducidad comenzó a contar desde el 28 de marzo de 2009 y terminó el 28 de marzo de 2010, por lo que la demanda fue presentada correcta mente el 22 de abril de 2010, dentro del plazo de dos años establecido por el artículo 13 6 del C.C.A. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de agosto de 2020, C.P Marta Nubia Velásquez Rico, Rad. 25000-23-26-000-2010-00225-01(52110).Radicado: 680012333000-2016-00791-00

Medio de control: Reparación directa

Demandante: Ana Delia Hernández Vargas y otros.

Demandado: E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de la Esperanza de Molagavita

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Fundamento: Para la época de los hechos, la aplicación de la vacuna Reshuman o inmunoglobulina anti D era obligatoria en los casos de madres con riesgo de isoinmunización. La ESE demandada, como institución prestadora de salud de primer nivel de complejidad, tenía la capacidad de atender partos. Dado que la señora Ana Delia presentaba incompatibilidad sanguínea con su segundo hijo, la

isoinmunización. La ESE demandada, como institución prestadora de salud de primer nivel de complejidad, tenía la capacidad de atender partos. Dado que la señora Ana Delia presentaba incompatibilidad sanguínea con su segundo hijo, la entidad, al encargarse del parto, asumió la obligación de suministrar la inmunoglobulina Anti D, la cual debía aprovisionar, ya que conocía el riesgo de isoinmunización desde tiempo atrás. En caso de no contar con la vacuna, la entidad estaba obligada a remitir a la paciente a una institución de mayor complejidad para la aplicación del biológico dentro de las 72 horas siguientes al parto, tal como lo hizo frente al parto del primer hijo de la demandante. Según la literatura médica, la aplicación de la inmunoglobulina Anti D es esencial para prevenir la formación de anticuerpos y evitar la isoinmunización materna, condición que genera graves afectaciones en la salud de los hijos nacidos en embarazos posteriores. En el primer parto, a la Señora Ana Delia le aplicaron la Anti D, lo que evitó su isoinmunización. Lamentablemente esto no ocurrió en