TA SAN - Sentencia 680012333000-2016-00803-00 (28-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2016-00803-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: Rafael Gutiérrez Solano

insog-mag-@hotmail.com

DEMANDADO: Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la

Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PUBLICO mbuendia@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima especial de servicios 30% Plus PROVIDENCIA: Sentencia de primera instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: MARLENE MURCIA MILLAN

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurado por RAFAEL GUTIÉRREZ SOLANO en contra de Nación - Rama Judicial-Consejo Superior De La Judicatura-Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

La Judicatura-Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C. A., el señor Rafael Gutiérrez Solano presenta demanda contra Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva, formulando las siguientes:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00803-00 Sentencia de Primera Instancia

1.1 Pretensiones

“PRIMERA: Que se INAPLIQUEN por ilegales en el caso de mi poderdante RAFAEL GUTIERREZ SOLANO, actual Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, los Decretos 658 de 04 de marzo de 2008; 723 de 06 de Marzo de 2009; 1388 de 26 de abril de 2010; 1039 de 04 de abril de 2011; 0874 de 27 de abril de 2012; 1024 de 21 de marzo de 2013 y 194 de 07 de febrero de 2014, en sus artículos 8, por medio de los cuales la Presidencia de la República consideró como prima especial sin carácter salarial el 30% del salario de lo s Magistrados y Jueces de la república, por ser inconstitucionales e ilegales, habida cuenta que en ellos se reiteran los yerros que dieron jugar a la nulidad a los Decretos que en tal sentido - sobre el 30% de prima especial - les precedieron entre los años 1993 a 2007, y que a la fecha fueron declarados nulos en virtud

habida cuenta que en ellos se reiteran los yerros que dieron jugar a la nulidad a los Decretos que en tal sentido - sobre el 30% de prima especial - les precedieron entre los años 1993 a 2007, y que a la fecha fueron declarados nulos en virtud de la expedición de la sentencia de 29 de abril de 2014, proferida por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado - Sala de Conjueces. siendo ponente la Dra. MARIA CAROLINARODRIGUEZ RUIZ, dentro de la acción o medio de control de simple nulidad radicada No.11001-03-25-000-2007-00087-00.

SEGUNDA: Se inapliquen por ilegales las expresiones que se relacionan a continuación contenidas en el Decreto Naciona l No. 1105 de 26 de mayo de 2015, rela cionado con el aumento salarial y prestacional de los servidores

(jueces y Magistrados) de la Rama judicial y de la Justicia Penal Militar), que fue dictado única y exclusivamente para los funcionarios judiciales de régimen antiguo o denominados no acogido s, que no optaron por el régimen salarial especial establecido en los decretos 5? y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995:

En el artículo 4: la expresión "a partir del 1° de enero de 2015" y la palabra "básico" de su parte final, así como la expresión del artículo 21 "surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2015" con respecto a dicho artículo 4°.

Lo anterior, por cuanto la prima especial debe tener aplicación y entrada en vigencia desde el 1° de enero de 1993, por mandato expreso del artículo 1 4 de

fiscales a partir del 1° de enero de 2015" con respecto a dicho artículo 4°.

Lo anterior, por cuanto la prima especial debe tener aplicación y entrada en vigencia desde el 1° de enero de 1993, por mandato expreso del artículo 1 4 de la Ley 4ª. de 1992 y por cuanto el cálculo se debe hacer sobre la totalidad del ingreso y no sólo sobre el sueldo básico.

TERCERA: Se ordene en la sentencia que ponga fin al proceso, que la entidad aquí demandada NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL , debe y tiene que darles a los funcionarios judiciales ( Magistrados y Jueces de la república), en aplicación del derecho constitucional de igualdad y del trabajo en condiciones dignas y justas, esto es, a los servidores de la Rama Judicial como el Magistrado aquí demandante, de Régimen nuevo o denominados acogidos, el mismo trato que en materia laboral y prestacional, se les dio a los funcionarios Judiciales Jueces y Magistrados, denominados No acogidos o de régimen antiguo, a través del Decreto Nacional 1105 de 26 de mayo de 2015, arto 4°, habida consideración que a los primeramente n ombrados, al expedirse el Decreto de aumento salarial No.1257 de 05 de junio de 2015, no se lesNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00803-00

Sentencia de Primera Instancia

reconoció ese 30% de prima especial como componente adicional o plus de su salario mensual.

CUARTA: Como consecuencia de la declaración anterior, y en apoyo a los

Sentencia de Primera Instancia

reconoció ese 30% de prima especial como componente adicional o plus de su salario mensual.

CUARTA: Como consecuencia de la declaración anterior, y en apoyo a los derechos constitucionales de igualdad y del trabajo en condiciones dignas y justas, se disponga que los servidores judiciales - ( Magistrados y Jueces), del denominado régimen nuevo salarial que se acogieron a los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y siguientes, a quienes a través del Decreto 1257 de 05 de junio de 2015 no se les reconoció el 30% de prima especial del salario mensual como plus o componente adicional, tienen e l mismo derecho que el que les fuera reconocido a los servidores ( Magistrados y Jueces ) no acogidos, o de régimen antiguo, concedido a través del citado artículo 4° del Decreto Nacional No. 1105 de 26 de mayo de 2015, pero sin las limitaciones contenidas en las expresiones: "a partir del 1°de enero de 2015" y la palabra "básico" de su parte final, así como la expresión del artículo 21 "surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2015" con respecto a dicho artículo 4°, las cuales resultan ilegales, pues debe entenderse que el artículo 4° del Decreto Nacional No. 1105 de 26 de mayo de 2015, relacionado con el 30% de la prima especial, como plus o componente adicional del salario, debe reconocerse a) Con efectos fiscales a partir del 1° de enero de 199 3 y b) Con carácter salarial, habida cuenta que conforme a la jurisprudencia - sentencia - del H

especial, como plus o componente adicional del salario, debe reconocerse a) Con efectos fiscales a partir del 1° de enero de 199 3 y b) Con carácter salarial, habida cuenta que conforme a la jurisprudencia - sentencia - del H Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - , Subsección B, proferida dentro del proceso judicial radicado con el No. 2500023-25-000-2005-01134-01 ( 0419-07), con ponencia de la Magistrada BERTHA LUCIA RAMIREZ de PAEZ, dicha prestación tiene carácter salarial, precedente ratificado por la Sala de Conjueces del H. Consejo de Estado, siendo Conjuez Ponente el Dr. PEDRO SIMON VARGAS SAENZ, a través de la sentencia de 07 de mayo de 2012, dictada dentro del proceso judicial radicado No. 410012331000-2003-00551-01.

QUINTA: Que se declare NULO el acto administrativo FICTO o PRESUNTO configurado por el SILENCIO NEGATIVO de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, al no dar respuesta adecuada y de fondo definitiva, a través del funcionario competente, respecto del derecho de petición presentado el 05 de junio de 2014, por mi poderdante RAFAEL GUTIERREZ SOLANO, debiéndose entender conforme al artículo 83 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o Ley 1437 de 2011, que con esa conducta asumida, la decisión de la administración en cabeza de dicha entidad pública, es negativa 1) en torno al reconocimiento y pago entre el 1° de enero 1993 hasta la fecha y en adelante

Ley 1437 de 2011, que con esa conducta asumida, la decisión de la administración en cabeza de dicha entidad pública, es negativa 1) en torno al reconocimiento y pago entre el 1° de enero 1993 hasta la fecha y en adelante como Magistrado de la República, de las prestaciones sociales que se le adeudan (primas, vacaciones, bonificaciones, licencias, etc.), las cuales resultan de aplicar el 30% de la prima especial como factor salarial para su reliquidación y 2) en cuanto el reconocimiento y pago de ese mismo 30% de prima especial, pero como plus o componente adicional del salario, desde el 1° de enero de 1993 hasta el 31 de di ciembre de 1998, de conformidad con lo dispuesto en la forma y términos que indica la reciente sentencia, con efectos, Ex tunc, de 29 de abril de 2014, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del H Consejo de Estado, siendo conjuez ponente la Dra. MARIA CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ, expediente radicado No. 2007-00087-00, No. interno 1686-Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00803-00 Sentencia de Primera Instancia

07, demandante PABLO J. CACERES CORRALES, que declaró la nulidad de los Decretos de aumento salarial anual de los Funcionarios de la rama Judicial, correspondiente a los años 1993 a 2007, que dieron lugar a una interpretación errónea en la liquidación de la mencionada prima especial de servicios, en tanto que dichos decretos disminuyeron la remuneración mensual de los mencionados

correspondiente a los años 1993 a 2007, que dieron lugar a una interpretación errónea en la liquidación de la mencionada prima especial de servicios, en tanto que dichos decretos disminuyeron la remuneración mensual de los mencionados servidores Judiciales, cuando la ley 4ª de 1992, en su articulo14, creó dicha prima especial para sumar o adicionar el salario.

SEXTA: Que a título de Restablecimiento del Derecho y como consecuencia de la Nulidad del Acto Administrativo ficto o presunto negativo atrás expresado, 1) se ordene a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con sede en Bogotá, que reconozca y pague al Dr.

RAFAEL GUTIERREZ SOLANO, los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantias, bonificaciones, que la entidad demandada le adeuda entre el 1° de enero de 1993 a la fecha y en adelante como Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, las cuales deben ser el resultado de aplicar el 30% de prima especial como SALARIO para su reliquidación, porcentaje que nunca fue reconocido como salario mediante los Decretos de aumento anual de remuneración del mencionado Servidor Público, números 053 y 057 de 1993; 106 de 1994; 043 y 049 de 1995; 36 y 108 de 1996; 054 y 076 de 1997; 050 y

64 de 1998; 038 y 044 de 1999; 2740 y 2743 de 2000; 1480, 2720 y 2777 de 2001; 673 y 685 de 2002; 3569 de 2003; 4172 art.7° de 2004; 969, art. 7° de 2005; 389, art. 7° de 2006; 618, art. 7° de 2007; 658, art. 7° de 2008; 723, art. 7°. de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011; 0874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014; 2) y además se le reconozca ese mismo 30% de prima especial, pero como plus o componente adicional del salario, entre el 1° de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1998, incluyendo en él todas las prestaciones constitutivas de salario, tales como: prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías, prima de productividad y demás prestaciones que por cualquier otro concepto le corresponda como prestaciones sociales de su salario.

• Tanto 1) la reliquidación del 30% de prima especial normal hasta completar del 70% al 100% del salario, incluyendo en él todas las prestaciones sociales, 2) así como el 30% de dicha prima especial como plus o component e adicional del salario, deberá causar intereses sobre el valor de los ajustes o reliquidaciones efectuadas, desde la fecha en que debieron liquidarse y pagarse los conceptos prestacionales señalados (1° de enero de 1993), hasta el día en que los mismos sean satisfechos.

efectuadas, desde la fecha en que debieron liquidarse y pagarse los conceptos prestacionales señalados (1° de enero de 1993), hasta el día en que los mismos sean satisfechos.

• De igual manera la reliquidación del 30% de prima especial normal hasta completar del 70% al 100% del salario, incluyendo en él todas las prestaciones sociales, así como el 30% como plus o componente adicional del salario, deberá ser act ualizado o indexado aplicando el índice de precios al consumidor, expedido por el DANE, desde la fecha en que se debieron pagar los conceptos señalados, hasta el día en que los mismos sean efectivamente cancelados.

SEPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva deNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00803-00

Sentencia de Primera Instancia

Administración Judicial, a pagar al accionante, al tiempo de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, la suma total que corresponde po r los conceptos expresados en la pretensión 6a. anterior.

OCTAVA: Que igualmente como consecuencia de la Nulidad solicitada en la pretensión quinta de esta demanda, a título de Restablecimiento del Derecho, se condene a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar los intereses en la forma y términos expresados en el Artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

NOVENA: Las condenas respectivas a favor del actual Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander aquí demandante serán actualizadas o indexadas

expresados en el Artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

NOVENA: Las condenas respectivas a favor del actual Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander aquí demandante serán actualizadas o indexadas de conformidad con lo previsto en el Artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, desde la fecha en que se hicieron exigibles hasta que cause ejecutoria la sentencia que le dé término definitivo al proceso.

DECIMA: Que, a la providencia de mérito favorable, la entidad pública demandada le de cumplimiento en los términos de los Artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011.”

1.2 Hechos

El demandante, Rafael Gutiérrez Solano , se encuentra vinculad o a la Rama Judicial desde el 27 de octubre de 1977, desempeñándose como juez de la República y a partir del 22 de junio de 1988 al 04 de abril de 2021, como Magistrado del Tribunal. El 05 de junio de 2014, a través de apoderado presentó solicitud de reconocimiento y pago de la prima especial de servicios correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual con la consecuente reliquidación prestacional, desde la fecha de su vinculación argumentando que dicho porcentaje, en lugar de ser considerado como un incremento salarial, había sido indebidamente descontado. La entidad demandada, mediante oficio D.E.S.R.J No. 04000 del 16 de junio de 2014, negó el reconocimiento solicitado, acto que fue impugnado por la demandante mediante re curso de apelación ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien no resolvió la alzada, operando el silencio ficto negativo. 1.3 Normas violadas y concepto de violación

mediante re curso de apelación ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien no resolvió la alzada, operando el silencio ficto negativo. 1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Constitucionales: Artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 53, 93, 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9 de la Constitución Política.

Legales: Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14; el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996; Código Sustantivo del Trabajo, artículos 14 y 65; y los Decretos 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1105 y 1157 de 2015, entre otros.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00803-00

Sentencia de Primera Instancia

Se argumenta que la Prima Especial del 30% no fue correctamente considerada como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. Esta incorrecta interpretación condujo a que, en lugar de ser sumada al salario, fuera descontada, reduciendo injustificada mente los ingresos totales de los empleados judiciales.

Además, se sostiene que hubo una violación del principio de progresividad y de protección del salario, al despojar de efectos salariales el 30% correspondiente a la Prima Especial, lo que contraviene el principio constitucional de progresividad de

Además, se sostiene que hubo una violación del principio de progresividad y de protección del salario, al despojar de efectos salariales el 30% correspondiente a la Prima Especial, lo que contraviene el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales. Esto resultó en una disminución injustificada de los ingresos, afectando los derechos fundamentales de los empleados de la Rama Judicial

2. Contestación de la demanda

La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que los salarios y prestaciones sociales pagados a la parte demandante habían sido cancelados conforme al régimen legal y prestacional vigente para los servidores públicos. Asegura que los ac tos administrativos impugnados fueron expedidos respetando la normatividad aplicable al momento en que se solicitó el reconocimiento del carácter salarial de la prima especial, por lo tanto, dichos actos gozan de presunción de legalidad y deben considerarse válidos y ejecutables.

Argumentó que la facultad para fijar los estipendios salariales de los servidores públicos correspondía exclusivamente al Gobierno Nacional, según lo dispuesto en la Constitución y la Ley 4 de 1992. Por tanto, la Rama Judicial no tenía competencia para modificar el régimen prestacional y salarial, estando limitada a aplicar las disposiciones emitidas por el Ejecutivo. Así, los actos administrativos demandados no podían ser declarados nulos, ya que se ajustaban plenamente a la legal idad vigente.

Además, invocó la figura de Caducidad pues aduce esta entidad que la demandante tenía el deber de acudir a la jurisdicción dentro de los términos establecidos en el artículo 164 CPACA. Igualmente, de la prescripción trienal, afirmando que la s

tenía el deber de acudir a la jurisdicción dentro de los términos establecidos en el artículo 164 CPACA. Igualmente, de la prescripción trienal, afirmando que la s pretensiones del demandante estaban parcialmente prescritas. Explicó que los derechos reclamados, incluida la solicitud de reliquidación de salarios y el reconocimiento de la prima especial, solo podían abarcar un período de tres años anteriores a la pre sentación formal de su solicitud, de acuerdo con la normativa vigente. En consecuencia, solicitó que se declarara la prescripción parcial de las pretensiones.

Finalmente, indicó que no es viable acceder a las pretensiones de la accionante conforme han sid o formuladas en la demanda, sino que, en caso de que sean reconocidas, deberá decretarse de oficio la prescripción trienal de las mesadas que se hubieran causado tres años antes de la solicitud elevada por la parte accionante ante la Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga.

3. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandanteNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00803-00 Sentencia de Primera Instancia

Enfocó su argumentación en la incorrecta interpretación y aplicación de la prima especial del 30% establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Indica que, según los certificados de nómina expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, esta prima fue mal denominada como “prima especial de servicios”, privándola de los efectos salariales y prestacionales que legalmente debería tener. Por lo anterior, afirma que las prestaciones sociales debieron liquidarse con el 100%

Judicial, esta prima fue mal denominada como “prima especial de servicios”, privándola de los efectos salariales y prestacionales que legalmente debería tener. Por lo anterior, afirma que las prestaciones sociales debieron liquidarse con el 100% del salario básico y no con el 70%, como ha sido la práctica hasta ahora.

Así mismo, se apoyó en la jurisprudencia del Consejo de Estado, citando la sentencia del 29 de abril de 2014, en la que se declaró la nulidad de los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2007 y en la que se determinó que la prima especial debía considerarse un incremento adicional al salario básico y no restarse del mismo.

En este sentido, alegó que la práctica de la entidad demandada ha sido contraria a lo dispuesto en dicha jurisprudencia, lo que ha afectado los derechos salariales de la parte demandante.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se condene a la entidad demandada a reliquidar las prestaciones sociales percibida por la demandante, tomando como sustento el 100% del salario básico establecido en los decretos reglamentarios frente al, tema “prima especial”, que en ningún momento estableció la merma del 30% que representa el pago formalmente indebido de la prima especial de servicios.

Finalmente, la parte demandante solicitó al honorable tribunal que se nieguen las excepciones propuestas por la parte demandada y se declaren favorable las pretensiones invocadas en el medio de control a favor de la demandante.

3.2 Parte demandada

La parte demandada fundamentó sus alegatos de conclusión en aducir que el ex servidor judicial fue liquidado y pagado correctamente y que no le asume tal derecho como lo pretende, además fundamento la defensa en la caducidad y prescripción

La parte demandada fundamentó sus alegatos de conclusión en aducir que el ex servidor judicial fue liquidado y pagado correctamente y que no le asume tal derecho como lo pretende, además fundamento la defensa en la caducidad y prescripción de las reclamaciones incoadas.

En primer lugar, argumentó que los actos administrativos expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fueron emitidos conforme a las normas constitucionales y legales vigentes, es pecialmente en lo que respecta a la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, competencia exclusiva del Gobierno Nacional.

Insiste que muchas de las pretensiones presentadas estaban afectadas por la caducidad y la prescripción. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, las reclamaciones sobre derechos salariales, como la prima especial de servicios, debieron formularse dentro de los tres años siguientes a la fecha en que se tornaron exigibles. Por lo tanto, al no haber presentado las reclamaciones en el plazo indicado, la parte demandante perdió su derecho a exigir el reconocimiento de prestaciones anteriores a dicho período, lo que imposibilita su reconocimiento judicial.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00803-00 Sentencia de Primera Instancia

Señaló que las pretensiones de la demandante, que buscaban el reconocimiento de la prima especial del 30% y la bonificación judicial como salario adicional, son contrarias a lo dispuesto en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional. Toda vez que dichos decretos establecen que estos conc eptos no constituyen factor salarial, salvo para efectos específicos como la pensión de jubilación, y la administración actuó en estricto cumplimiento de la ley al aplicar estas

vez que dichos decretos establecen que estos conc eptos no constituyen factor salarial, salvo para efectos específicos como la pensión de jubilación, y la administración actuó en estricto cumplimiento de la ley al aplicar estas disposiciones. Así, la solicitud de la demandante de que se incluyan estos beneficios como parte del salario es improcedente desde el punto de vista jurídico.

Finalmente, la apoderada judicial concluyó que, por todo lo anterior, las pretensiones de la parte demandante carecen de fundamento jurídico. Los actos administrativos aplica dos se ajustaron a la normatividad vigente, la acumulación indebida de pretensiones afecta la estructura del proceso, y las reclamaciones están afectadas por la caducidad y prescripción, lo que imposibilita su prosperidad en el marco de este proceso judicial. Por tanto, solicitó el rechazo de las pretensiones en su totalidad.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Fijación del litigio

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde a la Sala determinar si: P.J.1: ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio D? E.S.R.J No. 04000 del 16 de junio de 2014, expedido por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga? P.J.2: ¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un incremento, componente adicional o plus a la remuneración mensual o salarió básico?

P. J. 3: En razón de lo anterior también habrá de determina rse si ¿Hay lugar a ordenar la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de la demandanteNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00803-00

Sentencia de Primera Instancia

teniendo en cuenta para tal efecto el 100% de la remuneración mensual , así como la prima especial de servicios equivalente al 30% de la remuneración mensual como factor adicional a esta, respecto de los periodos en que se ha desempeñado como servidor judicial y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando en razón del cargo? En caso afirmativo a los anteriores interrogantes, deberá determinarse si en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1 Prima especial de servicios

En caso afirmativo a los anteriores interrogantes, deberá determinarse si en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1 Prima especial de servicios

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

“ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

...e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señalan l as normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al

numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados a nte la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, losNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00803-00 Sentencia de Primera