TA SAN - Sentencia 680012333000-2016-00819-00 (17-07-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Radicado y link del expediente: 680012333000-2016-00819-00

Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , e n adelante COLPENSIONES.

Correo electrónico: paniaguasincelejo@gmail.com Demandada: MARÍA VICTORIA ARCINIEGAS CARRIZOSA - en Adelante MVACcon cédula de ciudadanía número 37.798.042.

Correo electrónico: sergiosantoyo85@gmail.com

Ministerio Público: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, Procuradora 158

Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARÁCTER LABORAL: OTRORA LESIVIDAD.

Tema: Compatibilidad entre la pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y la pension reconocida por COLPENSIONES por servicios prestados en el sector privado al amparo del Decreto 758 de 1990.

Procede la Sala a proferir Sentencia de Primera Instancia en el proceso de la referencia, previa la siguiente reseña1:

I. LA DEMANDA

(Págs.2 y ss. archivo No. 01 OneDrive)

A. Pretensiones

1 En esta providencia se usarán las siguientes convenciones:

referencia, previa la siguiente reseña1:

I. LA DEMANDA

(Págs.2 y ss. archivo No. 01 OneDrive)

A. Pretensiones

1 En esta providencia se usarán las siguientes convenciones:

RAIS: Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad

RPM: Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

MVAC: Acrónimo del nombre de la demandada, Sra. María Victoria Arciniegas Carrizosa.2

Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia Exp. 68001233300020160081900 partes: COLPENSIONES VS. María Victoria Arciniegas Carrizosa (MVAC).

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Persigue la nulidad de la Resolución GNR 98869 del 18 de mayo de 2013, por medio de la cual se reconoció una pensión de vejez a favor de la Sra. MARÍA

VICTORIA ARCINIEGAS CARRIZOSA (en adelante MVAC).

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho solicita se ordene a la Sra. MVAC a devolver los valores pagados por COLPENSIONES por concepto de pensión de vejez desde la fecha de inclusión en nómina hasta cuando se declare la nulidad del acto acusado o se suspendan sus efectos. Así mismo, solicita se ordene «a la entidad promotora de Sa lud a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONESel reintegro del valor girado por concepto de salud en favor de la señora ARCINIEGAS CARRIZOSA MARÍA VICTORIA desde la fecha de la inclusión en

favor de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONESel reintegro del valor girado por concepto de salud en favor de la señora ARCINIEGAS CARRIZOSA MARÍA VICTORIA desde la fecha de la inclusión en nómina de pensionados de la Resolución GNR 98869 del 18 de mayo de 2013 y hasta que se ordene su suspensión provisional o se declare su nulidad» . Finalmente, solicita se ordene el pago de la indexación y los intereses a que haya lugar.

B. Hechos Como fundamento de sus pretensiones, afirma que mediante Resolución 98869 del 18 de mayo de 2013 COLPENSIONES reconoció una pensión de vejez a favor de la demandada, conforme al art. 36 de la Ley 100/93 y el Acuerdo 049/90 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Refiere que la anterior decisión fue impugnada (reposición y en subsidio el de apelación) por la demandada por considerar que había lugar a reconocerle el pago del retroactivo pensional desde el 22 de julio de 2010, pues consideraba que para entonces ya reunía los requisitos para percibir el derecho pensional.

Afirma que los anteriores recursos fueron despachados desfavorablemente a través de las resoluciones no. 254475 del 14.07.14 y VPB 23627 del 10.12.14. En dichos actos refiere que COLPENSIONES advirtió que la Sra. MVAC aparece como pensionada con otra administradora de Fondo de pensiones (AFP) con el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).3

Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera

como pensionada con otra administradora de Fondo de pensiones (AFP) con el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).3

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En el contexto anterior, señala que la demandada interpuso acción de tutela, en virtud de la cual le fueron tutelados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la confianza legítima y a la seguridad social por parte del Juzgado 3 Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, despacho que ordenó el pago de las mesadas pensionales dejadas de percibir por la Sra. MVAC, y en adelante, hasta tanto dicha pensión sea suspendida por una orden judicial.

Concluye que al revisar el sistema integral de información de la protección social -Registro único de afiliados -, la demandada aparece como afiliada al RAIS, PROTECCIÓN SA. Desde el 1º de enero de 2000.

C. Normas violadas y concepto de violación En la demanda se registran como tales, los arts. 10, 12, 13 literal b, 16, 31 y 32 de la Ley 100/93. D. 692/94, D. 1299/94. . El concepto de violación: Falta de competencia, refiere que la entidad llamada a reconocer el derecho pensional era la AFP privada a la cual estuvo afiliada la demandada en el marco del RAIS, y no COLPENSIONES. En este sentido, considera que la decisión adoptada en el acto acusado desconoce que COLPENSIONES ya no tenía competencia para

era la AFP privada a la cual estuvo afiliada la demandada en el marco del RAIS, y no COLPENSIONES. En este sentido, considera que la decisión adoptada en el acto acusado desconoce que COLPENSIONES ya no tenía competencia para decidir sobre el derecho pensional reclamado por la Sra. MVAC, pues para entonces ella se había acogido libre y voluntariamente al RAIS. Por esta vía, también refiere que se materializó el quebrantamiento de las normas superiores en que debió fundarse el acto acusado, específicamente, el artículo 16 de la Ley 100/93, que estipula la incompatibilidad de los regímenes pensionales de RAIS y RPM, de manera que un cotizante y/o afiliado no puede beneficiarse simultáneamente de las condiciones pensionales previstas para cada uno de dichos regímenes, y que, en dado caso de advertirse tal mixtura, hay lugar a anular el acto administrativo que reconozca el derecho pensional, como en efecto considera ocurre en este caso.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

(Págs. 431 y ss. archivo No. 01 OneDrive) Afirma que Colpensiones reconoció válidamente su pensión de vejez mediante Resolución GNR 098869 del 18 de mayo de 2013, al constatar que cumplía con los requisitos exigidos por el régimen de transición consagrado en el Decreto 758 de 1990. Precisa que contaba con 589 semanas cotizadas y cumplía con la edad4

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mínima para acceder a dicha prestación, siendo efectiva a partir del 16 de julio de 2008.

Señala que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra dicha resolución, solicitando la reliquidación del retroactivo pensional desde el 22 de julio de 2010, fecha en que presentó su solicitud, teniendo en cuenta que ya contaba con los requisitos exigidos en la Ley . Indica que Colpensiones sólo resolvió el recurso de reposición, omitiendo pronunciarse in icialmente sobre la apelación.

Sostiene que Colpensiones negó el retroactivo y, además, solicitó su autorización para revocar el acto administrativo que le otorgó la pensión, la cual nunca fue otorgada. Rechaza los argumentos de la entidad demandante sobre la supuesta existencia de otra pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) , señalando que ya había aportado la constancia de rechazo de dicha prestación por parte de la AFP privada ING. Por otra parte, señala que la pensión del magisterio que actualmente devenga fue causada en un régimen especial, con tiempos de servicio distintos y compatible con la de vejez.

Aduce que Colpensiones actuó ilegal y arbitrariamente al retirarla de la nómina pensional sin autorización, sin previo pro cedimiento administrativo y sin notificación alguna, lo cual violó su derecho al debido proceso y al mínimo vital.

Aduce que Colpensiones actuó ilegal y arbitrariamente al retirarla de la nómina pensional sin autorización, sin previo pro cedimiento administrativo y sin notificación alguna, lo cual violó su derecho al debido proceso y al mínimo vital. Indica que tal conducta fue objeto de una acción de tutela que culminó con fallo favorable proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuit o Especializado de Bucaramanga, ordenando la reactivación del pago pensional, fallo que fue incumplido por Colpensiones y cuyo desacato fue confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial.

Afirma que Colpensiones finalmente restableció el pago p ensional mediante Resolución GNR 78785 del 16 de marzo de 2015, lo cual se produjo de forma tardía, incumpliendo el fallo de tutela. Reitera que nunca ha estado afiliada al régimen de ahorro individual ni ha recibido mesadas de fondo privado alguno.

Concluye que posee un derecho adquirido a la pensión de vejez, reconocido en acto administrativo en firme, que no puede ser revocado por actos posteriores de5

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la administración fundados en errores propios de la entidad, ni mediante desconocimiento de su derecho fundamental a la seguridad social.

III. EL TRÁMITE PROCESAL La demanda fue presentada el 27.06.2016 (p. 411 PDF 01), la cual fue admitida

desconocimiento de su derecho fundamental a la seguridad social.

III. EL TRÁMITE PROCESAL La demanda fue presentada el 27.06.2016 (p. 411 PDF 01), la cual fue admitida mediante auto del 04.08.2016 (pp. 413 y ss. Ibidem) ordenándose las notificaciones de rigor. La entidad demandada, contestó la demanda ( pp. 431 y ss. PDF 01). Posteriormente, el 08.09.2021 se adelantó audiencia inicial ( PDF 15), y la audiencia de pruebas el 22.09. 2 021 (PDF 18), diligencia dentro de la cual se cerró la etapa probatoria y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

Estando el proceso para proferir fallo de primera instancia, se profirió auto decreta pruebas de oficio del 26.08.2024 (índice 77 SAMAI), las cuales fueron recabadas en los índices 88 al 90 de la plataforma SAMAI.

De este trámite se destaca el alegato conclusivo presentado por:

La parte demandante ( PDF 21 OneDrive), afirma que la resolución No. GNR 098869 del 18 de mayo de 2013, mediante la cual se reconoció una pensión de vejez a favor de la señora María Victoria Arciniegas Carrizosa, no se ajusta a derecho, por cuanto dicha beneficiaria se encuentra afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y no al Régimen de Prima Media (RPM), administrado por COLPENSIONES.

Sostiene que, de conformidad con jurisprudencia del Consejo de Estado, la competencia administrativa se define por elementos materiales, temporales y

administrado por COLPENSIONES.

Sostiene que, de conformidad con jurisprudencia del Consejo de Estado, la competencia administrativa se define por elementos materiales, temporales y territoriales, y que la expedición de un acto por parte de una autoridad carente de competencia constituye el vicio más grave de legalidad. Reitera que la selección del régimen pensional es libre y voluntaria, y que las cotizaciones deben efectuarse exclu sivamente a la administradora del régimen escogido, dada la naturaleza excluyente de los mismos.

Precisa que, dentro del RAIS, las pensiones se financian a través de cuentas individuales cuyo capital acumulado determina el monto de la pensión. En6

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contraste, en el RPM, los aportes ingresan a un fondo común con base en una prima media escalonada. Explica que, en el régimen de ahorro individual, la cuantía de la pensión depende de las cotizaciones efectuadas y sus rendimientos financieros, y que la entidad competente para reconocerla es la AFP Protección S.A., administradora a la cual se encuentra vinculada la demandada.

Agrega que, si bien la señora Arciniegas cotizó al ISS —hoy COLPENSIONES— antes de su traslado al RAIS, lo procedente sería el reconocimient o de un bono pensional tipo A, siempre que cumpla con los requisitos legales, pero no una pensión a cargo de COLPENSIONES. En ese sentido, señala que la entidad

antes de su traslado al RAIS, lo procedente sería el reconocimient o de un bono pensional tipo A, siempre que cumpla con los requisitos legales, pero no una pensión a cargo de COLPENSIONES. En ese sentido, señala que la entidad carece de competencia para expedir la resolución que reconoció la pensión de vejez, lo cual contraviene la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1299 de 1994.

Concluye que no puede mantenerse vigente un acto administrativo expedido sin competencia legal, por lo que solicita que se declare la nulidad de la resolución en cuestión y se acceda a las pretensiones formuladas en la demanda.

La parte demandada ( PDF 22 OneDrive ), afirma que la pretensión de COLPENSIONES de obtener la nulidad del acto administrativo mediante el cual se reconoció la pensión de vejez carece de fundamento, toda vez que esta última nunca adquirió una mesada pensional dentro del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, como lo sostiene equivocadamente la entidad demandante. Refiere que dicha afirmación resulta falsa y que incluso fue desvirtuada desde el trámite del recurso de apelaci ón interpuesto contra la Resolución GNR254475 del 14 de julio de 2014, sin que COLPENSIONES hubiese atendido las pruebas allegadas, en particular una certificación expedida por la administradora ING, donde consta que a la señora Arciniegas le fue negada su solicitud de pensión por incumplimiento de requisitos, procediéndose en su lugar a la devolución de saldos conforme a la Ley 100 de 1993.

Señala que, al ser rechazada su solicitud en el fondo privado, un funcionario de

por incumplimiento de requisitos, procediéndose en su lugar a la devolución de saldos conforme a la Ley 100 de 1993.

Señala que, al ser rechazada su solicitud en el fondo privado, un funcionario de dicha entidad le indicó a su poderdante que debía acudir ante el Instituto de Seguros Sociales —hoy COLPENSIONES — para adelantar allí su trámite pensional. Afirma que su representada obró con buena fe y que, conforme al régimen de transición previsto en el Decreto 758 de 1990, le fue reconocida en7

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derecho la pensión de vejez mediante la Resolución GNR 098869 del 18 de mayo de 2013, al haber cumplido con todos los requisitos exigidos. Precisa que, en su condición de beneficiaria del régimen de transición, el acto de reconocimiento se ajusta a legalidad.

Agrega que COLPENSIONES sustenta su acción de lesividad en la supuesta existencia de otra pensión otorgada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. No obstante, el apoderado aclara que dicha prestación fue causada con tiempos distintos, en el marco de un régimen especial compatible con la pensión de vejez del régimen de prima media. En tal sentido, cita el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 para resaltar que las prestaciones del magisterio son compatibles con otras pensiones, de conformidad con el régimen legal vigente.

compatible con la pensión de vejez del régimen de prima media. En tal sentido, cita el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 para resaltar que las prestaciones del magisterio son compatibles con otras pensiones, de conformidad con el régimen legal vigente.

Reitera que su poderdante adquirió la pensión de vejez de forma legítima, y que en el acto administrativo hoy demandado COLPENSIONES reconoció que se cumplieron los requisitos legales. Denuncia, además, que la entidad demandante incurrió en una actuación arbitraria al retirar a la señora Arciniegas de la nómina de pensionados en julio de 2014, sin previa autorización judicial, lo cual motivó la interposición de una acción de tutela que f ue resuelta favorablemente por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga mediante fallo del 30 de septiembre de 2014. Sostiene que COLPENSIONES incumplió dicha orden y solo restableció el derecho cinco meses después, generando un perjuicio injustificado.

Frente a la pretensión de reintegro de dineros pagados por concepto de mesadas, anota que no procede dicha devolución, en la medida en que la beneficiaria actuó conforme a derecho y que la resolución de reconocimiento fue expedida en estricto cumplimiento de la normatividad vigente. Invoca la Sentencia C -168 de 1995 de la Corte Constitucional para sustentar que quien ha cumplido con los requisitos legales tiene un derecho adquirido que no puede ser desconocido por la administración.8

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la administración.8

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Finalmente, recalca que la pensión reconocida constituye el único medio de subsistencia de su poderdante, persona de la tercera edad en situación de vulnerabilidad, y que su eventual supresión constituiría una grave vulneración de derechos fundamentales como el mínimo vital, la igualdad, la seguridad social y la salud. Solicita, en consecuencia, que se nieguen las pretensiones de la demanda y se declare la legalidad del acto administrativo acusado.

IV. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Recae en esta Corporación - Sala de Decisión: Arts. 152.5, 156.4 y 157 Ley 1437 de 2011.

B. El problema jurídico y su resolución

Con base en la reseña que antecede, la Sala los formula y resuelve de la siguiente manera:

Pj 1. ¿Es compatible el reconocimiento y disfrute simultáneo de la pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público como docente oficial de la señora María Victoria Arciniegas Carrizosa (MVAC) y la pensión de vejez otorgada por COLPENSIONES cuando esta última fue reconocida exclusivamente con base en tiempos cotizados en el sector privado y al amparo del Decreto 758/90?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: precedente jurisprudencial y análisis de las pruebas. La prohibición de la doble asignación del tesoro público (Art. 128 CP) no se

amparo del Decreto 758/90?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: precedente jurisprudencial y análisis de las pruebas. La prohibición de la doble asignación del tesoro público (Art. 128 CP) no se quebranta cuando la fuente de financiación de una de las pensiones proviene del sector privado. Así lo ha expresado la jurisprudencia del Consejo de Estado, citada en el marco normativo de esta providencia. En este caso se demostró que la demandada no percibe ninguna asignación pensional bajo el régimen de ahorro individual con solidaridad (RIAS), co ntrario a lo que se afirma en la demanda, y también se acreditó que los tiempos de servicio tenidos en cuenta por COLPENSIONES para reconocer el derecho pensional se basaron, únicamente, en las cotizaciones realizadas por empleadores del sector privado.

En sentido contrario, la pe nsión reconocida por el FOMAG a la Sra. MVAC9

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obedeció a cotizaciones y tiempos de servicios diferentes, específicamente, cuando esta fungió como docente oficial.

C. Marco jurídico y jurisprudencial

1. Alcance de la prohibición de doble asignación del tesoro público en materia pensional.

El artículo 128 Superior establece una prohibición expresa respecto a la simultaneidad en el ejercicio de empleos públicos y en la percepción de asignaciones provenien tes del tesoro público. Según esta norma ninguna

materia pensional.

El artículo 128 Superior establece una prohibición expresa respecto a la simultaneidad en el ejercicio de empleos públicos y en la percepción de asignaciones provenien tes del tesoro público. Según esta norma ninguna persona podrá desempeñar al mismo tiempo más de un cargo público, ni recibir más de una asignación que tenga como fuente de pago recursos del tesoro público, o de empresas o instituciones en las que el Estad o tenga participación mayoritaria, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley. Para los efectos del artículo, se entiende por “tesoro público” el conjunto de recursos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados.

En desarrollo de esta disposición constitucional, el artículo 19 de la Ley 4 a de 1992 reiteró dicha prohibición, pero estableció algunas excepciones específicas, entre las cuales se encuentran: i) las asignaciones que perciban los profesores universitarios que, además, actúen como asesores de la rama legislativa, y ii) las asignaciones que, al momento de entrada en vigencia de dicha ley, beneficien a docentes oficiales que ya se encontraban pensionados.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C -133/93, al estudiar la constitucionalidad del citado artículo 19, concluyó que este desarrolla adecuadamente el mandato del artículo 128 superior. En dicha providencia, el alto tribunal precisó que esta norma constitucional consagra una regla de incompatibilidad o rientada a garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública, prohibiendo que una misma persona ostente simultáneamente más de un empleo público o reciba varias asignaciones provenientes de recursos estatales, salvo cuando así lo disponga expresamente la ley.10

función pública, prohibiendo que una misma persona ostente simultáneamente más de un empleo público o reciba varias asignaciones provenientes de recursos estatales, salvo cuando así lo disponga expresamente la ley.10

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Ahora bien, es importante precisar que no todas las pensiones reconocidas por el extinto ISS -hoy COLPENSIONEStienen la naturaleza de públicas. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha indicado «que los dineros que administraba el ISS de los aportes de los trabajadores y entidades del sector privado, antes y después de la vigencia de la Ley 100 de 1993 , no constituyen recursos del tesoro público, tampoco lo son los aportes de entidades públicas después de la vigencia de la referida ley, razón por la que no resulta incompatible en los términos del artículo 128 de la Constitución Política , devengar una pensión reconocida por el extinto ISS y una asignación que provenga del tesoro público»2.

En este contexto, tanto el marco normativo como la jurisprudencia vigente reconocen la posibilidad de que una misma persona reciba de manera simultánea dos pensiones de vejez, incluso si ambas tienen por objeto amparar el mismo riesgo o finalidad. No obstante, dicha compatibilidad está condicionada a que las fuentes de financiación sean distintas, en función de la naturaleza de los vínculos laborales que originaron cada prestación. En efecto, se requiere que las

riesgo o finalidad. No obstante, dicha compatibilidad está condicionada a que las fuentes de financiación sean distintas, en función de la naturaleza de los vínculos laborales que originaron cada prestación. En efecto, se requiere que las cotizaciones que sustentan cada pensión prove ngan, de forma exclusiva, de periodos de servicio prestados a empleadores diferentes, uno del sector público y otro del sector privado. En un caso en el que el pensionado percibía dos asignaciones, una de naturaleza pública, y otra cuya fuente de financiac ión fueron los aportes realizados en el sector privado, el Consejo de Estado conceptuó:

«Bajo este contexto, el ordenamiento jurídico y la línea jurisprudencial vigentes habilitan la compatibilidad entre dos pensiones de vejez en favor de un mismo beneficiario, aun cuando estas busquen proteger el mismo riesgo o compartir un objeto análogo, siempre y cuando sus fuentes de financiación en materia de aportes sean diferentes en punto a la esencia de los vínculos laborales que sustentan ambas prestaciones, esto es, que se trate de cotizaciones derivadas en cada caso exclusivamente de tiempos de servicio a diferentes empleadores del sector público y privado respectivamente»3

2 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección «A». Providencia del 13 de agosto de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2016-00483-01(3556-18). C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.

3 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección «A». Providencia del 12 de octubre de 2023.

Rad. 25000-23-42-000-2018-00963-01 (3364 -2021). C.P.: Jorge Iván Duque Gutiérrez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de febrero de 2015. Radicado: 25000-23-25-000-2008-00147-01(0882-13).11

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Según esa providencia, la compatibilidad pensional es viable siempre que las pensiones tengan origen en cotizaciones efectuadas por distintos empleadores pertenecientes a sectores diferenciados —uno público y otro privado—, de forma que las fuentes de financiación de cada prestación sean autónomas e independientes, en atención a la naturaleza del vínculo laboral que las respalda. En una providencia más reciente resaltó que:

«No obstante, la jurisprudencia de esta Colegiatura ha aclarado que conforme al Decreto 758 de 1990 (concerniente al regla mento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte), en armonía con el precepto constitucional contenido en el artículo 128 superior, en principio, serían incompatibles las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales (ISS) con aquellas provenientes del sector público ; sin embargo, ha de tenerse en cuenta que es viable disfrutar al mismo tiempo de aquella y de una pensión de jubilación, en la medida en que la de vejez haya sido concedida

(ISS) con aquellas provenientes del sector público ; sin embargo, ha de tenerse en cuenta que es viable disfrutar al mismo tiempo de aquella y de una pensión de jubilación, en la medida en que la de vejez haya sido concedida con inclusión de tiempos laborados únicamente en el sector privado, pues de lo contrario, en el evento en que se incluyan lapsos oficiales, la pensión de vejez involucraría dineros que provienen del erario y, en tal sentido, se estaría frente a una incompatibilidad pensional. Dicho en otras palabras, si bien es cierto que las pensiones de jubilación reconocidas a los educadores públicos y las concedidas por el desaparecido ISS a los trabajadores privados cubren la misma contingencia (vejez), también lo es que por este simple hecho no resulta n incompatibles (tampoco porque el ISS tuviera el carácter público), puesto que si su fuente es diferente, es decir, si la primera se funda únicamente en el servicio público docente y la otra solo en tiempos privados, se podrán devengar de manera simultáne a (resaltado fuera de texto)»4.

Lo anterior configura un escenario completamente distinto cuando la pensión reconocida por el extinto ISS —o por COLPENSIONES — se fundamenta en tiempos laborados en el sector público. En ese supuesto, el beneficiario incurriría en la prohibición constituci onal de doble asignación proveniente del tesoro público, al percibir simultáneamente otra prestación financiada con recursos estatales, como ocurre con las pensiones de los docentes oficiales. En tal evento, la incompatibilidad sería manifiesta, lo que jus tificaría la anulación del acto administrativo que hubiese otorgado la pensión cuya fuente de financiación

estatales, como ocurre con las pensiones de los docentes oficiales. En tal evento, la incompatibilidad sería manifiesta, lo que jus tificaría la anulación del acto administrativo que hubiese otorgado la pensión cuya fuente de financiación también provenga del tesoro público.

4 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección «B». Providencia del 21 de febrero de 2024. Rad. 54001-23-33-000-2016-00090-02. C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera.12

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En resumen, la jurisprudencia ha señalado que 5, si bien en principio podría presentarse una incompatibilidad entre las pensiones de vejez otorgadas por el extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS) y aquellas reconocidas en el ámbito del s