TA SAN - Sentencia 680012333000-2016-00990-00 (21-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2016-00990-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: Blanca Yadira Piñeros Torres

Maribelbonilla1119@gmail.com

DEMANDADO: Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la

Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PUBLICO mbuendia@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima especial de servicios 30% Plus PROVIDENCIA: Sentencia de primera instancia

SALA No. 01

CONJUEZ PONENTE: SANTIAGO MIGUEL ORTIZ ACEVEDO

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurado por BLANCA YADIRA PIÑEROS TORRES en contra de Nación - Rama Judicial-Consejo Superior De La Judicatura-Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

De La Judicatura-Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Blanca Yadira Piñeros Torres presenta demanda contra Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva, formulando las siguientes:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00990-00 Sentencia de Primera Instancia

1.1 Pretensiones

“1. Que se INAPLIQUE por inconstitucionales e ilegales el Decreto 658 del 4 de marzo de 2008 en su artículo 6°, Decreto 723 del 6 de marzo 2009 en su artículo 8°, el Decreto 1388 del 26 de abril de 2010 en su artículo 8°: el Decreto 1039 del 4 de abril de 2011 en su artículo 8°, el Decreto No. 0874 del 27 de abril de 2012 en su artículo 8°, el Decreto No. 1024 del 21 de marzo de 2013 en su artículo 8°; el Decreto 194 del 7 de febrero de 2014 en su artículo 8°, el Decreto 1105 de 2015 y el Decreto No.206 de 2016 en sus Artículos 4° , dado que en ellos se reiteran los yerros que dieron lugar a la nulidad de las normas que en tal sentido les precedieron y que a la fecha se encuentran declarados nulos en virtud de la sentencia del 29 de abril de 2014 dentro del proceso No. 2007 - 00087-00 ,

les precedieron y que a la fecha se encuentran declarados nulos en virtud de la sentencia del 29 de abril de 2014 dentro del proceso No. 2007 - 00087-00 , proferida por la Sala de Conjueces del H. Consejo de Estado - Sección Segunda.

2. Que se DECLARE la Nulidad de la Resolución No. 5265 del 4 de noviembre del 2015 mediante la cual se negó lo solicitado mediante petición del 3 de noviembre de 2015 mediante los cual se negó a la señora BLANCA YADIRA PIÑEROS TORRES el reconocimiento y pago desde el 17 de agosto de 2012 hasta el 22 de abril de 2016, de las sumas que, como diferencias salariales y prestacionales, resulten de la reliquidación de todas sus prestaciones sociales y laborales, teniendo en cuenta como base para la liquidación, con carácter salarial el 100% de su remuneración mensual y la liquidación prestacional que hasta ahora le ha hecho la Administración Judicial, tomando con carácter salarial solo el 70% de su remuneración mensual, reliquidación que por tanto incluya con carácter salarial, el 30% de su sueldo básico, que el Gobierno, ha ordenado tener como prima especial, imputándola como parte de su misma remuneración mensual, al reglamentar el artículo 14 de la Ley 4° de 1992. El reconocimiento y pago de la prima especial equivalente al 30% de la remuneración básica que hasta ahora no se le ha reconocido ni cancelado, como adición, incremento o valor agregado a la remuneración básica mensual legalmente establecida y consecuencia! reliquidación de las prestaciones sociales con su inclusión y pago de la diferencia que se causare en relación con la prima especial.

valor agregado a la remuneración básica mensual legalmente establecida y consecuencia! reliquidación de las prestaciones sociales con su inclusión y pago de la diferencia que se causare en relación con la prima especial.

3.QUE SE DECLARE LA NULIDAD del acto ficto negativo que surgió con ocasión del recurso de apelación interpuesto el 1 de diciembre de 2015 contra la Resolución No.5262 del 4 de noviembre de 2015 ante el cual opero el silencio administrativo negativo.

4. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se ORDENE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR

DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA RECONOCER, RELIQUIQUIDAR, Y PAGAR a la señora BLANCA YADIRA PIÑEROS TORRES desde el 17 agosto de 2012 hasta el 22 de abril de 2016, todas sus prestaciones sociales, salariales y laborales, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones y emolumentos laborales que se puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación, el 100% de su remuneración básica mensual legal conforme lo señalado por el HonorableNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00990-00 Sentencia de Primera Instancia

Consejo de Estado - Sección Segunda en la sentencia de abril 29 de 2014 dentro del proceso No. 110010325000200700087 -00 , incluyendo por tanto, con

Sentencia de Primera Instancia

Consejo de Estado - Sección Segunda en la sentencia de abril 29 de 2014 dentro del proceso No. 110010325000200700087 -00 , incluyendo por tanto, con carácter salarial el 30% de su sueldo básico, que la administración judicial ha tomado de este para denominarlo prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4° de 1992, por lo que hasta ahora le ha liquidado sus prestaciones con el 70% de sueldo básico mensual.

5. Que se CONDENE a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR

DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA, a RECONOCER Y PAGAR a título de restablecimiento del derecho a la DRA. BLANCAYADIRA PIÑEROS TORRES desde el 17 de agosto hasta el 22 de abril de 2016, la prima especial mensual equivalente al 30% de la remuneración básica que hasta a hora no se le ha reconocido ni cancelado, como agregado, adición, incremento o sobresueldo a la remuneración mensual, conforme lo establece la sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección SegundaSala de Conjueces del 29 de Abril de 2014 dentro del proceso No. 1100103250002007 00087-00.

6. Que se CONDENE a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA como restablecimiento del derecho de la demandante INCLUIR que dentro de la reliquidación de las prestaciones

DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA como restablecimiento del derecho de la demandante INCLUIR que dentro de la reliquidación de las prestaciones sociales enumeradas en el literal anterior el 30% de la Prima Especial de Servicios adicional al Ingreso Mensual decretado por el Gobierno desde el año 1993, a partir del 17 de a gosto de 2012 fecha de vinculación de la convocante hasta la fecha de su desvinculación que fue el 22 de abril de 2016, bajo el entendido que conforme la Jurisprudencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Segunda Subsección B, dentro del proceso radicado con el No. 25000-23-25-000-2005 - 01134 - 01 (0419-07), con ponencia de la doctora BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ, tiene carácter salarial, precedente ratificado por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado en Sentencia del 7 de Mayo de 2012 dentro del Proceso No. 410012331000200300551-01 Conjuez Ponente PEDRO SIMON VARGAS SAENZ y en la Sentencia de abril 29 de 2014 dentro del proceso No. 110010325000200700087-00 Conjuez Ponente MARIA CAROLINA RODRIGUEZ RUIZ y que en tal virtud se pague la diferencia que se cause con la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por la convocante.

7. Las sumas del saldo insoluto dejado de pagar a la DRA. BLANCA YADIRA PIÑEROS TORRES, tanto por sal ario como prestaciones sociales, por los

por la convocante.

7. Las sumas del saldo insoluto dejado de pagar a la DRA. BLANCA YADIRA PIÑEROS TORRES, tanto por sal ario como prestaciones sociales, por los errores puestos de presente con antelación, deben ser actualizados conforme al índice de Precios al Consumidor IPC, año por año y mes a mes por tratarse de prestación de tracto sucesivo desde cuando debió surtirse el pago efectivo de la obligación y hasta el pago de la misma.

8. Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos 189, 192, 194, 195 del CPACA.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00990-00

Sentencia de Primera Instancia

9. Condenar en costas a la parte demandada.

1.2 Hechos

La demandante, Blanca Yadira Piñeros Torres , estuvo vinculada a la Rama Judicial desde el 17 de agosto de 2012 hasta abril de 2016, desempeñándose como Juez Administrativo. El 3 de noviembre de 2015 , a través de apoderado presentó solicitud de reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la remuneración mensual. Igualmente solicitó reconocimiento y pago de la prima especial de servicios correspondiente al 30% adicional a su salario básico mensual con la consecuente reliquidación prestacional, desde la fecha de su vinculación. La entidad demandada , mediante Resolución No. 5265 del 04 de noviembre de 2015, negó el reconocimiento solicitado, acto que fue impugnado por la demandante mediante recurso de apelación ante la Dirección Ejecutiva de Administración

La entidad demandada , mediante Resolución No. 5265 del 04 de noviembre de 2015, negó el reconocimiento solicitado, acto que fue impugnado por la demandante mediante recurso de apelación ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien no resolvió la alzada, operando el silencio ficto negativo. 1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Constitucionales: Artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53 y 209 de la Constitución Política.

Legales: Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14.

Se argumenta que la prima especial del 30% no fue correctamente considerada como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. Esta incorrecta interpretación condujo a que, en lugar de ser sumada al salario, fuera descontada, reduciendo injustificadamente los ingresos totales de los empleados judiciales.

Además, se sostiene que hubo una violación del principio de progresividad y de protección del salario, al despojar de efectos salariales el 30% correspondiente a la prima especial, lo que contraviene el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales. Esto resultó en una disminución injustificada de los ingresos, afectando los derechos fundamentales de los empleados de la Rama Judicial.

Finalmente, aduce que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 19 92, tiene derecho al reconocimiento de la prima especial como un componente adicional a su remuneración mensual, y no como lo ha interpretado la demandada, sustrayendo el 30% de su salario indebidamente para imputarlo a título de prima especial de servicios.

4 de 19 92, tiene derecho al reconocimiento de la prima especial como un componente adicional a su remuneración mensual, y no como lo ha interpretado la demandada, sustrayendo el 30% de su salario indebidamente para imputarlo a título de prima especial de servicios.

2. Contestación de la demanda

La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que los salarios y prestaciones sociales pagados a la parte demandante habían sido cancelados conforme al régimen legal y prestacional vigente para los servidoresNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00990-00 Sentencia de Primera Instancia

públicos. Asegura q ue los actos administrativos impugnados fueron expedidos respetando la normatividad aplicable al momento en que se solicitó el reconocimiento del carácter salarial de la prima especial, por lo tanto, dichos actos gozan de presunción de legalidad y deben considerarse válidos y ejecutables.

Argumentó que la facultad para fijar los estipendios salariales de los servidores públicos correspondía exclusivamente al Gobierno Nacional, según lo dispuesto en la Constitución y la Ley 4 de 1992. Por tanto, afirma que la Rama Judicial no tenía competencia para modificar el régimen prestacional y salarial, estando limitada a aplicar las disposiciones emitidas por el Ejecutivo. Así, los actos administrativos demandados no podían ser declarados nulos, ya que se ajustaban plenamente a la legalidad vigente.

Además, invocó la figura de la prescripción trienal, afirmando que las pretensiones del demandante estaban parcialmente prescritas. Explicó que los derechos reclamados, incluida la solicitud de reliquidación de salarios y el reconocimiento de

Además, invocó la figura de la prescripción trienal, afirmando que las pretensiones del demandante estaban parcialmente prescritas. Explicó que los derechos reclamados, incluida la solicitud de reliquidación de salarios y el reconocimiento de la prima especial, solo podían abarcar un período de tres años anteriores a la presentación formal de su solicitud, de acuerdo con la normativa vigente. En consecuencia, solicitó que se declarara la prescripción parcial de las pretensiones.

Finalmente, indicó que no es viable acceder a las pretensiones de la parte demandante conforme han sido formuladas en la demanda, sino que, en caso de que sean reconocidas, deberá decretarse de oficio la prescripción trienal de las mesadas que se h ubieran causado tres años antes de la solicitud elevada por la parte accionante ante la Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga.

3. Alegatos de conclusión

3.1 Parte demandante

Enfocó su argumentación en la incorrecta interpretación y aplicación de la prima especial del 30% establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Indica que según los certificados de nómina expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, esta prima fue mal denominada como “prima especial de se rvicios”, privándola de los efectos salariales y prestacionales que legalmente debería tener. Por lo anterior, afirma que las prestaciones sociales debieron liquidarse con el 100% del salario básico y no con el 70%, como ha sido la práctica hasta ahora.

Así mismo, se apoyó en la jurisprudencia del Consejo de Estado, citando la sentencia del 29 de abril de 2014, en la que se declaró la nulidad de los decretos

Así mismo, se apoyó en la jurisprudencia del Consejo de Estado, citando la sentencia del 29 de abril de 2014, en la que se declaró la nulidad de los decretos salariales emitidos entre 1993 y 2007 y en la que se determinó que la prima especial debía consider arse un incremento adicional al salario básico y no restarse del mismo.

En este sentido, alegó que la práctica de la entidad demandada ha sido contraria a lo dispuesto en dicha jurisprudencia, lo que ha afectado los derechos salariales de la parte demandante.

De igual forma, invocó la Sentencia de Unificación SUJ-016-CE-S2-2019, proferida por la Sala Plena de Conjueces del Consejo de Estado, la cual ratificó que losNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00990-00 Sentencia de Primera Instancia

funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios tienen derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico, incluyendo el 30% que previamente había sido excluido.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se condene a la entidad demandada a reliquidar las prestaciones sociales perci bida por la demandante, tomando como sustento el 100% del salario básico establecido en los decretos reglamentarios frente al, tema “prima especial”, que en ningún momento estableció la merma del 30% que representa el pago formalmente indebido de la prima especial de servicios.

Finalmente, la parte demandante solicitó al honorable tribunal que se nieguen las excepciones propuestas por la parte demandada y se declaren favorable las pretensiones invocadas en el medio de control a favor de la demandante.

3.2 Parte demandada

Finalmente, la parte demandante solicitó al honorable tribunal que se nieguen las excepciones propuestas por la parte demandada y se declaren favorable las pretensiones invocadas en el medio de control a favor de la demandante.

3.2 Parte demandada

Expuso sus alegatos en la falta de competencia de la entidad demandada para modificar el régimen salarial de los empleados de la Rama Judicial. Sostuvo que la determinación de salarios y prestaciones corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, en virtud de la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, argumentó que los actos administrativos emitidos por su representada son meros actos de ejecución de los decretos salariales expedidos por el Gobierno Ejecutivo y, por lo tanto, no pueden ser objeto de control jurisdiccional.

Adicionalmente, resalt a la inexistencia de responsabilidad administrativa o patrimonial, toda vez que su actuación se ha limitado a la ejecución de los decretos salariales expedidos por el Gobierno Ejecutivo. En este sentido, argumenta que no se puede atribuir ninguna omisión o irregularidad, pues los pagos se han efectuado conforme a la normatividad vigente y sin que existiera obligación de modificar el régimen salarial de la parte actora.

Hizo énfasis en la imposibilidad d e condenar en costas a su representada. Alegó que no existe fundamento para imponerle dicha carga, dado que su intervención en el proceso se ha limitado a la defensa de la legalidad de los actos administrativos demandados. Además, sostuvo que no se evidenc ia temeridad ni mala fe en la oposición a las pretensiones de la parte actora, lo que excluye la procedencia de la condena en costas conforme a las disposiciones del Código General del Proceso.

demandados. Además, sostuvo que no se evidenc ia temeridad ni mala fe en la oposición a las pretensiones de la parte actora, lo que excluye la procedencia de la condena en costas conforme a las disposiciones del Código General del Proceso.

Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la demanda y se desestimen las pretensiones de la parte demandante. Insistió en que cualquier reconocimiento salarial adicional debe ser tramitado ante el Gobierno Ejecutivo y que carece de competencia para realizar modificaciones en la escala salarial de los servidores judiciales. En virtud de lo expuesto, solicitó que se profiera una decisión ajustada al ordenamiento jurídico, reiterando la inexistencia de una obligación a cargo de su representada en el presente proceso.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00990-00 Sentencia de Primera Instancia

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contenc ioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

Procedimiento Administrativo y Contenc ioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Fijación del litigio

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde a la Sala determinar si: P.J.1: ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 5265 de fecha 04 de noviembre de 2015, expedido por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, así como del acto ficto o presunto negativo configurado por el silencio guardado frente al recurso de apelación interpuesto el 01 de diciembre de 2015 contra la anterior resolución? P.J.2: ¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un incremento, componente adicional o plus a la remuneración mensual o salarió básico?

P. J. 3: En razón de lo anterior también habrá de determinarse si ¿Hay lugar a ordenar la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de la demandante teniendo en cuenta para tal efecto el 100% de la remuneración mensual , así como la prima especial de servicios equivalente al 30% de la remuneración mensual como factor adicional a esta , desde el 17 de agosto de 2012 y hasta el 22 de abril de

2016? En caso afirmativo a los anteriores interrogantes, deberá determinarse si en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1 Prima especial de servicios

En caso afirmativo a los anteriores interrogantes, deberá determinarse si en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1 Prima especial de servicios

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

“ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00990-00 Sentencia de Primera Instancia

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

...e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros de l Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Dist rito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. (Sub rayas fuera de texto original)

Se vislumbra la fijación de ciertos parámetros en el contexto de los cuales el Gobierno Nacio nal, en ejercicio de la facultad establecida por el numeral 11 del artículo 189 constitucional, debe desarrollar la prima up supra aludida, la pena de

Se vislumbra la fijación de ciertos parámetros en el contexto de los cuales el Gobierno Nacio nal, en ejercicio de la facultad establecida por el numeral 11 del artículo 189 constitucional, debe desarrollar la prima up supra aludida, la pena de incurrir en una omisión violatoria de la constitucionalidad y la legalidad.

En cumplimiento del enunciad o deber se expidieron por el Gobierno Nacional los respectivos decretos anuales, mediante los cuales se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictaron otras disposiciones

La mentada normativa regulatoria, como bien es manifestado, fue objeto de la acción de Nulidad Simple de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00, en la cualNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00990-00 Sentencia de Primera Instancia

la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de fecha 29 de abril de 2014, señaló:

“En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió los decretos demandados, reproduciendo año por año la previsión de que el 30% del salario devengado por los funcionar ios enumerados en el artículo 14 de la mencionada ley, sería considerado como prima. Dichos decretos no ofrecieron la suficiente claridad y fueron interpretados erróneamente por las entidades encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salari o básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. Aunque parece un juego de palabras, son dos cosas

erróneamente por las entidades encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salari o básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. Aunque parece un juego de palabras, son dos cosas completamente diferentes, pues la primera interpretación implica una reducción del salario básico al 70%, mientras que la segunda, que es la correcta de conformidad con la Ley y la Constitución Política, como se explicará más adelante, implica que se puede tomar el 30% del salario, pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico”

(…)

“De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad”. Resaltado incluido en el texto original.

Así, a partir del enunciado fallo de nulidad se es tableció que los decretos anuales mediante los cuales “se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la rama judicial, del Ministerio Público, de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”, venían generando el pago salarial y prestacional en contravía de lo

mediante los cuales “se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la rama judicial, del Ministerio Público, de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”, venían generando el pago salarial y prestacional en contravía de lo dispuesto por la ley 4 de 1992 al entender que “ el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. ”, restando de tal forma del valor correspondiente al salario y de la base de liquidación prestacional el 30%, esto es, liquidando solo sobre el 70% de lo que en estricto rigor debía ser la base de liquidación.

Ahora bien, una cosa es el hipotético reajuste del 30 % en Salarios y prestaciones derivado del incorrecto pago efectuado a los servid ores descritos en el artículo 14 de la ley 4 de 1992 y otra bien diferente es que la prima en si misma constituya factor salarial a efectos de la liquidación de las prestaciones sociales de aquellos.

Efectivamente, como bien lo enuncia el texto ibídem la prima especial de servicios NO TIENE CARACTER SALARIAL, a efectos de la liquidación de prestaciones sociales, en cambio sí a efectos de cotizaciones al sistema de seguridad socialNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2016-00990-00 Sentencia de Primera Instancia

integral en materia de pensión, conforme lo definieran las leyes 332 de 1996 y 476 de 1998.

Necesario se torna efectuar un análisis de acoplamiento de la legislación en cita a la Constitución. Toda ley, por ser fruto de la actividad democrática popular, expedida a través del representante legítimo del pueblo soberano, en ejercici o de su libertad

Necesario se torna efectuar un análisis de acoplamiento de la legislación en cita a la Constitución. Toda ley, por ser fruto de la acti