TA SAN - Sentencia 680012333000-2016-01379-00 (28-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2016-01379-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Laura Patricia Otero Arteaga

fabian7borja@hotmail.com

DEMANDADO: NaciónFiscalía General de la Nación

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co MINISTERIO PUBLICO regional.santander@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima Especial e Servicios 30% Plus, y Bonificación

Judicial.

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: DAIRO EFRAIN CASTRO FLOREZ

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir Sentencia De Primera Instancia dentro del medio de control de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho instaurada por Laura Patricia Otero Arteaga en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Laura Patricia Otero Arteaga presenta demanda contra Nación - Fiscalía General de la Nación ,

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Laura Patricia Otero Arteaga presenta demanda contra Nación - Fiscalía General de la Nación , formulando las siguientes:Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2016-01379-00

1.1. Pretensiones

“PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos SSAGS 840 del 30 de marzo de 2016 del subdirector seccional de apoyo a la gestión de Bucaramanga v contra la resolución No 2-1975 del 05 de julio de 2016 de la subdirectora de talento humano de Bogotá, mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas, prima especial de servicio, vacaciones, bonificaciones, cesantías y el descuento del salario base etc.

SEGUNDA: como restablecimiento del derecho se reconozca y cancele a favor de mi poderdante sobre sus salarios básicos por cada m es de servicio un 30% equivalente a la prima especial de servicios no cancelada a mi poderdante por la inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992, que en vez de aumentar el ingreso de mis poderdantes como nivelación, lo que hizo fue descontar el 30% del sal ario base para convertirlo en una aparente prima especial de servicios, por lo que se les debe a mi poderdante desde el día dos (02) de junio de 1999 en los periodos en que se desempeñó como fiscal. hasta la fecha v los que se sigan causando v en los perio dos en que

especial de servicios, por lo que se les debe a mi poderdante desde el día dos (02) de junio de 1999 en los periodos en que se desempeñó como fiscal. hasta la fecha v los que se sigan causando v en los perio dos en que sea designado como fiscal, el pago del porcentaje descontado como equivalente al valor de la prima especial de servicio por cada mes que equivale aproximadamente a $ 273.080.036.oo en los periodos en que se ha desempeñado como fiscal equivalente al 30% adicional al salario como prima especial de servicio no cancelada por cada MES: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , J ULIO, AGOSTO,

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN CADA AÑO.

Valores que deberán aplicarse el articulo 176 -178 del C.C.A y concordantes mes a mes y sobre los que se sigan generando

TERCERA: como consecuencia de lo anterior ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir desde el día dos (02) de junio de 1999 en los periodos en que se desempeñó co mo fiscal. hasta la fecha v los que se sigan causando v en los periodos en que sea designado como fiscal y las que se sigan causando de l pago completo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, ces antías, intereses a las cesantías y aportes patronales a pagar a los correspondientes fondos de pensiones. Cesantías, salud, riesgos y demás de ley, los valores que correspondan por la anterior condena y las que se sigan generando para la pensión sobre el valor del 30% no cancelado equivale a la prima especial de servicios.

riesgos y demás de ley, los valores que correspondan por la anterior condena y las que se sigan generando para la pensión sobre el valor del 30% no cancelado equivale a la prima especial de servicios.

CUARTA: Que luego de la sentencia y en adelante, la Fiscalía Ge neral de la Nación, siga liquidando y pagando a mi poderdante, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y dere chos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico, que hasta ahora ha tenido como prima especial sin carácter salarialMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2016-01379-00

QUINTA: Ordenar la liquidación y pago de los valores de jados de percibir desde el día dos (02) de junio de 1999 en los periodos en que se desempeñó como fiscal. hasta la fecha v los que se s igan causando teniendo como base que únicamente se liquidó y canceló a mi poderdante sobre el 70% del salario, adeudándos ele desde esa época aproximadamente la suma de $ 71.714.861.oo correspondiente al 30% de la supuesta prima especial de servicio tomada ilegalmente del salario que sea declarada como factor salarial para su reliquidación de prestaciones y su existencia a pa rtir del año 2004 donde la prima especial de servicios fue quitada del ingreso mensual de mi poderdante contrariando el artículo 53 de la CN y concordantes de la OIT.

SEXTA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación judicial como factor salarial en sus liquidaciones, de los valores

quitada del ingreso mensual de mi poderdante contrariando el artículo 53 de la CN y concordantes de la OIT.

SEXTA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación judicial como factor salarial en sus liquidaciones, de los valores dejados de percibir con base en el decreto 382 de 2013, desde el año 2013 de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, inte reses a las cesantías y demás hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago, en los periodos en que se desempeñó como fiscal.

SEPTIMA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

OCTAVA: Que co mo consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar al demandante los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 178 del C.C.A., es decir que en las condenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas mes a mes y prestación por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Estado Sección S egunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente Dra. BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ expediente 520012331000200101770 01 actor aldrin Alfonso Cabezas ) “ por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por me s , por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la

por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por me s , por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.”

NOVENA: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

DECIMA: se ordene la expedición de las correspondientes copias auténticas y constancias necesarias para el cobro.

UNDECIMA: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada en caso de oposición dilatoria.”Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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1.2. Hechos El demandante, Laura Patricia Otero Arteaga se encuentra vinculad a a la Fiscalía General de la Nación desde el 02 de junio de 1999 hasta la fecha como Fiscal en diferentes periodos. El 18 de marzo de 2016 a través de su apoderado, prese ntó una solicitud de reconocimiento y pago de la Prima Especial de Servicios correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual, desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la solicitud, argumentando que dicho porcentaje, en lugar de ser considerado como un incremento salarial, había sido indebidamente descontado. La entidad demandada, mediante SSAGS No. 840 del 30 de marzo d e 2016, negó la solicitud presentada por l a demandante, bajo el argumento que se le había liquidado y pagado los salarios y prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente. Decisión frente a la cual el demandante interpuso recurso de apelación el

la solicitud presentada por l a demandante, bajo el argumento que se le había liquidado y pagado los salarios y prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente. Decisión frente a la cual el demandante interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto mediante Resolución No. 2 -1975 del 05 de julio de 2016 confirmándola en todas sus partes. 1.1 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes: Constitucionales: Los artículos 1, 2, 4, 5, 11,12, 13,25, 29, 53, 93 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, Ley 4 de 1992 artículo 2 y 14, ley 482 de 1998, el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, Código Sustantivo del trabajo artículos 14 y 65.

Se aduce en la demanda que el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo precisa que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo las expresamente exceptuadas por ley.

Así mismo, sostiene la parte demandante que los actos administra tivos demandados son abiertamente violatorios del artículo 12 del decreto 717 de 1978, artículos 2 y 10 de la ley 4 de 1992, porque en ningún caso se puede desmejorar o disminuir los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos.

2. Contestación de la demanda

artículos 2 y 10 de la ley 4 de 1992, porque en ningún caso se puede desmejorar o disminuir los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos.

2. Contestación de la demanda

El apoderado de la Nación - Fiscalía General de la Nación, se opone a las declaraciones y condenas solicitadas, ar gumentando que su representada, contrario a incurrir en alguna irregularidad al negarse a efectuar dicho reconocimiento e n favor del demandante, ha dado cumplimiento a mandatos legales, por tal razón, estima que habrán de denegarse las pretensiones de la misma. Argumenta que la Fiscalía General de la Nación, carece de competenciaMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2016-01379-00

para expedir normas de carácter salarial y prestacional de los empleados públicos, puesto su competencia se limita a acatar lo que en esta materia y en desarrollo de la ley marco, determine establecer el presidente de la Republica que son competencia del Gobierno Nacional.

3. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

El apoderado de la entidad accionada no presentó escrito de alegatos de conclusión.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

conclusión.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás eta pas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrat ivo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conj ueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del oficio SSAGS 840 del 30 de marzo del 2016, suscrita por la por la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión y de la resolución 2-1975 del 05 de julio de 2016 de la Subdirección de Tal ento Humano , mediante las cuales se negó el reconocimiento del 30 % de la prima especial como plus o componente adicional al salario , la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como base de liquidación el 100% de su asignación básica y la bonificación judicial como factor salarial.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia

sociales teniendo en cuenta como base de liquidación el 100% de su asignación básica y la bonificación judicial como factor salarial.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2016-01379-00

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a reconocer y pagar a favor de la Doctora LAURA PATRICIA OTERO ARTEAGA la prima de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ta de 1992, como un valor agregado del 30 % sobre el salario básico y/o asignación mensual en los periodos en que el demandante se ha desempeñado como fiscal y en adelante hasta la fecha en que se sigan causando.?

PJ.3. ¿Es procedente disponer la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de la demandante con la inclusión de la bonificación judicial desde el 2013, en adelante, para ser tenidas en cuenta como factor salarial, hasta cuando se sigan causando?

En caso de ser afirmativo,

PJ.4. ¿Hay lugar a aplicar el término de prescripción trienal frente a las mesadas causadas tres años antes de la solicitud elevada ante la entidad demandada?

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Prima Especial de Servicios

En abril de 2009, el Consejo de Estado, mediante sentencia proferida dentro de la acción de Nulidad radicado 2007 -00098-001, efectuó un análisis acerca de los Decretos por medio de los cuales, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades y directrices establecidas por el legisla dor en la ley 4ª de 1992, fijó el

Decretos por medio de los cuales, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades y directrices establecidas por el legisla dor en la ley 4ª de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial del Pode r Público; pronunciándose respecto al alcance de las disposiciones contenidas en dichos reglamentos, según las cuales, e l 30% de la remuneración mensual de los servidores enlistados, se considera como prima especial sin carácter salarial.

En dicha sentencia, la Corporación aborda la problemática manifestando que en principio, el Presidente de la República si era compete nte para expedir el Decreto 618 de 2007, es decir, el Acto por medio del cual se creó la prima especial del 30%; como quiera que el mi smo, fue proferido en desarrollo de las directrices habilitadas por los artículos 14 y 15 de la ley 4ª de 1992; sin e mbargo, al entrar a determinar si hubo o no desvío de poder en la expedición de dicha reglamentación y si bajo la apariencia de una prima especial, en realidad se disfrazó la intención de despojar de efectos salariales a un porcentaje del salario básico p ara procurar un ahorro en el gasto público, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, hace un estudio de los criterios y fin es contemplados en la ley 4ª de 1992 de la siguiente manera:

“En efecto, la Ley 4 a de 1992, materializo el literal e) d el numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, por cuanto contiene las normas generales, los objetivos y

siguiente manera:

“En efecto, la Ley 4 a de 1992, materializo el literal e) d el numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, por cuanto contiene las normas generales, los objetivos y

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, expediente Número 11001-03-25-000-200700098-00 (1831-07), Magistrado Ponente Dr. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGURENMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2016-01379-00

los criterios dentro de los que el Ejecutivo fijará el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Así, esta Ley en su artículo 2º, estipuló tales criterios y objetivos dentro de los que el Gobierno Nacional cumple el encargo constitucional diseñado. De dicho enunciado, es posible deducir que los referentes que regulan la expedición de la actividad reglamentaria reflejan pautas que pese a que su contenido generalmente abierto, en el literal a) del artículo 2º citado, expresa un concepto cerrado en cuanto prohíbe al Gobierno de manera genérica desmejorar los salarios y las p restaciones sociales de los servidores del Estado…” (Negrilla Fuera del Texto)

Así mismo, establece que: “Los decretos reglamentarios de esta Ley, habrán de obedecer sistemáticamente dichos conceptos, que pese a su naturaleza técnica, permiten en su conju nto un contenido sustancial de coherencia que inobjetablemente le es exigible al Estado en el instante de estructurar el

obedecer sistemáticamente dichos conceptos, que pese a su naturaleza técnica, permiten en su conju nto un contenido sustancial de coherencia que inobjetablemente le es exigible al Estado en el instante de estructurar el sistema salarial y prestacional, categoría jurídica de tanto significado que por sí misma excluye por ilegal, cualquier forma de antago nismo, no en función del texto legal propiamente dicho –en su mera literalidad - sino directamente, atendiendo el criterio de corrección lógico que sustenta el esquema remuneratorio aplicado a los servidores públicos”

Conforme lo anterior, el H Consejo de Estado Rectifica la Jurisprudencia fijada en Sentencia de 9 de marzo de 2006 2 donde establecía que el Gobierno Nacional “no desbordó la pauta señalada en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, porque su actividad únicamente se limitó a señalar el porcentaje , a título de prima, dentro de la escala porcentual señalada por el legislador; estimando que el 30% de la asignación básica tendría ta l connotación”; en su lugar bajo la premisa de que el juez contencioso debe ejercer un control de contenido de los Decret os que desarrollan una ley marco o cuadro, pues es su deber verificar su correspondencia con el conjunto de principios y valores consignados por el legislador en la norma, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo expuso entonces:

“Lo primero que hay que registrar es que conforme al Acto Legislativo surgido del Plebiscito de 1957 (artículo 5 o), la función pública quedo vinculada a la carrera administrativa como sistema de acceso y permanencia en el servicio público, es por eso que fue expedida la Ley 19

surgido del Plebiscito de 1957 (artículo 5 o), la función pública quedo vinculada a la carrera administrativa como sistema de acceso y permanencia en el servicio público, es por eso que fue expedida la Ley 19 de 1958, para facilitar un modelo técnico en la clasificación de los empleados públicos que serviría de guía principal para establecer entre otros aspectos, la remuneración de los servidores públicos conforme a los deberes del empleo, la responsa bilidad y los requisitos mínimos para la designación; sin embargo, fue solo hasta la conocida reforma constitucional de 1968, que posib ilitó la expedición de la Ley 65 de 1967, base normativa

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, proceso No. 0121 -2003, La Corporación analiza los Decretos Reglamentarios Nos. 057, 106, 043, 036, 076, 064, 044, 2740, 2720 y 673 de las anualidades comprendidas entre 1993 y 2002 respectivamente.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2016-01379-00

para la modernización de la regulación técnica de la función púb lica, de ahí se derivan los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, 3135 del mismo año y 3148 que la adiciona, donde surgen con regularidad un particular fenómeno jurídico en la remuneración de los empleados del Estado ordinariamente mencionado bajo el títul o de “primas”, para significar invariablemente, un agregado en su ingreso laboral en ocasiones de naturaleza prestacional y en otras d e carácter salarial, o como simple

ordinariamente mencionado bajo el títul o de “primas”, para significar invariablemente, un agregado en su ingreso laboral en ocasiones de naturaleza prestacional y en otras d e carácter salarial, o como simple bonificación pero en todo caso con la constante de representar un incremento en los in gresos derivados de la relación laboral.” (Negrilla Fuera del Texto)

Añade que, en el Decreto 1042 de 1968 contentivo de la clasificación y remuneración de los cargos para los empleos públicos: “ La noción de “prima”, como concepto genérico, emerge a títu lo de reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de expresar cualidades o características particulares del mismo, qu e con todo, implican un aumento en su ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de clima, entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer un “plus” en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente bonificatorio” (Negrilla fuera del Texto)

Por tal razón, esa H Corporación concluye que: “el concepto de prima dentro del régimen jurídico anterior a la expedición de la carta de 1991, opera invariablemente como un fenómeno retribuido de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público” . En adición a lo anterior, establece que con posterioridad a la expedición de la Constitución del 91, “el concepto mantiene identidad funcional con la manera como el régimen jurídico anterior se refirió a la s primas para sobre su estructura representar básicamente un incremento a la remuneración; propiamente es posible

concepto mantiene identidad funcional con la manera como el régimen jurídico anterior se refirió a la s primas para sobre su estructura representar básicamente un incremento a la remuneración; propiamente es posible reconocer que la Ley 4ª de 1992, retomó los elementos axiológicos de la noción, de manera que volvió a mencionar el concepto de prima como un fenómeno complementario de adición a la remuneración de los servidores públicos, tal como efectivamente quedo consagrado en los articulo 14 y 15 de dicha codificación; de forma que el entendimiento del concepto en vigencia del sistema de remuneración de lo s servidores públicos, luego de la Carta de 1991 y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un “plus” para añadir el valor del ingreso laboral del servidor”

Finalmente anula el artículo 7 del Decreto 618 de 2007, en tanto considera qu e tomar el 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, conduce a una contradicción, toda vez que dicho emolumento, debe ser considerado como un plus o un incremento en el ingreso del servidor público, y no una merma o disminución en el mismo; de igual manera, establece que no es dable asignar al concepto de “prima”, us ado por el legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una interpretación distinta a la de representar un i ncremento remuneratorio, pues además de lo expuesto, vulneraria el precepto superior de progresividad, contemplado en el artículo 53 deMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia

a la de representar un i ncremento remuneratorio, pues además de lo expuesto, vulneraria el precepto superior de progresividad, contemplado en el artículo 53 deMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2016-01379-00

la CP y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.

Aunado a lo anterior, esta Sala advierte que, en un caso de idénticos supuestos fácticos y jurídicos, el Consejo de Estado a través de la sentencia proferida en el proceso radicado 250002325000200501134-01, revoca la decisión adoptada por la Sección Segunda, Subsección “C” del Tri bunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar, acoge las pretensiones demandadas por la Juez Catorce (14) de Familia de Bogotá, quien solicita la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como factor salarial el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, sustentando su decisión, en la tesis adoptada por esa H Corporación, en el expediente Nro. 110010325 000200700098-00, esto es, la que declaró la nulidad del Decreto 7º del Decreto 618 de 2 de marzo de 2007.

En igual orden, inaplica por inconstitucionales los artículos 7 de los Decretos Nos 2740 de 2000 y 2720 de 2001 y 6 de los Decretos Nros 673 de 2002 y 3569 de 2003, en cuanto previeron como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual devengado por el demandante.

2003, en cuanto previeron como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual devengado por el demandante.

Así mismo, ha de señalar esta Sala, que el veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Catorce, la sala de conjueces de la Sección Segunda del H Consejo de Estado, dentro de la acción de Simple Nulidad radicado 11001032500020 070008700 – Nro. Interno 1686 -07, declaró la nulidad de los Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 3 5 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del

Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2 000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002 ; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 de l Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º,

10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007, argumentando que la interpretación, en ellos consignada, respecto a la prima especial del 30% era errada, toda vez que contradecía los principios y preceptos consagrados en la ley 4 de 1992 y de la misma jurisprudencia del H Consejo de Estado, entendiendo de una forma desacertada, que el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía al 30%; pues la primera interpretación implica una reducción del sal ario básico al 70% mientras que laMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2016-01379-00

segundaque es la correcta - implica que se puede tomar el 30% del salario, pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico.

En diciembre de 2020, el Consejo de Esta do, mediante sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020 proferida dentro de la acción de Nulidad y restablecimiento del derecho radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01, preciso lo siguiente:

“Así las cosas, en este punto se puede afirmar, que aunque la di scusión jurídica presenta notorias diferencias con aquella que soportan las reclamaciones de los jueces, por todo el recorrido normativo y jurisprudencial que aquí se ha expuesto, en esencia las conclusiones a las que se arriban no difieren de las establec idas en la sentencia de 2 de

reclamaciones de los jueces, por todo el recorrido normativo y jurisprudencial que aquí se ha expuesto, en esencia las conclusiones a las que se arriban no difieren de las establec idas en la sentencia de 2 de septiembre de 2019 en la que se precisó el alcance del derecho a la prima especial que se reconoce a los f uncionarios judiciales. Por contera, para los empleados de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron al régimen salarial previsto en el Decreto 53 de 1993