TA SAN - Sentencia 680012333000-2017-00214-00 (23-01-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Bucaramanga, veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

DEMANDANTE UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, con NIT 900.523.392-1

buzonjudicial@uspec.gov.co; oscar.segura@uspec.gov.co;

DEMANDADOS -UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – UNAL, con

NIT 899.999.063-3 ofijuridica_bog@unal.edu.co; notificaciones_juridica_nal@unal.edu.co; notificaciones_juridica_bog@unal.edu.co

-SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A identificada con NIT 890903407-9 jbuitrago@dlblanco.com notificacionesjudiciales@sura.com.co;

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y

ENLACE DEL

EXPEDIENTE DIGITALIZADO 680012333000-2017-00214-00

TEMA AUSENCIA DE SALVEDADES EN LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO . No se comprueban circunstancias sobrevinientes, desconocidas al momento de la liquidación, que puedan justificar la omisión de

TEMA AUSENCIA DE SALVEDADES EN LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO . No se comprueban circunstancias sobrevinientes, desconocidas al momento de la liquidación, que puedan justificar la omisión de salvedades en el acta. La detección tardía de problemas en los productos contratados se pudo evitar mediante una adecuada supervisión técnica. Se niegan las pretensiones.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a dictar sentencia.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones La parte demandante pretende que se declare responsable a la Universidad Nacional de Colombia por el incumplimiento del contrato interadministrativo No. 043 de 2013, y que, en consecuencia, se le condene al pago de los perjuicios ocasionados, los cuales calcula en $498372.055.

Asimismo, pide que, en aplicación de la garantía constituida para el desarrollo del mencionado contrato, se condene solidariamente a Seguros Generales Suramericana S.A., en calidad de aseguradora. Solicita que la condena que se profiera se ajuste a lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA, y que se impongan las costas y agencias en derecho a los demandados.

2. Hechos y argumentos

La UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (en adelante USPEC) señala que el 18 de junio de 2013 celebró el contrato interadministrativo No. 043 de 2013 con la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objeto consistía en la elaboración de diseños para la construcción de un nuevo edificio en el Establecimiento Penitenciario de

con la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objeto consistía en la elaboración de diseños para la construcción de un nuevo edificio en el Establecimiento Penitenciario de

1 Ver Demanda subida al Expediente Digitalizado en SAMAI. Índice 79 en Documento 002 ONEDRIVE.

SIGCMA-SGCRADICADO: 680012333000-2017-00214-00

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DEMANDANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC

DEMANDADOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y OTRO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Girón. La garantía de cumplimiento, agrega, fue contratada con Seguros Generales Suramericana S.A. Refiere que en la cláusula cuarta del contrato se fijaron los productos que la UNAL debía entregar, entre otros, el levantamiento topográfico, el estudio de suelos, el proyecto general y de detalle de arquitectura para obras exteriores y edificaciones, el proyecto de ingeniería estructural, el proyecto de ingeniería eléctrica, el proyecto de ingeniería hidráulica y sanitaria, el proyecto de manejo de aguas lluvias, el proyecto de seguridad electrónica, voz y datos, el proyecto de plan de manejo ambiental y seguridad industrial para la obra, el proyecto de luminotecnia, el proyecto de redes contra incendio, el proyecto de aire acondicionado y el cálculo de movimiento de tierras. Sostiene que el 21 de julio de 2013 se firmó el acta de inicio, y que, posteriormente, se acordó una prórroga inicial que extendió el contrato del 23 de diciembre de 2013 al 1 de

Sostiene que el 21 de julio de 2013 se firmó el acta de inicio, y que, posteriormente, se acordó una prórroga inicial que extendió el contrato del 23 de diciembre de 2013 al 1 de marzo de 2014. Manifiesta que luego se suscribieron siete prórrogas adicionales, que permitieron la entrega definitiva de los productos el 7 de diciembre de 2014. Añade que el 23 de diciembre de 2014 se suscribió el acta de liquidación bilateral del contrato, en la que se dejó constancia de que el supervisor designado verificó el recibo de los productos, sin perjuicio de que las partes quedaran sujetas a eventuales acciones penales, civiles, fiscales o administrativas derivadas de omisiones o actuaciones durante la ejecución del proyecto. Dice que, más adelante, para implementar y ejecutar los diseños entregados por la Universidad Nacional, suscribió el contrato No. 402 de 2014 con el Consorcio Cyg-DisicoProing, pero el contratista identificó problemas en el lote recibido para la construcción, lo que hizo inviable la ejecución del contrato. Manifiesta que, ante esta situación, el consorcio propuso ajustar los diseños mediante nuevos planos, propuesta que fue aceptada y plasmada a través del Otrosí No. 2 para la inclusión de ítems no previstos. Con base en lo anterior, la USPEC sostiene que la Universidad Nacional incurrió en un incumplimiento contractual, porque le entregó productos deficientes que no permitieron la ejecución de la obra. Específicamente le imputa el incumplimiento de la obligación de recopilar la información necesaria y realizar el estudio de títulos del terreno destinado al desarrollo del proyecto. También, dice que por el predio corría un cuerpo de agua, y se

la ejecución de la obra. Específicamente le imputa el incumplimiento de la obligación de recopilar la información necesaria y realizar el estudio de títulos del terreno destinado al desarrollo del proyecto. También, dice que por el predio corría un cuerpo de agua, y se encontró bastante flora y fauna. Según expone, las escrituras del predio evidencian que parte del área donde se diseñó la implementación de la obra les pertenece a terceros. Asimismo, señala fallas de índole técnica, particularmente en el levantamiento topográfico. Afirma que, por esta razón, inició el proceso de afectación de las pólizas constituidas para respaldar el contrato, elaboró un informe detallado sobre los incumplimientos atribuidos a la universidad, y la citó junto a su garante a la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en la que se evidenciaron deficiencias en la calidad de los productos entregados. Sin embargo, archivó el proceso al no contar con competencia para adelantar la actuación administrativa y optó por acudir a la vía judicial. Como fundamentos jurídicos, la parte demandante cita los artículos 2, 6, 121 y 123 de la Constitución Política, los artículos 3, 5, 23, 26.8, 27 y 28 de la Ley 80 de 1993, así como los artículos 1602 y 1603 del Código Civil. También se apoya en las cláusulas del contrato No. 043 de 2013.

B. Contestaciones2

La demanda fue admitida el 9 de mayo de 20173. Surtida la notificación, el demandado y su aseguradora se pronunciaron así:

1. La Universidad Nacional de Colombia4 se opone a las pretensiones. Asegura que

B. Contestaciones2

La demanda fue admitida el 9 de mayo de 20173. Surtida la notificación, el demandado y su aseguradora se pronunciaron así:

1. La Universidad Nacional de Colombia4 se opone a las pretensiones. Asegura que cumplió rigurosamente con las obligaciones pactadas en el contrato interadministrativo No. 043 de 2013 y que no es responsable de los incumplimientos que se le atribuyen.

2 Ver Expediente Digitalizado cargado a SAMAI. Índice 79. 3 Ver Expediente Digitalizado cargado a SAMAI. Índice 79.Documento 007. 4 Ibidem. Documento 0019.RADICADO: 680012333000-2017-00214-00

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Afirma que elaboró y entregó los 19 productos contratados conforme a la información suministrada por la demandante , y, asimismo, atendió las observaciones de la supervisión de la entidad, la cual aprobó el programa arquitectónico, el esquema básico de implantación, el anteproyecto y el proyecto arquitectónico final. Advierte que todos los productos fueron recibidos a satisfacción, lo que permitió la liquidación bilateral del contrato.

Considera improcedente y extemporáneo que la USPEC le impute el incumplimiento de obligaciones que no fueron previstas en el contrato ni acordadas durante su ejecución o

productos fueron recibidos a satisfacción, lo que permitió la liquidación bilateral del contrato.

Considera improcedente y extemporáneo que la USPEC le impute el incumplimiento de obligaciones que no fueron previstas en el contrato ni acordadas durante su ejecución o en la etapa de liquidación, cuando en el acta de entrega y recibo de los procesos de consultoría, así como del acta de liquidación, quedó consignado el cumplimiento a satisfacción de sus obligaciones.

Manifiesta que no le correspondía determinar el área de desarrollo del proyecto, ya que esta era responsabilidad de la entidad contratante, la cual definió el polígono correspondiente el 2 de julio de 2013 e informó sobre ello a través de sus ingenieros supervisores. Agrega que llevó a cabo la consultoría de buena fe con base en dicha información. En cuanto al estudio de los títulos de los predios dentro del polígono, sostiene que esta tarea era competencia de la USPEC, mientras que su obligación se limitaba a recopilar las normas de uso del suelo contenidas en el POT.

En relación con la tala y reposición de árboles, señala que estas acciones fueron contempladas en el plan de manejo y seguridad industrial de la obra, cuyo seguimiento correspondía a la etapa de ejecución. Asimismo, aclara que en el predio no se contemplaba un área de reserva forestal y que, sobre la existencia de un cuerpo de agua, informó oportunamente a la entidad y tomó previsiones necesarias para evitar su intervención. Advierte que no tenía la obligación de entregar una licencia ambiental, como lo plantea la USPEC, porque lo que se pactó en el contrato fue la elaboración del plan de manejo y seguridad industrial de la obra.

intervención. Advierte que no tenía la obligación de entregar una licencia ambiental, como lo plantea la USPEC, porque lo que se pactó en el contrato fue la elaboración del plan de manejo y seguridad industrial de la obra.

Reprocha el desinterés de la USPEC en buscar soluciones y delimitar de manera adecuada las responsabilidades derivadas del negocio celebrado. Argumenta que su contraparte ha sobredimensionado el impacto de un problema técnico específico que pudo haber sido corregido durante la etapa de construcción, posibilidad que le concede el Decreto 2090 de 1989.

Con base en lo expuesto, propone las siguientes excepciones: «cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo», «entrega extemporánea por parte de la demandante de los documentos necesarios para la cabal ejecución de las obligaciones a cargo de la demandada», «inexistencia de incum plimiento», «cumplimiento del contrato y la ejecución de buena fe por parte de la demandada», y una «causal genérica».

2. Seguros Generales Suramericana S.A.5 señala que las pretensiones carecen de fundamentos fácticos y jurídicos, porque la Universidad Nacional de Colombia cumplió íntegramente con las obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo No. 043 de 2013; en particular, entregó todos los productos pactados, los cuales fueron elaborados conforme a la información suministrada por la USPEC. Señala que, una vez recibidos los productos, se procedió a la liquidación bilateral del contrato sin que se hubieran consignado salvedades, lo que, a su juicio, implica que no se configuró el incumplimiento alegado.

Afirma, además, que no existe solidaridad entre ella y la Universidad Nacional, dado que

hubieran consignado salvedades, lo que, a su juicio, implica que no se configuró el incumplimiento alegado. Afirma, además, que no existe solidaridad entre ella y la Universidad Nacional, dado que su vinculación se limita exclusivamente a la garantía otorgada mediante la póliza de seguro de cumplimiento, cuyos alcances y límites están claramente definidos. Sostiene, asimismo, que corresponde a la USPEC la carga de demostrar que los productos entregados presentan defectos y que estos han ocasionado un perjuicio patrimonial, circunstancia que, a su juicio, no fue acreditada. Finalmente, enfatiza que su

5 Ibidem. Documento 0021.RADICADO: 680012333000-2017-00214-00

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander responsabilidad como aseguradora está restringida al valor asegurado de $213.012.704, por lo que una eventual condena no puede exceder dicho monto.

C. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 14 de junio de 20246 se corrió traslado para alegar. Las partes manifestaron lo siguiente:

1. La parte demandante7 reitera que la Universidad Nacional de Colombia incumplió las obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo No. 043 de 2013, al no entregar productos ajustados a la realidad del terreno destinado a la ampliación del

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Girón.

obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo No. 043 de 2013, al no entregar productos ajustados a la realidad del terreno destinado a la ampliación del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Girón.

Afirma que los informes de la interventoría evidencian inconsistencias en los estudios y diseños, lo que obstaculizó la ejecución adecuada del proyecto y obligó a replantear su ubicación debido a las afectaciones ambientales identificadas por la Corporació n Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga.

Señala que, aunque el contrato fue liquidado bilateralmente, dicha liquidación no exime a las partes de las responsabilidades derivadas de acciones u omisiones durante su ejecución. Enfatiza que la Universidad, como entidad pública, estaba obligada a actuar con diligencia y profesionalismo, lo que no cumplió, según las significativas deficiencias evidenciadas en los productos entregados. Por lo anterior, solicita que se declare administrativamente responsable por el incumplimiento del contrato.

2. La parte demandada 8 sostiene que la responsabilidad de recopilar información suficiente y fiable en los estudios previos recaía exclusivamente en la USPEC.

Argumenta que esta debía realizar las actividades necesarias, tales como estudios de títulos y verificación de linderos, tanto en el terreno como en la documentación pertinente, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Afirma que las deficiencias señaladas en la demanda, relacionadas con la obligación de garantizar la titularización de los predios, gestionar el licenciamiento ambiental y entregar de manera oportuna el acopio de información, no le son imputables , pues las responsabilidades de este tipo fueron expresamente asignadas a la parte contratante.

garantizar la titularización de los predios, gestionar el licenciamiento ambiental y entregar de manera oportuna el acopio de información, no le son imputables , pues las responsabilidades de este tipo fueron expresamente asignadas a la parte contratante. Aclara que las actividades de tala de vegetación y reposición de especies forestales se encuentran reguladas por la ley y bajo la competencia de la Corporación Autónoma Regional, y que estas fueron contempladas en el «Plan de Manejo y Seguridad Industrial de la Obra». Asimismo, resalta que la zona asignada para el proyecto no se encuentra clasificada como área de protección o reserva forestal, según lo dispuesto en la licencia urbanística. Finalmente, rechaza cualquier responsabilidad en relación con la obtención de licencias ambientales, argumentando que dicha obligación no formaba parte de la propuesta contractual ni resulta exigible conforme al marco normativo vigente. Concluye que las dificultades en el cumplimiento del contrato derivaron de la entrega tardía de documentos clave por parte de la USPEC, situación que no puede ser utilizada ahora para imputarle responsabilidades adicionales.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia

De acuerdo con el artículo 152, numeral 4º, del CPACA, este Tribunal es competente para conocer del asunto en primera instancia, como quiera que se trata de una controversia contractual derivada de un contrato celebrado entre entidades públicas, cuya cuantía supera los 500 smlmv9.

6 Ver Expediente Digital cargado a SAMAI. Índice 121. 7 Ver Expediente Digital cargado a SAMAI. Índice 127. 8 Ver Expediente Digital cargado a SAMAI. Índice 126.

6 Ver Expediente Digital cargado a SAMAI. Índice 121. 7 Ver Expediente Digital cargado a SAMAI. Índice 127. 8 Ver Expediente Digital cargado a SAMAI. Índice 126. 9 Las pretensiones ascienden a $498372.055. Para el año 2017, esta cifra era superior a 500 SMLMV ($737.717 x 500= $368.858.500)RADICADO: 680012333000-2017-00214-00

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B. El problema jurídico y su resolución

Con base en los antecedentes y la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico:

¿La USPEC puede alegar en sede judicial el incumplimiento del contrato interadministrativo No. 043 de 2013 por parte de la Universidad Nacional de Colombia, considerando que no consignó salvedades ni inconformidades explícitas en la liquidación bilateral?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: La omisión de salvedades explícitas y suficientes en el acta de liquidación bilateral de un contrato impide la formulación de reclamaciones judiciales posteriores. El contrato celebrado entre las partes fue liquidado sin que se consignaran salvedades ni inconformidades relacionadas con un presunto incumplimiento contractual de la Universidad Nacional de Colombia, ni con los perjuicios que ahora reclama la

posteriores. El contrato celebrado entre las partes fue liquidado sin que se consignaran salvedades ni inconformidades relacionadas con un presunto incumplimiento contractual de la Universidad Nacional de Colombia, ni con los perjuicios que ahora reclama la USPEC. Por tanto, no es posible controvertir este asunto en el proceso judicial, dado que hacerlo contravendría los efectos jurídicos del acta de liquidación, así como los principios de autonomía de la voluntad de las partes y buena fe negocial.

Si bien existen excepciones que eximen al contratista de la obligación de consignar salvedades, como la imposibilidad de advertir deficiencias imprevistas, en este caso no se demostró que la USPEC hubiese afrontado una situación semejante. Por el contrario, los problemas pudieron haberse detectado con una supervisión más rigurosa durante la ejecución del contrato. De hecho, la Contraloría General de la República señaló deficiencias en la supervisión y coordinación, lo que dificultó la detección temprana de los problemas.

Para sustentar la tesis planteada, la Sala analizará, en primer lugar, la naturaleza jurídica y los efectos del acta de liquidación bilateral. En segundo lugar, examinará las reglas jurisprudenciales sobre la obligación de consignar salvedades en el acta de liquidación, junto con las excepciones aplicables cuando surgen hechos imprevistos o que no pudieron ser conocidos razonablemente al momento de la liquidación. Finalmente, con base en las pruebas válidamente recaudadas, se demostrará que la USPEC no incluyó salvedades en el acta de liquidación ni acreditó la existencia de una situación excepcional que hubiese impedido advertir, para la época en que suscribió el acuerdo extintivo, los hechos de incumplimiento alegados.

salvedades en el acta de liquidación ni acreditó la existencia de una situación excepcional que hubiese impedido advertir, para la época en que suscribió el acuerdo extintivo, los hechos de incumplimiento alegados.

C. Marco jurídico

1. La naturaleza y efectos del acta de liquidación bilateral

1.1. De acuerdo con jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la liquidación de un contrato es una rendición final de cuentas, mediante la cual las partes determinan las obligaciones pendientes a favor o en contra de cada una, o se declaran a paz y salvo, con el propósito de extinguir el negocio jurídico celebrado10.

1.2. En esta etapa postcontractual, las partes acuerdan asumir y recibir los resultados de la e jecución, considerando el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones pactadas y, en algunos casos, los hechos o circunstancias externas que pudieron afectar la ejecución del contrato, con el fin de establecer el estado en que quedan frente a éste.

1.3. El acta de liquidación debe incluir un análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, así como el estado de créditos o deudas de cada parte, de manera que se garantice el cierre adecuado de la relación contractual11.

10 Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, consejero ponente: Álvaro Namén Vargas, providencia del 28 de junio de 2016, radicación número: 11001-03-06-000-2015-00067-00(2253).

10 Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, consejero ponente: Álvaro Namén Vargas, providencia del 28 de junio de 2016, radicación número: 11001-03-06-000-2015-00067-00(2253). 11 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de agosto de 2021, C.P Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2021-04494-00(AC)RADICADO: 680012333000-2017-00214-00

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander 1.4. En virtud de lo expuesto, la liquidación bilateral constituye un verdadero negocio jurídico que refleja la voluntad de las partes, orientada a extinguir las obligaciones derivadas del contrato original. Por ende, dicho acuerdo produce los efectos propios de los actos jurídicos bilaterales, lo que obliga a las partes a respetar su contenido y abstenerse de obrar de forma que desconozcan el acuerdo alcanzado. Cuestionar posteriormente la situación jurídica definida en la liquidación bilateral resulta abiertamente desleal y contrario a los postulados de la autonomía de la voluntad y buena fe negocial. 12

2. L a obligación de consignar salvedades cuando se pretende efectuar reclamaciones judiciales posteriores

2.1. Para que esta Jurisdicción pueda estudiar una controversia sobre un contrato

fe negocial. 12

2. L a obligación de consignar salvedades cuando se pretende efectuar reclamaciones judiciales posteriores

2.1. Para que esta Jurisdicción pueda estudiar una controversia sobre un contrato finalizado mediante una liquidación bilateral, es indispensable que la parte interesada haya dejado consignadas las respectivas salvedades de manera explícita y suficiente13.

2.2. El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 14 establece el deber y la obligación de las partes de formular salvedades al momento de la liquidación por mutuo acuerdo. Esta regla, aplicable a los contratos estatales regidos por el EGCP , también encuentra fundamento en los principios de la autonomía de la voluntad y buena fe que rigen la actividad contractua l15. De ahí que la exigencia de las salvedades también resulte aplicable a los contratos estatales sujetos al derecho común16.

2.3. La Sección Tercera del Consejo de Estado 17 ha sistematizado las reglas sobre la materia, así:

(i) Ambas partes tienen el derecho y la obligación de manifestar sus inconformidades al momento de la liquidación. (ii) No es válido declararse a paz y salvo o guardar silencio frente a reclamaciones existentes al suscribir el acta de liquidación bilateral. (iii) La acción contractual solo podrá versar sobre aquellos aspectos respecto de los cuales se haya manifestado expresamente la disconformidad. Esta manifestación debe ser clara , precisando cuales son las reclamaciones que no fueron transigidas en la liquidación . De este modo, se le otorga a la firma del acta de liquidación de un contrato sin salvedades o con salvedades generales el efecto de renuncia tácita a todas las reclamaciones que pueda tener el contratista como

este modo, se le otorga a la firma del acta de liquidación de un contrato sin salvedades o con salvedades generales el efecto de renuncia tácita a todas las reclamaciones que pueda tener el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato18. (iv) La liquidación constituye un balance definitivo de cuentas entre las partes (v) Este criterio se fundamenta en la doctrina de los actos propios según la cual a nadie le es lícito venir contra sus propios actos «venire contra factum proprium non valet» y el principio de buena fe contractual.

2.4. De conformidad con lo expuesto, la Sala no puede acoger la postura de la USPEC, según la cual una advertencia genérica sobre la posibilidad de promover eventuales acciones civiles en el acto de liquidación habilita la vía judicial. Tal como ha sido expuesto, la posibilidad de que esta Jurisdicción estudie una controversia relacionada con un contrato liquidado de mutuo acuerdo depende de que las partes hayan manifestado de manera expresa, clara y suficiente sus inconformidades al momento de la liquidación. En ausencia de dicha manifestación, se entiende que han renunciado tácitamente a cualquier pretensión posterior.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, M.P. Alberto Montaña Plata, Rad. 13001-23-31-000-200800719-01 (56.178) 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 8 de mayo de 2019, rad. 41.868, entre otras.

14 Ley 1150 de 2007. por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 15 artículos 83 C.P., 1603 del C.C. y 871 del C.Co. 16 St. cit. Rad. 13001-23-31-000-2008-00719-01 (56.178) 17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, CP: Martín Bermúdez Muñoz, radicación número: 2500023-26-000-2007-00348-01(43015); sentencia del 10 de octubre de 2010, CP: Martín Bermúdez Muñoz, radicado: 25000 23 -36-000-2018-01171-01 (70487) 18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, CP: Alberto Montaña Plata, radicación número: 13001-2331-000-2008-00719-01(56178).RADICADO: 680012333000-2017-00214-00

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3. La excepción a la obligación de consignar salvedades no cobija circunstancias relacionadas con fallas en la supervisión del contrato

3.1. El Consejo de Estado19 ha reconocido la posibilidad de formular reclamaciones

3. La excepción a la obligación de consignar salvedades no cobija circunstancias relacionadas con fallas en la supervisión del contrato

3.1. El Consejo de Estado19 ha reconocido la posibilidad de formular reclamaciones judiciales derivadas de contratos liquidados bilateralmente sin salvedades cuando se demuestran circunstancias sobrevinientes que no pudieron ser advertidas por las partes al momento de acordar los términos de la culminación del negocio.

3.2. En este evento, es válido que se pueda hacer la reclamación judicial de los derechos e indemnizaciones correspondientes, ya que no se afecta el principio de buena fe contractual. Las partes no tenían conocimiento de estas circunstancias, de manera que no se les puede exigir una conducta diferente.

3.3. Las razones que justifican el desconocimiento del deber de consignar las salvedades no pueden estar relacionadas con descuidos en la supervisión o interventoría del contrato a cargo de la entidad pública contratante, porque ello atentaría contra el principio de buena fe. Asimismo, resulta inadmisible que alguien invoque en su favor su propia negligencia (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

3.3.1. De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 de 201120, para velar por la moralidad administrativa, prevenir actos de corrupción y garantizar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas deben vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, a través de un supervisor o interventor, según corresponda.

3.3.2. La supervisión del contrato consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento del objeto contratado, cuando no se