TA SAN - Sentencia 680012333000-2017-00592-00 (28-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2017-00592-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Claudia Jimena Marín Mora

fabian7borja@hotmail.com

DEMANDADO: NaciónFiscalía General de la Nación

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co nancyy.moreno@fiscalia.gov.co MINISTERIO PUBLICO regional.santander@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima Especial e Servicios 30% Plus, y Bonificación

Judicial.

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: MARLENE MURCIA MILLAN

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1 437 de 2011 a proferir Sentencia De Primera Instancia dentro del medio de control de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho instaurada por Claudia Jimena Marín Mora en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Claudia Jimena Marín

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Claudia Jimena Marín Mora presenta demanda contra Nación - Fiscalía General de la Nación , formulando las siguientes:Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00592-00

1.1. Pretensiones

“PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos SSAGS 054 del 13 de enero de 2017 del subdirector seccional de apoyo a la gestión de Bucaramanga v contra la resolución No 2-0740 del 22 de marzo de 2017 de la subdirectora de talento humano de Bogotá , mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones sociales, com o primas, prima especial de servicio, vacaciones, bonificaciones, cesantías y el descuento del salario base etc.

SEGUNDA: como res tablecimiento del derecho se reconozca y cancele a favor de mi poderdante sobre sus salarios básicos por cada mes de servici o un 30% equivalente a la prima especial de servicios no cancelada a mi poderdante por la inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992, que en vez de aumentar el ingreso de mis poderdantes como nivelación, lo que hizo fue descontar el 30% del salario base par a convertirlo en una aparente prima especial de servicios, por lo que se les debe a mi poderdante desde el día seis (06) de junio de 1994 en los periodos en que se desempeñó como

descontar el 30% del salario base par a convertirlo en una aparente prima especial de servicios, por lo que se les debe a mi poderdante desde el día seis (06) de junio de 1994 en los periodos en que se desempeñó como fiscal, hasta la fecha v en los periodos en que sea designado como fiscal, el pago del porcentaje descontado como equivalente al valor de la prima especial de servicio por cada mes que equivale aproximadamente a $304.987.783.oo en los periodos en que se ha desempeñado como fiscal equivalente al 30% adicional al salario como prima e special de servicio no cancelada por cada MES: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOV IEMBRE Y DICIEMBRE EN CADA AÑO. Valores que deberán aplicarse el articulo 176 -178 del C.C.A y concordantes mes a mes y sobr e los que se sigan generando

TERCERA: como consecuencia de lo anterior ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir desde el día seis (06) de junio de 1994 en los periodos en que se desempeñó como fiscal , hasta la fecha v en los perio dos en que sea designado como fiscal del pago completo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y aportes patronales a pagar a los correspondientes fondos de pensiones. Cesantías, salud , riesgos y demás de ley , los valores que correspondan por la anterior condena y las que se sigan generando para la pensión sobre el valor del 30% no cancelado equivale a la prima especial de servicios.

salud , riesgos y demás de ley , los valores que correspondan por la anterior condena y las que se sigan generando para la pensión sobre el valor del 30% no cancelado equivale a la prima especial de servicios.

CUARTA: Que luego de l a sentencia y en adelante, la Fiscalía General de la Nación, siga liquidando y pagando a mi poderdante, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico adicional mensual a que tiene derecho.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00592-00

QUINTA: Ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir desde el día seis (06) de junio de 1994 en los periodos en que se desempeñó como fiscal, hasta la fecha el año 2002, teniendo como base que únicamente se liquidó y canceló a mis poderdantes sobre el 70% del salario, adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $14.743.343.00 correspondiente al 30% de la supuesta prima especial de servicio tomada ile galmente del salario que sea declarada como descontada y como factor salarial con la interpretación de la sentencia del 29 de abril de 2014 que es el último pronunciamiento sobre factores salariales.

SEXTA: Ordenar la liquidación y pago de las prestacione s con base en la bonificación judicial y bonificación por actividad judicial como factor salarial en sus liquidaciones, de los valor es dejados de percibir con base en el

salariales.

SEXTA: Ordenar la liquidación y pago de las prestacione s con base en la bonificación judicial y bonificación por actividad judicial como factor salarial en sus liquidaciones, de los valor es dejados de percibir con base en el decreto 382 de 2013 desde el año 2013, y el decreto 3131 de 2005 desde el año 2005, ad eudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $37.310.139.00 de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demás hasta la fecha en que se produzca efect ivamente el pago, en los periodos en que se desempeñó o desempeñe como fiscal y se mantenga de forma permanente.

Cesantías aproximadas: Bonificación por actividad judicial y bonificación judicial Desde el año 2005 y 2013: $20.901.939 .oo

SEPTIMA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

OCTAVA: Que como consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar al demandante los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términ os del artículo 176 y 178 del C.C.A., es decir que en las condenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas mes a mes y prestación por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Estado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de

2008 Consejera Ponente Dra BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ

a mes y prestación por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Estado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente Dra BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ expediente 520012331000200101770 01 actor aldrin Alfonso Cabezas ) “ por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por mes , por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.”

NOVENA: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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DECIMA: se ordene la expedición de las correspondientes copias auténticas y constancias necesarias para el cobro.

UNDECIMA: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada en caso de oposición dilatoria.”

1.2. Hechos La demandante, Claudia Jimena Marín Mora se encuentra vinculada a la Fiscalía General de la Nación desde el 06 de junio de 1994 hasta la fecha como Fiscal en diferentes despachos. El 26 de diciembre de 2016 a través de su apoderado, presentó una solicitud de reconocimiento y pago de la Prima Especial de Servicios correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual, desde la fecha de s u vinculación hasta el momento de la solicitud, argumentando que dicho porcentaje, en lugar de ser considerado como un incremento salarial, había sido indebidamente descontado.

sobre su salario básico mensual, desde la fecha de s u vinculación hasta el momento de la solicitud, argumentando que dicho porcentaje, en lugar de ser considerado como un incremento salarial, había sido indebidamente descontado. La entidad demandada, mediante SSAGS No. 054 del 13 de enero de 2017 , negó la s olicitud presentada por l a demandante, bajo el argumento que se le había liquidado y pagado los salarios y prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente. Decisión frente a la cual el demandante interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto mediante Resolución No. 2-0740 del 22 de marzo de 2017 confirmándola en todas sus partes. 1.1 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes: Constitucionales: Los artículos 1, 2, 4, 5, 11,12, 13,25, 29, 53, 93 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, Ley 4 de 1992 artículo 2 y 14, ley 482 de 1998, el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, Código Sustantivo del trabajo artículos 14 y 65.

Se aduce en la demanda que el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo precisa que las disposiciones legales que regulan el trab ajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo las expresamente exceptuadas por ley.

Así mismo, sostiene la parte demandante que los actos administrativos

público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo las expresamente exceptuadas por ley.

Así mismo, sostiene la parte demandante que los actos administrativos demandados son abiertamente violatorios del artículo 12 del decreto 717 de 1978, artículos 2 y 10 de la ley 4 de 1992, porque en ningún caso se puede desmejorar o disminuir los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00592-00

2. Contestación de la demanda

El a poderado de la Nación - Fiscalía General de la Nación, se opone a las declaraciones y condenas solicitadas, argumentando que su representada, contrario a incurrir en alguna irregularidad al negarse a efectuar dicho reconocimiento en favor del demandante, ha dado cumplimiento a mandatos legales, por tal razón, estima que habrán de denegarse las pretensiones de la misma. Argumenta que la Fiscalía General de la Nación, carece de competencia para expedir normas de carácter salarial y prestacional de los empleado s públicos, puesto su competencia se limita a acatar lo que en esta materia y en desarrollo de la ley marco, determine estab lecer el presidente de la Republica que son competencia del Gobierno Nacional.

3. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

La apoderada judicial de la parte demandad a reitera que la Fiscalía General de la

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

La apoderada judicial de la parte demandad a reitera que la Fiscalía General de la Nación, como autoridad administrativa, no puede efectuar la fijación del Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos, por lo que de manera formal esta disposición goza de plena validez y eficacia juríd ica, encontrándose amparada por el principio de legalidad, más aún bajo el entendido que a la fecha dicha disposición no ha sido objeto de derogación o declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo que a la Entidad a la que representó no le es posible modificar de alguna forma la norma, la interpretación o la aplicación de la misma.

Insiste que en la Fiscalía General de la Nación actúo en cumplimiento de un deber legal, al aplicar estrictamente lo regulado por el Decreto 0382 de 2013 y demás normas concordantes, pues no podría ser otro el obrar de la entidad que realizar el pago conforme a lo estipulado en el Decreto 382 de 2013, y consecuentemente emitir respuesta a los requerimientos de la parte actora conforme a la normatividad legal y constitucional del caso.

Agrega que, en este caso se configura la excepción previa de inepta demanda por indebida acumulación de las pret ensiones, en razón de que la parte actora debió presentar demandas independientes , una con aras que se declare el reconocimiento de la prima especial de servicios del 30%; y otra el reconocimiento de la Bonificación Judicial en todas las prestaciones reconocidas y pagadas a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

presentar demandas independientes , una con aras que se declare el reconocimiento de la prima especial de servicios del 30%; y otra el reconocimiento de la Bonificación Judicial en todas las prestaciones reconocidas y pagadas a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

Finamente, solicita que conforme a lo expresado se declaren negadas las pretensiones de la parte demandanteMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00592-00

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás e tapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y un a vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Co njueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del oficio SSAGS 054 del 13 de enero del 2017, suscrita por la por la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de

PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del oficio SSAGS 054 del 13 de enero del 2017, suscrita por la por la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Santander y de la resolución 2 -0740 del 22 de Marzo de 2017 de la Subdirección de Talento Humano, mediante las cuales se negó el reconocimiento del 30 % de la prima especial como plus o componente adiciona l al salario , la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como base de liquidación el 100% de su asignación básica, la bonificación por actividad judicial y la bonificación judicial como factor salarial?

PJ.2. En consecuencia, a títu lo de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a reconocer y pagar a favor de la Doctora CLAUDIA JIMENA MARIN MORA la prima de servi cios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ta de 1992, como un valor agregado del 30 % sobre el salario básico y/o asignaci ón mensual en los periodos en que el demandante se ha desempeñado como fiscal y en adelante hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.3. ¿Es procedente disponer la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de la demandante con la inclusión de la bonificación por actividad judicial desde el año 2005 y la bonificación judicial desde el 2013, en adelante, para ser tenidas en cuenta como factor salarial, hasta cuando se sigan causando?

En caso de ser afirmativo,Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00592-00

PJ.4. ¿Hay lugar a aplicar el térmi no de prescripción trienal frente a las mesadas

Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00592-00

PJ.4. ¿Hay lugar a aplicar el térmi no de prescripción trienal frente a las mesadas causadas tres años antes de la solicitud elevada ante la entidad demandada?

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Prima Especial de Servicios

En abril de 2009, el Consejo de Estado, mediante sentencia p roferida dentro de la acción de Nulidad radicado 2007 -00098-001, efectuó un análisis acerca de los Decretos por medio de los cuales , el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades y directrices establecidas por el legislador en la ley 4ª de 1992, fi jó el régimen salarial y prestacional aplicable a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial del Poder Público; pronunciándose respecto al alcance de las disposiciones contenidas en dichos reglamentos, según las cuales, el 30% de la remuneración men sual de los servidores enlistados, se considera como prima especial sin carácter salarial.

En dicha sentencia, la Corporación abo rda la problemática manifestando que en principio, el Presidente de la República si era competente para expedir el Decreto 618 de 2007, es decir, el Acto por medio del cual se creó la prima especial del 30%; como quiera que el mismo, fue proferido en desarrollo de las directrices habilitadas por los artículos 14 y 15 de la ley 4ª de 1992; sin embargo, al entrar a determinar si hubo o no desvío de poder en la expedición de dicha reglamentación y si bajo la apariencia de una prima especial, en realidad se disfrazó la intención

determinar si hubo o no desvío de poder en la expedición de dicha reglamentación y si bajo la apariencia de una prima especial, en realidad se disfrazó la intención de despojar de efectos salariales a un porcentaje del salario básico para procurar un ahorro en el gasto público, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, hace un estudio de los criterios y fines contemplados en la ley 4ª de 1992 de la siguiente manera:

“En efecto, la Ley 4 a de 1992, materializo el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, por cuanto contiene las normas generales, los objetivos y los criterios dentro de los que el Ejecutivo fija rá el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Así, esta Ley en su artículo 2º, estipuló tales criterios y objetivos dentro de los que el Gobierno Nacional cumple el encargo constitucional diseñado. De dicho enunciado, es posible deducir que los referentes que regulan la expedición de la actividad r eglamentaria reflejan pautas que pese a que su contenido generalmente abierto, en el literal a) del artículo 2º citado, expresa un concepto cerrado en cuanto prohíbe al Gobierno de manera genérica desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los servidores del Estado…” (Negrilla Fuera del Texto)

Así mismo, establece que: “Los decretos reglamentarios de esta Ley, habrán de obedecer sistemáticamente dichos conceptos, que pese a su naturaleza técnica, permiten en su conjunto un contenido sustancial de coherencia que

Así mismo, establece que: “Los decretos reglamentarios de esta Ley, habrán de obedecer sistemáticamente dichos conceptos, que pese a su naturaleza técnica, permiten en su conjunto un contenido sustancial de coherencia que

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, expediente Número 11001-03-25-000-200700098-00 (1831-07), Magistrado Ponente Dr. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGURENMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00592-00

inobjetablemente le es exigible al Estado en el instante de estructurar el sistema salarial y prestacional, categoría jurídica de tanto significado que por sí misma excluye por ilegal, cualquier forma de antagonismo, no en función del tex to legal propiamente dicho –en su mera literalidad - sino directamente, atendiendo el criterio de corrección lógico que sustenta el esquema remuneratorio aplicado a los servidores públicos”

Conforme lo anterior, el H Consejo de Estado Rectifica la Jurispr udencia fijada en Sentencia de 9 de marzo de 2006 2 donde establecía que el Gobierno Nacional “no desbordó la pauta señalada en el ar tículo 14 de la ley 4ª de 1992, porque su actividad únicamente se limitó a señalar el porcentaje, a título de prima, dentro de la escala porcentual señalada por el legislador; estimando que el 30% de la asignación básica tendría tal connotación”; en su lugar bajo la premisa de que el juez contencioso debe ejercer un control de contenido de los Decretos que

la escala porcentual señalada por el legislador; estimando que el 30% de la asignación básica tendría tal connotación”; en su lugar bajo la premisa de que el juez contencioso debe ejercer un control de contenido de los Decretos que desarrollan una ley m arco o cuadro, pues es su deber verificar su correspondencia con el conjunto de principios y valores consignados por el legislador en la norma, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo expuso entonces:

“Lo primero que hay que registrar es que conforme al Acto Legislativo surgido del Plebiscito de 1957 (artículo 5 o), la función pública quedo vinculada a la carrera administrativa como sistema de acceso y permanencia en el servicio público, es por eso que fue expedida la Ley 19 de 1958, para faci litar un modelo técnico en la clasificación de los empleados públicos que serviría de guía principal para establecer entre otros aspectos, la remuneración de los servidores públicos conforme a los deberes del empleo, la responsabilidad y los requisitos mín imos para la designación; sin embargo, fue solo hasta la conocida reforma constitucional de 1968, que posibilitó la expedición de la Ley 65 de 1967, base normativa para la modernización de la regulación técnica de la función pública, de ahí se derivan los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, 3135 del mismo año y 3148 que la adiciona, donde surgen con regularidad un particular fenómeno jurídico en la remuneración de los empleados del Estado ordinariamente mencionado bajo el título de “primas”, para signific ar invariablemente, un agregado en su ingreso laboral en ocasiones de naturaleza prestacional y en otras de carácter salarial, o como simple

ordinariamente mencionado bajo el título de “primas”, para signific ar invariablemente, un agregado en su ingreso laboral en ocasiones de naturaleza prestacional y en otras de carácter salarial, o como simple bonificación pero en todo caso con la constante de representar un incremento en los ingresos derivados de la relac ión laboral.” (Negrilla Fuera del Texto)

Añade que, en el Decreto 1042 de 1968 contentivo de la clasificación y remuneración de los cargos para los empleos públicos: “ La noción de “prima”, como concepto genérico, emerge a título de reconocimientos económ icos

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, proceso No. 0121 -2003, La Corporación analiza los Decretos Reglamentarios Nos. 057, 106, 043, 036, 076, 064, 044, 2740, 2720 y 673 de las anualidades comprendidas entre 1993 y 2002 respectivamente.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00592-00

adicionales para el empleado a fin de expresar cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en su ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de clima, entre otras, representan un sistema utiliza do en la función pública para reconocer un “plus” en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición normat iva de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente bonificatorio” (Negrilla fuera del Texto)

Por tal razón, esa H Corporación concluye que: “el concepto de prima dentro

definición normat iva de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente bonificatorio” (Negrilla fuera del Texto)

Por tal razón, esa H Corporación concluye que: “el concepto de prima dentro del régimen jurídico anterior a la expedición de la carta de 1991, opera invariablemente como un fenómeno retribuido de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público”. En adición a lo anterior, establece que con posterioridad a la expedición de la Constitución del 91, “el concepto mantiene identidad funcional con la manera como el régimen jurídico anterior se refirió a las primas para sobre su estru ctura representar básicamente un incremento a la remuneración; propiamente es posible reconocer que la Ley 4ª de 1992, retomó los elementos axiológicos de la noción, de manera que volvió a mencionar el concepto de prima como un fenómeno complementario de a dición a la remuneración de los servidores públicos, tal como efectivamente quedo consagrado en los articulo 14 y 15 de dicha codifi cación; de forma que el entendimiento del concepto en vigencia del sistema de remuneración de los servidores públicos, luego de la Carta de 1991 y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un “plus” para añadir el valor del ingreso laboral del servidor”

Finalmente anula el artículo 7 del Decreto 618 de 2007, en tanto considera que tomar el 30% de la remun eración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, conduce a una contradicción, toda v ez que dicho emolumento, debe ser considerado como un plus o un incremento en el

tomar el 30% de la remun eración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, conduce a una contradicción, toda v ez que dicho emolumento, debe ser considerado como un plus o un incremento en el ingreso del servidor público, y no una merm a o disminución en el mismo; de igual manera, establece que no es dable asignar al concepto de “prima”, usado por el legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una interpretación distinta a la de representar un incremento remuneratorio, pue s además de lo expuesto, vulneraria el precepto superior de progresividad, contemplado en el artículo 53 de la CP y la noción de sal ario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.

Aunado a lo anterior, esta Sala advierte que, en un ca so de idénticos supuestos fácticos y jurídicos, el Consejo de Estado a través de la sentencia proferida en el proceso radicado 250002325000200501134-01, revoca la decisión adoptada por la Sección Segunda, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cund inamarca y en su lugar, acoge las pretensiones demandadas por la Juez Catorce (14) de Familia de Bogotá, quien solicita la reliquida ción de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como factor salarial el 30% correspondiente a la prima especial de serv icios, sustentando su decisión, en la tesis adoptada por esa H Corporación, en el expediente Nro. 110010325000200700098 -00, esto es, la que

teniendo en cuenta como factor salarial el 30% correspondiente a la prima especial de serv icios, sustentando su decisión, en la tesis adoptada por esa H Corporación, en el expediente Nro. 110010325000200700098 -00, esto es, la que declaró la nulidad del Decreto 7º del Decreto 618 de 2 de marzo de 2007.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00592-00

En igual orden, inaplica por inconstituci onales los artículos 7 de los Decretos Nos 2740 de 2000 y 2720 de 2001 y 6 de los Decretos Nros 673 de 2002 y 3569 de 2003, en cuant o previeron como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual devengado por el demandante.

Así mismo, ha de señalar esta Sala, que el veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Catorce, la sala de conjueces de la Sección Segunda del H Consejo de Estado, dentro de la acción de Simple Nulidad radicado 11001032500020070008700 – Nro. Interno 168 6-07, declaró la nulidad de los Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto

104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 d e 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del

Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002 ; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de