TA SAN - Sentencia 680012333000-2017-00621-00 (18-09-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL: Reparación directa RADICADO: 680012333000-2017-00621-00

DEMANDANTE: Edgar Portilla Fuentes

edgarportilla1@gmail.com

DEMANDADOS:

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA servicioalciudadano@sena.edu.co

Universidad Industrial de Santander, UIS notjudiciales@uis.edu.co

Unidades Tecnológicas de Santander, UTS notificacionesjudiciales@correo.uts.edu.co

Fundación Colegio UIS, FUNDEUIS fundacioncolegiouis@hotmail.com

Metrogas de Colombia S.A. E.S.P. metrogas@metrogassaesp.com

Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB juridica@unab.edu.co

Universidad Pontificia Bolivariana, UPB notificacionesjudiciales.bga@upb.edu.co

Patrimonio de la Corporación Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos Galán Sarmiento , Incubadora de Empresas – en liquidación-, CBE corpbucaramangaemprendedora@gmail.com

VINCULADOS: Blanca Jeannet Jaimes Carvajal

alacevedo@adviceaboqados.comReparación directa Sentencia de primera instancia

Incubadora de Empresas – en liquidación-, CBE corpbucaramangaemprendedora@gmail.com

VINCULADOS: Blanca Jeannet Jaimes Carvajal

alacevedo@adviceaboqados.comReparación directa Sentencia de primera instancia Demandante: Edgar Portilla Fuentes Demandado: SENA y otros Radicado 680011233000-2017-00621-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Ana María Peña González penaa61@hotmail.com

Carlos Fernando Acevedo Supelano corpbucaramangaemprendedora@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de primera instancia TEMA: No se acreditó la existencia de un daño cierto y antijurídico derivado de la disolución y consecuente liquidación de la CBE. La carga de la prueba para demostrar la existencia del daño recae en quien lo alega.

Se encuentra para conocimiento de la Sala de Decisión el expediente de la referencia con el fin de dictar sentencia en los términos de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.

1. Antecedentes 1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, el señor Edgar Portilla Fuentes por conducto de apoderado judicial formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo,

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, el señor Edgar Portilla Fuentes por conducto de apoderado judicial formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la responsabilidad administrativa, patrimonial y solidaria de los demandados por los perjuicios que, a su juicio, se originaron de la terminación unilateral e injustificada de los contratos de prestación de servicios profesionales como abogado y de mandato en procuración , con ocasión de la disolución que el demandante califica como ilegal de la Corporación Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos Galán Sarmiento, Incubadora de Empresas.

En consecuencia, solicitó:

«1. Que fue y es ilegal l a disolución de la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, INCUBADORA DE EMPRESAS, NIT 804.001.183-0 ocurrida el pasado 12 de diciembre de 2016, cuando el SENA, la UIS, las UTS, junto con otras entidades de derecho privado ( FUNDEUIS, METROGAS, UNAB y UPB) y la presencia y anuencia de la revisora Fiscal de la CBE, Blanca Jeanneth Jaimes, c.c. 63.524.211 de la Directora Ejecutiva de la CBE, Ana María Peña González, cc. 62.291.892 y, según el “extracto de acta No. 28” inscrito en el registro mercantil, y con la asesoría del Dr. Carlos Fernando Acevedo Supelano, cc. 91.510.253 (quien inició su actuación como

1 Expediente digital, actuación 77, índice SAMAI, link one drive, archivo 3, folios 312 a 327Reparación directa

Fernando Acevedo Supelano, cc. 91.510.253 (quien inició su actuación como

1 Expediente digital, actuación 77, índice SAMAI, link one drive, archivo 3, folios 312 a 327Reparación directa Sentencia de primera instancia Demandante: Edgar Portilla Fuentes Demandado: SENA y otros Radicado 680011233000-2017-00621-00

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asesor jurídico de la UPB y la terminó como liquidador del patrimonio de la CBE), por votarla a sabiendas de ir en contra de las mayorías estatutarias, con fundamento en imaginaria e inexistente inviabilidad financiera y para evadir responsabilidad patrimonial en desmedro de los acreedores de la CBE y asociados de cuota litis, y en perjuicio del mismo patrimonio de la CBE al no cobrar sus acreencias frente a corporados y/o entidades oficiales colombianas, causando con ello daño antijurídico al actor (daño emergente y lucro cesante) por conducta dolosa (o gravemente culposa) que debe ser indemnizado.

2. Que el SENA, la UIS, las UTS, FUNDEUIS, METROGAS, la UNAB, la UPB, la revisora fiscal de la CBE, Blanca Jeanneth Jaimes, cc 63.524.211, la Directora Ejecutiva de la CBE, Ana María Peña González, cc 63.291.892, el patrimonio en

liquidación de la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS

de la CBE, Ana María Peña González, cc 63.291.892, el patrimonio en liquidación de la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, INCUBADORA DE EMPRESAS, NIT 804.001.183-0 y el Dr Carlos Fernando Acevedo Supelano, cc 91.510.253 son solidariamente responsables de los perjuicios materiales y morales irrogados al actor por haber terminado implícita, unilateral y sin causa contractual válida sus contratos de presta ción de servicios de abogado, mandato en procuración, en donde se habían pactado los emolumentos para Edgar Portilla Fuentes de manera mixta (cantidades líquidas de dinero y cuota litis liquidable).

3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al SENA, la UIS, las UTS, FUNDEUIS, METROGAS, la UNAB, la UPB, la revisora fiscal de la CBE, Blanca Jeanneth Jaimes, cc 63.524.211, la Directora Ejecutiva de la CBE, Ana María Peña González, cc 63.291.892, el patrimonio en liquidación de la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, INCUBADORA DE EMPRESAS, NIT 804.001.183-0 y el Dr Carlos Fernando Acevedo Supelano, cc 91.510.253 a reconocer y pagar solidariamente al actor, Edgar Portilla Fuentes, o a quien represente sus derechos, lo devengado y dejado de devengar como emolumentos mixtos en los contratos y diligencias administrativas y judiciales. Para adelantar todos los cobros a la UIS en virtud de los aportes que aquella le había hecho al PEI de ésta; respecto del convenio

devengar como emolumentos mixtos en los contratos y diligencias administrativas y judiciales. Para adelantar todos los cobros a la UIS en virtud de los aportes que aquella le había hecho al PEI de ésta; respecto del convenio 000573 del 3 de junio de 2013, suscrito entre la CBE y el extinto INCODER; la reclamación ante COLCIENCIAS, la asistencia legal frente al Municipio de Barrancabermeja; el proceso civil radicado al No. 68001-40-03-13-2010-0033800, Juzgado Décimo Tercero Civil Municipal de Bucaramanga, y diligencias civiles radicadas al No. 68001 -40-03-11-2014-00076-00, Juzgado U ndécimo Civil Municipal de Bucaramanga, conforme a la estimación razonada que más adelante se consignará.

4. Que como consecuencia de lo anterior y a título de reparación se ordene al SENA, la UIS, las UTS, FUNDEUIS, METROGAS, la UNAB, la UPB, la revisora fiscal de la CBE, Blanca Jeanneth Jaimes, cc 63.524.211, la Directora Ejecutiva de la CBE, Ana María Peña González, cc 63.291.892, el patrimonio en liquidación de la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, INCUBADORA DE EMPRESAS, NIT 804.001.183-0 y el Dr Carlos Fernando Acevedo Supelano, cc 91.510.253, a reconocer y pagar solidariamente, al actor Edgar Portilla Fuentes, o a quien represente sus derechos, a título de indemnización por perjuicios materiales (dejado de percibir) hasta el momento de la presentación de la demanda la suma mínima de CINCO MIL SETECIENTOS

Portilla Fuentes, o a quien represente sus derechos, a título de indemnización por perjuicios materiales (dejado de percibir) hasta el momento de la presentación de la demanda la suma mínima de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VENTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.785.527.366,68) o la suma que resulte probada en el plenario.

5. Que como consecuencia de lo anterior y a título de reparación se condene al SENA, la UIS, las UTS, FUNDEUIS, METROGAS, la UNAB, la UPB, la revisora fiscal de la CBE, Blanca Jeanneth Jaimes, cc 63.524.211, la Directora Ejecutiva de la CBE, Ana María Peña González, cc 63.291.892, el patrimonio en liquidación de la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, INCUBADORA DE EMPRESAS, NIT 804.001.183-0 y el Dr Carlos Fernando Acevedo Supelano, cc 91.510.253 , a reconocer y pagar solidariamente al actor Edgar Portilla Fuentes, o a quien represente sus derechos, por perjuicios morales subjetivados hasta doscientos salarios mínimos legales vigentes (200 SMLV) enReparación directa Sentencia de primera instancia Demandante: Edgar Portilla Fuentes Demandado: SENA y otros Radicado 680011233000-2017-00621-00

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Radicado 680011233000-2017-00621-00

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razón de la zozobra que ha vivido desde que ilegalmente disolvieron su contratante CBE y desconociendo dolosamente todo el trabajo profesional especializado de más de doce (12) años de una persona mayor de cincuenta y ocho (58) años, con exigua retribución por no decir que ninguna.

6. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene al SENA, la UIS, las UTS, FUNDEUIS, METROGAS, la UNAB, la UPB, la revisora fiscal de la CBE, Blanca Jeanneth Jaimes, cc 63.524.211, la Directora Ejecutiva de la CBE, Ana María Peña González, cc 63.291.892, el patrimonio en liquidación de la CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, INCUBADORA DE EMPRESAS, NIT 804.001.183-0 y el Dr Carlos Fernando Acevedo Supelano, cc 91.510.253, en las costas (art. 188 CPCA) con agencias en derecho a la tasa máxima que fije el Consejo Superior de la Judicatura, o la autoridad que haga sus veces, para esta clase de procesos.

7. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 187, inciso final del CPACA aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha de causación de cada emolumento (daño emergente en cada contrato y/o liquidación de gestión) y del 12 de diciembre de 2016 (lucro

artículo 187, inciso final del CPACA aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha de causación de cada emolumento (daño emergente en cada contrato y/o liquidación de gestión) y del 12 de diciembre de 2016 (lucro cesante desde la fecha de terminación implícita, unilateral y sin causa contractual válida) hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.

8. En lo que corresponda, el SENA, la UIS y las UTS darán cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

9. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, las entidades públicas y privadas y demás demandados, liquidarán y pagarán los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 192, inciso 3 del CPACA.»

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. La Corporación Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos Galán Sarmiento, Incubadora de Empresas, CBE, fue constituida el 18 de agosto de 1995 como entidad mixta sin ánimo de lucro del sector ciencia, tecnología e innovación, regida por el derecho privado. Obtuvo personería jurídica mediante la Resolución 1023 del 21 de diciembre de 1995 suscrita por el departamento de Santander y se registró en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 7 de febrero de 1997.

Según el informe del director ejecutivo vinculado para el 9 de septiembre de 2013 la CBE aportó USD $6.163.417,00 al plan educativo institucional de la UIS en sus primeros 17 años de existencia.

Según el informe del director ejecutivo vinculado para el 9 de septiembre de 2013 la CBE aportó USD $6.163.417,00 al plan educativo institucional de la UIS en sus primeros 17 años de existencia.

1. El 8 de junio de 2004, la CBE contrató los servicios profesionales del demandante como abogado para gestionar el cobro de los aportes realizados a la UIS, los cuales para el 20 de febrero de 2015 correspondía a $4.589.000.000.

Esta reclamación recibió negación definitiva mediante auto rectoral del 29 de mayo de 2015.

1. El convenio de cooperación estratégica núm. 001 del 5 de julio de 2005 incorporó un mandato en procuración según el cual se elaboró una reclamación por un daño emergente equivalente a quince salarios mínimos mensuales vigentes y un lucro cesante máxim o de $2.224.500.000,00 indexados desde el 20 de febrero de 2015 hasta su efectivo pago.Reparación directa Sentencia de primera instancia Demandante: Edgar Portilla Fuentes Demandado: SENA y otros Radicado 680011233000-2017-00621-00

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1. Luego, en desarrollo del convenio núm. 000573 del 3 de junio de 2013, suscrito entre la CBE y el extinto INCODER, el demandante ejerció representación legal para restablecer la ecuación financiera (reclamación administrativa, audiencia, conciliación extrajudicial y demanda judicial en cuantía de

suscrito entre la CBE y el extinto INCODER, el demandante ejerció representación legal para restablecer la ecuación financiera (reclamación administrativa, audiencia, conciliación extrajudicial y demanda judicial en cuantía de $6.392.446.243,00) y logró el reconocimiento parcial de la deuda en el monto de $700.000.000 mediante Resolución del 26 de septiembre de 2016, expedida con ocasión de la demanda formulada ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo adelantada bajo el radicado núm. 680012333000-2016-00634-00 la cual cursó ante el Tribunal Administrativo de Santander.

1. Además, el demandante representó a la CBE en varias actuaciones jurídicas.

En virtud del contrato del 16 de julio de 2014, se configuró un daño emergente de 7 SMLMV más un 20 % adicional por gestiones administrativas y ante la Procuraduría. En la reclamación a Colciencias del 28 de julio de 2014, se causaron gastos por $352 900, un daño emergente de 7 SMLMV y un lucro cesante de hasta el 30 % del valor reclamado. En el desplazamiento al municipio de Barrancabermeja, se generaron viáticos por $1.167.470 y hasta 3 SMLMV. Finalmente, en dos mandatos frente a la UIS, se reconocieron saldos a favor del abogado por $6.293.019 y $4.510.450, respectivamente, ambos con intereses moratorios desde su fecha de liquidación.

1. Posterior a la renuncia del director ejecutivo de la CBE y la irregular aceptación por parte de la asamblea general el 4 de junio de 2015, se generó una situación

moratorios desde su fecha de liquidación.

1. Posterior a la renuncia del director ejecutivo de la CBE y la irregular aceptación por parte de la asamblea general el 4 de junio de 2015, se generó una situación de inestabilidad institucional, con una dirección interina no registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la sucesión de dos nuevos directores, entre quienes se formularon denuncias penales por falta de empalme.

1. El 12 de diciembre de 2016, a instancias de la revisoría fiscal y con participación de algunos de los mismos directivos, los miembros corporativos de la asamblea de asociados —sin cumplir con los requisitos legales y estatutarios aplicables— aprobaron la disolución y liquidación de la CBE, la cual se realizó sin la mayoría cualificada, sin declarar conflictos de interés, sin estados financieros debidamente aprobados y sin haber convocado la asamblea con ese propósito específico, tal como se desprende del extracto inscrito en el registro mercantil.

Esta actuación configura una terminación unilateral e implícita de los contratos profesionales celebrados con el demandante que conllevó la causación de un daño antijurídico imputable a quienes participaron en la mentada decisión, conforme al artículo 2344 del Código Civil.

1. La disolución de la corporación omitió el procedimiento previsto en el artículo 1 de la Ley 1116 de 2006, la cual habilita el levantamiento del velo corporativo, de conformidad con la jurisprudencia constitucional (sentencias C865 de 2004, C620 de 2012 y C -090 de 2014), con la finalidad de atribuir responsabili dad patrimonial al Estado y responsabilidad civil extracontractual a las personas

de conformidad con la jurisprudencia constitucional (sentencias C865 de 2004, C620 de 2012 y C -090 de 2014), con la finalidad de atribuir responsabili dad patrimonial al Estado y responsabilidad civil extracontractual a las personas jurídicas y naturales que actuaron de mala fe en el proceso de disolución.

1. El 2 de febrero de 2017, se remitieron poderes al liquidador designado -Carlos Fernando Acevedo Supelanopara ejercer acciones de cobro frente a la UIS y a COLCIENCIAS, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta. De otra parte, el 1 de marzo de 2017, el demandante presentó reclamación formal ante elReparación directa Sentencia de primera instancia Demandante: Edgar Portilla Fuentes Demandado: SENA y otros Radicado 680011233000-2017-00621-00

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patrimonio en liquidación por un valor de $5.785.527.366, sin que se haya dado trámite alguno.

1. El 2 de ma yo de 2017, se llevó a cabo audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial II de Bucaramanga, la cual fue declarada fallida por ausencia de ánimo conciliatorio.

1.1.3. Fundamentos de reparación

Como fundamento de sus pretensiones de reparación , la parte demandante expone los siguientes argumentos:

1. En el caso concreto, la responsabilidad se fundamenta en la modalidad de falla probada del servicio, que puede consistir en: a) indebido funcionamiento, b)

expone los siguientes argumentos:

1. En el caso concreto, la responsabilidad se fundamenta en la modalidad de falla probada del servicio, que puede consistir en: a) indebido funcionamiento, b) ausencia de funcionamiento o c) funcionamiento tardío. En esa medida, para su acreditación se requiere la prueba del daño, la falla en el servicio y el nexo causal entre ambos.

1. El daño antijurídico se configura con la terminación unilateral de los contratos del demandante, decidida en la reunión del 12 de diciembre de 2016, sin respetar el contenido contractual ni los derechos adquiridos. Esta decisión, motivada por criterios de ahorro, implicó un reemplazo por parte del liquidador, lo cual dejó al contratista sin la posibilidad de ejecutar sus encargos ni percibir la remuneración pactada. Por su parte, el perjuicio es cierto, actual y no imputable al actor, el cual cumplió con sus obligaciones contractuales. En esa medida, l a negativa de las entidades públicas a otorgar los poderes necesarios para demandar acreencias, a pesar de su solicitud oportuna, confirma la existencia del daño y su carácter antijurídico.

1. La falla en el servicio, en el sub examine se encuentra determinada por el incumplimiento por parte del SENA, la UIS y la UTS en su deber de promover la inversión en ciencia, tecnología e innovación al disolver la CBE, una entidad que gestionaba recursos públicos en ese sector.

1. Las entidades públicas actuaron con desconocimiento de los principios constitucionales (arts. 4 y 113 de la Constitución Política ), al dejarse influir por intereses privados o asesorías inadecuadas. Además, FUNDEUIS, METROGAS,

1. Las entidades públicas actuaron con desconocimiento de los principios constitucionales (arts. 4 y 113 de la Constitución Política ), al dejarse influir por intereses privados o asesorías inadecuadas. Además, FUNDEUIS, METROGAS, UNAB y la UPB deben responder solidariamente, dado que desde el año 2015 impidieron el cobro de acreencias y eliminaron un competidor legítimo en el sector, conducta que permite aplicar el levantamiento del velo corporativo, según la jurisprudencia constitucional.

1. De otra parte, la representante legal y la revisora fiscal de la CBE incurrieron en responsabilidad por omisión, al guardar silencio frente a los actos que afectaron a la corporación. En igual sentido, el liquidador -Carlos Fernando Acevedo Supelanotiene responsabilidad en la comisión del daño antijurídico, en la medida que priorizó intereses particulares sobre los generales y buscó beneficios propios.Reparación directa Sentencia de primera instancia Demandante: Edgar Portilla Fuentes Demandado: SENA y otros Radicado 680011233000-2017-00621-00

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1. El tercer elemento de la responsabilidad se encuentra plenamente acreditado, toda vez que, sin la actuación inconstitucional, ilegal y contraria a los estatutos por parte del SENA, la UIS y las UTS al aprobar la disolución de la CBE, no se habrían producido los perjuicios cuya reparación reclama el demandante.

Además, los corporados y asistentes a la reunión del 12 de diciembre de 2016

por parte del SENA, la UIS y las UTS al aprobar la disolución de la CBE, no se habrían producido los perjuicios cuya reparación reclama el demandante. Además, los corporados y asistentes a la reunión del 12 de diciembre de 2016 podrían resultar responsables mediante acciones de repetición, lo que generaría un daño fiscal previsible para las entidades públicas, o mediante acciones de revocación que lleguen a ej ercer los acreedores, conforme a lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Universidad Pontificia Bolivariana2

Por conducto de apoderad o la mencionada institución allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepción nominada: «falta de competencia» y excepciones innominadas: «inexistencia de obligación de indemnizar por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana basado en la no existencia de solidaridad con la Corporación Bucaramanga Emprendedora»; «inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad »; «falta de prueba del daño »; «inexistencia de la obligación de inde mnizar»; «cobro de lo no debido »; «existencia de mecanismos para el cobro de las acreencias en los procesos de liquidación» y «genérica».

A su turno, se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso los siguientes argumentos:

1. Los artículos 633 a 652 del Código Civil establecen que las corporaciones civiles se crean por acuerdo entre personas naturales o jurídicas que aportan recursos para un fin social, se rigen por estatutos y decisiones de sus asociados,

1. Los artículos 633 a 652 del Código Civil establecen que las corporaciones civiles se crean por acuerdo entre personas naturales o jurídicas que aportan recursos para un fin social, se rigen por estatutos y decisiones de sus asociados, y se caracterizan por su autonomía y componente personal. Por su parte, el artículo 38 de la Constitución Política garantiza la libre asociación, lo que faculta a las personas para conformar entidades jurídicas independientes, capaces de ejercer derechos, asumir obligaciones y contar con un patrimonio distinto al de sus miembros, según lo ha reiterado la Corte Constitucional.

1. La separación patrimonial de las corporaciones, está reconocida en los artículos 252 y 373 del Código de Comercio, normas que sustentan la aplicación de la teoría de la limitación del riesg o, según la cual , los bienes de la persona jurídica no pertenecen en común a sus asociados, dado que estos solo tienen derechos sobre su participación en el capital social, pero no sobre los activos de la entidad. Por tanto, frente al daño alegado en la demanda, la única responsable es la Corporación Bucaramanga Empre ndedora, actualmente en liquidación, pues el patrimonio de sus miembros, como el de la UPB, no puede considerarse afectado.

1. En el sub examine, el demandante no acreditó un daño objetivo ni subjetivo causado por la UPB. Además, dado que el proceso de liquidación de la CBE no ha

2 Expediente digital, actuación 77, índice SAMAI, link one drive, archivo 13Reparación directa Sentencia de primera instancia Demandante: Edgar Portilla Fuentes Demandado: SENA y otros Radicado 680011233000-2017-00621-00

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concluido, no se puede afirmar que su inicio haya ocasionado un daño y, por ende, le corresponde al demandante presentar su reclamación ante la corporación conforme a lo establecido por la ley. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, corresponde al demandante demostrar los hechos que sustentan sus pretensiones. En este caso, la parte actora no logró acreditar válidamente los daños alegados, toda vez que las pruebas aportadas carecen de conducencia y utilidad.

1. Los perjuicios indemnizables deben ser personales, ciertos y directos, y no pueden ser hipotéticos o conjeturales. En consecuencia, la falta de prueba sobre el daño patrimonial y el perjuicio reclamado por el demandante impide reconocer cualquier tipo de indemnización, en la medida que no se demostró detrimento en el patrimonio ni afectación en los derechos extrapatrimoniales del demandante.

1. El demandante no acreditó haber iniciado acciones judiciales para obtener el pago de sus acreencias laborales . Adicionalmente, no puede considerar se configurado el daño que pretende imputar , comoquiera que el proceso de liquidación no ha culminado.

1.2.2. Unidades Tecnológicas de Santander3

Por conducto de apoderad o la mencionada institución allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepción

liquidación no ha culminado.

1.2.2. Unidades Tecnológicas de Santander3

Por conducto de apoderad o la mencionada institución allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepción nominada: «falta de legitimación en la causa por pasiva » y excepciones innominadas: «temeridad o mala fe» y «genérica».

A su turno, se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso los siguientes argumentos:

1. El artículo 17 del Decreto 1529 de 1990 establece que las corporaciones pueden disolverse por decisión de la asamblea general, conforme a lo previsto en sus estatutos, o por cancelación de la personería jurídica. Para que la deliberación sea válida, se requiere un quórum del 50% de los miembros y, si no se alcanza dicho porcentaje, podrá reunirse dentro de las dos horas siguientes con al menos el 40%, siempre que se trate de un número plural. La disolución también puede fundarse en causales legales y, e n cuanto al proceso de liquidación, los estatutos remiten a lo dispuesto en el Código Civil y en el Código de Comercio.

1. En el caso concreto, la asamblea general de la CBE decidió su disolución el 12 de diciembre de 2016, de conformidad con la ley y los estatutos, con la participación de 7 de los 10 corporados. La causal invocada fue la disolución voluntaria por decisión de los asociados, ante la imposibilidad de continuar c on el objeto social. Esta decisión se fundamentó en la inviabilidad financiera de la entidad, causada por una administración deficiente, múltiples conflictos jurídicos

voluntaria por decisión de los asociados, ante la imposibilidad de continuar c on el objeto social. Esta decisión se fundamentó en la inviabilidad financiera de la entidad, causada por una administración deficiente, múltiples conflictos jurídicos y la ausencia de ingresos futuros , razón por la cual se procedió con el nombramiento del liquidador.

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1. El propósito de la disolución consistió en proteger el patrimonio de los corporados y evitar la generación de nuevos pasivos, a través de la venta de activos y la búsqueda de acuerdos con los acreedores. En este sentido, dentro del presente proceso ha quedado acreditado que la Corporación ha adelantado el proceso de disolución y liquidación conforme a las disposiciones normativas aplicables, así como la situación económica que motivó la decisión adoptada por la asamblea general.

1. La teoría del levantamiento del velo corporativo permite, en circunstancias excepcionales, desconocer la limitación de responsabilidad de los asociados cuando se prueba que la persona jurídica fue utilizada con fines fraudulentos y en perjuicio de terceros. Sin embargo, para que est