TA SAN - Sentencia 680012333000-2017-00624-00 (21-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2017-00624-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: Martha Omaira Gómez Pérez

fabian7borja@hotmail.com

DEMANDADO: Nación – Fiscalía General de la Nación.

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co MINISTERIO PUBLICO mbuendia@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co TEMA: Prima especial de servicios 30% / Bonificación judicial PROVIDENCIA: Sentencia de primera instancia

SALA No. 01

CONJUEZ PONENTE: JORGE CARLOS OROZCO CAMACHO

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurado por MARTHA OMAIRA GÓMEZ PÉREZ en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Martha Omaira Gómez

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Martha Omaira Gómez Pérez presenta demanda contra Nación - Fiscalía General de la Nación, formulando las siguientes:

1.1 Pretensiones

1 Expediente Digital SAMAI – índice 055 - archivo 01, páginas 88 a 109.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-00624-00 Sentencia de Primera Instancia

“PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos SSAGS 3055 del 18 de octubre de 2016 del subdirector seccional de apovo a la gestión de Bucaramanga v contra la resolución No 2-0032 del 02 de enero de 2017 de la subdirección de talento humano de Bogotá mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas, prima especial de servicio, vacaciones, bonificaciones, cesantías y el descuento del salario base etc.

SEGUNDA; como restablecimiento del derecho se reconozca y cancele a favor de mi poderdante sobre sus salarios básicos por cada mes de servicio un 30% equivalente a la prima especial de servicios no cancelada a mi poderdante por la inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992, que en vez de aumentar el ingreso de mis poderdantes como nivelación, lo que hizo fue descontar el 30% del salario base para convertirlo en una aparente prima especial de servicios, por lo que se les debe a mi poderdante desde el día trece (13) de marzo de 1995 en los

de mis poderdantes como nivelación, lo que hizo fue descontar el 30% del salario base para convertirlo en una aparente prima especial de servicios, por lo que se les debe a mi poderdante desde el día trece (13) de marzo de 1995 en los periodos en que se desempeñó como fiscal, hasta la fecha, los que s e sigan causando v en los periodos en que sea designada como fiscal , el pago del porcentaje descontado como equivalente al valor de la prima especial de servicio por cada mes que equivale aproximadamente a $ 325.955.068.oo en los periodos en que se ha dese mpeñado como fiscal equivalente al 30% adicional al salario como prima especial de servicio no cancelada por cada MES: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO, AGOSTO,

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN CADA AÑO .

Valores que deberán aplicarse el artículo 176 -178 del C.C.A y concordantes mes a mes y sobre los que se sigan generando

TERCERA: como consecuencia de lo anterior ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir desde el día trece (13) de marzo de 1995 en los periodos en que se desempeñó como fiscal, hasta la fecha, los que se sigan causando v en los periodos en que sea designada como fiscal del pago completo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y aportes patronales a pagar a los correspondientes fondo s de pensiones.

Cesantías, salud, riesgos y demás de ley, los valores que correspondan por la anterior condena y las que se sigan generando para la pensión sobre el valor del

aportes patronales a pagar a los correspondientes fondo s de pensiones. Cesantías, salud, riesgos y demás de ley, los valores que correspondan por la anterior condena y las que se sigan generando para la pensión sobre el valor del 30% no cancelado equivale a la prima especial de servicios.

CUARTA: Que luego d e la sentencia y en adelante, la Fiscalía General de la Nación, siga liquidando y pagando a mi poderdante, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico adicional mensual a que tiene derecho.

QUINTA: Ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir desde el día trece (13) de marzo de 1995 en los períodos en que se desempeñó como fiscal. hasta el 31 de diciembre del año 2002 teniendo como base que únicamente se liquidó y canceló a mis poderdantes sobre el 70% del salario, adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $12.763.243.00 correspondiente al 30% de la supuesta prima especial de servi cio tomadaNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-00624-00

Sentencia de Primera Instancia

ilegalmente del salario, de igual manera se condene al pago de cesantías e intereses a las cesantías que correspondan.

SEXTA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación judicial como factor salarial en sus liquidaciones, de los valores dejados de percibir con base en el decreto 382 de 2013 desde el año 2013,

SEXTA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación judicial como factor salarial en sus liquidaciones, de los valores dejados de percibir con base en el decreto 382 de 2013 desde el año 2013, adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $13.024.138.00 de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demás hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago en los periodos en que se desempeñó o desempeñe como fiscal y se mantenga de forma permanente.

Cesantías aproximadas sin indexar: Bonificación por actividad judicial Desde el año 2013 : $ 7.072.391 .00 Intereses a las cesantías $ 848.686.00 Total $7.921.077.00

SEPTIMA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

OCTAVA: Que como consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar al demandante los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento la s entencia en los términos del artículo 176 y 178 del C.C.A., es decir que en las condenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas mes a mes y prestación por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Estado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente Dra BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ expediente 520012331000200101770 01 actor aldrin

con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Estado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente Dra BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ expediente 520012331000200101770 01 actor aldrin Alfonso Cabezas ) “por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente, mes por mes, por c ada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.”

NOVENA: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

DECIMA: se ordene la expedición de las correspondientes copias auténticas y constancias necesarias para el cobro.

UNDECIMA; Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada en caso de oposición dilatoria.”.

1.2 Hechos La demandante, Martha Omaira Gómez Pérez se encuentra vinculada a la Fiscalía General de la Nación desde el 06 de enero de 1993 y se ha desempeñado como Fiscal desde el 13 de marzo de 1995 hasta la fecha.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-00624-00 Sentencia de Primera Instancia

El 30 de septiembre de 2016 a través de su apoderado, presentó solicitud de reconocimiento y pago de la prima especial de servicios correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual como un adicional a este , desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la solicitud, con la consecuente reliquidación de sus prestaciones sociales. Igualmente solicitó el reconocimiento de la bonificación

sobre su salario básico mensual como un adicional a este , desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la solicitud, con la consecuente reliquidación de sus prestaciones sociales. Igualmente solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial de que trata el Decreto 382 de 20 13 como factor salarial junto con la consecuente reliquidación de prestaciones sociales. La entidad demandada mediante oficio SSAGS 3055 del 18 de octubre de 2016 negó lo pretendido, decisión frente a la cual la demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 2-0032 del 02 de enero de 2017 confirmando en todas sus partes el acto administrativo apelado. 1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes: Constitucionales: Los artículos 1, 2, 4, 5, 11,12, 13,25, 29, 53, 93 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, 3131 de 2005, 382 de 2013, Ley 4 de 1992 artículo 2 y 14, ley 482 de 1998, el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, Código Sustantivo del trabajo artículos 14 y 65.

Se argumenta que la prima especial del 30% no fue correctamente considerada como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. Esta incorrecta interpretación condujo a que en lugar de ser sumada al salario, fuera descontada, reduciendo injustificadamente los ingresos totales de los funcionarios judiciales.

como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. Esta incorrecta interpretación condujo a que en lugar de ser sumada al salario, fuera descontada, reduciendo injustificadamente los ingresos totales de los funcionarios judiciales.

Además, sostiene que con la inadecuada interpretación de la Ley 4 de 1992 se le debe a la parte demandante el equivalente a la prima especial de servicios teniendo en cuenta que nunca fue cancelada en razón a que fue descontada del valor del salario cuando se debía era tomar ese po rcentaje del valor salario equivalente al 30% y no quitárselo como se hizo. Para fundamentar lo anterior, refiere la sentencia del 29 de abril de 2014 del Consejo de Estado.

Por otra parte, afirma que la bonificación judicial dispuesta en el decreto 382 d e 2013 debe ser considerada como factor salarial con incidencia en las prestaciones laborales y sociales , toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 42 del Decreto-Ley 1042 de 1978 constituye salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios, características que se predican de la referida bonificación judicial, por lo que aduce que se debe inaplicar parcialmente el Decreto 382 de 2013 por ser contrario a los principios de progresividad y favorabilidad en concordancia con el art. 53 de la C.P en cuanto niega efectos prestacionales a este emolumento.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-00624-00 Sentencia de Primera Instancia

2. Contestación de la demanda

La apoderada judicial de la parte demandada argumentó que la Fiscalía General de

Radicado: 680012333000-2017-00624-00

Sentencia de Primera Instancia

2. Contestación de la demanda

La apoderada judicial de la parte demandada argumentó que la Fiscalía General de la Nación ha cumplido estrictamente con la normatividad vigente en materia salarial y prestacional, conforme al régimen individual adoptado. Sostuvo que la entidad no tiene la facultad de reconocer beneficios que la ley no contempla, por lo que cualquier pretensión en contrario carece de sustento legal. En este sentido, enfatizó que los decretos salariales emitidos por el Gobierno Nacional son de obligatorio cumplimiento y no pueden ser modificados discrecionalmente por la entidad.

De igual forma, sostuvo que la prima especial de servicios, equivalente al 30% de la asignación mensual, no constituye factor salarial conforme a la normatividad aplicable. En tal sentido explicó que dicha prima fue concebida sin carácter salarial y, por ende, no puede ser inclu ida en la base de liquidación de prestaciones sociales. Además, subrayó que cualquier interpretación en sentido contrario desnaturalizaría el espíritu de la normatividad vigente.

Finalmente señaló que por expresa disposición del Decreto 382 de 2013, la bonificación judicial constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en razón a que su estructuración busca dentro de los límites constitucionales establecer en su reconocimiento unos efectos determinados que encuadran dentro de la libertad de configuración de que gozan las autoridades legislativas; por lo tanto su calificación como factor salarial tiene efectos, en la base de cotización de los sistemas generales de pensiones y de seguridad social en salud, no en otras áreas.

de la libertad de configuración de que gozan las autoridades legislativas; por lo tanto su calificación como factor salarial tiene efectos, en la base de cotización de los sistemas generales de pensiones y de seguridad social en salud, no en otras áreas.

3. Alegatos de conclusión

3.1 Parte demandante

Reitera los argumentos expuestos en la demanda y adicionalmente indica que para el presente caso el término de prescripción debe contarse a partir de la expedición de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, mediante las cuales se ha unificado jurisprudencia en torno al reconocimiento de los derechos pretendidos por la demandante, ya que en su criterio es a partir de ese momento en que se hicieron exigibles.

3.2 Parte demandada

La Nación - Fiscalía General de la Nación no presentó escrito de alegatos de conclusión2.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

2 Si bien el 22 de febrero de 2023 se allegó memorial por parte de la entidad demandada (actuación No. 38 índice SAMAI), el mismo corresponde a un escrito de “contestación de la demanda” en el que se formulan excepciones.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-00624-00 Sentencia de Primera Instancia

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con lo dispuesto en auto de fecha 22 de agosto de 2 022 corresponde a la Sala en primer término determinar si:

¿En el presente caso se configuró el fenómeno de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?

En caso de que la respuesta al anterior problema jurídico sea negativa, la Sala de conformidad con la fijación del litigio deberá determinar si:

P.J.1: ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio SSAGS 3055 del 18 de octubre de 2016, expedido por la subdirectora seccional de apoyo a gestión de Bucaramanga de la Fiscalía General de la Nación ; y la Resolución No 2-0032 del 02 de enero de 2017 de la subdirección de talento humano, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión confirmando la misma?

P.J.2: En razón de lo anterior también habrá de determinarse si ¿ Hay lugar a

humano, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión confirmando la misma?

P.J.2: En razón de lo anterior también habrá de determinarse si ¿ Hay lugar a ordenar la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de la demandante teniendo en cuenta para tal efecto el 100% de la remuneración mensual, respecto de los periodos en que se ha desempeñado como Fiscal y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando en razón del cargo?

P.J.3: ¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un incremento, componente adicional o plus al salarió básico?

P.J.4: ¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca la bonificación judicial de que trata el Decreto 382 de 2013 como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales?

En caso afirmativo a los anteriores interrogantes, deberá determinarse si en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-00624-00 Sentencia de Primera Instancia

3. De la caducidad del medio de control

En relación con la caducidad el literal d), del numeral 2, del artículo 164 del CPACA establece:

“Artículo 164.Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día

[…]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.”

De conformidad con la norma en cita, en el presente caso se tiene que con la demanda se pretende la nulidad de, entre otras, la Resolución No 2-0032 del 02 de enero de 2017 proferida por la subdirección de talento humano de la entidad demandada. Igualmente se observa que la parte demandante elevó solicitud de conciliación pre judicial ante la Procuraduría General de la Nación el 24 de enero de 20173, -suspendiendo así el termino de caducidad de conformidad con lo que en su momento establecía el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 -, expidiéndose por parte del ministerio público constancia de imposibilidad de conciliación el 12 de mayo de 20174, siendo la demanda finalmente presentada el 15 de mayo de 20175.

A partir de lo anterior se concluye que en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, pues aún si se tomara en c onsideración la fecha de expedición de la resolución No 2 -0032 como punto de partida para efectuar el conteo de esta6, el plazo legal para presentar la demanda vencía el 03 de mayo de 2017, término que se suspendió del 24 de enero de 2017 hasta el 24 de abril de ese mismo año -3 meses-7 en virtud de la solicitud de conciliación extrajudicial ante la

2017, término que se suspendió del 24 de enero de 2017 hasta el 24 de abril de ese mismo año -3 meses-7 en virtud de la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría; y como quiera que la demanda se presentó el 15 de mayo de 2017, esta se formuló dentro de los cuatro (4) meses previsto en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo anteriormente expuesto, se declarará no probada la excepción de caducidad del medio de control.

4. Marco normativo y jurisprudencial

4.1. De la p rima especial de servicios en el régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación

3 Expediente digital, actuación No. 28, índice SAMAI. One Drive, archivo 002, página 68 a 70 . 4 Ibidem. 5 Expediente digital, actuación No. 28, índice SAMAI. One Drive, archivo 003. 6 En atención a que no existe prueba en el expediente de la fecha de notificación de la misma, que en estricto sentido debe ser el punto de partida para efectuar el conteo, de conformidad con el literal d), del numeral 2, del artículo 164 del CPACA 7 En razón a que la constancia de imposibilidad de conciliación fue expedida con posterioridad al término máximo de suspensión de tres (3) meses que establecía el artículo 21 de la Ley 640 de 2001.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-00624-00 Sentencia de Primera Instancia

Mediante el Decreto 2699 de 1991 8, se expidió el estatuto Orgánico de la Fiscalía

Radicado: 680012333000-2017-00624-00

Sentencia de Primera Instancia

Mediante el Decreto 2699 de 1991 8, se expidió el estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, en razón a que se requirió una regulación diferenciada que ocupara el régimen laboral de sus servidores públicos, por lo cual, el articulo 54 consagró el régimen salarial y prestacional para los funcionarios de esta institución, con la finalidad principal de incorporar a quienes se vinculaban por primera vez en la planta de personal de la Fiscalía. Por lo expuesto previamente, quienes ya se encontraban vinculados con anterioridad, podrían optar por una sola vez entre el régimen salarial y prestacional que para la fecha tenían , o la escala de salario prevista en el artículo 54 del mencionado Decreto.

Posteriormente, el Congreso de la Republica creó la Ley 4 de 1992 9, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Dentro de los elementos desarrollados se encuentra el reconocimiento de la prima especial de servicios, excluyendo de manera directa a los funcionarios que optaran por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del 01 de enero de 1993, como se demuestra a continuación:

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Sup eriores de Distrito Judicial y Contencioso

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Sup eriores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil (...)"10 (subrayado fuera del texto)

Por otra parte, el Decreto 53 de 1993 11 fue el primer decreto expedido por el Gobierno Nacional mediante el cual se estableció el régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación a partir del 1 de enero de 1993 –con apoyo en las citadas disposiciones de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 2699 de 1991-. En este sentido se planteó un régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, y por consiguiente, el artículo 1 dispuso de carácter obligatorio que los funcionarios vinculados a partir de l 28 de febrero de 1993 quedaban

planteó un régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, y por consiguiente, el artículo 1 dispuso de carácter obligatorio que los funcionarios vinculados a partir de l 28 de febrero de 1993 quedaban

8 Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991, por el cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación. 9 Ley 4 del 18 de mayo de 1992, Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 10 Modificado por la Ley 332 del 19 de diciembre de 1996, por la cual se modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones. 11 Decreto 53 de 7 de enero de 1993 Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. Derogado parcialmente por el Art. 20 del Decreto 108 de 1994.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-00624-00 Sentencia de Primera Instancia

sometidos al régimen salarial y prestacional enunciado en el referido Decreto, como se evidencia a continuación:

“ARTICULO 1. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto

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sometidos al régimen salarial y prestacional enunciado en el referido Decreto, como se evidencia a continuación:

“ARTICULO 1. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público, en especial el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.”

Teniendo en cuenta la normatividad enunciada en este acápite, se observa la existencia de pluralidad de regímenes salariales con diferentes elementos al interior de la Fiscalía General de la Nación, dentro de los cuales se evidencia el de los empleados que optar on por el régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o que se vincularon con posterioridad a su entrada en vigor.12

Ahora bien, de la lectura de las normas expuestas previamente, tales como la Ley 4 de 1992 y la Ley 332 de 1996, se sustrae que la prima especial consagrada en el artículo 14 no se debe aplicar a los servidores públicos que laboran en la Fiscalía General de la Nación, en razón a que optaron por el régimen salarial previsto a partir del año de 1993.

Sin embargo, la Ley 476 de 1998 13 señala que esta excepción no cobija a los servidores públicos se sometieron al Decreto 53 de 1993 y a los que se vincularon de manera posterior a la entidad , en consecuencia para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6 14 del Decreto 53 de 1993 y los

servidores públicos se sometieron al Decreto 53 de 1993 y a los que se vincularon de manera posterior a la entidad , en consecuencia para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6 14 del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

En relación con lo expuesto anteriormente, el Honorable Consejo de Estado en Sentencia de Unificación –SUJ-023-CE-S2-2020 de fecha quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), abordó el reconocimiento de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la ley 4 de 1992 a los funcionarios de la Fiscalía que se acogieron el régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o a quienes se hayan vinculado con posterioridad, sentando para el efecto las siguientes reglas:

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de Unificación –SUJ-023-CE-S2-2020 de fecha quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020). Exp. 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018). Conjuez Ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba. 13 El artículo 1 de la Ley 332 de 1996 fue aclarado por la Ley 476 de 1998, publicada en el Diario Oficial No 43.382, de 9 de septiembre 1998, "mediante la cual se aclara el artículo 1 de la Ley 332 de 1996", el cual dispone:

Oficial No 43.382, de 9 de septiembre 1998, "mediante la cual se aclara el artículo 1 de la Ley 332 de 1996", el cual dispone: “Aclárase el artículo 1º. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto . En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 d