TA SAN - Sentencia 680012333000-2017-00707-00 (27-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 680012333000-2017-00707-00

Medio de control: Repetición

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

notificaciones.bucaramanga@mindefensa.gov.co

Demandados: Ever Coy Sánchez

Josmar Yesid Velásquez Amezquita, Carlos Alfonso Llanos Caro y, Aníbal Gómez Pinzón wilsonruizjuridico@gmail.com

Ministerio Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos

Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema: Determinación de la conducta cualificada no puede hacerse sólo a partir de las consideraciones de las sentencias que dan origen a la condena judicial . / Las pruebas aportadas al expediente no permite n concluir que, los demandados hubiesen actuado con dolo o culpa grave / Se niegan pretensiones.

Procede la Sala a dictar sentencia dentro del medio de control de repetición promovido por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contra los señores Ever Coy Sánchez y otros previa la siguiente reseña.

I. DEMANDA

1. La demanda1.

Busca la entidad demandada se declare que los demandados son responsables a título de culpa grave o dolo de los hechos sucedidos el 22 de agos to de 2008, en donde falleció en combate el señor Jhon Francisco Pacheco Parra daño al que fue condenada la institución a reparar, por orden judicial contenida en las sentencias de

donde falleció en combate el señor Jhon Francisco Pacheco Parra daño al que fue condenada la institución a reparar, por orden judicial contenida en las sentencias de primera y segunda instancia proferidas el 31 de enero de 2012 y 03 de septiembre de 2013 respectivamente.

Como consecuencia de la anterior declaratoria, condenar a los demandados al pago de quinientos cuarenta y nueve millones doscientos cinco mil quinientos cuatro pesos con doce centavos ($549.205.094,12) suma a la cual ascendió la cond ena impuesta y efectivamente pagada por el Ejército Nacional.

1 Págs.2 a 3 archivo 002 OneDriveTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2017-00707-01 Página 2 de 28

2. Hechos2.

Como fundamento de sus pretensiones narra la entidad demandante los siguientes hechos relevantes:

2.1 El Batallón de Infantería No. 2 <<Mariscal Antonio José de Sucre>> implementó en el 2008 una operación militar de neutralización en el área general de Popoa Norte, Jurisdicción del Municipio de Puente Nacional – Santander, con el fin de capturar o causar la muerte, en caso de resistencia armada, a integrantes de organizaciones al margen de la Ley y bandas de delincuencia común que adelanten actividades terroristas.

2.2 En virtud de la operación antes identificada, el 22 de agosto de 2008 siendo las 22:00 horas, se encontraba la tropa militar patrullando en el lugar cu ando escucharon a varios sujetos quienes respondieron con disparos al reconocer la presencia de integrantes del Ejército Nacional. En consecuencia, lo s oficiales

22:00 horas, se encontraba la tropa militar patrullando en el lugar cu ando escucharon a varios sujetos quienes respondieron con disparos al reconocer la presencia de integrantes del Ejército Nacional. En consecuencia, lo s oficiales respondieron al ataque, resultando muerto el señor Jhon Francisco Pacheco, hecho por el cual existe un proceso penal en contra de los miembros de la institución.

2.3 Los miembros del Ejército implicados en el hecho que se narró en el numeral anterior, corresponden a los aquí demandados.

2.4 En ejercicio del medio de control de reparación directa concurrió ante esta Jurisdicción el señor Julio Vicente Pacheco Parra y otros, buscando el reconocimiento y pago de los perjuicios causados con la muerte del señor Jhon Francisco Pacheco Parra.

La demanda que fue radicada bajo el No. 2009 -0471-00 culminó con sentencia condenatoria de primera instancia proferida el 31 de enero de 2012, la cual fue modificada por el Tribunal Administrativo de Santander en providencia del 03 de septiembre del 2013, condenando al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional al reconocimiento y pago de $549.205.094,12.

2.5 Mediante Resolución No. 1950 del 18 de marzo de 2015 dio cumplimiento a la sentencia condenatoria y ordenó cancelar a los beneficiarios de la mis ma, la suma de $760.871.478,36.

3. Fundamento de derecho3.

Afirma el Ministerio estar demostrado el dolo o culpa grave con el que actuaron los aquí demandados, toda vez que, durante el proceso penal y, durante el proceso de reparación directa en el que se impuso la condena que aquí se repite, se demostró

Afirma el Ministerio estar demostrado el dolo o culpa grave con el que actuaron los aquí demandados, toda vez que, durante el proceso penal y, durante el proceso de reparación directa en el que se impuso la condena que aquí se repite, se demostró que no hubo operativos contra algún grupo armado y que la víctima no accionó el arma que fue posteriormente encontrada. Lo anterior supone, una violación manifiesta e inexcusable de los derechos constitucionales y legales que debían cumplir a cabalidad los demandados como miembros del Ejército Nacional.

2 Págs.1 a 2 archivo 002 OneDrive 3 Págs.3 a 4 archivo 02 OneDriveTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2017-00707-01 Página 3 de 28

Sostiene que, los señores Josmar Yesid Velásquez Amézquita en su condición de Teniente y, Carlos Alfonso Llanos, Aníbal Gómez y Ever Coy en calidad de soldados profesionales, simularon un operativo en contra de un grupo armado en el que resulto fallecido el señor Pacheco Parra (q.e.p.d.)

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA4

Los demandados, previo a oponerse a las pretensiones de la demanda, se refieren a los hechos en las que se fundamentan, señalando no ser cierto que la víctima, señor Pacheco Parra (q.e.p.d.) no hubiese portado y utilizado el arma con la que se encontró el cuerpo, pues en reiter adas ocasiones los testimonios practicados al interior de los procesos (no distinguen entre el penal y el de reparación directa)

encontró el cuerpo, pues en reiter adas ocasiones los testimonios practicados al interior de los procesos (no distinguen entre el penal y el de reparación directa) señalaron que el señor Pacheco Parra salió con una pistola de su casa.

Como excepciones proponen las siguientes:

1. Caducidad del medio de control: explican que, el término de caducidad de la acción de repetición para la época en que ocurrieron los hechos que dieron lugar al pago de la condena correspondía a dos años contados a partir del día siguiente al pago total efectuado por la entidad. A partir de allí, sostiene que la demanda aunque formalmente se presentó antes del vencimiento de los dos años, los que iniciaron a contabilizarse el 26 de marzo de 2015, se radicó ante un Juez incompetente y sin el cumplimiento de dos de los requisitos legales necesarios, esto es, la demostración del pago y, de la calidad del agente, razón por la que debe entenderse que, la caducidad se interrumpió efectivamente el 27 de octubre de 2017 cuando la demandante cumplió a cabalidad con los requisitos del medio de control, fecha para la que habían transcurrido 31 meses desde el momento en el que se efectuó el pago.

2. Inepta demanda: fundamentada en que el Ejército Nacional no probó en debida forma el pago de la condena, la calidad de agentes de los demandados, ni calificó el dolo o culpa grave de la s acciones en que estos incurrieron.

Pone de presente que el pago de la condena se acreditó con la certificación de la Tesorera del Ministerio de Defensa quien se limitó a afirmar que el pago se hizo mediante transferencia electrónica al número de cuenta 903023653

incurrieron.

Pone de presente que el pago de la condena se acreditó con la certificación de la Tesorera del Ministerio de Defensa quien se limitó a afirmar que el pago se hizo mediante transferencia electrónica al número de cuenta 903023653 del banco AV VILLAS, sin especifica r titular de dicha cuenta, ni aportar un soporte del efectivo recibo del monto por el que se repite en la demanda de la referencia.

En cuanto a la calidad de los demandados, asegura no haberse demostrado, no siendo prueba de ello la sentencia condenatoria dictada bajo el medio de

4 Archivo 22 OneDriveTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2017-00707-01 Página 4 de 28

control de reparación directa. Echa de menos certificación expedida por la jefatura de Talento Humano de la institución.

Y, por último, frente a la adecuación de la conducta como a título de dolo o culpa grave, refiere que la demanda se limitó a mencionar que, la conducta desplegada por los demandados fue un homicidio, debiendo haberla enmarcado en alguna de las causales descritas en los Artículos 5 ó 6 de la Ley 678 de 2001. A lo anterior le suma que, cada uno de los demandante s actuó de forma individual, por lo que en la demanda se debió haber hecho el análisis que se echa de menos, de manera separada.

3. Inexistencia de nexo causa l: asegura estar demostrada la falta de dolo o culpa grave en el actuar de los demandados, tesis a partir de la cual manifiesta que, en el proceso disciplinario iniciado con ocasión de los hechos

3. Inexistencia de nexo causa l: asegura estar demostrada la falta de dolo o culpa grave en el actuar de los demandados, tesis a partir de la cual manifiesta que, en el proceso disciplinario iniciado con ocasión de los hechos que dieron origen a la condena que aquí se repite, fueron absueltos, sumado a que el proceso penal seguido en contra de ellos no ha culminado, encontrándose en etapa de juicio oral. A lo dicho hasta aquí, le agrega la precaria defensa efectuada por el Ejército Nacional en el proceso de reparación directa, pues exis ten elementos materiales probatorios para afirmar que, actuaron en ejercicio de causales de exclusión de responsabilidad tales como legítima defensa, ejercicio de un deber legal o incluso, error de tipo, toda vez que la víctima directa si disparó el arma o alguna de las personas con las que se encontraba, lo hizo.

Pone de presente que, al interior del proceso de reparación directa únicamente se tuvieron en cuenta los testimonios rendidos por el padre, la madre y la cónyuge de la víctima directa, quienes manifestaron que el señor Pacheco Parra (q.e.p.d.) era un campesino trabajad or que fue sujeto de un homicidio por parte de los militares; sin que se hubiesen escuchado aquellos practicados al interior del proceso penal, en donde se expuso que, el señor Pacheco Parra portaba una pistola coincidente con aquella encontrada en su humanidad, sumado a sus antecedentes por el delito de porte ilegal de armas.

Refieren que, el hecho consistente en que el dictamen de medicina legal hubiese arrojado negativo en cuanto al rastro de pólvora en el cuerpo de la

humanidad, sumado a sus antecedentes por el delito de porte ilegal de armas.

Refieren que, el hecho consistente en que el dictamen de medicina legal hubiese arrojado negativo en cuanto al rastro de pólvora en el cuerpo de la víctima directa, no es prueba del homicidio del que se les acusa, pues, bien pudo ser otra persona la que disparó o, en todo caso, hace énfasis en que transcurrieron más de seis horas desde el fallecimiento hasta el momento en que hicieron el levantamiento del cadáver.

En conclusión, aseguran no estar demostrado el actuar doloso o gravemente culposo, lo que además resulta contradictorio teniendo en cuenta que la misma entidad demandante los absolvió en el proceso disciplinario y no se ha dictado sentencia de fondo en el proceso penal.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2017-00707-01 Página 5 de 28

III. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue radicada ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de San Gil el 17 de marzo de 2017, oportunidad en la que por reparto le correspondió al Juzgado Tercero quien con auto del 17 de abril del mismo año resolvió declarar su falta de competencia y remitir la demanda al Tribunal para su conocimiento. El expediente fue remitido el 3 de mayo del 2017 correspondiendo por reparto al Despacho Ponente quien con providencia del 19 de octubre de la misma anualidad inadmitió l a demanda por no encontrar probado el pago efectivo de la condena judicial que se busca repetir. Una vez subsanada fue finalmente admitida con auto

Despacho Ponente quien con providencia del 19 de octubre de la misma anualidad inadmitió l a demanda por no encontrar probado el pago efectivo de la condena judicial que se busca repetir. Una vez subsanada fue finalmente admitida con auto del 25 de junio de 2018, ordenándose las notificaciones de rigor. Notificados de forma personal los demandados, allegaron contestación a la demanda con memorial visible a la actuación 22 del expediente O neDrive, oportunidad en la que propusieron las excepciones de caducidad e inepta demanda, así como otras que obedecen al fondo del asunto.

Con auto del 30 de marzo de 2022 se resolvieron las excepciones de caducidad e inepta demanda, declarándolas no probadas; en providencia del 31 de octubre de 2023 se agotaron las etapas propias de la audiencia inicial, se decretaron pruebas y se fijó fecha para realizar audiencia de pruebas, la cual tuvo que ser reprogramada en tres oportunidades por solicitud de pa rte5. Finalmente se llevó a cabo el 12 de marzo 2024 continuándose el 07 de mayo del mismo año, oportunidad en la que se cierra el debate probatorio y se corre traslado para alegar. El proceso reingresa al Despacho Ponente para proferir sentencia de primera instancia el 25 de febrero de 2025.

Del anterior trámite se destacan los alegatos de conclusión presentados por las partes, así:

1. El Ministerio Público6 rinde concepto en el sentido de indicar que, la parte demandante no aportó al expediente los medios probatorios que indicaran sin asomo de duda que los demandados actuaron con dolo o culpa grave , sustentando la demanda de la referencia en las conclusiones a las que llegó

demandante no aportó al expediente los medios probatorios que indicaran sin asomo de duda que los demandados actuaron con dolo o culpa grave , sustentando la demanda de la referencia en las conclusiones a las que llegó la Jurisdicción en el proceso de reparación directa, así como en la acusación que en sede judicial hizo la Justicia Penal Militar en contra de los demandados.

Explica que en el proceso de reparación directa se encontró probado que la víctima directa no había disparado arma alguna, pues o se encontraron residuos de plomo en su humanidad, sin embargo, dicha prueba fue debatida al interior del proceso de la referencia mediante dictamen pericial allegado por los demandados, en donde se expone que, en la noche de los acontecimientos llovió, luego el cuerpo de la víctima directa estuvo expuesto al agua, lo que pudo haber alterado el examen realizado por medicina legal para comprobar los residuos de plomo en el cuerpo. Aunado a lo anterior, se tienen testigos que afirmar que el señor Pacheco (q.e.p.d.) tenía un arma que

5 Auto del 21 de noviembre de 2023; Auto del 30 de enero de 2024; Auto del 08 de febrero del 2024 6 Actuación 70 SAMAITribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2017-00707-01 Página 6 de 28

estaba ofreciendo en venta y se probó que, la presencia del Ejército en la zona de los hechos obedecía a la orden de un superior, por lo que estaba justificada.

Los anteriores argumentos, dice, serían suficientes para entender como no acreditado el requisito de demostrar el dolo o la culpa grave en el actuar de

zona de los hechos obedecía a la orden de un superior, por lo que estaba justificada.

Los anteriores argumentos, dice, serían suficientes para entender como no acreditado el requisito de demostrar el dolo o la culpa grave en el actuar de los agentes, sin embargo, pone de presente que, lo que en la jurisdicción contenciosa administrativa se entendió como una ejecución extrajudicial, en la jurisdicción penal no se ha definido, haciendo énfasis en que a la fecha, dos de los que aquí demandados se encuentran sometidos a la Justicia Especial para la Paz – JEP sin que haya sido definida su responsabilidad penal, situación que, en su sentir, hace viable suspender el proceso por prejudicialidad en aras de la efectividad de la justicia que reclama la sociedad.

2. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 7 solicita se accedan a las pretensiones por considerar demostrados los requisitos de procedencia y procedibilidad del medio de control de repetición.

3. Los demandados8 aseguran que las conclusiones a las que se llegó en el proceso de reparación directa respecto a que no hubo enfrentamiento entre la víctima y los uniformados, son erradas, habiéndose demostrado a instancia del proceso de la referencia que su ac tuar no se encuadra en una conducta dolosa o gravemente culposa, siendo ello razón suficiente para negar las pretensiones incoadas por el Ejército Nacional.

Insisten en que, la condena que aquí se busca repetir en contra de ellos, se impuso al Estado por la precaria defensa ejercida en el proceso de reparación directa, en donde no se tuvieron en cuenta situaciones como el hecho que la víctima directa salió de su casa con un arma

impuso al Estado por la precaria defensa ejercida en el proceso de reparación directa, en donde no se tuvieron en cuenta situaciones como el hecho que la víctima directa salió de su casa con un arma

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Esta Corporación es competente para dirimir el asunto de la referencia conforme a lo dispuesto en el artículo 152.11, según el cual, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer del medio de control de repetición cuya cuantía supere los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, circunstancia que se acreditó según la estimación razonada de la cuantía contenida en el escrito de demanda.

2. Cuestión preliminar – de la solicitud de suspensión procesal.

Tal y como quedó consignado al reseñar el concepto de fondo allegado por el Ministerio Público al proceso de la referencia, solicita la señora Agente la suspensión del proceso bajo la figura de la prejudicialidad, argumentando en síntesis que, a la

7 Actuación 71 SAMAI 8 Actuación 72 SAMAITribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2017-00707-01 Página 7 de 28

fecha y conforme los elementos materiales probatorios que obran al expediente, no se lograría demostrar el elemento subjetivo necesario para la prosperidad de las pretensiones del medio de control que aquí nos ocupa, pues, no estaría probado el dolo o culpa grave con que actuaron los aquí demandados en los hechos ocurridos el 22 de agosto de 2008.

Al respecto, debe decir el Tribunal en un primer momento que, la repetición

dolo o culpa grave con que actuaron los aquí demandados en los hechos ocurridos el 22 de agosto de 2008.

Al respecto, debe decir el Tribunal en un primer momento que, la repetición contemplada en la forma prevista en la Ley 678 de 2001 es una acción autónoma por medio de la cual la administración busca obtener de sus agentes el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a un particular en virtud de una condena judicial; de modo que, resulta ser una acción netamente resarcitoria o indemnizatoria y ostenta el carácter de pública, pues, su finalidad última es la de proteger el patrimonio público. A partir de allí, plantea la Sala que, el cumplimiento de los requisitos objetivos y sobre todo, del requisito subjetivo sine qua non para la prosperidad de las p retensiones, esto es, la demostración del actuar doloso o gravemente culposo del agente, en el hecho generador del daño que tuvo que ser reparado o indemnizado por el Estado, resulta independiente de la probanza de un actuar doloso o gravemente culposo del agente estatal, a la luz de la responsabilidad penal por los mismos hechos que originaron, la responsabilidad administrativa del Estado, por ende, la demostración del elemento subjetivo requerido en la acción de repetición no está supeditada, a la demostr ación del título con el que agente pudo llegar a incurrir en la comisión de un hecho delictivo, por lo que, no resultaría dable, limitar el debate probatorio propio del medio de control de la referencia, a la resolución de fondo de una causa penal relacionada, pues se insiste, la acción de repetición es autónoma, se genera de una responsabilidad distinta a la penal y por ello, la entidad demandada, quien busca la protección del patrimonio público, debe realizar el

de fondo de una causa penal relacionada, pues se insiste, la acción de repetición es autónoma, se genera de una responsabilidad distinta a la penal y por ello, la entidad demandada, quien busca la protección del patrimonio público, debe realizar el ejercicio probatorio adecuad o al interior del proceso de repetición para lograr la prosperidad de sus pretensiones, sin sujetarse a las resultas, se repite, de una causa penal. Máxime cuando, de forma reiterada la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado a sostenido que: <<las sentencias dictadas en otros procesos no son vinculantes y cada operador judicial debe efectuar un análisis propio de las pruebas, que bien puede coincidir o no con el que se haga en el proceso al cual se allegan>>.

A partir de allí se concluye que, la suspensi ón solicitada por la señora Agente del Ministerio Público no se enmarca en el evento de prejudicialidad previsto en el artículo 161.1 del Código General del Proceso pues la sentencia de repetición que aquí nos atañe puede proferirse sin que dependa de aquello que se decida en la causa penal que se tramita en contra de los aquí demandados y, por el contrario de la situación prevista en la disposición normativa, en el proceso de la referencia resulta ser un deber de la parte demandante probar el dolo o culpa grave con el que actuaron sus agentes a fin de lograr la prosperidad de sus pretensiones . Esto aunado a que, la suspensión por prejudicialidad procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 ibidem, cuando el proceso que debe suspender se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o única instancia, etapa en la que no se haya el expediente de la referencia, pues, la presente providencia obedece a la sentencia de primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander

sentencia de segunda o única instancia, etapa en la que no se haya el expediente de la referencia, pues, la presente providencia obedece a la sentencia de primera instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2017-00707-01 Página 8 de 28

Sumado a lo anterior, y atendiendo a la naturaleza especial de la Jurisdicción Especial para la Paz ante la que admitió como un hecho victimizante a investigar, el fallecimiento del señor Jhon Francisco Pacheco Parra, se precisa que, el H. Consejo de Estado en situaciones similares y, atendiendo argumentos seme jantes a los expuestos en el párrafo anterior, ha conocido de la acción de repetición, señalando textualmente:

<< (…) la Sala tiene competencia para conocer de este asunto, porque se trata de las apelaciones interpuestas en contra de dos sentencias proferidas, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Casanare en un proceso de repetición con vocación de doble instancia, en el que, además, la JEP aún no ha resuelto la situación jurídica de los demandados, ni les ha otorgado algún tratami ento que implique para ellos el beneficio de la improcedencia de la acción de repetición. Sin perjuicio de lo anterior, se dispondrá en la parte resolutiva el envío de copia de esta providencia a la JEP, para su conocimiento.>>9

Es dable precisar que la JEP tiene conocimiento de la existencia del proceso de la referencia, pues mediante Resolución No. 640 del 27 de febrero de 2025 solicitó a este Tribunal el envío de la decisión de fondo adoptada o en caso de no haberse proferido, el envío de las piezas relevantes, solicitud que fue atendida mediante Oficio

referencia, pues mediante Resolución No. 640 del 27 de febrero de 2025 solicitó a este Tribunal el envío de la decisión de fondo adoptada o en caso de no haberse proferido, el envío de las piezas relevantes, solicitud que fue atendida mediante Oficio No. 159IFPM por parte de la secretaría de esta Corporación.

En conclusión, se negará la solicitud de suspensión realizada por la señora Agente del Ministerio Público con la salvedad que, la decisión que se adopte en esta providencia será comunicada a la JEP para su conocimiento.

3. Delimitación del problema jurídico.

De cara a la reseña que antecede y especialmente a la fijación del litigio que se hizo en la etapa procesal co rrespondiente, le corresponde a la Sala formular y resolver el siguiente problema jurídico:

Pj. ¿Los señores Ever Coy Sánchez, Josmar Yesid Velásquez Amezquita, Carlos, Alfonso Llanos Caro y, Aníbal Gómez Pinzón son responsables a título de dolo o culpa grave por los hechos que originaron la condena judicial impuesta en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional dentro del medio de control de reparación directa radicado bajo el No. 2009-0471-00?

Tesis: No

Fundamento jurídico: No se logró demostrar en el expediente el presupuesto subjetivo necesario para la prosperidad de las pretensiones del medio de control de repetición, esto es, el actuar doloso o gravemente culposo de los demandados en los hechos sucedidos el 22 de agosto del 2008. Por el contrario, está probado, en virtud del material probatorio que obra en el expediente que, los miembros del

repetición, esto es, el actuar doloso o gravemente culposo de los demandados en los hechos sucedidos el 22 de agosto del 2008. Por el contrario, está probado, en virtud del material probatorio que obra en el expediente que, los miembros del Ejército Nacional actuaron en cumplimiento de un deber legal y constitucional.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia, MP: Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. Radicado: 85001-12-33-000-2013-00191-01. 27 de agosto de 2021.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680813333001-2017-00707-01 Página 9 de 28

4. Análisis y decisión del caso concreto.

El medio de control que aquí nos atañe, el cual es ejercido por el Estado contra un agente o ex agente suyo cuando, como consecuencia de su actuar doloso o gravemente culposo originó la obligación de reparar un daño, tiene su origen en el Artículo 90 Constitucional, en el que se establece que: <<en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños [antijurídicos], que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste>>10. En desarrollo del referido mandato constitucional, el legislador expidió la Ley 678 de 2011 <<por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición >> en la que se define la

2011 <<por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición >> en la que se define la repetición como una acción civil de carácter patrimonial. Veamos:

<<ARTÍCULO 2º. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o exservidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.

No obstante, en los términos de esta ley, el servidor o exservidor público o el particular investido de funciones públicas podrá ser llamado en garantía dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública, con los mismos fines de la acción de repetición.

(…)>>.

En el referido cuerpo normativo se regularon tanto los aspectos procesales como los sustanciales de la acción de repetición y el llamamiento en garantía, estableciendo generales como: su objeto, noción, finalidades, el debe r de su ejercicio, así como sus especifidades, dentro de las que se consignaron las definiciones de dolo o culpa grave en las que se debe enmarcar la conducta del agente demandado, para lo que, adicionalmente consagró algunas presunciones legales11.

10 Con similar redacción, la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo

agente demandado, para lo que, adicionalmente consagró algunas presunciones legales11.

10 Con similar redacción, la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, reglamentó en el artículo 142 la pretensión de repetición que debe ejercer el Estado: “ARTÍCULO 142. REPETICIÓN . Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o d el particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de