TA SAN - Sentencia 680012333000-2017-00824-00 (28-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2017-00824-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Javier Enrique Plata Gómez

Marilin Jaimes Marín Sandra Patricia León Sánchez fabian7borja@hotmail.com

DEMANDADO: NaciónFiscalía General de la Nación

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co juan.espriella@fiscalia.gov.co MINISTERIO PUBLICO regional.santander@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima Especial de Servicios 30% Plus, y Bonif icación

Judicial.

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: RONALD EDGARDO CUENCA TOVAR

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir Sentencia De Primera Instancia dentro del medio de control de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho instaurada por Javier Enrique Plata Gómez, Marilin Jaimes Marín y Sandra Patricia León Sánchez en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Marilin Jaimes Marín y Sandra Patricia León Sánchez en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Javier Enrique PlataMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00824-00

Gómez, Marilin Jaimes Marín y Sandra Patricia León Sánchez presenta demanda contra Nación - Fiscalía General de la Nación, formulando las siguientes:

1.1. Pretensiones

“PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos SSAGS 0478 del 21 de febrero de 2017 del subdirector seccional de apoyo a la gestión y contra las resoluciones que lo confirmaron números 2 -1210: 2-1215 y 2 -1209 del 28 de abril de 2017 de la Subdirección de talento humano de Bogotá mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas, prima especial de servicio, vacaciones, bonific aciones , cesantías y el descuento del salario base etc.

SEGUNDA: Como restablecimiento del derecho se reconozca y cancele a favor de cada uno de mis poderdantes sobre sus salarios básicos por cada mes de servicio un 30% por cada mes de servicio por la i nadecuada aplicación de la ley 4 de 1992 , por el porcentaje descontado de los salarios en los periodos en que se han desempeñado como fiscales equivalente al 30% descontado al salario real a que tienen derecho mis poderdantes por

aplicación de la ley 4 de 1992 , por el porcentaje descontado de los salarios en los periodos en que se han desempeñado como fiscales equivalente al 30% descontado al salario real a que tienen derecho mis poderdantes por cada mes de servicio pres tado , ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN CADA AÑO. Valores que deberán aplicarse el artículo 176 -178 del C.C.A y concordantes mes a mes y sobre los que se sigan generando así:

JAVIER ENRIQUE PLATA GOMEZ desde el día doce (12) de septiembre de 2006 en los periodos en que se desempeñó como fiscal. porcentaje no cancelado equivalente a 130.177.503.00

MARILIN JAIMES MARIN desde el día treinta y uno (31) de agosto de 1998 en los periodo s en que se desempeñó como fiscal porcentaje no cancelado equivale aproximadamente a 162.398.461.00

SANDRA PATRICIA LEON SANCHEZ desde el día veintiocho (28) de febrero de 2011 en los Periodos en que se desempeñó como fiscal. porcentaje no cancelado equi vale aproximadamente a $ 154.563.828.00

TERCERA: como consecuencia de lo anterior ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir y las que se sigan causando para cada uno de mis poderdantes del pago completo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y aportes patronales a

uno de mis poderdantes del pago completo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y aportes patronales a pagar a los correspondientes fondos de pensiones, Cesantías, salud, riesgos y demás de ley por los valores que correspondan por la anteriorMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00824-00

condena y las que se sigan genera ndo para la pensión y demás sobre el valor del 30% no cancelado así:

JAVIER ENRIQUE PLATA GOMEZ desde el día doce (12) de septiembre de 2006 en los periodos en que se desempeñó como fiscal y en los periodos en que sea designado como fiscal.

MARILIN JAIMES MARIN desde el día treinta y uno (31) de agosto de 1998 en los periodos en que se desempeñó como fiscal y en los periodos en que sea designada como fiscal.

SANDRA PATRICIA LEON SANCHEZ desde el día veintiocho (28) de febrero de 2011 en los periodos en que se desempeñó como fiscal y en los periodos en que sea designada como fiscal.

CUARTA: Que luego de la sentencia y en adelante, la Fiscalía General de la Nación, siga liquidando y pagando a cada uno de mis poderdantes, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico adicional que le adeuda y en los, periodos en cu e sean designados como fiscales y de forma

base en el 100% de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico adicional que le adeuda y en los, periodos en cu e sean designados como fiscales y de forma permanente.

QUINTA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación judicial y bonificación por actividad judicial como factor salarial en sus liquidaciones, de los valores dejados d e percibir con base en el decreto 382 de 2013 desde et año 2013, y el decreto 3131 de 2005 desde el año 2005, de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demás hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago, en los periodos en que se desempeñaron o desempeñan como

fiscales y se mantenga de forma permanente así:

JAVIER ENRIQUE PLATA GOMEZ desde el día doce (12) de septiembre de 2006 en los periodos en que se desempeñó como fiscal y en los Periodos en que sea designado como fiscal , adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $ 23.770.239.00 cesantías aproximadas $ 12.201.301

MARILIN JAIMES MARIN desde el día treinta y uno (31) de agosto de 1998 en los periodos en que se desempeñó como fiscal y en los Periodos en que sea designada como fiscal., adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $ 25.083.603.00 cesantías aproximadas $ 13.611.559

SANDRA PATRICIA LEON SANCHEZ desde el día veintiocho (28)

desde esa época aproximadamente la suma de $ 25.083.603.00 cesantías aproximadas $ 13.611.559

SANDRA PATRICIA LEON SANCHEZ desde el día veintiocho (28) de febrero de 2011 en los periodos en que se desempeñó como fiscal y en los periodos en que sea destinada como fiscal .,Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00824-00

adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $20.923.724.00 cesantías aproximadas $ 13.885.320

SEXTA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

SEPTIMA: Que como consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar al demandante los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 178 del C.C.A., es decir que en las condenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas m es a mes y prestación por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Estado Sec ción Segunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente Dra BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ expediente 520012331000200101770 01 actor aldrin Alfo nso Cabezas ) “ por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por mes , por cada mesada salarial y prestacional...

expediente 520012331000200101770 01 actor aldrin Alfo nso Cabezas ) “ por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por mes , por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.”

OCTAVA: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

NOVENA: se ordene la expedición de las correspondientes copias auténticas y constancias necesarias para el cobro.

DECIMA: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada en caso de oposición dilatoria.”

1.2. Hechos Los demandantes, se encuentra n vinculados a la Fiscalía General de la Nación como fiscales o desempeñado sus funciones por encargo o f uncionarios en diferentes despachos así: Javier Enrique Plata Gómez desde el día doce (12) de septiembre de 2006 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha. Marilin Jaimes Marín desde el día treinta y uno (31) de agosto de 1998 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha. Sandra Patricia León Sánchez desde el día veintiocho (28) de febrero de 2011 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha. El 06 de febrero de 2017 a través de su apoderado, pre sentó una solicitud de reconocimiento y pago de la Prima Especial de Servicios correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual, desde la fecha de su vinculación hasta elMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia

reconocimiento y pago de la Prima Especial de Servicios correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual, desde la fecha de su vinculación hasta elMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00824-00

momento de la solicitud, argumentando que dicho porcentaje, en lugar de ser considerado como un incremento salarial, había sido indebidamente descontado. La entidad demandada , mediante SSAGS No. 0478 del 21 de febrero de 2017 , negó la solicitud presentada por la demandante, bajo el argumento que se le había liquidado y pagado los salarios y prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente. Decisión frente a la cual el demandante interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto mediante Resolución No. 2-1210, 1215 y 1209 del 28 de abril de 2017confirmándola en todas sus partes. 1.1 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Constitucionales: Los artículos 1, 2, 4, 5, 11,12, 13,25, 29, 53, 93 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, Ley 4 de 1992 artículo 2 y 14, ley 482 de 1998, el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, Código Sustantivo del trabajo artículos 14 y 65.

Se aduce en la demanda que el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo precisa que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden

del trabajo artículos 14 y 65.

Se aduce en la demanda que el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo precisa que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y pr errogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo las expresamente exceptuadas por ley.

Así mismo, sostiene la parte demandante que lo s actos administrativos demandados son abiertamente violatorios del artículo 12 del decreto 717 de 1978, artículos 2 y 10 de la ley 4 de 1992, porque en ningún caso se puede desmejorar o disminuir los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos.

2. Contestación de la demanda

El apoderado de la Nación - Fiscalía General de la Nación, frente a los hech os le consta que los demandantes se encontraba n vinculados a la Entidad desempeñando cargo de Fiscal es Delegados , asimismo, se opone a las declaraciones y condenas solicitadas, argumentando que su representada, contrario a incurrir en alguna irregularidad al negarse a efectuar dicho reconocimiento en favor del demandante, ha dado cumplimiento a mandatos legales, por tal razón, estima que habrán de denegarse las pretensiones de la misma. Argumenta que la Fiscalía General de la Nación, carece de competencia para expedir normas de carácter salarial y prestacional de los empleados públicos, puesto su competencia se limita a acatar lo que en esta mate ria y en desarrollo de la ley marco, determine establecer el presidente de la Republica que son competencia del Gobierno Nacional.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIONMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia Primera Instancia

la ley marco, determine establecer el presidente de la Republica que son competencia del Gobierno Nacional.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIONMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00824-00

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

El apoderado de la parte demandada no presentó alegatos de conclusión.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 d el Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo d e Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. Hay lugar a declarar la nulidad del oficio SSAGS 0478 del 21 de febrero de

asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. Hay lugar a declarar la nulidad del oficio SSAGS 0478 del 21 de febrero de 2017, suscrita por la por la Subdirección Seccional de Apoyo a la gestión y contra las gestiones que lo confirmaron de la resolución 2 -1210; 2-1215 y 2 -1209 del 28 de abril de 2017 de la Subdirección de Talento Humano , mediante las cuales se negó el reconoci miento del 30 % de la prima especial como plus o componente adicional al salario , la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como base de liquidación el 10 0% de su asignación básica, la bonificación por actividad judicial, y la bonificación como factor salarial.

PJ.2 En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a reconocer y pagar a favor de los Doctores JAVIER ENRIQUE PLATA GOMEZ, MARILIN JAIMES MARIN Y SANDRA PATRICIA LEON SANCHEZ la prima de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ta de 1992, como un valor agregado del 30 % sobre el salario básico y/o asignación mensual en los periodos en que el demandante se ha desempeñado como fiscal y en adelante hasta la fecha en que se sigan causando.?Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00824-00

PJ.3. ¿Es procedente disponer la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de la demandante con la inclusión de la bonificación por actividad judicial desde el

Radicado No. 680012333000-2017-00824-00

PJ.3. ¿Es procedente disponer la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de la demandante con la inclusión de la bonificación por actividad judicial desde el año 2005 y la bonificación judicial desde el 2013, en adelante, para ser tenidas en cuenta como factor salarial, hasta cuando se sigan causando?

PJ.4. ¿Hay lugar a aplicar el término de prescripción trienal frente a las mesadas causadas tres años antes de la solicitud elevada ante la entidad demandada?

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Prima Especial de Servicios

En abril de 2009, el Consejo de Estado, mediante sentencia proferida dentro de la acción de Nulidad radicado 2007 -00098-001, efectuó un análisis acerca de los Decretos por medio de los cuales, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades y directrices establecidas por el legislador en la ley 4ª de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial del Poder Público; pronunciándose respecto al alcance de las disposiciones contenidas en dichos reglamentos, según las cuales, el 30% de la remuneración mensual de los servidores enlistados, se considera como prima especial sin carácter salarial.

En dicha sentencia, la Corporación aborda la problemática manifestando que en principio, el Presidente de la República si era competente para expedir el Decreto 618 de 2007, es decir, el Acto por medio del cual se creó la prima especial del 30%; como quiera que el mismo, fue proferido en desarrollo de las directrices

principio, el Presidente de la República si era competente para expedir el Decreto 618 de 2007, es decir, el Acto por medio del cual se creó la prima especial del 30%; como quiera que el mismo, fue proferido en desarrollo de las directrices habilitadas por los artículos 14 y 15 de la ley 4ª de 1992; sin embargo, al entrar a determinar si hubo o no desvío de poder en la expedición de dicha reglamentación y si bajo la apariencia de una prima especial, en realidad se disfrazó la intención de despojar de efectos salariales a un porcentaje del salario básico para procurar un ahorro en el gasto público, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, hace un estudio de los criterios y fines contemplados en la ley 4ª de 1992 de la siguiente manera:

“En efecto, la Ley 4 a de 1992, materializo el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, por cuanto contiene las normas generales, los objetivos y los criterios dentro de los que el Ejecutivo fijará el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Así, esta Ley en su artículo 2º, estipuló tales criterios y objetivos dentro de los que el Gobierno Nacional cumple el encargo constitucional diseñado. De dicho enunciado, es posible deducir que los referentes que regulan la expedición de la actividad reglamentaria reflejan pautas que pese a que su contenido generalmente abierto, en el literal a) del artículo 2º citado, expresa un concepto cerrado en cuanto prohíbe al Gobierno de manera genérica

de la actividad reglamentaria reflejan pautas que pese a que su contenido generalmente abierto, en el literal a) del artículo 2º citado, expresa un concepto cerrado en cuanto prohíbe al Gobierno de manera genérica

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, expediente Número 11001-03-25-000-200700098-00 (1831-07), Magistrado Ponente Dr. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGURENMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00824-00

desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los servidores del Estado…” (Negrilla Fuera del Texto)

Así mismo, establece que: “Los decretos reglamentarios de esta Ley, habrán de obedecer sistemáticamente dichos concep tos, que pese a su naturaleza técnica, permiten en su conjunto un contenido sustancial de coherencia que inobjetablemente le es exigible al Estado en el instante de estructurar el sistema salarial y prestacional, categoría jurídica de tanto significado que por sí misma excluye por ilegal, cualquier forma d e antagonismo, no en función del texto legal propiamente dicho –en su mera literalidad - sino directamente, atendiendo el criterio de corrección lógico que sustenta el esquema remuneratorio aplicado a los servidores públicos”

Conforme lo anterior, el H Consejo de Estado Rectifica la Jurisprudencia fijada en Sentencia de 9 de marzo de 2006 2 donde establecía que el Gobierno Nacional “no desbordó la pauta señalada en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, porqu e su

en Sentencia de 9 de marzo de 2006 2 donde establecía que el Gobierno Nacional “no desbordó la pauta señalada en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, porqu e su actividad únicamente se limitó a señalar el po rcentaje, a título de prima, dentro de la escala porcentual señalada por el legislador; estimando que el 30% de la asignación básica tendría tal connotación”; en su lugar bajo la premisa de que el juez con tencioso debe ejercer un control de contenido de los Decretos que desarrollan una ley marco o cuadro, pues es su deber verificar su correspondencia con el conjunto de principios y valores consignados por el legislador en la norma, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo expuso entonces:

“Lo primero que hay que registrar es que conforme al Acto Legislativo surgido del Plebiscito de 1957 (artículo 5 o), la función pública quedo vinculada a la carrera administrativa como sistema de acceso y permanencia en el servicio público, es por eso que fue expedida la Ley 19 de 1958, para facilitar un modelo técnico en la clasificación de los empleados públicos que serviría de guía principal para establecer entre otros aspectos, la remuneración de los servido res públicos conforme a los deberes del empleo, la responsabilidad y los requisitos mínimos para la designación; sin embargo, fue solo hasta la conocida reforma constitucional de 1968, que posibilitó la expedición de la Ley 65 de 1967, base normativa para la modernización de la regulación técnica de la función pública, de ahí se derivan los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, 3135 del mismo año y 3148 que la adiciona, donde surgen con regularidad un particular

para la modernización de la regulación técnica de la función pública, de ahí se derivan los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, 3135 del mismo año y 3148 que la adiciona, donde surgen con regularidad un particular fenómeno jurídico en la remuneración de los e mpleados del Estado ordinariamente mencionado bajo el título de “primas”, para significar invariablemente, un agregado en su ingreso laboral en ocasiones de naturaleza prestacional y en otras de carácter salarial, o como simple bonificación pero en todo c aso con la constante de representar un

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, proceso No. 0121 -2003, La Corporación analiza los Decretos Reglamentarios Nos. 057, 106, 043, 036, 076, 064, 044, 2740, 2720 y 673 de las anualidades comprendidas entre 1993 y 2002 respectivamente.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00824-00

incremento en los ingresos derivados de la relación laboral.” (Negrilla Fuera del Texto)

Añade que, en el Decreto 1042 de 1968 contentivo de la clasificación y remuneración de los cargos para los empleos públicos: “ La noción de “prima”, como concepto genérico, emerg e a título de reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de expresar cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en su ingreso laboral, es así , como la prima técnica, la prima de clima, entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer un

particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en su ingreso laboral, es así , como la prima técnica, la prima de clima, entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer un “plus” en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente bonificatorio” (Negrilla fuera del Texto)

Por tal razón, esa H Corporación concluye que: “el concepto de prima dentro del régimen jurídico anterior a la expedición de la carta de 1991, opera invariablemente co mo un fenómeno retribuido de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público” . En adición a lo anterior, establece que con posterioridad a la expedición de la Constitución del 91, “el concepto mantiene identidad funcional con la manera como el régimen jurídico anterior se refi rió a las primas para sobre su estructura representar básicamente un incremento a la remuneración; propiamente es posible reconocer que la Ley 4ª de 1992, retomó los elementos axiológicos de la noción, de manera que volvió a mencionar el concepto de prima como un fenómeno complementario de adición a la remuneración de los servidores públicos, tal como efectivamente quedo consagrado en los articulo 14 y 15 de dicha codificación; de forma que el entendimiento del concepto en vigencia del sistema de remuneraci ón de los servidores públicos, luego de la Carta de 1991 y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un “plus” para añadir el valor del ingreso laboral del servidor”

sistema de remuneraci ón de los servidores públicos, luego de la Carta de 1991 y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un “plus” para añadir el valor del ingreso laboral del servidor”

Finalmente anula e l artículo 7 del Decreto 618 de 2007, en tanto considera que tomar el 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, conduce a una contradicción, toda vez que dicho emolumento, debe ser con siderado como un plus o un incremento en el ingreso del servidor público, y no una merma o disminución en el mismo; de igual manera, establece que no es dable asignar al concepto de “prima”, usado por el legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una interpretación distinta a la de representar un incremento remuneratorio, pues además de lo expuesto, vulneraria el precepto superior de progresividad, contemplado en el artículo 53 de la CP y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.

Aunado a lo anteri or, esta Sala advierte que, en un caso de idénticos supuestos fácticos y jurídicos, el Consejo de Estado a través de la sentencia proferida en el proceso radicado 250002325000200501134-01, revoca la decis ión adoptada por la Sección Segunda, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar, acoge las pretensiones demandadas por la Juez Catorce (14) deMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00824-00

y en su lugar, acoge las pretensiones demandadas por la Juez Catorce (14) deMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-00824-00

Familia de Bogotá, quien solicita la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como factor salarial el 30% corresp ondiente a la prima especial de servicios, sustentando su decisión, en la tesis adoptada por esa H Corporación, en el expediente Nro. 110010325000200700098 -00, esto es, la que declaró la nulidad del Decreto 7º del Decreto 618 de 2 de marzo de 2007.

En igual orden, inaplica por inconstitucionales los artículos 7 de los Decretos Nos 2740 de 2000 y 2720 de 2001 y 6 de los Decretos Nros 673 de 2002 y 3569 de 2003, en cuanto previeron como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual devengado por el demandante.

Así mismo, ha de señalar esta Sala, que el veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Catorce, la sala de conjueces de la Sección Segunda del H Consejo de Estado, dentro de la acción de Simple Nulidad radicado 11001032500020070008700 – Nro. Interno 1686 -07, declaró la nulidad de los Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto

Nro. Interno 1686 -07, declaró la nulidad de los Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decr eto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 199 7; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2 739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del

2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decre to 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decre