TA SAN - Sentencia 680012333000-2017-01007-00 (14-03-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Radicado: 680012333000-2017-01007-00

Medio De Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: José Aníbal Arciniegas

anduart@gmail.com

Demandados: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses drnojuridica@medicinalegal.gov.co notificacionesjudiciales@medicinalegal.gov.co Departamento Administrativo de la Función Pública notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co; isanchez@funcionpublica.gov.co; Ministerio Público Procuraduría Regional para Asuntos Administrativos mbuendia@procuraduria.gov.co Tema: Bonificación JudicialDecreto 382 de 2013 Sala No. 03

Conjuez Ponente: Marlene Murcia Millán

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurando por José Aníbal Jaimes Arciniegas en contra de Instituto Nacional De Medicina Legal y El Departamento Administrativo de la Función Pública.

I. ANTECEDENTES

El señor José Aníbal Jaimes Arciniegas, por intermedio de apoderado legalmente constituido, acude a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de Nulidad y

I. ANTECEDENTES

El señor José Aníbal Jaimes Arciniegas, por intermedio de apoderado legalmente constituido, acude a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses y el Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones

“PRIMERA: Que previa inaplicación del artículo 1º del Decreto 0382 de 2013, se DECLARE la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio de radicadoNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Primera Instancia Rad. 6800012333000-2017-01007-00

No. 2016 -206-030969-2-07/12/2016, signado por el doctor Alejandro Becker Rojas, Director de Desarro llo Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien determino que no resulta procedente que los funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se beneficien de la bonificación judicial, notificado al suscrito a través del correo electrónico anduart@gmail.com el día 27 de diciembre de 2016 (…) “SEGUNDA: Que previa inaplicación del artículo 1º del Decreto 0382 de 201, se DECLARE la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio del radicado No. 06 39-2016-DG, firmado por el Doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno, Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien niega las pretensiones de mi mandante, notificado al suscrito el 30 de diciembre 2016 por correo físico de la empresa 472.

Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien niega las pretensiones de mi mandante, notificado al suscrito el 30 de diciembre 2016 por correo físico de la empresa 472.

TERCERA: Como consecuencia de la declaración de la nulidad de los anteriores actos administrativos y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la parte accionada a pagar la bonificación judicial a mi mandante en los mismos términos que ocurre con los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial y ordenar que esta sea factor salarial de liquidación de todas las prestaciones sociales devengadas y las que se causen a futuro.

CUARTA: Se ordene a la parte Demandada pagar al aq uí demandante, los dineros correspondientes al retroactivo de esta prestación y el excedente producto de la liquidación de las demás prestaciones debidamente indexados desde la fecha en que fue reconocida legalmente a sus pares, hasta que se haga efectivo el pago.

QUINTA: Se condene el pago de costas a la parte accionada y en favor de la parte demandante”.

2. Hechos

Indica como hechos que el demandante sostiene una relación legal y reglamentaria con el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forense s desde el 02 de febrero de 1990, ejerciendo (para la fecha de presentación de la demanda) el cargo de Asistente Forense Grado 6 , en la Dirección Regional Nororiente con sede en Bucaramanga.

Manifiesta que realizó una reclamación administrativa ante l os demandados solicitando el reconocimiento de la bonificación judicial en los mismos términos que ocurre con los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la

Bucaramanga.

Manifiesta que realizó una reclamación administrativa ante l os demandados solicitando el reconocimiento de la bonificación judicial en los mismos términos que ocurre con los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, para que así se ordenara la respetiva re liquidación de todas las prestaciones sociales. Sin embargo, mediante Oficio No . 2016-206-030969-207/12/2016, signado por el doctor Alejando Becker Rojas, Director de Desarrollo del Departamento Administrativo de la Función Pública, determinó improcedente que los funcionarios del INMLCF se beneficien de la bonificación judicial.

De igual forma, indica que recibió respuesta a través de oficio No. 0639-2016-DG, firmado por el Doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno, Director General del INMLCF, dentro del cual negaba las pretensiones del demandante y no dio oportunidad de presentar los recursos de ley.

2 Normas Violadas y Concepto de Violación

Instrumentos Internacionales y Bloque de Constitucionalidad

1. La Convención Americana de Derechos Humanos la cual fue aprobada en el orden interno mediante Ley 16 de 1972.Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia de Primera Instancia Rad. 6800012333000-2017-01007-00

1. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, aprobada mediante Ley 319 de 1996. iii. Los Convenios 95, 100 y 111 de la OIT, sobre la protección del salan 1949, igualdad de remuneración 1951 y discriminación en materia de empleo 1958. iv. El Convenio 151 de la OIT.

1. Los Convenios 95, 100 y 111 de la OIT, sobre la protección del salan 1949, igualdad de remuneración 1951 y discriminación en materia de empleo 1958. iv. El Convenio 151 de la OIT.
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de

Costa Rica.

Constitución Política de Colombia en sus artículos 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 25, 29, 53, 55, 83, 93, 209, y 27.

Legales y estatutarias

1. Ley 411 de 1997, artículos 7 y 8. ii. Ley 4 de 1992. iii. Ley 938 de 2004, artículo 33. iv. Ley 1496 de 2011, artículo 7.
2. Ley 411 de 1997. vi. Decreto Ley 016 de 2014. vii. Código sustantivo del Trabajo, artículo 127. viii. Ley 54 de 1962. ix. Ley 16 de 1972.
3. Ley 319 de 1996 xi. Acuerdo del 06 de noviembre de 2012 xii. Decreto 1092 de 2012, artículo 7º, numeral 5º.

Indica como concepto de violación que la negativa del reconocimiento de la bonificación judicial y la subsecuente integración para la liquidación de todos los factores salariales al demandante genera un trato desigual respecto de aquellos funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a los que sí se les ha reconocido dicha prestación, que dicha negativa viola de forma flagrante los tratados internacionales, el Estado Social de Derecho, los fines del

funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a los que sí se les ha reconocido dicha prestación, que dicha negativa viola de forma flagrante los tratados internacionales, el Estado Social de Derecho, los fines del Estado, la supremacía jurídica de la Constitución, la primacía de los derechos inalienables, el principio de responsabilidad jurídica, la soberanía nacional como fundamento de las relaciones internacionales, el derecho a la igualdad, el debido proceso, el derecho al trabajo, el derecho a la negociación colectiva, la buena fe, el principio según el cual , los Convenios de la OIT debidamente ratificados por el Congreso de la República forman parte de la legislació n interna, adujó que las competencias ejercidas por el Legislador como las ejercidas por el Ejecutivo, están limitadas por lo dispuesto en los Tratados y Convenios internacionales y, en el caso concreto, por lo dispuesto en los Convenios de la OIT, especialmente el 151.

3 Contestación a la Demanda

3.1 Departamento Administrativo de la Función Publica

Compareció al proceso por intermedio de apoderado judicial y manifestó su oposición a todas y cada una de las pretensiones solicitadas por el demandante, e indicó que, el concepto demandado no es un acto administrativo y que se trata de una simple opinión técnica sobre el alcance de la s normas que establecieron la bonificación judicial, el cual, es diferente de la solución real dada por el empleador instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y esa decisión es la única que debe ser demandada.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Primera Instancia Rad. 6800012333000-2017-01007-00

instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y esa decisión es la única que debe ser demandada.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Primera Instancia Rad. 6800012333000-2017-01007-00

Afirmó que si bien el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene a cargo formular políticas generales de administración pública, y presta servicios de asesoría en temas de administración de personal y salarial, y emite concepto técnico en los asuntos materia de su competencia institucional cuando le son requeridos (que no son de obligatorio cumplimiento), no significa que est e revestido de la facultad de sustituir al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses u otras entidades en el manejo de su personal y de la nómina de sus trabajadores.

También se defendió indicando que el Estatuto Orgánico del Presupuesto de conformidad con el principio de especialización del artículo 110, establece que el encargado de la distribución, apli cación y ejecución del presupuesto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es la propia entidad , ya que son quienes pueden comprometer sus recursos y gastos, lo anterior en concordancia con el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, que dispone en el artículo 2.8.6.1.1., que el pago de los fallos laborales se realiza a cargo de la entidad donde el servidor público presta o presto los servicios.

De otro lado, expuso que la expedición de los Decretos 382, 383 y 384 de 2013, correspondieron a un proceso de negociación laboral adelantado con los representantes de las agremiaciones de la Rama Judicial, los cuales no han sido declarados nulos.

correspondieron a un proceso de negociación laboral adelantado con los representantes de las agremiaciones de la Rama Judicial, los cuales no han sido declarados nulos.

Finalmente, agregó que el artículo 35 de la Ley 938 de 2004, establece como misión del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses " prestar auxilio y soporte científico y técnico a la administración de justicia en todo el territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y ciencias forenses", lo cual, contrasta con la misión de la Fiscalía General de la Nación del artículo 250 de la Constitución Nacional y la Ley 938 de 2004, que es dirigir y coordinar las investigaciones por ella adelantadas y por otros cuerpos de policía judicial, establecidos por la constitución y la ley.

En su escrito de contestación propuso las siguientes excepciones:

• Ineptitud de la demanda por falta de integración de una proposición jurídica completa • Falta de legitimación en la causa por pasiva • Inexistencia de título de imputación jurídica • Inexistencia del derecho reclamado • Caducidad de la acción

II. TRAMITE PROCESAL

La demanda fue presentada el 09 de agosto de 2017 1, ante esta Corporación correspondiéndole su conocimiento al Despacho de la H. Magistrada Solange Blanco Villamizar admitiendo la demanda el 05 de octubre de 20172.

Los H. Magistrados del Tribunal Administrativo de Santander se declararon impedidos para c onocer del presente caso mediante providencia del 19 de marzo

1 Expediente Digital SAMAI-Índice 00044, Archivo 03

Los H. Magistrados del Tribunal Administrativo de Santander se declararon impedidos para c onocer del presente caso mediante providencia del 19 de marzo

1 Expediente Digital SAMAI-Índice 00044, Archivo 03 2 Expediente Digital SAMAI-Índice 00044, Archivo 04Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Primera Instancia Rad. 6800012333000-2017-01007-00

de 20193, el cual fue aceptado por el H. Consejo de Estado mediante auto del 30 de mayo de 2019 4, profiriéndose auto de obedecer y cumplir el 11 de septiembre de 20195.

El sorteo de conjuez se llevó a cabo el 3 de junio de 2021, siendo designada como ponente la Dra. Maria Eugenia Alba Castellanos 6, posteriormente en virtud a la designación de nuevos conjueces para la vigencia 2024, se dispuso por parte de Presidencia ordenar un nuevo sorteo de conjuez, correspondiéndole el presente asunto a la Dra. Marlene Murcia Millan7.

Mediante auto de fecha 09 de agosto de 20248, de conformidad con lo expuesto en el decreto 806 de 2020 y la Ley 2080 de 2021, se dispuso avocar conocimiento, adecuó el trámite, resolvió la excepción de ineptitud de la demanda y difirió las demás excepciones, se incorporaron las pruebas, se fijó el litigio y se corrió traslado de conclusión por escrito por el término de 10 días , notificado en estados el 12 de agosto de 20249.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La PARTE ACTORA: Indicó que se ratifica en los fundamentos de la demanda, pero

agosto de 20249.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La PARTE ACTORA: Indicó que se ratifica en los fundamentos de la demanda, pero hizo hincapié en que el Instituto de M edicina Legal y Ciencias Forenses se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual, debe ser beneficiario de la bonificación judicial que recibe sus empleados y funcionarios , razón por la cual no es ni legal ni constitucional que se le cercene a sus empleados la posibilidad de tener iguales derechos que los demás empleados de la Rama

Judicial.

La NACIÓN-INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, indicó la ausencia de responsabilidad de la entidad y manifestó que si bien es cierto se encuentra adscrita al citado organismo de investigación judicial, ello obedece una técnica de la organización administrativa de la administración pública que implica el control de tutela, según el cual, el Fiscal General de la Nación hace parte de la junta directiva y el Instituto no puede actuar como una rueda suelta dentro del andamiaje jurídico; empero, ello no significa que tengamos derecho en bloque a los beneficios que eventualmente se decreten para los servidores de la citada entidad de investigación judicial.

El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, indicó que se ratifica en los fundamentos expuestos en la contestación de la demanda y manifestó que conforme al principio de la especialización presupuest al, el órgano encargado de la distribución, aplicación y ejecución del presupuesto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la propia entidad, a través de sus distintas autoridades, por lo cual las pretensiones de la demanda no están

encargado de la distribución, aplicación y ejecución del presupuesto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la propia entidad, a través de sus distintas autoridades, por lo cual las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar en lo que se refiere a este Departamento Administrativo.

El MINISTERIO PÚBLICO no emitió concepto de fondo.

3 Expediente Digital SAMAI-Índice 00044, Archivo 020 4 Expediente Digital SAMAI-Índice 00044, Archivo 023 5 Expediente Digital SAMAI-Índice 00044, Archivo 027 6 Expediente Digital SAMAI-Índice 00044, Archivo 032 7 Expediente Digital SAMAI-Índice 00045 8 Expediente Digital SAMAI-Índice 00048 9 Expediente Digital SAMAI-Índice 00051Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Primera Instancia Rad. 6800012333000-2017-01007-00

IV. CONSIDERACIONES

Competencia

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfe chos, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala d e Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

V. PROBLEMA JURIDICO

De conformidad con lo expuesto en la demanda, corresponde a la Sala determinar si:

Administrativo de Santander Sala d e Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

V. PROBLEMA JURIDICO

De conformidad con lo expuesto en la demanda, corresponde a la Sala determinar si:

1-¿ Hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio No. 2016-206-0309692 del 07 de diciembre de 2016 suscrito por el Director de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública y en el Oficio No. 0639-2016-DG del 21 de diciembre de 2016 suscrito por el Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante los cuales se negó el reconocimiento de la bonificación judicial de que trata el Decreto 382 de 2013 para los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, su factor salarial y la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales?

2-¿En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a reconocer y pagar a favor de l señor José Aníbal Jaimes Arciniegas la bonificación judicial de que trata el decreto 382 de 2013 en los mismos términos que ocurre con los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, en los periodos en que se ha desempeñado como asistente forense grado VI y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

3- ¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, licencias

3- ¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, licencias y demás emolumentos), teniend o en cuenta la bonificación judicial como factor salarial, en los periodos en que el demandante se ha desempeñado como asistente forense grado VI y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

A efectos de resolver las cuestiones planteadas, para comenzar, se hará un análisis jurídico de la temática sometida a estudio, indicando el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso; posteriormente, se examinará el caso concreto; y, por último, se indicará la forma en que será resuelto el asunto.

VI. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIALNulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia de Primera Instancia Rad. 6800012333000-2017-01007-00

1.1 Naturaleza y misión del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses (INMLCF)

Los artículos 33 y 34 de la Ley 938 de 2004, establece que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es una entidad adscrita a la Fiscalía General de la Nación:

“Artículo 33. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pertenece a la Rama Judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, como establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Artículo 34. El Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en todo el

de la Nación, como establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Artículo 34. El Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en todo el territorio nacional, es organizado y controlado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense”.

Por su parte, los artículos 35 y 36 de la Ley 938 de 2004, establecen la misión y las funciones del Instituto, así:

“Artículo 35. La misión fundamental del Instituto es prestar auxilio y soporte científico y técnico a la administración de justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses.

Artículo 36. En desarrollo de su misión, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene las siguientes funciones:

Organizar y dirigir el Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses y controlar su funcionamiento.

Prestar los serv icios médico -legales y de ciencias forenses que sean solicitados por los Fiscales, Jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y demás autoridades competentes de todo el territorio nacional.

Desarrollar funciones asistenciales, científicas, extra-periciales y sociales en el área de la medicina legal y las ciencias forenses.

Prestar asesoría y absolver consultas sobre medicina legal y ciencias forenses a las unidades de fiscalías, tribunales y demás autoridades competentes.

Definir los reglamentos técnicos que deben cumplir los distintos organismos y personas que realicen funciones periciales asociadas con medicina legal, ciencias forenses y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento.

Servir de organismo de verificación y control de las prueba s periciales y

y personas que realicen funciones periciales asociadas con medicina legal, ciencias forenses y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento.

Servir de organismo de verificación y control de las prueba s periciales y exámenes forenses practicados por los cuerpos de policía judicial del Estado y otros organismos a solicitud de autoridad competente.

Servir como centro científico de referencia nacional en asuntos relacionados con medicina legal y ciencias forenses.

Ser organismo de acreditación y certificación de laboratorios, pruebas periciales y peritos en medicina legal y ciencias forenses, practicadas por entidades públicas y privadas.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Primera Instancia Rad. 6800012333000-2017-01007-00

Coordinar y adelantar la promoción y ejecución de investigaciones científicas, programas de postgrado, pregrado, educación continuada y eventos educativos en el área de la medicina legal y ciencias forenses.

Coordinar y promover, previa la existencia de convenios, las prácticas de docencia de entidades educativas aprobadas por el ICFES.

Divulgar los resultados de las investigaciones, avances científicos, desarrollo de las prácticas forenses y demás información del Instituto considerada de interés para la comunidad en general.

Delegar o contratar en pers onas naturales o jurídicas la realización de algunas actividades periciales y controlar su ejecución”

De acuerdo con las normas trascritas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, que tiene a su cargo prestar

De acuerdo con las normas trascritas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, que tiene a su cargo prestar auxilio y soporte científico y técnico a la administración de justicia, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses. Igualmente, entre sus funciones se destacan aquellas relacionadas con la prestación de los servicios médico-legales y de ciencias forenses a las autoridades competentes y desarrollar las funciones asistenciales, científicas, extra -periciales y sociales en el área de la medicina legal y las ciencias forenses.

1.2 De la adscripción existente entre la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

El vínculo de adscripción existente entre la FGN y el INMLCF es de origen constitucional, desarrollado por la ley. En efecto, el artículo 27 transitorio de la Constitución Política estableció que la Dirección Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Justicia, con sus dependencias seccionales, se integrará a la Fiscalía General como establecimiento público adscrito a la misma.

Posteriormente, el artículo 31 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 concibió al INMLCF como una entidad de derecho público organizada con el carácter de establecimiento público de orden nacional, dotada de personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonial, adscrita a la FGN. Según la misma norma, el objeto de esta entidad es: “prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a medicina legal y las ciencias

esta entidad es: “prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses, de organizar y dirigir el Sistema Único de Medicina Legal y Ciencias Forenses y controlar su funcionamiento y de cumplir las de más funciones que le atribuya la ley”10.

En concordancia con lo anterior, los artículos 33 al 35 de la Ley 938 de 2004 “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación” reiteraron la anterior disposición; particularmente, el artículo 33 señaló que:

“[e]l Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pertenece a la Rama Judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación , como establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa” (subrayado propio).

10 Articulo 31 ley Estatutaria 270 de 1996Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Primera Instancia Rad. 6800012333000-2017-01007-00

Asimismo, el numeral 5.1 del artículo 2 del Decreto Ley 16 de 2014 “Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación” situó al INMLCF como un establecimiento público adscrito a dicha entidad.

En este punto, es preciso referirse a las características especiales del vínculo de adscripción que sostienen la FGN y el INMLCF. En tal sentido el Consejo de Estado en sentencia de fecha 06 de junio de 2023 indico:

“La adscripción es un tipo de relación jurídica en virtud de la cual el sector

adscripción que sostienen la FGN y el INMLCF. En tal sentido el Consejo de Estado en sentencia de fecha 06 de junio de 2023 indico:

“La adscripción es un tipo de relación jurídica en virtud de la cual el sector central de la Rama Ejecutiva del Poder Público, a través de sus órganos principales (Ministerios y Departamentos Administrativos), ejerce un control de tutela sobre la actuación de los entes descentralizados de la Administración y establece un límite a la autonomí a que por definición se le reconoce a estos organismos. La existencia de este vínculo responde a la necesidad de garantizar un funcionamiento articulado y coherente de todas las entidades que conforman la Administración Pública.

Esta limitación consiste e n un control administrativo, fiscal y presupuestal a través del cual se logra la coordinación entre las funciones asignadas a estos organismos y las políticas generales de la administración central; sin que ello pueda tener como efecto el desconocimiento d e la autonomía de la entidad adscrita para administrarse y manejar su patrimonio11. Es por esta razón que los artículos 39 al 44 de la Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional (…)”, conciben una estructura y organización de la Administración Pública en la que todas las entidades descentralizadas se encuentran adscritas al sector central.”

Ahora bien, de conformidad con la interpretación constitucional efectuada por la Corte Constitucional de las normas que establecieron la adscripción del INMLCF a la FGN, el control de tutela ejercido por el sector central de la Rama Ejecutiva del

Ahora bien, de conformidad con la interpretación constitucional efectuada por la Corte Constitucional de las normas que establecieron la adscripción del INMLCF a la FGN, el control de tutela ejercido por el sector central de la Rama Ejecutiva del Poder Púb lico no es aplicable al INMLCF; lo anterior, por cuanto dicho establecimiento público no está adscrito a ningún órgano principal de la Rama Ejecutiva, sino a uno de la Rama Judicial, esto es, a la Fiscalía General de la Nación. De esta manera quedó plasmad o en la Sentencia 1505 de 2000 12, reiterada por la

Sentencia C-743 de 200113:

“3.4.2. Sin embargo, lo dicho hasta aquí no es predicable del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pues este ente, pese a tener la denominación de establecimiento público con las características de éstos, no está adscrito a ningún organismo principal de la rama ejecutiva, entiéndase Ministerio o Departamento Administrativo, sino a uno de la rama judicial: la Fiscalía General de la Nación, por disposición expresa del Constituyente.

La adscripción que en tal sentido hizo el Constituyente, excluye entonces a ese Instituto de la esfera propia de la rama ejecutiva del poder público, pues, por decisión del constituyente, ese Instituto hace parte de la rama judicial, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, como expresamente quedó establecido en el artículo 27 transitorio de la Constitución, en orden a lograr

11 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-1505 del 8 de noviembre del año 2000. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 12 Ídem.

establecido en el artículo 27 transitorio de la Constitución, en orden a lo