TA SAN - Sentencia 680012333000-2017-01117-00 (28-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2017-01117-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Luz Elena Prada Grateron

sergio.fernando@outllok.com

DEMANDADO: NaciónFiscalía General de la Nación

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co marthal.salazarg@fiscalia.gov.co MINISTERIO PUBLICO regional.santander@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima Especial e Servicios 30% Plus, y Bonificación

Judicial.

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: DAIRO EFRAIN CASTRO FLOREZ

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir Sentencia De Primera Instancia dentro del medio de control de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho instaurada por Luz Elena Prada Grateron en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Luz Elena Prada

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Luz Elena Prada Grateron presenta demanda contra Nación - Fiscalía General de la Nación , formulando las siguientes:Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-01117-00

1.1. Pretensiones

“PRIMERA: Declarar la nulidad, en todas sus partes, de: • Acto Administrativo SSAGS - 0553 del 28 febrero del 2017 emitido por la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión Santander de la Fiscalía General de la Nación y, • Resolución N21163 del 26 de abril de 2017, emitido por la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación.

Por no reconocer ni paga r a favor de mi poderdante, la prima especial de servicio, cuyo valor equivale al 30% sobre todo lo que constituye salario en cada mes de servicio, desde el 10 de julio de 1994 y hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago de la misma.

SEGUNDA: Se ordene la reliquidación y pago a favor de mi poderdante de los valores dejados de percibir por concepto de: • Prestaciones sociales • Primas legales y extralegales • Cesantías • Intereses a las cesantías • Vacaciones • Aportes patronales para la pensión

los cual es fueran liquidados sin incluir la prima especial de servicio como

• Prestaciones sociales • Primas legales y extralegales • Cesantías • Intereses a las cesantías • Vacaciones • Aportes patronales para la pensión

los cual es fueran liquidados sin incluir la prima especial de servicio como factor salarial, desde el 10 de julio de 1994 y, hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago del mismo.

TERCERA: Se ordene que el pago de la prima especial de servicio a favor de mi mandante, señora Luz Elena Prada Grateron, sea permanente por toda la vigencia de la relación contractual existente entre ella y la entidad demandada.

CUARTA: Para efectos del restablecimiento del derecho de mi mandante, señora Luz Elena Prada Grateron, se reconozca y pague a su favor, la suma equivalente al 30% calculado sobre todo lo que constituye salario en cada mes de servicio, desde el 10 de julio de 1994 y hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago del mismo, porcentaje este, que fuera descontado del salario de mi mandante con ocasión a la implementación y aplicación de la Ley 4ª de 1992.

QUINTA: Como consecuencia de lo anterior, ordenar la liquidación y pago a favor de mi poderdante, de todas las prestaciones sociales legales

devengadas tales como:

• Primas • Bonificaciones • VacacionesMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-01117-00

• Cesantías • Intereses a las cesantías • Aportes patronales para la pensión

correspondientes al 30% calculado sobre todo lo que constituye salario en

• Cesantías • Intereses a las cesantías • Aportes patronales para la pensión

correspondientes al 30% calculado sobre todo lo que constituye salario en cada mes de servicio, desde el 10 de julio de 1994 y hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago del mismo, porcentaje este, que fuera descontado del salario de mi mandante con ocasión a la implementación y aplicación de la Ley 43 de 1992.

SEXTA: Se ordene la liquidación y pago a favo r de mi poderdante de los valores dejados de percibir de todas las prestaciones sociales legales y aportes para la pensión, que omitieron en su base de liquidación el factor salarial de bonificación judicial, desde el 10 de julio de 1994 y, hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago de la misma, el cual, debe mantenerse en forma permanente, durante la vigencia de la relación laboral de mi mandante con la institución demandada

SEPTIMA: Se ordene la liquidación y pago a favor de mi poderdante de los valores dejados de percibir de todas las prestaciones sociales legales y aportes para la pensión, que omitieron en su base de liquidación el factor salarial de bonificación de servicios, desde el 10 de julio de 1994 y, hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago de la misma, el cual, debe mantenerse en forma permanente, durante la vigencia de la relación laboral de mi mandante con la institución demandada.

OCTAVA: Se ordene la liquidación y pago a favor de mi poderdante de los valores deja dos de percibir de todas las prestaciones sociales legales y aportes para la pensión, que omitieron en su base de liquidación el factor

OCTAVA: Se ordene la liquidación y pago a favor de mi poderdante de los valores deja dos de percibir de todas las prestaciones sociales legales y aportes para la pensión, que omitieron en su base de liquidación el factor salarial de bonificación por actividad judicial, desde el 10 de julio de 1994 y, hasta la fecha en que se produzca efect ivamente el pago de la misma, el cual, debe mantenerse en forma permanente, durante la vigencia de la relación laboral de mi mandante con la institución demandada.

NOVENA: Que, como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía General de la Nación-, debe proc eder a pagar a favor de la señora Luz Elena Prada Grateron los siguientes valores, por concepto de prima especial de servicios dejada de percibir desde el 01 de abril de 1994 y por concepto del valor equivalente al 30% que fuera descontado del salario de m i mandante con ocasión a la implementación y aplicación de la Ley 4 ª de 1992, desde el 01 de abril de 1994.

(…)

DECIMA: Se ordene la indexación de todos los valores reconocidos, conforme a lo establecido en el último inciso del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-01117-00

DÉCIMA PRIMERA: Se ordene el pago de intereses moratorios causadas por el incumplimiento de los pagos referidos, conforme a lo establecido en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).”

1.2. Hechos

por el incumplimiento de los pagos referidos, conforme a lo establecido en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).”

1.2. Hechos El demandante, Luz Elena Prada Grate ron se encuentra vinculad a a la Fiscalía General de la Nación desde el 10 de julio de 1994 hasta la fecha como Fiscal en diferentes periodos. El 14 de febrero de 2017 a través de su apoderado, presentó una solicitud de reconocimiento y pago de la Prima Esp ecial de Servicios correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual, desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la solicitud, argumentando que dicho porcentaje, en lugar de ser considerado como un incremento salarial, había sido indebidamente descontado. La entidad demandada , mediante SSAGS No. 0553 del 28 de febrero de 2017 , negó la solicitud presentada por la demandante, bajo el argumento que se le había liquidado y pagado los salarios y prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente. Decisión frente a la cual el demandante interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto mediante Resolución No. 2-1163 del 26 de abril de 2017 confirmándola en todas sus partes. 1.1 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes: Constitucionales: Los artículos 1, 2, 4, 5, 11,12, 13,25, 29, 53, 93 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, Ley 4 de 1992 artículo 2 y 14, ley 482

literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, Ley 4 de 1992 artículo 2 y 14, ley 482 de 1998, el nume ral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, Código Sustantivo del trabajo artículos 14 y 65.

Se aduce en la demanda que el artículo 14 del Código Sus tantivo del Trabajo precisa que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo las expresamente exceptuadas por ley.

Así mismo, sostiene la parte demandante que los actos administrativos demandados son abiertamente violatorios del artíc ulo 12 del decreto 717 de 1978, artículos 2 y 10 de la ley 4 de 1992, porque en ningún caso se puede desmejorar o disminuir los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos.

2. Contestación de la demanda

El apoderado de la Nación - Fiscalía General de la Nación, se opone a las declaraciones y condenas solicitadas, argumentando que carecen de fundamentos facticos y jurídicos, por cuanto los actos demandados se limitaron a señalar elMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-01117-00

cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación, pues no es dable para la Entidad otorgarle un alcance mayor o diferente a los decretos salariales anuales que regulan a los funcionarios de la

cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación, pues no es dable para la Entidad otorgarle un alcance mayor o diferente a los decretos salariales anuales que regulan a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto desde la promulgación del decreto, q ue regulaba la materia para el año 2003, se eliminó la prima especial de servicio del 30%, por lo que no es posible cancelar un rubro del que no es beneficiara la demandante según la normatividad dictada por el Gobierno Nacional.

Adicionalmente, aclara q ue la Entidad ha cancelado el rubro conforme lo estipulado en la norma que lo regula, con los efectos salariales sobre las prestaciones sociales y las cotizaciones en pensión que la misma norma le ha concedido, por lo tanto, la pretensión de la demandante c arece de todo fundamento factico y jurídico, pues reclama una remuneración que siempre se le ha cancelado.

3. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

La apoderada judicial de la parte demandada reitera que la Fiscalía General de la Nación, como autoridad administrativa, no desconoce lo dispuesto en la sentencia de unificación SUJ -023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sin embargo, s olicita que s e deben negar las pretensiones que sobrepasen la citada sentencia de unificación.

Insiste que en la Fiscalía General de la Nación actúo en cumplimiento de la

Segunda del Consejo de Estado, sin embargo, s olicita que s e deben negar las pretensiones que sobrepasen la citada sentencia de unificación.

Insiste que en la Fiscalía General de la Nación actúo en cumplimiento de la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020 del Consejo de Es tado, dejando claro que los beneficiarios de esta prima del 30%, desde el año 2003 se les viene liquidando sus prestaciones sociales sobre el 100% de su salario, pues como bien concluye el Consejo de Estado, toda vez que la prima de 30% no se pagaba a esto s funcionarios desde dicha fecha, sus prestaciones sociales se liquidaban sobre el total de su salario, aclarando que es el 100% de su salario.

Agrega que, para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, s e tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás.

Asimismo, siguiendo la regla de unificación fijada por el Consejo de Estado, se tiene que a partir del momento en el que la demandante presentó reclamación administrativa serán afectados por el fenómeno de la prescripción, conforme a la sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-01117-00

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como q uiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 de l Código Procedimiento Administrativ o y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del Oficio No? SSAGS-0553 del 28 de febrero de 2017 de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la NaciónFiscalía General De La Nación y la Resolución No . 21163 del 26 de abril de 2017 de la Subdirección de Talento Humano, mediante el cual se negó el reconocimiento y reliquidación de la Prima Especial del 30% incluyendo en ellas, desde julio de 1994 y hasta donde exista derecho la Prima Especial del 30% establecida en la ley 4ta de 1992?

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a

desde julio de 1994 y hasta donde exista derecho la Prima Especial del 30% establecida en la ley 4ta de 1992?

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a reconocer y pagar a favor de la señora Luz Elena Prada Grateron la Prima especial del 30 %, establecida en la ley 4ta de 1992, sobre el salario básico y/o asignación mensual, en los periodos en que se desempeñó como Profesional Investigador iiil y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.3. ¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación y pago de sus salarios incluyendo la Prima Especial del 30 % creada por la ley 4ta de 1992 , incluyendo en la liquidación las cesantías y todos los ingresos laborales pagados; así mismo que se les reconozca y paguen l os retroactivos correspondientes a las diferencias dejadas de pagar en los periodos en que se desempeñó como Profesional Investigador iii y en adelante, hasta la fec ha en que se sigan causando?Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-01117-00

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Prima Especial de Servicios

En abril de 2009, el Consejo de Estado, mediante sentencia proferida dentro de la acción de Nulidad radicado 2007 -00098-001, efectuó un análisis acerca de los Decretos por medio de los cuales, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las

En abril de 2009, el Consejo de Estado, mediante sentencia proferida dentro de la acción de Nulidad radicado 2007 -00098-001, efectuó un análisis acerca de los Decretos por medio de los cuales, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades y directrices establecidas por el legislador en la ley 4ª de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial del Poder Público; pronunc iándose respecto al alcance de las disposiciones contenidas en dichos reglamentos, según las cuales, el 30% de la remuneración mensual de los servidores enlistados, se considera como prima especial sin carácter salarial.

En dicha sentencia, la Corporación aborda la problemática manifestando que en principio, el Presidente de la República si era competente para expedir el Decreto 618 de 2007, es decir, el Acto por medio del cual se creó la prima especial del 30%; como quiera que el mismo, fue proferid o en desarrollo de las directrices habilitadas por los artículos 14 y 15 de la ley 4ª de 1992; sin embargo, al entrar a determinar si hubo o no desvío de poder en la expedición de dicha reglamentación y si bajo la apariencia de una prima especial, en realidad se disfrazó la intención de despojar de efectos sala riales a un porcentaje del salario básico para procurar un ahorro en el gasto público, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, hace un estudio de los criterios y fines contemplados en la ley 4ª de 1992 de la siguiente manera:

“En efecto, la Ley 4 a de 1992, materializo el literal e) del numeral 19 del artículo

hace un estudio de los criterios y fines contemplados en la ley 4ª de 1992 de la siguiente manera:

“En efecto, la Ley 4 a de 1992, materializo el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, por cuanto contiene las normas generales, los objetivos y los criterios dentro de los que el Ejecutivo fijará el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Así, esta Ley en su artículo 2º, estipuló tales criterios y objetivos dentro de los que el Gobierno Nacional cumple el encargo constitucional diseñado. De dicho enunciado, es posible deducir que los referentes que regulan la expedición de la actividad reglamentaria reflejan pautas que pese a que su contenido generalmente abierto, en el literal a) del artículo 2º citado, expresa un concepto cerrado en cuanto prohíbe al Gobierno de mane ra genérica desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los servidores del Estado…” (Negrilla Fuera del Texto)

Así mismo, establece que: “Los decretos reglamentarios de esta Ley, habrá n de obedecer sistemáticamente dichos conceptos, que pese a su naturaleza técnica, permiten en su conjunto un contenido sustancial de coherencia que inobjetablemente le es exigible al Estado en el instante de estructurar el sistema salarial y prestacional, categoría jurídica de tanto significado que por sí misma ex cluye por ilegal, cualquier forma de antagonismo, no en

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, expediente Número 11001-03-25-000-2007por sí misma ex cluye por ilegal, cualquier forma de antagonismo, no en

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, expediente Número 11001-03-25-000-200700098-00 (1831-07), Magistrado Ponente Dr. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGURENMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-01117-00

función del texto legal propiamente dicho –en su mera literalidad - sino directamente, atendiendo el criterio de corrección lógico que susten ta el esquema remuneratorio aplicado a los servidores públicos”

Conforme lo anterior, el H Consejo de Estado Rectifica la Jurisprudencia fijada en Sentencia de 9 de marzo de 2006 2 donde establecía que el Gobierno Nacional “no desbordó la pauta señalada en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, porque su actividad únicamente se limitó a señalar el porcentaje, a título de prima, dentro de la escala porcentual señalada por el legislador; estimando que el 30% de la asignación básica tendría tal connotación”; en su lugar bajo la premisa de que el juez contencioso debe ej ercer un control de contenido de los Decretos que desarrollan una ley marco o cuadro, pues es su deber verificar su correspondencia con el conjunto de principios y valores consignados por el legislador en la norma, el máximo Tribunal de lo Contencioso Adm inistrativo expuso entonces:

“Lo primero que hay que registrar es que conforme al Acto Legislativo surgido del Plebiscito de 1957 (artículo 5 o), la función pública quedo

expuso entonces:

“Lo primero que hay que registrar es que conforme al Acto Legislativo surgido del Plebiscito de 1957 (artículo 5 o), la función pública quedo vinculada a la carrera a dministrativa como sistema de acceso y permanencia en el ser vicio público, es por eso que fue expedida la Ley 19 de 1958, para facilitar un modelo técnico en la clasificación de los empleados públicos que serviría de guía principal para establecer entre otros aspectos, la remuneración de los servidores públicos con forme a los deberes del empleo, la responsabilidad y los requisitos mínimos para la designación; sin embargo, fue solo hasta la conocida reforma constitucional de 1968, que posibilitó la expedició n de la Ley 65 de 1967, base normativa para la modernización de la regulación técnica de la función pública, de ahí se derivan los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, 3135 del mismo año y 3148 que la adiciona, donde surgen con regularidad un particular fenómeno jurídico en la remuneración de los empleados del Est ado ordinariamente mencionado bajo el título de “primas”, para significar invariablemente, un agregado en su ingreso laboral en ocasiones de naturaleza prestacional y en otras de carácter salaria l, o como simple bonificación pero en todo caso con la const ante de representar un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral.” (Negrilla Fuera del Texto)

Añade que, en el Decreto 1042 de 1968 contentivo de la clasificación y remuneración de los cargos para los empleos públicos: “ La noción de “pr ima”, como concepto genérico, emerge a título de reconocimientos económicos

Añade que, en el Decreto 1042 de 1968 contentivo de la clasificación y remuneración de los cargos para los empleos públicos: “ La noción de “pr ima”, como concepto genérico, emerge a título de reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de expresar cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implic an un aumento en su ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de clima, entre otras,

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, proce so No. 0121-2003, La Corporación analiza los Decretos Reglamentarios Nos. 057, 106, 043, 036, 076, 064, 044, 2740, 2720 y 673 de las anualidades comprendidas entre 1993 y 2002 respectivamente.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-01117-00

representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer un “plus” en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter salaria l, prestacional o simplemente bonificatorio” (Negrilla fuera del Texto)

Por tal razón, esa H Corporación concluye que: “el concepto de prima dentro del régimen jurídico anterior a la expedición d e la carta de 1991, opera invariablemente como un fenómeno r etribuido de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público” . En adición a lo anterior, establece que con posterioridad a la expedición de la Constitución del 91, “el concepto mantiene identidad funcional con la manera como e l régimen

actividad laboral cumplida por el servidor público” . En adición a lo anterior, establece que con posterioridad a la expedición de la Constitución del 91, “el concepto mantiene identidad funcional con la manera como e l régimen jurídico anterior se refirió a las primas para sobre su estructura representar básicamente un incremento a la remuneración; propiamente es posible reconocer que la Ley 4ª de 1992, retomó los elementos axiológicos de la noción, de manera que volvi ó a mencionar el concepto de prima como un fenómeno complementario de adición a la remuneración de los servidores públicos, tal como efectivamente quedo consagrado en los articulo 14 y 15 de dicha codificación; de forma que el entendimiento del concepto en vigencia del sistema de remuneración de los servidores públicos, luego de la Carta de 1991 y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un “plus” para añadir el valor del ingreso laboral del servidor”

Finalmente anula el artículo 7 del Decreto 618 de 2007, en tanto considera que tomar el 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, conduce a una contradicción, toda vez que dicho emolumento, debe ser considerado como un plus o un incremento en el ingreso del servidor público, y no una merma o disminución en el mismo; de igual manera, establece que no es dable asignar al concepto de “prima”, usado por el legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una inter pretación distinta a la de representar un incremento remuneratorio, pues además de lo expuesto,

legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una inter pretación distinta a la de representar un incremento remuneratorio, pues además de lo expuesto, vulneraria el precepto superior de progresividad, contemplado en el artículo 53 de la CP y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calid ad del trabajo.

Aunado a lo anterior, esta Sala advierte que, en un caso de idénticos supuestos fácticos y jurídicos, el Consejo de Estado a través de la sentencia proferida en el proceso radica do 250002325000200501134-01, revoca la decisión adoptada por la Sección Segunda, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar, acoge las pretensiones demandadas por la Juez Catorce (14) de Familia de Bogotá, quien solicita la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como factor salarial el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, sustentando su decisión, en la tesis adoptada por esa H Corporación, en el expediente Nro. 110010325000200700098 -00, esto es, la que declaró la nulidad del Decreto 7º del Decreto 618 de 2 de marzo de 2007.

En igual orden, inaplica por inconstitucionales los artículos 7 de los Decretos Nos 2740 de 2000 y 2720 de 2001 y 6 de los Decretos Nros 673 de 2002 y 3569 deMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-01117-00

Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2017-01117-00

2003, en cuanto previeron como prima, sin carácter salarial, el tre inta por ciento (30%) del salario básico mensual devengado por el demandante.

Así mismo, ha de señalar esta Sala, que el veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Catorce, la sala de conjueces de la Sección Segunda del H Consejo de Estado, dentro de la acció n de Simple Nulidad radicado 11001032500020070008700 – Nro. Interno 1686 -07, declaró la nulidad de los Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º,

11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Dec reto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de

2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2 006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 6 17 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007, argumentando que la interpretación, en ellos consignada, respecto a la prima especial del 30% era errada, toda vez que contrad ecía los principios y preceptos consagrados en la ley 4 de 1992 y de la misma jurisprudencia del H Consejo de Estado, entendiendo de una forma desacertada, que el 30% del salario básico era la p rima misma y no que ésta equivalía al 30%; pues la primera interpretación implica una reducción del salario básico al 70% mientras que la segundaque es la correcta - implica que se puede tomar el 30% del salario, pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico.

En diciembre de 2020, el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020 proferida dentro de la acción de Nulidad y restablecimiento del derecho radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01, preciso lo s