TA SAN - Sentencia 680012333000-2017-01178-00 (11-04-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2017-01178-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

DEMANDANTE: Roberto Cortes Ponce

alexandergalan07@gmail.com patricia1312@gmail.com patriciaromero1312@gmail.com DEMANDADO: Nación - Rama J udicial - Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PUBLICO mbuendia@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima Especial De Servicios 30%

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 02

CONJUEZ PONENTE: LUZ MARINA BERMÚDEZ LOZANO

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurado por ROBERTO CORTES PONCE en contra de Nación - Rama Judicial-Consejo Superior De La Judicatura-Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

CORTES PONCE en contra de Nación - Rama Judicial-Consejo Superior De La Judicatura-Sala Administrativa - Dirección Ejecutiva.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El señor Roberto Cortes Ponce , actuando por conducto de apoderado judicial, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva deNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-01178-00 Sentencia de Primera Instancia

Administración Judicial – Dirección Seccional de la Rama Judicial de Bucaramanga, con fundamento en los artículos 138 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en procura de que se declare la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales le fue negada la reliquidación de sus prestaciones sociales, con inclusión de la prima especial de servicios como factor salarial.

1.1 Pretensiones El actor formuló, en esencia, las siguientes pretensiones:

1. Que se declare la inaplicación por in constitucionalidad de los artículos contenidos en diversos decretos anuales expedidos entre los años 2009 y 2016 (Decretos 0722 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 194 de 2014 y 234 de 2016), en cuanto excluyen el 30% correspondiente a la prima especial de servicios del conjunto de factores salariales, contrariando lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política.

2. Que se declare la nulidad de las resoluciones No. 0567 del 4 de febrero de

la prima especial de servicios del conjunto de factores salariales, contrariando lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política.

2. Que se declare la nulidad de las resoluciones No. 0567 del 4 de febrero de 2014 y No. 4332 del 22 de agosto de 2014, por medio de las cuales la Dirección Seccional de la Rama Judicial de Bucaramanga negó la solicitud de reliquidación de las prestaciones sociales presentadas por el actor.

3. Que, como co nsecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, reliquidar y pagar al actor las prestaciones legales y sociales

(cesantías, intereses a las cesantías, vacacion es, prima de navidad, prima de servicios, prima vacacional y bonificación por servicios prestados) causadas desde el 3 de septiembre de 1992, con inclusión del 30% correspondiente a la prima especial de servicios como factor salarial.

4. Que se ordene el reajuste y la indexación de las sumas adeudadas conforme al artículo 193 del CPACA, aplicando la fórmula financiera que incorpora el índice de precios al consumidor desde el momento en que se causó el derecho hasta la fecha efectiva del pago.

5. Que se condene a la entidad demandada al pago de intereses moratorios en caso de incumplimiento de la sentencia, conforme al artículo 195 numeral 4° del CPACA.

6. Que se ordene a la entidad demandada el cumplimiento del fallo dentro del término previsto en el artículo 192 del CPACA. 1.2 Hechos Sostuvo el demandante que se desempeñó como juez en diversos despachos judiciales desde el 3 de septiembre de 1992, habiendo ejercido funciones en calidad

término previsto en el artículo 192 del CPACA. 1.2 Hechos Sostuvo el demandante que se desempeñó como juez en diversos despachos judiciales desde el 3 de septiembre de 1992, habiendo ejercido funciones en calidad de provisional y en propiedad en municipios del departamento de Santander y en otras regiones del país, hasta ocupar el cargo de Juez Segundo Penal del Circuito de Socorro.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-01178-00 Sentencia de Primera Instancia

Afirmó que, durante el tiempo laborado, la administración judicial omitió incluir dentro de la base de liquidación de sus prestaciones sociales (cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas legalmente reconocidas y bonificación por servicios prestados) el 30% correspondiente a la prima especial de servicios , desconociendo su carácter salarial, pese a que este componente hacía parte de su remuneración mensual de forma permanente. Indicó que, en consecuencia, la Dirección Seccional de la Rama Judicial de Bucaramanga y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , mediante resoluciones No. 0567 del 4 de febrero de 2014 y No. 4332 del 22 de agosto de 2014, negaron de forma expresa las solicitudes de reliquidación presentadas por el actor, actos que constituyen el objeto de nulidad en este proceso. Señaló que los actos administrativos acusados infringen disposiciones constitucionales y legales relativas a la protección de los derechos laborales, y que se apartan de la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha reconocido el carácter salarial de la prima especial de servicios para efectos prestacionales.

constitucionales y legales relativas a la protección de los derechos laborales, y que se apartan de la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha reconocido el carácter salarial de la prima especial de servicios para efectos prestacionales. Conforme a lo anterior, solicitó que, a título de restable cimiento del derecho, se ordene la reliquidación y pago de las prestaciones sociales dejadas de reconocer desde el 3 de septiembre de 1992 hasta la fecha en que se produzca el pago efectivo, con inclusión del porcentaje correspondiente a la prima especial de servicios como factor salarial, así como los respectivos reajustes e indexación conforme al artículo 193 del CPACA. 1.3 Normas violadas y concepto de violación El demandante fundamenta su solicitud de nulidad en la vulneración de las siguientes disposiciones normativas: • Constitución Política: artículos 4º, 23, 25 y 53. • Ley 4ª de 1992: artículos 14 y 15. • Decreto 717 de 1978: artículo 12. • Decreto 053 de 1993: artículos 3° y 12. • Decretos anuales de salarios: artículos de los Decretos 936 de 2005, 38 8 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008, 722 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 194 de 2014, 234 de 2016, entre otros. • Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011): artículos 138, 192, 193 y 195. Sostiene el actor que las resoluciones demandadas, al negar la reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión del 30% correspondiente a la prima especial

Administrativo (Ley 1437 de 2011): artículos 138, 192, 193 y 195. Sostiene el actor que las resoluciones demandadas, al negar la reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión del 30% correspondiente a la prima especial de servicios como factor salarial, infringen el artículo 53 de la Constitución, que consagra el principio de progresividad de los derechos laborales , así como el artículo 25 sobre la protección del trabajo como derecho fundamental.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-01178-00 Sentencia de Primera Instancia

Afirma que si bien la Ley 4ª de 1992 autorizó al Gobierno Nacional a establecer una prima especial “sin carácter salarial”, ello no excluye su incidencia en el cálculo de prestaciones sociales cuando esta prima ha sido percibida de forma permanente por el servidor público, lo cual le confiere, según reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, naturaleza remuneratoria. En tal sentido, la aplicación de los decretos anuales que excluyen dicha prima como factor salarial vulnera lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 y en el artículo 12 del Decreto 053 de 1993 , en los cuales se define que toda remuneración percibida de forma habitual y permanente por los servidores públicos constituye factor salarial y, por tanto, debe ser tenida en cuenta para efectos prestacionales. El desconocimiento del carácter salarial de dicha prima constituye una desmejora injustificada en las condiciones laborales del actor y una omisión en la aplicación del principio constitucional de favorabilidad en materia laboral , conforme al artículo 53 de la Constitución y al precedente judicial existente sobre esta materia. De acuerdo con lo anterior, los actos administrativos censurados vulneran

del principio constitucional de favorabilidad en materia laboral , conforme al artículo 53 de la Constitución y al precedente judicial existente sobre esta materia. De acuerdo con lo anterior, los actos administrativos censurados vulneran directamente el ordenamiento jurídico superior al omitir un componente esencial de la remuneración para efectos de liquidación de prestaciones sociales, contrariando el régimen constitucional, legal y reglamentario que rige la función pública y la remuneración de los jueces de la República.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA

2.1 Pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones.

El apoderado de la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la JudicaturaSala Administrativa - Dirección Ejecutiva, en relación con los hechos y fundamentos fácticos de la demanda, aceptó que el demandante estaba vinculado a la Rama Judicial y que había presentado una solicitud para el reconocimiento y pago de diferencias salariales y prestacionales que consideraba adeudadas, las cuales fueron respondidas negativamente por la entidad. Se argumentó por parte del apoderado que dicha prima tiene carácter no salarial y, en consecuencia, no constituye un factor para la liquidación de pres taciones sociales, tales como cesantías, primas o pensiones.

Frente a las pretensiones, se opuso a cada una de ellas, argumentando que los salarios y prestaciones sociales pagados al demandante habían sido cancelados conforme al régimen legal y prestacional vigente para los servidores públicos. Los actos administrativos impugnados fueron expedidos respetando la normativi dad aplicable al momento en que el demandante solicitó el reconocimiento del carácter salarial de la prima especial. Por lo tanto, dichos actos gozaban de presunción de

actos administrativos impugnados fueron expedidos respetando la normativi dad aplicable al momento en que el demandante solicitó el reconocimiento del carácter salarial de la prima especial. Por lo tanto, dichos actos gozaban de presunción de legalidad y debían considerarse válidos y ejecutables.

Asimismo, invocó la figura de l a prescripción trienal, afirmando que la mayoría de las pretensiones del demandante estaban prescritas. Explicó que los derechos reclamados, incluida la solicitud de reliquidación de salarios y el reconocimiento deNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-01178-00 Sentencia de Primera Instancia

la prima especial, solo podían abarcar un período de tres años anteriores a la presentación formal de su solicitud, de acuerdo con la normativa vigente. En consecuencia, solicitó que se declarara la prescripción parcial de las pretensiones.

Finalmente, el representante de la Nación argumentó que la facultad para fijar los estipendios salariales de los servidores públicos correspondía exclusivamente al Gobierno Nacional, según lo dispuesto en la Constitución , la Ley 4 de 1992 y los decretos 3131 de 2005 y 383 de 2013 que regulan la bonificación po r actividad judicial y bonificación judicial respectivamente. Por tanto, la Rama Judicial no tenía competencia para modificar el régimen prestacional y salarial, estando limitada a aplicar las disposiciones emitidas por el Ejecutivo. Así, los actos adminis trativos demandados no podían ser declarados nulos, ya que se ajustaban plenamente a la legalidad vigente.

III. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante

demandados no podían ser declarados nulos, ya que se ajustaban plenamente a la legalidad vigente.

III. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante

La apoderada judicial, judicial de la parte demandante presentó sus alegatos de conclusión en la interpretación errónea que realizó la administración respecto de la prima especial del 30% establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Señaló que la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de la Rama Judicial de Bucaramanga, incurrió en una aplicación inconstitucional de los decretos salariales, negando el pago de la prima especial de servicios con el argumento de que no constituía un factor salarial.

De igual forma, se argumentó por parte de la apoderada que la negativa de la administración a reconocer la prima especial de servicios constituyó una vulneración del principio de progresividad y del derecho a una remuneración justa, conform e al artículo 53 de la Constitución Política. Además, advirtió que los actos administrativos demandados desmejoraron las condiciones laborales del demandante, lo que contravenía lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, que establece que el Ejecutivo no puede desmejorar las prestaciones sociales de los servidores del Estado.

Asimismo, sustentó su alegato en múltiples sentencias del Consejo de Estado, en las cuales se ha declarado la nulidad parcial de los decretos que excluyeron el carácter salarial de la prima e special del 30%. En estas decisiones, se ha establecido que dicha prima constituye un incremento retributivo para los servidores

las cuales se ha declarado la nulidad parcial de los decretos que excluyeron el carácter salarial de la prima e special del 30%. En estas decisiones, se ha establecido que dicha prima constituye un incremento retributivo para los servidores judiciales y que, en consecuencia, debe incluirse en la base de liquidación de prestaciones sociales. También se hizo énfasis e n el control de legalidad que los jueces contencioso-administrativos deben ejercer sobre los decretos reglamentarios de la Ley 4ª de 1992, precisando que no basta con una revisión formalista, sino que es necesario examinar si estos respetan los principios constitucionales de equidad y justicia salarial. De igual forma, se citó el principio de favorabilidad en materia laboral, argumentando que toda remuneración que reciba un trabajador de manera periódica debe constituir factor salarial para efectos prestacionales.

Finalmente, se solicitó por parte del apoderado que se declarara la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la administración negó el reconocimientoNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-01178-00 Sentencia de Primera Instancia

y pago de la prima especial de servicios, y que, en consecuencia, se ordenara la reliquidación de las acreencias laborales del demandante con inclusión del 30% adicional. Así mismo, requirió que se impusieran las respectivas condenas a la administración, incluyendo el pago de intereses moratorios e indexación de las sumas adeudadas desde la fecha en que se causaron.

3.2 Parte demandada

La ap oderada judicial de la parte demandada en sus argumentos solicito la acumulación de pretensiones, debido a la existencia de otro proceso con la misma

sumas adeudadas desde la fecha en que se causaron.

3.2 Parte demandada

La ap oderada judicial de la parte demandada en sus argumentos solicito la acumulación de pretensiones, debido a la existencia de otro proceso con la misma naturaleza presentado por la demandante en el juzgado 01 administrativo de San Gil bajo radicado 686793333001-2017-00203-00, ambos procesos fueron radicados con tres meses de diferencia entre ellos, se alude que la existencia de litigios simultáneos con pretensiones similares podría generar decisiones contradictorias y afectar la coherencia jurisprudencial.

Asimismo, s ostuvo la apoderada que la entidad que representa no t iene competencia para modificar el régimen salarial de los servidores judiciales, ya que esta facultad de fijar y modificar los salarios corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional en virtud del artículo 150, numeral 19, de la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992. Se argumentó por la apoderada que los decretos expedidos por el Gobierno Nacional han regulado consistentemente la prima especial del 30% sin carácter salarial, y que la Dir ección Ejecutiva de Administración Judicial solo ha actuado en cumplimiento de dichas disposiciones.

En cuanto a la prescripción y caducidad de la acción, afirmó que las reclamaciones efectuadas por el demandante estaban prescritas, ya que la legislación aplicable establece un término de tres años para reclamar derechos prestacionales. Citó la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha reconocido la aplicación de la prescripción trienal en este tipo de reclamaciones y sostuvo que las sumas adeudadas con a nterioridad al 21 de enero de 2011 no podían ser objeto de

jurisprudencia del Consejo de Estado que ha reconocido la aplicación de la prescripción trienal en este tipo de reclamaciones y sostuvo que las sumas adeudadas con a nterioridad al 21 de enero de 2011 no podían ser objeto de reconocimiento. Además, enfatizó que la prima especial del 30% había sido liquidada y pagada de conformidad con la reglamentación vigente. Insistió en que los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional siguen teniendo validez y que no se ha producido su anulación ni suspensión, por lo que no era viable desconocer su contenido ni reconocer pagos adicionales.

Por otro lado, manifestó que el demandante estaba incurriendo en una indebida acumulación de pretensiones, ya que en su demanda mezclaba reclamaciones de nulidad y restablecimiento del derecho con solicitudes de inaplicabilidad de normas vigentes. Argumentó que, si el demandante consideraba que los decretos salariales eran inconstitucionales o ilegales, debió haberlos demandado en su momento ante la jurisdicción competente y no esperar años para alegar su inaplicabilidad.

Finalmente, reiteró que la entidad que representaba no era la competente para responder por las pretensiones del demandante, ya que la expedición y regulación de los decretos salariales correspondía al Gobierno Nacional. En consecuencia, solicitó que se declarara la caducidad de la acción, la improcedencia de las pretensiones y la inexistencia de la legitimación en la causa por pasiva, eximiendoNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-01178-00 Sentencia de Primera Instancia

a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de cualquier responsabilidad en el presente proceso.

Radicado: 680012333000-2017-01178-00

Sentencia de Primera Instancia

a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de cualquier responsabilidad en el presente proceso.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

IV. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

4.1 Cuestión previa Advierte la Sala que, en el escrito de alegatos de conclusión presentado por la apoderada judicial de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, formuló solicitud de acumulación procesal , con fundamento en la existencia de dos acciones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas por el señor Roberto Cortes Ponce . Señal ando que tales procesos se tramitan ante esta jurisdicción contencioso administrativa, bajo los radicados 680012333000-2017-01178-00 y 686793333001-2017-00203-00, este último adelantado ante el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de San Gil. Sostuvo la apoderada que ambas demandas versan sobre pretensiones relacionadas con la prima especial de servicios, y que, en virtud del principio de economía procesal y para evitar decisiones contradictorias, resultaría procedente su acumulación. Subsidiariamente, invocó la prejudicialidad, con fundamento en

relacionadas con la prima especial de servicios, y que, en virtud del principio de economía procesal y para evitar decisiones contradictorias, resultaría procedente su acumulación. Subsidiariamente, invocó la prejudicialidad, con fundamento en lo previsto en el artículo 161 del Código General del Proces o, en tanto consideró que el pronunciamiento que deba adoptarse en uno de ellos podría influir en la resolución del otro No obstante, esta Sala constata que, dentro del expediente 686793333001-201700203-00, el despacho judicial competente profirió auto fechado el 31 de enero de 2025, mediante el cual prescindió de la audiencia inicial , fijó el litigio y corrió traslado para alegatos de conclusión , actuación que se encuentra debidamente ejecutoriada. Ello implica que dicho proceso ha superado la etapa procesal dentro de la cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 148 del Código General del Proceso, puede decretarse válidamente la acumulación.

En efecto, la norma en cita establece que la acumulación de pr ocesos procede únicamente hasta antes de la celebración de la audiencia inicial . En consecuencia, habiéndose surtido y cerrado dicha etapa en el expediente anteriormente mencionado, se encuentra materialmente imposibilitada la acumulación procesal solicitada por la parte demandada.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-01178-00 Sentencia de Primera Instancia

Tampoco resulta procedente la suspensión del presente proceso por prejudicialidad, en los términos del artículo 161 del CGP, toda vez que no se acreditó que la decisión del presente asunto dependa necesariamente de lo que

Tampoco resulta procedente la suspensión del presente proceso por prejudicialidad, en los términos del artículo 161 del CGP, toda vez que no se acreditó que la decisión del presente asunto dependa necesariamente de lo que se resuelva en el otro proceso judicial. Por el contrario, se advierte que, aunque ambos procesos abordan la inclusión de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, las pretensiones no son idénticas ni intercambiables. En efecto, en el p roceso 686793333001-2017-00203-00, el actor solicitó la reliquidación de los salarios y el reconocimiento de la prima especial de servicios como componente adicional de su remuneración. Mientras que, en el presente proceso 680012333000-2017-01178-00, se pr etende la reliquidación de prestaciones sociales —tales como cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas y bonificaciones— con inclusión del referido porcentaje del 30% como factor salarial, desde el 3 de septiembre de 1992. Así las cosas, no se advierte una dependencia procesal directa ni necesaria entre los expedientes referidos, y menos aún una afectación que justifique la suspensión por prejudicialidad. Por el contrario, se está ante asuntos autónomos, en etapas procesales distintas y con pretensiones diferenciadas. Finalmente, constatado que ambas partes han presentado sus alegatos de conclusión en el presente expediente , y estando debidamente ejecutoriado el auto que prescindió de la audiencia inicial, se concluye que el trámite se encuentra en estado para fallo . Por consiguiente, se rechazará l a solicitud formulada por la parte demandada y se dispondrá la continuación del trámite correspondiente.

auto que prescindió de la audiencia inicial, se concluye que el trámite se encuentra en estado para fallo . Por consiguiente, se rechazará l a solicitud formulada por la parte demandada y se dispondrá la continuación del trámite correspondiente.

4.2 Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Ad ministrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

4.3 Fijación del litigio

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 0567 del 04 de febrero de 2014 y 4332 del 22 de agosto de 2014, mediante las cuales se negó la reliquidación y pago de las prestaciones sociales del demandante teniendo en cuenta la prima especial de servicios como factor salarial?

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿tiene derecho el demandante a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesan tías, bonificaciones, licencias y demás emolumentos), teniendo en cuenta el 30% correspondiente a la prima especial de servicios como factor salarial, en los periodos en que se desempeñó como Juez y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-01178-00 Sentencia de Primera Instancia

en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-01178-00 Sentencia de Primera Instancia

En caso de ser afirmativo,

PJ.3. ¿Hay lugar a aplicar el término de prescripción trienal frente a las mesadas causadas tres años antes de la solicitud elevada ante la entidad demandada?

4.4 Marco normativo y jurisprudencial

4.3.1 Prima Especial de Servicios

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

“ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

...e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso N acional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales

observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso N acional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicia l y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Regis trador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2017-01178-00 Sentencia de Primera Instancia

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. (Sub rayas fuera de texto original)

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. (Sub rayas fuera de texto original)

Se vislumbra la fijación de ciertos parámetros en el contexto de los cuales el Gobierno Nacional, en ejercicio de la f acultad establecida por el numeral 11 del artículo 189 constitucional, debe desarrollar la prima up supra aludida, la pena de incurrir en una omisión violatoria de la constitucionalidad y la legalidad.

En cumplimiento del enunciado deber se expidieron por el Gobierno Nacional los respectivos decretos anuales, mediante los cuales se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictaron otras disposiciones

La mentada normativ