TA SAN - Sentencia 680012333000-2017-01476-00 (23-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a proferir Sentencia de Primera Instancia en el proceso de la referencia, previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA

(Págs.2 y ss. archivo No. 01 OneDrive)

A. Pretensiones La parte demandante pretende que se declare la nulidad del Acto Administrativo No. 0003107 del 16 de mayo de 2017, proferido por la Oficina de Planeación Municipal de San Gil, mediante el cual se negó la solicitud de licencia de construcción presentada por la sociedad Grupo SAZA S.A.S. respecto del predio localizado en el Barrio Santa Bárbara con matrícula inmobiliaria No. 31956118 y cédula catastral No. 01 -00-08920001000, de propiedad de Sergio Abelardo

Zabala y cuya dirección es Calle 22 B N 3 - 69 Lote 1 manzana D.

Parte Demandante: GRUPO SAZA SAS, con NIT 900.685.535-2

Correo electrónico: remantillap@hotmail.com

Parte Demandada: MUNICIPIO DE SAN GIL, Santander

Correo electrónico: notificacionesjudiciales@sangil.gov.co

luisa.saldarriaga24@gmail.com

Ministerio Público: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER,

Procuradora 158 Judicial II para Asuntos Administrativos

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Ministerio Público: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER,

Procuradora 158 Judicial II para Asuntos Administrativos

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: Se acusa de ilegal la negativa de licencia de construcción.

Link del expediente: 680012333000-2017-01476-00 (Los documentos que no se encuentren en OneDrive, deben ser consultados en la plataforma SAMAI con el radicado del presente proceso).2

Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia Exp. 680012333000 -2017-01476-00. Partes: GRUPO SAZA S.A.S. VS. Municipio de San Gil.

Como restablecimiento del derecho solicita: i) se considere lesionado su derecho subjetivo consistente en el otorgamiento de la mencionada licencia de construcción, toda vez que, a su juicio, se cumplían los requisitos exigidos para su expedición, ii) se c ondena al Municipio de San Gil al pago de perjuicios materiales e inmateriales derivados de la expedición del acto administrativo acusado, conforme a los montos señalados en el escrito de demanda, iii) se condene al Municipio de San Gil al pago de agencias en derecho, que se actualice la condena conforme a la variación del IPC desde la ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria del fallo, y que se ordene a la entidad demandada cumplir la sentencia conforme al artículo 195 del CPACA.

B. Hechos Como fundamento de sus pretensiones, afirma que mediante escritura pública

hechos hasta la ejecutoria del fallo, y que se ordene a la entidad demandada cumplir la sentencia conforme al artículo 195 del CPACA.

B. Hechos Como fundamento de sus pretensiones, afirma que mediante escritura pública No. 0876 del 11 de abril de 2017, la sociedad GRUPO SAZA S.A.S. adquirió un lote de terreno en el municipio de San Gil, ubicado en la urbanización Santa Bárbara, destinado para la construcción de vivienda. Afirma que dicho predio cuenta con disponibilidad de servicios públicos y vías de acceso conforme al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio.

Señala que, con base en esta adquisición, solicitó ante la Secretaría de Planeación Municipal la demarcación del predio, obteniendo en un primer momento una autorización para construir hasta tres pisos. Posteriormente, debido a que el predio es esquinero, el entonces Secretario de Planeación, ingeniero Roldán Humberto García Santos, profirió una nueva demarcación que permitía construir hasta cuatro pisos, documento que fue entregado a un tercero ajeno al solicitante. Refiere que, contando con esta nueva demarcación y cumpliendo con los requisitos técnicos del POT, la sociedad inició la ejecución de estudios y diseños necesarios para la obtención de la licencia de construcción. Precisa que, no obstante, dicha licencia fue negada mediante respuesta a un derecho de petición. Agrega que la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda del ente territorial demandado recibieron el pago de los derechos y el impuesto de delineación por parte de GRUPO SAZA S.A.S., lo cual refuerza la expectativa legítima de obtener la autorización solicitada.3

territorial demandado recibieron el pago de los derechos y el impuesto de delineación por parte de GRUPO SAZA S.A.S., lo cual refuerza la expectativa legítima de obtener la autorización solicitada.3 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia Exp. 680012333000 -2017-01476-00. Partes: GRUPO SAZA S.A.S. VS. Municipio de San Gil.

Indica que, el 20 de abril de 2017, la Secretaría de Planeación emitió concepto técnico negando la licencia con base en la supuesta ubicación del predio en una zona de amenaza alta por remoción en masa. Anota que estas restricciones no habían sido advertid as en la demarcación inicial ni en actuaciones previas del municipio, lo cual evidencia contradicciones e inconsistencias. Recalca que, incluso desde el año 2003, el municipio había otorgado viabilidad técnica y ambiental a proyectos similares en la zona.

Afirma que actualmente existen edificaciones de hasta cuatro pisos en el mismo sector, y no se evidencian condiciones geológicas o ambientales que justifiquen la negación de la licencia. Aduce que, ante la falta de respuesta efectiva, presentaron derecho d e petición solicitando explicaciones al Secretario de Planeación, sin obtener claridad técnica ni jurídica.

Sostiene que, bajo argumentos de supuesta falsificación del documento de demarcación, el municipio niega la licencia cuando el proyecto ya estaba desarrollado y los apartamentos vendidos. Reitera que no se evidenció falsedad ni omisión técnica alguna en lo s documentos entregados por la propia administración.

Manifiesta que el acto administrativo No. 0003107 del 16 de mayo de 2017 fue

desarrollado y los apartamentos vendidos. Reitera que no se evidenció falsedad ni omisión técnica alguna en lo s documentos entregados por la propia administración.

Manifiesta que el acto administrativo No. 0003107 del 16 de mayo de 2017 fue expedido con falsa motivación y con desviación de poder, pues encubre errores de la administración y contradice actuaciones previas del municipio. Cuestiona que no existen estudios emitidos por autoridades ambientales como la CAS que respalden los argumentos del acto acusado.

Precisa que la documentación cuestionada fue elaborada en computador y firmada por el mismo Secretario de Planeación, y que la sociedad no tuvo acceso para alterar su contenido. Tilda de sofismas de distracción los argumentos de falsedad expuestos por la administración.4 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia Exp. 680012333000 -2017-01476-00. Partes: GRUPO SAZA S.A.S. VS. Municipio de San Gil.

Concluye que la negación de la licencia no tiene sustento técnico válido, y que previamente se permitió la venta de lotes y se autorizó la construcción, configurándose una actuación arbitraria por parte del municipio.

C. Normas violadas y concepto de violación En la demanda se registran como tales, losartículos 2, 6, 15, 21, 25, 29 y 60 de la Constitución Política. El concepto de violación lo sustenta en los siguientes cargos: i) falsa motivación: Afirma que la decisión administrativa carece de una motivación real y objetiva, pues existe una discordancia entre las razones

la Constitución Política. El concepto de violación lo sustenta en los siguientes cargos: i) falsa motivación: Afirma que la decisión administrativa carece de una motivación real y objetiva, pues existe una discordancia entre las razones técnicas y jurídicas invocadas por la administración para negar la licencia de construcción y la realidad fáctica del predio. Sos tiene que, aunque el municipio argumenta que el terreno se encuentra en una zona de amenaza alta y protección ambiental, desde el año 2003 había autorizado la venta de los lotes, aprobado la instalación de servicios públicos, y otorgado viabilidad técnica y ambiental al proyecto. Esta contradicción, anota, revela una inconsistencia entre los actos previos del municipio y los argumentos del acto que negó la licencia, lo que ha ocasionado graves perjuicios a la sociedad GRUPO SAZA S.A.S., ii) desviación de las atribuciones propias de quien profirió el acto acusado (desviación de poder): Señala que la administración actuó con un propósito diferente al interés general al imputar impl ícitamente a la demandante un delito, aludiendo a una supuesta falsedad en el documento de demarcación como fundamento adicional para negar la licencia. Indica que esta acusación carece de veracidad y ya fue puesta en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación. Considera que esta conducta pretende encubrir errores de la propia administración y desviar la finalidad legítima del acto administrativo, lo cual desnaturaliza el ejercicio de la función pública y vulnera la confianza legítima de los administrados.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

(Págs. 321 y ss. archivo No. 01 OneDrive)

función pública y vulnera la confianza legítima de los administrados.

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

(Págs. 321 y ss. archivo No. 01 OneDrive) Se opone a las pretensiones de la parte actora y formula argumentos orientados a demostrar la legalidad del acto administrativo acusado, la inexistencia de responsabilidad patrimonial del Estado y la falta de prueba del daño alegado.5 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia Exp. 680012333000 -2017-01476-00. Partes: GRUPO SAZA S.A.S. VS. Municipio de San Gil.

Afirma que la única demarcación vigente para el predio objeto del litigio fue expedida el 11 de julio de 2016 bajo el número 200 -21-2-147D-016, y que en dicha delineación se establece que el uso del suelo es para vivienda multifamiliar de hasta tres pisos. Preci sa que no existe otra demarcación válida posterior, y que la que aporta la parte actora presenta inconsistencias en la información relativa a dirección, altura permitida, índice de construcción y otras características técnicas, lo cual lleva a conclu ir que dicho documento fue presuntamente alterado.

Frente al argumento de la parte demandante sobre la existencia de viabilidad técnica y ambiental otorgada desde el año 2003, señala que esa afirmación es falsa y carente de prueba. Aclara que ni la Secretaría de Planeación ni su homóloga actual otorgan viabilidades técnicas o ambientales, ya que dichas competencias recaen en otras entidades, como la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. Además, reitera que no existen actos

homóloga actual otorgan viabilidades técnicas o ambientales, ya que dichas competencias recaen en otras entidades, como la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS. Además, reitera que no existen actos administrativos que avalen ventas de lotes ni autorizaciones de instalaci ón de servicios públicos a favor de GRUPO SAZA S.A.S. Refiere que el acto administrativo No. 0003107 del 16 de mayo de 2017, así como la respuesta del 20 de abril del mismo año, se profirieron conforme al Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, adoptado mediante Acuerdo 038 de 2003, el cual clasifica el predio como ubicado en zona de amenaza alta y de protección ambiental, donde la construcción está prohibida. En ese sentido, sostiene q ue haber expedido la licencia habría sido ilegal y habría generado responsabilidades disciplinarias y penales para el funcionario interviniente.

Cuestiona la conducta de la p. actora, indicando que esta inició negociaciones y celebró contratos de promesa de compraventa sin contar con la licencia de construcción, lo cual califica como una actuación temeraria y ajena a la responsabilidad del municipio. Advierte que el hecho de haber vendido los apartamentos sin autorización ni licencia constituye una actividad privada que no puede imputarse al ente territorial.6 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia Exp. 680012333000 -2017-01476-00. Partes: GRUPO SAZA S.A.S. VS. Municipio de San Gil.

Expone que el demandante no prueba adecuadamente ni el daño ni su origen, y que los perjuicios alegados carecen de respaldo probatorio. Indica que no hay

San Gil.

Expone que el demandante no prueba adecuadamente ni el daño ni su origen, y que los perjuicios alegados carecen de respaldo probatorio. Indica que no hay elementos para concluir que el municipio haya ocasionado perjuicio alguno, por cuanto nunca autorizó la cons trucción ni participó en los negocios jurídicos celebrados por la parte actora.

Finalmente, solicita a esta Corporación denegar las pretensiones de la demanda y en su lugar se declare que el acto acusado se encuentra ajustado a la Constitución y la Ley.

III. EL TRÁMITE PROCESAL La demanda fue presentada el 23.11.2017 (pág. 272 PDF 01) ), la cual fue admitida mediante auto del 03.05.2018 (pp. 274 y ss. Ibidem) ordenándose las notificaciones de rigor. La entidad demandada, contestó la demanda ( pp. 381 y ss. PDF 01). Posteriormente, por auto del 31.01.2019 (pp. 375 y ss.) El Despacho admitió la reforma de la demanda en lo que concierne a un medio de prueba y a una precisión de las pretensiones de la demanda (pp. 361 y ss.). El municipio de San Gil presentó escrito que descorrió traslado a la reforma de la demanda, según consta en las páginas 381 y ss. del PDF 01. La audiencia inicial se celebró el 21.01.2020 (pp. 451 y ss. ibidem). El auto que incorpora las pruebas, cierra la etapa probatoria y corre traslado para alegar de conclusión se profirió el 17.06.2022 (índice 47 SAMAI). De este trámite se destaca el alegato

conclusivo presentado por:

pruebas, cierra la etapa probatoria y corre traslado para alegar de conclusión se profirió el 17.06.2022 (índice 47 SAMAI). De este trámite se destaca el alegato conclusivo presentado por:

La parte demandante (índice 56 SAMAI), reitera que el acto acusado proferido por la Secretaría de Planeación del Municipio de San Gil, incurre en las causales de nulidad previstas en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, concretamente por falsa motivación y desviación de poder. Además, afirma que la administración vulnera el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, buena fe y respeto por los actos propios.7 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia Exp. 680012333000 -2017-01476-00. Partes: GRUPO SAZA S.A.S. VS. Municipio de San Gil.

Sostiene que se acreditó que GRUPO SAZA S.A.S. adquirió válidamente el lote ubicado en la urbanización Santa Bárbara del municipio de San Gil, que se trata de un terreno urbano con disponibilidad de servicios públicos, conforme al Plan de Ordenamiento Territorial. Señala que, en atención a la destinación del predio para vivienda, la Secretaría de Planeación expidió dos oficios de demarcación: uno autorizando construcción hasta tres pisos, y otro, posterior, firmado por el entonces secretario de planeación, autorizando construcción de hasta cuatro pisos. Precisa que este segundo documento, cuya legalidad se presume en virtud del artículo 88 del CPACA, sirvió de base para iniciar los estudios, diseños y anteproyectos.

entonces secretario de planeación, autorizando construcción de hasta cuatro pisos. Precisa que este segundo documento, cuya legalidad se presume en virtud del artículo 88 del CPACA, sirvió de base para iniciar los estudios, diseños y anteproyectos.

Agrega que, luego de haber cumplido con los requisitos y haber pagado los derechos correspondientes ante la Secretaría de Hacienda, GRUPO SAZA S.A.S. solicitó la licencia de construcción. No obstante, esta fue negada mediante acto administrativo, sin que l as razones técnicas y ambientales invocadas hubieran sido previamente advertidas en las demarcaciones oficiales.

Afirma que existe una contradicción entre las actuaciones previas del municipio y las razones esgrimidas en la negativa, lo que configura una falsa motivación. Refiere que desde 2003 el municipio había otorgado viabilidad técnica y ambiental al proyecto, a probado la venta de lotes e incluso autorizado la instalación de servicios públicos en el sector.

Recalca que también se configura desviación de poder, al imputarse de manera arbitraria a la sociedad demandante una supuesta falsedad en el documento de demarcación, sin prueba alguna, con lo cual la administración busca encubrir un error propio. Esta actuación, sostiene, constituye una transgresión al principio de respeto por los actos propios, que impone a la administración la obligación de actuar con coherencia frente a sus decisiones anteriores.

Con fundamento en lo anterior, la parte actora solicita que se declare la nulidad del acto administrativo cuestionado y que, como restablecimiento del derecho, se8 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera

Con fundamento en lo anterior, la parte actora solicita que se declare la nulidad del acto administrativo cuestionado y que, como restablecimiento del derecho, se8 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia Exp. 680012333000 -2017-01476-00. Partes: GRUPO SAZA S.A.S. VS. Municipio de San Gil.

ordene la reparación integral de los perjuicios materiales e inmateriales alegados en el proceso

La parte demandada (índice 55 SAMAI ), solicita desestimar las pretensiones de la demanda, al considerar que las afirmaciones de la parte actora carecen de sustento fáctico y jurídico y que, por el contrario, evidencian temeridad e irresponsabilidad.

Afirma que el demandante pretende fundar sus reclamaciones en una supuesta demarcación posterior, la cual ha sido tachada de falsedad por carecer de soporte legal y administrativo. Señala que dicha demarcación fue presuntamente entregada por el secretario de Planeación de la época a un tercero no identificado, sin que la parte actora hubiera aportado prueba alguna que acredite la existencia o identidad de dicha persona. Precisa que no existe notificación válida de tal documento, y que el accionante tampoco intentó verificar su contenido ante la dependencia oficial correspondiente.

Resalta que el demandante incurre en una conducta imprudente al vender apartamentos sin contar con la licencia de construcción, lo cual, a juicio del municipio, demuestra una actuación temeraria. Indica que incluso en la demarcación que obra en el expediente —ya sea la presentada por la parte demandante o por el municipio — se advierte expresamente que dicha

municipio, demuestra una actuación temeraria. Indica que incluso en la demarcación que obra en el expediente —ya sea la presentada por la parte demandante o por el municipio — se advierte expresamente que dicha delineación no implica la aprobación del proyecto ni autoriza construcción alguna. Reitera que la negativa de la licencia se fundamenta en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), instrumento legal que regula los usos del suelo conforme a la Ley 388 de 1997.

Así mismo advierte una inconsistencia temporal en el relato de la parte actora, al sostener que el predio fue adquirido el 11 de abril de 2017, pero que la solicitud de demarcación se habría efectuado el 11 de julio de 2016, es decir, nueve meses antes de adquirir el bien. Califica esta circunstancia como contradictoria y reflejo de una inadecuada valoración de su propio material probatorio.9 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia Exp. 680012333000 -2017-01476-00. Partes: GRUPO SAZA S.A.S. VS. Municipio de San Gil.

Menciona que, si bien en el año 2012 se autorizó la enajenación de lotes dentro del mismo proyecto urbanístico, dicha autorización no se extendió a la venta de apartamentos. Aclara que la autoridad municipal tiene la competencia para negar trámites que no se ajusten a la normativa vigente y que, por tanto, el incumplimiento por parte del particular no puede generar responsabilidad estatal. Finalmente, sostiene que los presuntos perjuicios invocados por la parte demandante son consecuencia directa de sus propias actuaciones, y no de una conducta atribuible a la administración.

incumplimiento por parte del particular no puede generar responsabilidad estatal. Finalmente, sostiene que los presuntos perjuicios invocados por la parte demandante son consecuencia directa de sus propias actuaciones, y no de una conducta atribuible a la administración.

IV. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia Recae en esta Corporación - Sala de Decisión: Arts. 152.5, 156.4 y 157 Ley 1437 de 2011.

B. Los problemas jurídicos y sus resoluciones

Con base en la reseña que antecede, la Sala los formula y resuelve de la siguiente manera:

PJ. 01: ¿El acto administrativo contenido en el oficio No? 0003107 del 16 de mayo de 2017, expedido por la Oficina de Planeación Municipal de San Gil, mediante el cual se negó la licencia de construcción solicitada por la sociedad Grupo SAZA S.A.S., adolece de falsa motivación y fue expedido con desviación de las atribuciones de la autoridad que lo profirió (antes desviación de poder), y por tanto debe ser declarado nulo?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: Análisis de las pruebas y del marco normativo. Dentro del proceso se acreditó que los fundamentos técnicos invocados en el acto acusado para negar la licencia de construcción no fueron desvirtuados por la parte actora. Específicamente, se determinó que el predio sobre el cual se solicitó una licencia de construcción se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), y tal premisa no fue refutada por el demandante a través de los medios de prueba autorizados por la

una licencia de construcción se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), y tal premisa no fue refutada por el demandante a través de los medios de prueba autorizados por la Ley. Tampoco se demostró la desviación de las atribuciones de la autoridad que profirió el acto acusado (desviación de poder), pues lejos de perseguir un fin10 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia Exp. 680012333000 -2017-01476-00. Partes: GRUPO SAZA S.A.S. VS. Municipio de San Gil.

protervo, dañino o contrario al interés público, el acto acusado en realidad procuró ajustarse a las delimitaciones sobre usos del suelo previsto en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, vigente para la época de los hechos.

C. Marco jurídico

1. Procedimiento para obtener la expedición de licencias urbanísticas en el ordenamiento jurídico colombiano.

Conforme a la normativa vigente (artículo 1º Decreto 1459/10 1), la licencia urbanística es el permiso que debe otorgarse con anterioridad al desarrollo de actividades como la urbanización o parcelación de terrenos, la construcción o demolición de edificaciones, la intervención del espacio público o la subdivisión de predios. Dicha autorización es expedida por el curador urbano o por la autoridad municipal competente, con base en las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), sus instrumentos complementarios, los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), así como en la legislación nacional vigente.

autoridad municipal competente, con base en las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), sus instrumentos complementarios, los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), así como en la legislación nacional vigente.

Por su parte, la licencia de urbanización es la autorización previa que permite desarrollar, en uno o varios predios ubicados en suelo urbano, obras destinadas a habilitar espacios públicos y privados, vías públicas y redes de servicios públicos domiciliarios. Su finalidad es acondicionar y subdi vidir dichos terrenos para la posterior construcción de edificaciones destinadas a usos urbanos, conforme a lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), sus instrumentos complementarios, las leyes aplic ables y las disposiciones reglamentarias expedidas por el Gobierno Nacional (artículo 2.2.6.1.1.4 del Decreto 1077/152).

En contraste, la misma norma define que la licencia de construcción es el permiso previo que autoriza la ejecución de edificaciones, zonas de circulación y áreas comunales en uno o varios predios, conforme a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), sus instrumentos complementarios, los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) y demás normativa aplicable. En este

1 «por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones» 2 «por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio».11 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera

se expiden otras disposiciones» 2 «por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio».11 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia Exp. 680012333000 -2017-01476-00. Partes: GRUPO SAZA S.A.S. VS. Municipio de San Gil.

tipo de licencia se definen aspectos como el uso del suelo, la edificabilidad, la volumetría y otros parámetros técnicos del proyecto. Las principales modalidades de la licencia de construcción son: obra nueva, ampliación, adecuación, modificación y restauración (art. 2.2.6.1.1.7 ibidem).

Ahora bien, el procedimiento para la obtención de una licencia de construcción consta de las siguientes etapas:

1. Presentación de la solicitud: El interesado debe radicar una solicitud formal ante la autoridad urbanística competente, que puede ser la curaduría urbana o la secretaría de planeación del municipio o distrito (Artículo 2.2.6.1.2.1.2 D.

1077/15).

1. Evaluación técnica y jurídica: La entidad responsable verifica que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos en las normas urbanísticas como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o el Esquema de Ordenamiento Territorial

(EOT), según el tipo de suelo (artículo 2.2.6.1.2.2.3 ibidem). Dicho estudio se hace desde el punto de vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y estructural, incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10 y la norma que lo adicione, modifique

hace desde el punto de vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y estructural, incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya; los diseños estructurales, estudios geotécnicos y de suelos y diseños de elementos no estructurale s, así como el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación aplicables.

1. Expedición de la licencia: Si la solicitud es aprobada, se profiere un acto administrativo que autoriza las obras, estableciendo las condiciones técnicas y los plazos de ejecución (Artículo 2.2.6.1.2.3.1 ibidem).

1. Vigilancia durante la obra: Las autoridades locales supervisan el desarrollo del proyecto para verificar que se cumplan las condiciones de la licencia. En caso de incumplimiento, pueden aplicarse sanciones.

1. Cierre y legalización: Al finalizar la obra, el titular debe solicitar una certificación de cumplimiento, requisito indispensable para formalizar la edificación ante entidades como la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

2. Eventos que dan lugar a la negación de la solicitud de licencia urbanística.12

Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de primera instancia Exp. 680012333000 -2017-01476-00. Partes: GRUPO SAZA S.A.S. VS. Municipio de San Gil.

Sobre el particular el Consejo de Estado ha conceptuado que « Una licencia urbanística puede ser revocada o anulada total o parcialmente por ser contraria a las normas del respectivo POT o, en su caso, a las disposiciones de la UPZ

Sobre el particular el Consejo de Estado ha conceptuado que « Una licencia urbanística puede ser revocada o anulada total o parcialmente por ser contraria a las normas del respectivo POT o, en su caso, a las disposiciones de la UPZ (Unidad de Planeación Zonal) que desarrollan el planeamiento general. O puede también suceder que una licencia se otorgue para una obra específica y ello sea legítimo, pero que con posterioridad el uso que se le da al inmueble no sea compatible con las normas urbanísticas que se expidan con posterioridad; evento en el cual se tendrá que ajustar la actividad o realizarla en otro sector. Y también podría suceder que un inmueble legítimamente construido y aprovechado por un tiempo, por virtud de los cambios en la dinámica de los usos de suelo y de los ajustes a las normas urban ísticas que los regulan, termine contraviniendo dicha reglamentación de usos, supuesto en el cual tendrá que ajustarse a ellos o desplazarse a un sector en el cual dicha actividad sea admisible. En síntesis, las licencias son actos que se encuentran subordinados al interés público en general y al cumplimiento del POT y de las específicas condiciones indicadas en ellas en particular. Por lo tanto, conforme se ha explicado de manera precedente, los derechos o situaciones jurídicas particulares nacidas con ocasión de una licencia urbanística no son absolutas ni inmodificables en el tiempo»3.

D. Análisis de las pruebas

De este trámite se tiene acreditado lo siguiente:

1. Trámite administrativo adelantado por la sociedad Grupo SAZA S.