TA SAN - Sentencia 680012333000-2018-00021-00 (25-07-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2018-00021-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Silvia Bibiana Pedraza Torres; Elga Liliana Durán

Arciniegas; Gloria María Villarreal y Solangel Rangel Chaparro fabian7borja@hotmail.com

DEMANDADO: Nación - Fiscalía General de la Nación

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co MINISTERIO PUBLICO regional.santander@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co TEMA: Prima E special e Servicios 30% Plus , Bonificación Judicial y Bonificación por Actividad judicial.

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 04

CONJUEZ PONENTE: CARLOS ANDRES PEÑA MORENO

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir Sentencia De Primera Instancia dentro del medio de control de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho instaurada por SILVIA BIBIANA PEDRAZA TORRES; ELGA LILIANA DURÁN ARCINIEGAS; GLORIA MARÍA VILLARREAL RAMIREZ Y SOLANGEL RANGEL CHAPARRO en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

TORRES; ELGA LILIANA DURÁN ARCINIEGAS; GLORIA MARÍA VILLARREAL RAMIREZ Y SOLANGEL RANGEL CHAPARRO en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., las señoras Silvia Bibiana PedrazaMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2018-00021-00

Torres; E lga Liliana Durán Arciniegas; Gloria María Villarreal Ramírez y Solangel Rangel Chaparro presentan demanda contra Nación - Fiscalía General de la Nación, formulando las siguientes:

1.1. Pretensiones

“PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos SRAPN-0009 del 10 de julio de 2017 de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental y contra las resoluciones 2 -2695 y 2 -2697 ambas del 1 de septiembre de 2017 de la subdirección de talento humano de Bogotá , mediante los cuales se le negó el reconocimient o y pago de los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas, prima especial de servicio, vacaciones, bonificaciones, cesantías, por la no inclusión de la Bonificación judicial, bonificación por actividad judicial como factor salarial y el descuento del salario base etc por inaplicación de los decretos,

SEGUNDA: como restablecimiento del derecho se reconozca y cancele a favor de cada uno de mis poderdantes sobre sus salarios básicos por cada

el descuento del salario base etc por inaplicación de los decretos,

SEGUNDA: como restablecimiento del derecho se reconozca y cancele a favor de cada uno de mis poderdantes sobre sus salarios básicos por cada mes de servicio un 30% por cada mes de servicio por la ina decuada aplicación de la ley 4 de 1992, por el porcentaje descontado de los salarios en los periodos en que se han desempeñado como fiscales equivalentes al 30% descontado al salario real a que tienen derecho mis poderdantes por cada mes de serv icio presta do, E NERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN CADA AÑO. Valores que deberán aplicarse el articulo 176 -178 del C.C.A y concordantes meses a mes y

sobre los que se sigan generando así:

GLORIA MARIA VILLARREAL RAMIREZ desde el día treinta y uno (31) de mayo de 1994 en los periodos en que se desempeñ ó como fiscal, equivale aproximadamente a $ 356.547.578.oo valores que deberán aplicarse el articulo 176 y concordantes del C.C.A mes a mes.

SOLANGEL RANGEL CHAPARRO desde el día nueve (09) de octubre de 2001 en los periodos en que se desempeñó como fiscal, equivale aproximadamente a $300.027.547.oo valores que deberán aplicarse al articulo 176 y concordantes del C.C.A mes a mes.

SILVIA BI BIANA PEDRA ZA TO RRES desde el día tres (03) de junio de 2008 en los periodos en que se desempeñó como fiscal,

mes.

SILVIA BI BIANA PEDRA ZA TO RRES desde el día tres (03) de junio de 2008 en los periodos en que se desempeñó como fiscal, equivale aproximadamente a $200.387.437.oo valores que deberán aplicarse al artículo 176 y concordantes del C.C.A mes a mes.

ELGA LILIANA DURAN ARCINIEGAS desde el día quince (15) de abril de 2010 en los periodos en que se desempeñó como fiscal,Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2018-00021-00

equivale aproximadamente a $161.209.976.oo valores que deberán aplicarse al artículo 176 y concordantes del C.C.A mes a mes.

TERCERA: como consecuencia de lo a nterior ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir y las que se sigan causando para cada uno de mis poderdantes del pago completo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, ce santías, intereses a las cesantías y aportes patronales a pagar a los correspondientes fondos de pensiones, Cesantías, salud , riesgos y demás de ley , los valores que correspondan por la anterior condena y las que se sigan generando para la pensi ón sobre el valor del 30% no cancelado por inaplicación de los decretos así:

GLORIA MARIA VILLARREAL RAMIREZ desde el día treinta y uno (31) de mayo de 1994 en los periodos en que se desempeñó como fiscal.

SOLANGEL RANGEL CHAPARRO desde el día nueve (09) de

GLORIA MARIA VILLARREAL RAMIREZ desde el día treinta y uno (31) de mayo de 1994 en los periodos en que se desempeñó como fiscal.

SOLANGEL RANGEL CHAPARRO desde el día nueve (09) de octubre de 2 001 en los periodos en que se desempeñó como fiscal y en los periodos en que sea designado como fiscal.

SILVIA BIBIANA PEDRAZA TORRES desde el día tres (03) de junio de 2008 en los periodos en que se desempeñó como fiscal,

ELGA LILIANA D URAN ARCINIEGAS desde el día quince (15) de abril de 2010 en los periodos en que se desempeñó como fiscal y en los periodos en que sea designado como fiscal.

CUARTA: Que luego de la sentencia y en adelante, la Fiscalía General de la Nación, siga liquidando y pagando a cada uno de mis poderdantes, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico adicional que le adeuda y en los periodo s en que sean designadas como fiscales y de forma permanente.

QUINTA: Se declare como factor salarial la bonificación por actividad judicial desde el año 2005 en los periodos en que se desempeñaron como fiscales por inaplicación de los decretos.

SEXTA: Se declare como factor salarial la bonificación judicial desde el año 2013 en los periodos en que se desempeñaron como fiscales por inaplicación de los decretos.

SEPTIMA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la

SEXTA: Se declare como factor salarial la bonificación judicial desde el año 2013 en los periodos en que se desempeñaron como fiscales por inaplicación de los decretos.

SEPTIMA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación judicial y bonificación por actividad judicial como factor salaria lMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2018-00021-00

en sus liquidaciones para cada uno de mis poderdantes, de los valores dejados de percibir don base en el decreto 382 de 2013 desde el año 2013, y el decreto 3131 de 2005 desde el año 2005, de tod as las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demás hasta la fecha que se desempeñaron o desempeñan como fiscales y se mantenga de forma permanente así:

GLORIA MARIA VILLARREAL RAMIREZ desde el día treinta (30) de diciembre de 2005 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha de la bonificación por actividad judicial y de la bonificación judicial desde el primero de enero de 2013 adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $45.892.967.oo

Cesantías aproximadas: Bonificación por actividad judicial Desde el año 2005 y bonificación judicial, desde el 2013: $26.109.330.oo

SOLANGEL RANGEL CHAPARRO desde el día treinta (30) de diciembre de 200 5 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha de la bonificación por actividad judicial y de

SOLANGEL RANGEL CHAPARRO desde el día treinta (30) de diciembre de 200 5 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha de la bonificación por actividad judicial y de la bonificación judicial desde el primero de enero de 2013 adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $43.667.632.oo

Cesantías aproximadas: Bonificación por actividad judicial Desde el año 2005 y bonificación judicial, desde el 2013: $25.078.557.oo

SILVIA BIBIANA PEDRAZA TORRES desde el día treinta (30) de diciembre de 2005 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha de la bonificación por actividad judicial y de la bonificación judicial desde el primero de enero de 2013 adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $45.807.361.oo

Cesantías aproximadas: Bonificación por actividad judi cial Desde el añ o 2008 y bonificación judicial, desde el 2013: $22.980.717.oo

ELGA LILIANA DURAN ARCINIEGAS desde el día treinta (30) de junio de 2010 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha de la bonificación por actividad judicial y d e la bonificación judicial desde el primero de enero de 2013 adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $39.387.211.ooMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2018-00021-00

Cesantías aproximadas: Bonificación por actividad judicial Desde el año 2010 y bonificación

Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2018-00021-00

Cesantías aproximadas: Bonificación por actividad judicial Desde el año 2010 y bonificación judicial, desde el 2013: $22.675.490.oo

OCTAVA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

NOVENA: Que como consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar al demandante los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 178 del C.C.A., es decir que en las condenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas mes a mes y prestación por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Estado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente Dra. BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ expediente 520012331000200 101770 01 actor aldrin Alfonso Cabezas ) “ por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por mes , por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.

DECIMA: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

UNDECIMA: se ordene la expedición de las correspondientes copias auténticas y constancias necesarias para el cobro.

DUODECIMA: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad

accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

UNDECIMA: se ordene la expedición de las correspondientes copias auténticas y constancias necesarias para el cobro.

DUODECIMA: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada en caso de oposición dilatoria.”

1.2. Hechos Las demandantes, Silvia Bibiana Pedraza Torres, vinculada a la Fiscalía General de la Nación desde el 3 de junio de 200 8; Elga Liliana Durán Arciniegas , vinculada desde el 15 de abril de 2010; Gloria María Villarreal Ramírez, quien hace parte de la entidad desde el 31 de mayo de 1994; y Solangel Rangel Chaparro, vinculada desde el 9 de octubre de 2001, se d esempeñan co mo fiscales y funcionarias de la Fiscalía General de la Nación hasta la fecha. El 23 de junio de 2017 a través de su apoderado, present aron solicitud de reconocimiento y pago de la Prima Especial de Servicios correspondiente al 30% sobre su sal ario básico mensual como un adicional a este , desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la solicitud, con la consecuente reliquidación de sus prestaciones sociales. Igualmente solicitaron el reconoc imiento de la bonificación judicial de que trat a el Decreto 382 de 2013 y de la bonif icación por actividad judicial del Decreto 3131 de 2005 como factores salariales junto con la consecuente reliquidación de prestaciones sociales.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2018-00021-00

consecuente reliquidación de prestaciones sociales.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2018-00021-00

La entidad demandada, mediante oficio SRAPN – 0009 del 10 d e julio de 2 017, negó l o pretendido bajo el argumento que se le había liquidado y pagado los salarios y prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente. Decisión frente a la cual las demandantes interpusieron recurso de apel ación el cual fue resuelto mediante las Resoluciones No. 2 -2695 y 2 -2697 ambas del 1 de septiembre de 2017 confirmándola en todas sus partes el acto administrativo apelado. 1.1 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por las demandantes como normas violadas las siguientes:

Constitucionales: Los artículos 1, 2, 4, 5, 11,12, 13,25, 29, 53, 93 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, Ley 4 de 1992 artículo 2 y 14, ley 482 de 1998, el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, C ódigo Sustantivo del trabajo artículos 14 y 65.

Se argumenta que la prima especial del 30% no fue correctamente considerada como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. Esta incorrecta interpretación condujo a que, en lugar de ser sumada al salario, fuera descontada, reduciendo injustificadamente los ingresos totales de los funcionarios judiciales.

como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. Esta incorrecta interpretación condujo a que, en lugar de ser sumada al salario, fuera descontada, reduciendo injustificadamente los ingresos totales de los funcionarios judiciales.

Además, sostiene que con la inadecuada interpretación de la Ley 4 de 1992 se le debe a la p arte demanda nte el equivalente a la p rima especial de servicios teniendo en cuenta que nunca fue cancelada en razón a que fue descontada del valor del salario cuando se debía era tomar ese porcentaje del valor salario equivalente al 30% y no quitárselo com o se hizo. P ara fundamentar lo anteri or, refiere la sentencia del 29 de abril de 2014 del Consejo de Estado.

Por otra parte, afirma que la bonificación judicial dispuesta en el decreto 382 de 2013 debe ser considerada como factor salarial con incidencia en las prestaciones laborales y social es, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 42 del Decreto-Ley 1042 de 1978 constituye salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios, características que se predican de la referida bonificación judicial, por lo que aduce que se debe inaplicar parcialmente el Decreto 382 de 2013 por ser contrario a los principios de progresividad y favorabilidad en concordancia con el art. 53 de la C.P en cuanto niega efectos prestacionales a este emolumento.

Se aduce en la demanda que el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo precisa que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son

Se aduce en la demanda que el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo precisa que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo las expresamente exceptuadas por ley.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2018-00021-00

Así mismo, sostienen los demandantes que los actos administrativos demandados son abiertamente violatorios del artículo 12 del decreto 717 de 1 978, artículos 2 y 10 de la ley 4 de 1992, porque en ningún caso se puede desmejorar o disminuir los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos.

Finalmente, argumentan que los Decretos 3131 de 2005 y 3382 de 2005, que regulan la bonificación por actividad judicial, desconocieron la esencia de la Ley 4 de 1992. Toda vez que en dicha ley indica que toda disposición que sea contraria al espíritu de esta norma carecer á de efectos, al igual, por se una prestación periódica desconoce la esencia de la misma, ya que dichos decretos del ejecutivo se desbordaron al considerarlas sin carácter salarial violando toda la normatividad laboral vigente , el preámbulo de la constitución y los a rtículos 2, 3 y 25 , al no garantizar los derechos fundamentales al trabajo, la justicia y la igualdad. Además, enfatiza en que cualquier disposición normativa que limite estos derechos debe ser inaplicada.

2. Contestación de la demanda

La demandada reconoció la vinculación de cada u na de las dem andantes a la

enfatiza en que cualquier disposición normativa que limite estos derechos debe ser inaplicada.

2. Contestación de la demanda

La demandada reconoció la vinculación de cada u na de las dem andantes a la Fiscalía General de la Nación.

En relación con los hechos y fundamentos fácticos de la demanda, precisó que los actos administrativos impugnados, por los cuales se negó el reconocimiento del carácter salarial de la prima especial, fueron proferi dos conforme al rég imen legal vigente, en especial los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4 ª de 1992. Argument ó que dicha prima tiene carácter no salarial y, en c onsecuencia, no constituye un factor para la liquidación de prestaciones sociales, tales como cesantías, primas o pensiones.

Frente a las pretensiones de la demanda, se opuso en su integridad, argumentando que los salarios y prestacio nes sociales recono cidas a l as demandantes se pagaron de conformidad con el régi men salarial aplicable a los servidores públicos de la R ama Judicial. Alegó la presun ción de legalidad de los actos administrativos cuestionados, los cuales, por haber sido expedidos válidamente, son ejecutables y obliga torios. Así mismo, invocó la prescripción trienal, sosteniendo que los derechos reclamados por los demandantes se encuentran prescritos.

Además, advirtió que cualquier reconocimiento que exceda los límites normativos podría generar consecuencias fiscales y disciplinarias para los funcionarios responsables. Por lo tanto, solicitó la denegación de las súplicas de la demanda, reiterando la correcta aplicación de la normatividad por parte de la entidad demandada.

podría generar consecuencias fiscales y disciplinarias para los funcionarios responsables. Por lo tanto, solicitó la denegación de las súplicas de la demanda, reiterando la correcta aplicación de la normatividad por parte de la entidad demandada.

Finalmente, reiteró que la facultad de estab lecer el régimen salarial y prestaciones de los servidores públicos es ex clusiva del Gobierno Nacional, según lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 4 ª de 1992 y los de cretos anuales correspondientes. Por lo tanto, sostiene que la Fiscalía General de la Nac iónMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2018-00021-00

carece de competencia para modifi car dicho régimen y en tal sentido cualquier decisión que accediera a las pretensiones de las demandan tes implicar ía desconocer los límites legales y presupuestales, además de contrariar la normatividad vigente y la jurisprudencia de la Corte Constituciona l y el Consejo de Estado, por lo que solicitó negar las pretensiones de la demanda.

3. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

El apoderado de la en tidad accion ada no presentó escrito de alegatos de conclusión.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

conclusión.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la nor ma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala d e Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del oficio SRAPN - 0009 del 10 de Julio del 2017 de la S ubdirección Regional de Apoyo Nororienta l de la N ación-Fiscalía General de la Nación y de la s resoluciones No s. 2-2695 y 2 -2697 del 01 de septiembre de 2017 de la Subdirección de Talento Humano de la Nación -Fiscalía General de la Nación?Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2018-00021-00

PJ.2. En consecuencia, a título de rest ablecimiento del derecho, ¿ Hay lugar a

Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2018-00021-00

PJ.2. En consecuencia, a título de rest ablecimiento del derecho, ¿ Hay lugar a reconocer y pagar a favor de las señoras Silvia Bibiana Pedraza Torres, Elga Liliana Duran Ar ciniegas, Gloria María Villarreal Ramírez y Solangel Rangel Chaparro, la prima especial del 3 0%, establecida en la ley 4ta d e 1992, como un valor agregado del 30% sobre el salario básico y/o asignación mensual, en los periodos en que se desempe ñaron como Fiscal y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.3 ¿Tiene derecho la s demandantes a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, licencias y demás emolumentos), teni endo en cuenta el 30% correspondiente a la prima especial de servicios desde el 31 de mayo de 1994 ; 9 de octubre de 2001; 3 de junio de 2008 y 15 de abril de 2010 en los periodos en que las dema ndantes se han desempeñado como fiscal, y en adelante , hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.4. ¿Es procedente disponer la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de las demandantes con la inclusión d e la bonificación por actividad judicial como factor salarial, desde el año 2005 en adelante, y hasta cuando se sigan causando?

PJ.5 ¿Es procedente disponer la reliquidación y pago de las prestaciones sociales

de las demandantes con la inclusión d e la bonificación por actividad judicial como factor salarial, desde el año 2005 en adelante, y hasta cuando se sigan causando?

PJ.5 ¿Es procedente disponer la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de las demandantes con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, desde el 1 de enero del 2013 en adelante, y hasta cuando se sigan causando?

En caso af irmativo a l os anteriores interrogantes, deberá determinarse si en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. De la p rima especial de servicios en el régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación

Mediante el Decreto 2699 de 1991 1, se expidió el estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, en razón a que se requirió una regulación diferenciada que ocupara el régimen laboral de sus servidores públicos, por lo cual, el ar ticulo 54 consagró el r égimen salarial y prestacional para los funcionarios de esta institución, con la finalidad principal de incorporar a quienes se vinculaban por primera vez en la planta de personal de la Fiscalía. Por lo expuesto previamente, quienes ya se encontraban vinculados con anterioridad, podrían optar por una sola vez entre el régimen salarial y prestacional que para la fecha tenían, o la escala de salario prevista en el artículo 54 del mencionado Decreto.

Posteriormente, el Congreso de la Re publica creó la Ley 4 d e 19922, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno

salario prevista en el artículo 54 del mencionado Decreto.

Posteriormente, el Congreso de la Re publica creó la Ley 4 d e 19922, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno

1 Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991, por el cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación. 2 Ley 4 del 18 de mayo de 1992, Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijaci ón del régimen salarial y prestacional de losMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2018-00021-00

Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Dentro de los elementos desarrollados se en cuentra el reconocimiento de la prima especial de servicios, excluyendo de manera directa a los funcionarios que optaran por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del 01 de enero de 1993, como se demuestra a continuación:

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal

Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registr ador Nacion al del Estad o Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil (...)"3 (subrayado fuera del texto)

Por otra parte , el Decreto 53 de 1993 4 fue el primer decreto expedido por el Gobierno Nacional mediante el cual se estableció el régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación a partir del 1 de enero de 1993 –con apoyo en las citadas disposiciones de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 2699 de 1991 -. En este sentido se planteó un régimen salari al y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, y por consiguiente, el artículo 1 dispuso de carácter obligatorio que los funcionarios vinculados a partir de l 28 de febrero de 1993 quedaban sometidos al régim en salarial y prestacion al enunciado en el referido Decreto, como se evidencia a continuación:

“ARTICULO 1. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al serv icio con

Decreto, como se evidencia a continuación:

“ARTICULO 1. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al serv icio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público, en especial el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.”

Teniendo en cuenta la normatividad enunciada en este acápite, se observa la existencia de pluralidad de regímenes salariales con diferentes elementos al interior de la Fiscalía General de la Nación, dentro de los cuales se evidencia el de

empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artí culo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 3 Modificado por la Ley 332 del 19 de diciembre de 1996, por la cual se modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones. 4 Decreto 53 de 7 de enero de 1993 Por el cual se dictan normas sobr e el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. Derogado parcialmente por el Art. 20 del Decreto 108 de 1994.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primer