TA SAN - Sentencia 680012333000-2018-00064-00 (21-02-2025)

SIGMA-SGC

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga,

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2018-00064-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: Luz Deyanira Arguello Salomón

fabian7borja@hotmail.com

DEMANDADO: Nación – Fiscalía General de la Nación.

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co MINISTERIO PUBLICO mbuendia@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co TEMA: Prima especial de servicios 30% / Bonificación judicial / Bonificación por actividad judicial PROVIDENCIA: Sentencia de primera instancia

SALA No. 01

CONJUEZ PONENTE: JORGE CARLOS OROZCO CAMACHO

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurado por LUZ DEYANIRA ARGUELLO SALOMÓN en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Luz Deyanira Arguello

Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Luz Deyanira Arguello Salomón presenta demanda contra Nación - Fiscalía General de la Nación, formulando las siguientes:

1.1 Pretensiones

1 Expediente Digital SAMAI – índice 055 - archivo 01, páginas 88 a 109. veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00064-00 Sentencia de Primera Instancia

“PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos SRA-N - 0277 del 30 de agosto de 2017 de la subdirectora seccional de apoyo a gestión de Bucaramanga y contra la resolución No 23188 del 23 de octubre de 2017 de la subdirección de talento humano , mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas, prima especial de servicio, vacaciones, bonificaciones, cesantías y el descuento del salario base etc por inaplicación de los decretos.

SEGUNDA: como restablecimiento del derecho se reconozca y cancele a favor de mi poderdante sobre sus salarios básicos por cada mes de servicio un 30% por cada mes de servicio por la inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992, por el porcentaje descontado de los sala rios en los periodos en que se ha desempeñado como fiscal equivalente al 30% descontado al salario real a que

por cada mes de servicio por la inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992, por el porcentaje descontado de los sala rios en los periodos en que se ha desempeñado como fiscal equivalente al 30% descontado al salario real a que tienen derecho mi poderdante por cada mes de servicio prestado, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN CADA AÑO. Valores que deberán aplicarse el artículo 176 -178 del C.C.A y concordantes mes a mes y sobre los que se sigan generando así:

LUZ DEYANIRA ARGUELLO SALOMON desde el día cinco (05) de enero de 1998 en los periodos en que se desempeñó como fiscal y en los periodos en que sea designado como fiscal , equivale aproximadamente a $298.446.303.00 valores que deberán aplicarse el articulo 176 y concordantes del C.C.A mes a mes.

TERCERA: como consecuencia de lo anterior ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir y las que se sigan causando para mi poderdante del pago completo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y aportes patronales a pagar a los correspondientes fondos de pensiones, Cesantías, salud, riesgos y demás de ley por los valores que correspondan por la anterior condena y las que se sigan generando para la pensión y demás sobre el valor del 30% no cancelado por inaplicación de los decretos así:

LUZ DEYANIRA ARGUELLO SALOMON desde el día cinco (05) de enero de 1998 hasta la fecha

el valor del 30% no cancelado por inaplicación de los decretos así:

LUZ DEYANIRA ARGUELLO SALOMON desde el día cinco (05) de enero de 1998 hasta la fecha

CUARTA: Que luego de la sentencia y en adelante, la Fiscalía General de la Nación, siga liquidando y pagando a mi poderdante, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico adicional que le adeuda y en los periodos en que sean designadas como fiscales y de forma permanente.

QUINTA: Se declare como factor salarial la bonificación por actividad judicial desde el año 2005 en los periodos en que se desempeñaron como fiscales por inaplicación de los decretos.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00064-00

Sentencia de Primera Instancia

SEXTA: Se declare como factor salarial la bonificación judicial desde el año 2013 en los periodos en que se desempeñaron como fiscales por inaplicación de los decretos.

SEPTIMA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación judicial y bonificación por actividad judicial como factor salarial en sus liquidaciones para mi poderdante, de los valores dejados de percibir con base en el decreto 382 de 2013 desde el año 2013, y el decreto 3131 de 2005 desde el año 2005, de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demás hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago, en los periodos

desde el año 2005, de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demás hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago, en los periodos en que se desempeñaron o desempeñan como fiscales y se mantenga de forma permanente así:

LUZ DEYANIRA ARGUELLO SALOMON desde el día primero (01) de enero de 2005 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha de la bonificación por actividad judicial y de bonificación judicial desde el primero de enero de 2013, adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $49.648.890.00,

Cesantías aproximadas: Bonificación por actividad judicial Desde el año 2005 y bonificación judicial desde el 2013: $ 27.681.613.00

OCTAVA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

NOVENA: Que como consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar al demandante los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 178 del C.C.A., es decir que en las condenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas mes a mes y prestación por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Es tado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente

Dra. BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ expediente

por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Es tado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente Dra. BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ expediente 520012331000200101770 01 actor aldrin Alfonso Cabezas) " por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente, mes por mes, por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos."

DECIMA: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

UNDECIMA: se ordene la expedición de las correspondientes copias auténticas y constancias necesarias para el cobro.

DUODECIMA: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada en caso de oposición dilatoria”.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00064-00

Sentencia de Primera Instancia

1.2 Hechos La demandante, Luz Deyanira Arguello Salomón se encuentra vinculada a la Fiscalía General de la Nación desde el 14 de julio de 1994 y se ha desempeñado como Fiscal desde el 05 de enero de 1998 hasta la fecha. El 15 de agosto de 2017 a través de su apoderado, presentó solicitud de reconocimiento y pago de la prima especial de servicios correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual como un adicional a este, desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la solicitud, con la consecuente reliquidación de sus prestaciones sociales. Igualmente solicitó el reconocimiento de la bonificación

sobre su salario básico mensual como un adicional a este, desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la solicitud, con la consecuente reliquidación de sus prestaciones sociales. Igualmente solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial de que trata el Decreto 382 de 2013 y de la bonificación por actividad judicial del Decreto 3131 de 2005 como factores salariales junto con la consecuente reliquidación de prestaciones sociales. La entidad demandada mediante oficio SRA-N - 0277 del 30 de agosto de 2017 negó lo pretendido, decisión frente a la cual la demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 23188 del 23 de octubre de 2017 confirmando en todas sus partes el acto administrativo apelado. 1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes: Constitucionales: Los artículos 1, 2, 4, 5, 11,12, 13,25, 29, 53, 93 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, 3131 de 2005, 382 de 2013, Ley 4 de 1992 artículo 2 y 14, ley 482 de 1998, el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, Código Sustantivo del trabajo artículos 14 y 65.

Se argumenta que la prima especial del 30% no fue correctamente considerada como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. Esta incorrecta interpretación condujo a que en lugar de ser sumada al salario, fuera descontada, reduciendo injustificadamente los ingresos totales de los funcionarios judiciales.

como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. Esta incorrecta interpretación condujo a que en lugar de ser sumada al salario, fuera descontada, reduciendo injustificadamente los ingresos totales de los funcionarios judiciales.

Además, sostiene que con la inadecuada interpretación de la Ley 4 de 1992 se le debe a la parte demandante el equivalente a la prima especial de servicios teniendo en cuenta que nunca fue cancelada en razón a que fue descontada del valor del salario cuando se debía era tomar ese porcentaje del valor salario equivalente al 30% y no quitárselo como se hizo. Para fundamentar lo anterior, refiere la sentencia del 29 de abril de 2014 del Consejo de Estado.

Por otra parte, afirma que la bonificación judicial dispuesta en el decreto 382 de 2013 debe ser considerada como factor salarial con incidencia en las prestaciones laborales y sociales, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 42 del Decreto-Ley 1042 de 1978 constituye salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios, características que se predican de la referida bonificación judicial, por lo que aduce que se debe inaplicar parcialmente elNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00064-00 Sentencia de Primera Instancia

Decreto 382 de 2013 por ser contrario a los principios de progresividad y favorabilidad en concordancia con el art. 53 de la C.P en cuanto niega efectos prestacionales a este emolumento.

Finalmente, argumenta que los decretos 3131 de 2005 y 3382 de 2005, que regulan

favorabilidad en concordancia con el art. 53 de la C.P en cuanto niega efectos prestacionales a este emolumento.

Finalmente, argumenta que los decretos 3131 de 2005 y 3382 de 2005, que regulan la bonificación por actividad judicial, desconocieron la esencia de la Ley 4 de 1992. Toda vez que en dicha ley indica que toda disposición que sea contraria al espíritu de esta norma carecerá de efectos, al igual, por ser una prestación periódica desconoce la esencia de la misma, ya que dichos decretos del ejecutivo se desbordaron al considerarlas sin carácter salarial violando toda la normatividad laboral vigente, el preámbulo de la constitución y los artículos 2, 3 y 25, al no garantizar los derechos fundamentales al trabajo, la justicia y la igualdad. Además, enfatiza en que cualquier disposición normativa que limite estos derechos debe ser inaplicada.

2. Contestación de la demanda

La entidad demandada NaciónFiscalía General de la Nación, no presentó contestación de la demanda en debida forma.

3. Alegatos de conclusión

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

La apoderada judicial de la NaciónFiscalía General de la Nación argumentó que la bonificación judicial establecida por el Decreto 0382 de 2013 fue creada en el marco de la Ley 4ª de 1992, la cual delega en el Gobierno Nacional la facultad de fijar regímenes salariales y prestacionales para los empleados públicos. Sostuvo que el

de la Ley 4ª de 1992, la cual delega en el Gobierno Nacional la facultad de fijar regímenes salariales y prestacionales para los empleados públicos. Sostuvo que el decreto mencionado es legítimo, válido y coherente con los principios de legalidad y sostenibilidad fiscal, al limitar su alcance salarial únicamente a efectos de cotización al sistema general de pensiones y salud.

Destacó que dicha bonificación no puede ser considerada un factor salarial para la liquidación de otras prestaciones sociales, ya que el legislador y el Gobierno Nacional poseen la facultad discrecional de determinar qué emolumentos tienen esa naturaleza. En este sentido, enfatizó que cualquier ampliación del carácter salarial de la bonificación representaría una extralimitación de las disposiciones legales y afectaría los principios de racionalización y sostenibilidad fiscal.

Finalmente, la apoderada judicial concluyó que la actuación de la Fiscalía General de la Nación estuvo apegada al cumplimiento de un deber legal, aplicando las normas con plena presunción de legalidad. Por lo anterior, solicitó que las pretensiones de la demandante fueran denegadas, toda vez que carecían de fundamento jurídico y vulneraban el principio de sostenibilidad fiscal establecido en la Constitución.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00064-00 Sentencia de Primera Instancia

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie

Dentro del término otorgado el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde a la Sala determinar si: P.J.1: ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio SRA-N - 0277 de fecha 30 de agosto de 2017, expedido por la subdirectora seccional de apoyo a gestión de Bucaramanga de la Fiscalía General de la Nación; y la Resolución No 23188 del 23 de octubre de 2017 de la subdirección de talento humano, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión confirmando la misma? P.J.2: En razón de lo anterior también habrá de determinarse si ¿ Hay lugar a ordenar la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de la demandante teniendo en cuenta para tal efecto el 100% de la remuneración mensual, respecto de los periodos en que se ha desempeñado como Fiscal y en adelante, hasta la

ordenar la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de la demandante teniendo en cuenta para tal efecto el 100% de la remuneración mensual, respecto de los periodos en que se ha desempeñado como Fiscal y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando en razón del cargo? P.J.3: ¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un incremento, componente adicional o plus al salarió básico?

P.J.4: ¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca la bonificación judicial de que trata el Decreto 382 de 2013 como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales?

P.J.5: ¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca la bonificación por actividad judicial de que trata el Decreto 3131 de 2005 como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales?

En caso afirmativo a los anteriores interrogantes, deberá determinarse si en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00064-00 Sentencia de Primera Instancia

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. De la prima especial de servicios en el régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación

Mediante el Decreto 2699 de 19912, se expidió el estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, en razón a que se requirió una regulación diferenciada que ocupara el régimen laboral de sus servidores públicos, por lo cual, el articulo 54 consagró el régimen salarial y prestacional para los funcionarios de esta institución,

General de la Nación, en razón a que se requirió una regulación diferenciada que ocupara el régimen laboral de sus servidores públicos, por lo cual, el articulo 54 consagró el régimen salarial y prestacional para los funcionarios de esta institución, con la finalidad principal de incorporar a quienes se vinculaban por primera vez en la planta de personal de la Fiscalía. Por lo expuesto previamente, quienes ya se encontraban vinculados con anterioridad, podrían optar por una sola vez entre el régimen salarial y prestacional que para la fecha tenían, o la escala de salario prevista en el artículo 54 del mencionado Decreto.

Posteriormente, el Congreso de la Republica creó la Ley 4 de 19923, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Dentro de los elementos desarrollados se encuentra el reconocimiento de la prima especial de servicios, excluyendo de manera directa a los funcionarios que optaran por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del 01 de enero de 1993, como se demuestra a continuación:

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto

para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil (...)"4 (subrayado fuera del texto)

Por otra parte, el Decreto 53 de 19935 fue el primer decreto expedido por el Gobierno Nacional mediante el cual se estableció el régimen salarial de la Fiscalía General 2 Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991, por el cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación. 3 Ley 4 del 18 de mayo de 1992, Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 4 Modificado por la Ley 332 del 19 de diciembre de 1996, por la cual se modifica la Ley 4 de 1992 y

conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 4 Modificado por la Ley 332 del 19 de diciembre de 1996, por la cual se modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones. 5 Decreto 53 de 7 de enero de 1993 Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. Derogado parcialmente por el Art. 20 del Decreto 108 de 1994.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00064-00 Sentencia de Primera Instancia

de la Nación a partir del 1 de enero de 1993 –con apoyo en las citadas disposiciones de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 2699 de 1991-. En este sentido se planteó un régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, y por consiguiente, el artículo 1 dispuso de carácter obligatorio que los funcionarios vinculados a partir del 28 de febrero de 1993 quedaban sometidos al régimen salarial y prestacional enunciado en el referido Decreto, como se evidencia a continuación:

“ARTICULO 1. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público, en especial el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.”

de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder público, organismos o instituciones del sector público, en especial el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.”

Teniendo en cuenta la normatividad enunciada en este acápite, se observa la existencia de pluralidad de regímenes salariales con diferentes elementos al interior de la Fiscalía General de la Nación, dentro de los cuales se evidencia el de los empleados que optaron por el régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o que se vincularon con posterioridad a su entrada en vigor.6

Ahora bien, de la lectura de las normas expuestas previamente, tales como la Ley 4 de 1992 y la Ley 332 de 1996, se sustrae que la prima especial consagrada en el artículo 14 no se debe aplicar a los servidores públicos que laboran en la Fiscalía General de la Nación, en razón a que optaron por el régimen salarial previsto a partir del año de 1993.

Sin embargo, la Ley 476 de 1998 7 señala que esta excepción no cobija a los servidores públicos se sometieron al Decreto 53 de 1993 y a los que se vincularon de manera posterior a la entidad, en consecuencia para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 68 del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

En relación con lo expuesto anteriormente, el Honorable Consejo de Estado en Sentencia de Unificación –SUJ-023-CE-S2-2020 de fecha quince (15) de diciembre

jubilación.

En relación con lo expuesto anteriormente, el Honorable Consejo de Estado en Sentencia de Unificación –SUJ-023-CE-S2-2020 de fecha quince (15) de diciembre 6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de Unificación –SUJ-023-CE-S2-2020 de fecha quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020). Exp. 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018). Conjuez Ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba. 7 El artículo 1 de la Ley 332 de 1996 fue aclarado por la Ley 476 de 1998, publicada en el Diario Oficial No 43.382, de 9 de septiembre 1998, "mediante la cual se aclara el artículo 1 de la Ley 332 de 1996", el cual dispone: “Aclárase el artículo 1º. de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.” 8 Artículo 6º. El treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores

subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.” 8 Artículo 6º. El treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial (…)Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00064-00 Sentencia de Primera Instancia

de dos mil veinte (2020), abordó el reconocimiento de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la ley 4 de 1992 a los funcionarios de la Fiscalía que se acogieron el régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o a quienes se hayan vinculado con posterioridad, sentando para el efecto las siguientes reglas:

“SEGUNDO. UNIFICAR JURISPRUDENCIA. respecto a la prima especial de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de 1992 y su reconocimiento a aquellos Fiscales que acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o que se hayan vinculado de manera posterior a la entidad, en los siguientes términos:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.”9

Para llegar a las anteriores conclusiones, la Sala Plena de Conjueces del H. Consejo de Estado consideró que aunque en algunos de los fallos de la Sección Segunda se afirmó que la ley 476 de 1998 tenía una función de aclaración, en su criterio, en esas providencias no se hizo una confrontación directa con esta norma sino sólo

de Estado consideró que aunque en algunos de los fallos de la Sección Segunda se afirmó que la ley 476 de 1998 tenía una función de aclaración, en su criterio, en esas providencias no se hizo una confrontación directa con esta norma sino sólo con la Ley 4ª de 1992 por lo que concluyó que en realidad, la Ley 476 terminó reconociendo el derecho a la prima especial a partir del año 1998 al generarse una antinomia, por lo que a partir de este momento el ejecutivo contó con la autorización normativa para regular esa prestación. Por lo anterior, la Sala Plena de Conjueces en la sentencia citada en precedencia determinó que a partir d