TA SAN - Sentencia 680012333000-2018-00550-00 (26-06-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680012333000-2018-00550-00 Medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante Grupo ICT II S.A.S grupoict2.sas@outlook.com alvarezlabor@hotmail.com Demandado Nación – Ministerio del Trabajo notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co Ministerio

Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos

Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Sanción por incumplimiento de la obligación patronal / se declara la nulidad de los actos acusados por encontrar que, Grupo ICT II SAS aplicó y mantuvo en forma eficiente sistemas de control necesarios para proteger a sus trabajadores y a la colectividad de los riesgos profesionales originados en los proces os de trabajo.

Procede la Sala a dictar sentencia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por el Grupo ICT II S.A.S contra la Nación – Ministerio del Trabajo previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA

1. Pretensiones

(Págs.188 a 189 archivo 01 OneDrive – actuación 39 SAMAI)

Busca la parte demandante se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resolución No. 001665 del 31 de octubre de 2016 y No. 4530 del 14 de noviembre de 2017 por medio de las cuales el Ministerio del

Busca la parte demandante se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resolución No. 001665 del 31 de octubre de 2016 y No. 4530 del 14 de noviembre de 2017 por medio de las cuales el Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial de San tander la sanciona con multa de doscientos setenta y seis millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos ($276.471.455) equivalentes a 401 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, como consecuencia de la presunta violación de normas de seguridad y salud en el trabajo en relación con el accidente de trabajo que le costó la vida al señor Bertulfo Hernández Pinzón (q.e.p.d.) y, resuelve el recurso de apelación confirmando la sanción, respectivamente.

Como consecuencia de la anterior declaratoria, solicita se ordene a la cartera Ministerial absolverla del pago de la multa o devolver lo pagado por el referido concepto.

De forma subsidiaria, pretende se declare la desproporción de la sanción.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de primera instancia Expediente 680012333000-2018-00550-00

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2. Hechos

(Págs.188 a 193 archivo 01 OneDrive – actuación 39 SAMAI)

Como fundamento de sus pretensiones, l a parte demandante expone los siguientes hechos relevantes:

2.1 El 30 de septiembre de 2011 celebró contrato comercial con la empres a Casamotor S.A.S a partir del cual se vincularon diferentes colaboradores con el fin de ejecutar el proyecto hidroeléctrico conocido como Hidrosogamoso,

2.1 El 30 de septiembre de 2011 celebró contrato comercial con la empres a Casamotor S.A.S a partir del cual se vincularon diferentes colaboradores con el fin de ejecutar el proyecto hidroeléctrico conocido como Hidrosogamoso, entre los que se encontraba el señor Bertulfo Hernández Pinzón.

2.2 La sociedad Casamotor era quien tenía la obligación contractual de determinar la experiencia e idoneidad de los trabajadores contratados, atendiendo al perfil del cargo requerido.

2.3 El 12 de mayo de 2014 el señor Hernández Pinzón en medio del desarrollo las actividades para las que fue contratado, tuvo un accidente mortal; razón por la que la administradora de riesgos laborales Colmena Vida y Riesgos Laborales remitió a la Dirección Territorial de Bucaramanga del Ministerio del Trabajo informe en el que pone en conocimiento lo sucedido.

2.4 Con auto del 18 de julio de 2014 se inició un procedimiento administrativo sancionatorio delegando en el Inspector de Trabajo llevar a cabo la indagación preliminar a efectos de establecer un posible incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo a las que pudo haber estado expuesto el señor Hernández Pinzón.

2.5 Tras llevar a cabo las etapas propias del procedimiento administrativo sancionatorio, la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo determinar que, incurrió en la violación de la obligación prevista en la Resolución 2400 de 1979 artículo 2 literal f1, al considerar que fue el Grupo ICT II S.A.S quien puso en riesgo al trabajador, toda vez que no se realizaron las inducciones, capacitaciones ni, evaluaciones periódicas. Concluye la cartera ministerial

artículo 2 literal f1, al considerar que fue el Grupo ICT II S.A.S quien puso en riesgo al trabajador, toda vez que no se realizaron las inducciones, capacitaciones ni, evaluaciones periódicas. Concluye la cartera ministerial demandada que, la sociedad aquí demandante no logró demostrar el cumplimiento de las obligaciones legales en la materia, ni una operación eficiente de control para la protección de los trabajadores.

2.6 La decisión pese haber sido apelada, fue confirmada en segunda instancia por el Ministerio del Trabajo.

2.7 Al interior del procedimiento se logró demostrar que la sociedad mantuvo el programa de control sobre el programa de salud ocupacional SGSST.

3. Normas violadas y concepto de violación.

(Págs.193 a 200 archivo 01 OneDrive – actuación 39 SAMAI)

1 <<Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para la protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y procesos de trabajo>>Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de primera instancia Expediente 680012333000-2018-00550-00

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Considera que los actos administrativos acusados son nulos, toda vez que incurren en las siguientes causales de nulidad:

3.1 Falsa motivación, por cuando la decisión de sancionar se impone con base en motivaciones erróneas e infundadas, teniendo como motivos determinantes de la decisión, hechos que no estuvieron debidamente probados. Asegura que al interior del expediente se demostró con suficiencia, que la sociedad cumplía con la normatividad relativa a los riesgos laborales, pruebas

de la decisión, hechos que no estuvieron debidamente probados. Asegura que al interior del expediente se demostró con suficiencia, que la sociedad cumplía con la normatividad relativa a los riesgos laborales, pruebas que no fueron valoradas por la entidad demandada.

3.2 Infracción a las normas en las que debería fundarse: pues desconoce las obligaciones de la ARL Colmena.

II. CONTESTACIONES A LA DEMANDA

(Archivo 09 OneDrive – Actuación 39 SAMAI)

El Ministerio del Trabajo niega las afirmaciones realizadas por la parte demandante según las cuales no valoró la totalidad de las pruebas aportadas al expediente y, no tuvo en cuenta la responsabilidad de la ARL Colmena; por el contrario, señala que en los actos acusados se analiz aron y valoraron en conjunto las pruebas aportadas, encontrando que la empresa Grupo ICT II SAS no realizó las labores de vigilancia y control antes del accidente del trabajador fallecido, esto es, no verificó que este contara con el curso de manejo defensivo.

La cartera ministerial reduce lo probado en el expediente así:

<<el señor Bertulfo Hernández se encontraba desempeñando una de las labores fijadas en su contrato y en el manual de funciones al momento del accidente y posterior acaecimiento. Que dicho trabajador laboraba como la empresa Casamotor quien contaba con contrato celebrado con el Grupo ITC II S.A. Que él se encontraba desarrollando la labor en predios propios de la obra de Hidrosogamoso, manejando un camión grúa como se lo permitía el numeral 12 del manual de funciones del cargo técnico operador. Que para la empresa GRUPO ITC II SAS, está en la

predios propios de la obra de Hidrosogamoso, manejando un camión grúa como se lo permitía el numeral 12 del manual de funciones del cargo técnico operador. Que para la empresa GRUPO ITC II SAS, está en la obligación de adelantar permanente controles y vigilancia de todos aquellos trabajadores que estén desempeñando labores en cumplimiento de contratos que dicha empresa celebró con empresas contratistas, en este caso Casamotor. Que dentro del acervo probatorio dado por Grupo ITC II SAS y Casamotor SAS sólo se encuentra una capacitación sobre manejo y seguridad vial que fue adelantado no por algunas de las dos empresas sino por la administradora de riesgos profesionales. EL trabajador fallecido nunca recibió capacitación sobre manejo y seguridad vial por la empresa Casamotor SAS. Tampoco se encuentran ejercicios de control a la labor n úmero 12 del manual de funciones de Casamotor SAS del cargo técnico operador, tanto del empleador principal como de la empresa con la cual su empleador celebró un contrato para suministro de llantas y en donde el acaecido debía desempeñar labores, por lo que era pertinente ejercicios de control y vigilancia sobre seguridad en el trabajo>>Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de primera instancia Expediente 680012333000-2018-00550-00

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Aclara que al interior del procedimiento administrativo no se estudió ni analizó sí la falta de capacitación del señor Bertulfo haya incidido en el accidente mortal ocurrido, lo que se investigó y determinó, fue la vulneración a las normas en seguridad y salud en el trabajo en que incurrieron las mencionadas empresas en sus calidades de contratante y contratista, ello en atención de las

mortal ocurrido, lo que se investigó y determinó, fue la vulneración a las normas en seguridad y salud en el trabajo en que incurrieron las mencionadas empresas en sus calidades de contratante y contratista, ello en atención de las competencias propias de las Direcciones Territoriales previstas en el artículo 30 numeral 16 del Decreto 4108 del 2011.

Como excepciones, propone únicamente de fondo, así:

1. Cumplimiento de un deber legal: considera que la demanda carece de argumentos jurídicos y fácticos que tengan la capacidad de controvertir de manera efectiva la legalidad de los actos acusados; de donde afirma, no es admisible solicitar su declaratoria de nulidad.

2. Buena fe: Pone de presente que, la cartera ministerial obró de buena fe y en atención de las potestades legales otorgadas.

3. Inexistencia de la obligación: Asegura que no le asiste al Ministerio la obligación de devolver suma de dinero alguna, por lo que, de llegarse a declarar la nulidad de los actos acusados, quien tendría la obligación de devolver lo pagado por concepto de multa, lo es, el Fondo de Riesgos Laborales, cuenta adscrita que no hace parte del presupuesto de la entidad.

III. TRÁMITE PROCESAL

La demanda fue radicada el 26 de junio de 2018, siendo admitida con auto del 28 de septiembre del mismo año, fecha en la que, en providencia aparte, se corrió traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión de los actos administrativos acusados. Realizadas las respectivas notificaciones, con auto del 15 de julio de 2019 se negó el decreto de la medida cautelar de suspensión,

corrió traslado de la solicitud de medida cautelar de suspensión de los actos administrativos acusados. Realizadas las respectivas notificaciones, con auto del 15 de julio de 2019 se negó el decreto de la medida cautelar de suspensión, decisión que fue recurrida por la parte demandante, recurso que fue resuelto en providencia del 02 de febrero de 2023.

Con auto del 02 de diciembre de 2021 se agotaron las etapas propias de la audiencia inicial, entre otras, se fijó el litigio y se decretaron y recaudaron las pruebas solicitadas y aportadas por los sujetos procesales. El 15 de marzo de 2023 se llevó a cabo audiencia de pruebas, oportunidad en la que se evidenció que faltaban pruebas documentales por ser allegadas. Mediante providencia del 09 de mayo de 2024 se requirió por segunda vez la documental faltante, la cual, una vez fue allegada, se incorporó al expediente en auto del 17 de enero de 2025, misma providencia en la que se cerró el debate probatorio y se corrió traslado para alegar de conclusión, los que fueron allegados por los sujetos procesales en la oportunidad pertinente, así:

1. La parte demandante (actuación 70 SAMAI) Con el fin de controvertir la disposición normativa en la que el Ministerio del Trabajó fundamentó suTribunal Administrativo de Santander Sentencia de primera instancia Expediente 680012333000-2018-00550-00

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sanción, eso es, la obligación que les asiste a los patronos, contemplada en el numeral 2 literal f de la Resolución 2400 de 1979,

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sanción, eso es, la obligación que les asiste a los patronos, contemplada en el numeral 2 literal f de la Resolución 2400 de 1979, señala que, de acuerdo con el acervo probatorio es claro que la empresa demandante procura porque todos sus contratistas cumplan con la norma. Explica que la empresa tiene establecidas dos formas de seguimiento a los contratistas y subcontratistas, la primera, la ejecuta a través del área de Recursos Humanos quienes se encargan de verificar que se dé cumplimiento a la normatividad vigente en lo que refiere a la vinculación del personal que ingresa a las obras; es decir, revisar que los trabajadores cuenten con todas las afiliaciones la Sistema Integral de Seguridad Social, realizar de forma oportuna los pagos del salario y, en general, vincularlos y desvincularlos de forma ajustada a la Ley. La segunda forma se encuentra en cabeza del área de Seguridad Industrial, por medio de la que se hace un seguimiento estricto a los contratistas para que se dé cumplimiento al Sistema de Gesti ón en Seguridad y Salud en el Trabajo; trabajo para que se tienen asignados profesionales en la materia, como por ejemplo un coordinador SISO. En su sentir, tal estructura interna, cubre todos los aspectos necesarios para la seguridad y protección de sus trabajadores.

Por otro lado, reprocha el hecho de haberle imputado la acción consistente en no verificar el cumplimiento de las capacitaciones e inducciones, en contraste con la absolución que hace la entidad de Casamotor S.A.S, afirmando, en esta oportunidad que el señor Bertulfo Hernández si tuvo capacitaciones adecuadas.

Asegura que, con los documentos que obran en el expediente y que

Casamotor S.A.S, afirmando, en esta oportunidad que el señor Bertulfo Hernández si tuvo capacitaciones adecuadas.

Asegura que, con los documentos que obran en el expediente y que fueron relacionados por la primera instancia a las hojas 3,4,26 y 27, resulta claro que la empresa siempre estuvo presta a propender por la protección de sus trabajadores y, en ese caso, del señor Hernández quien, aunque no era su empleado directo, asistió y recibió las capacitaciones que procuraban mantener y proteger su salud y seguridad individual.

Refiere que, la obligación consistente en: <<Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para la protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y procesos de trabajo>> no puede analizarse de forma fragmentada, separada o individualizada, por el contrario, para verificar su cumplimiento, deben tenerse en cuenta toda una serie de comportamientos, procedimientos y políticas que son las que materializan la norma.

Por otro lado, afirma que el accidente que produjo el fatídico desenlace no está directamente relacionado con la falta de implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo o, por ausencia de capacitación del señor Hernández, así como tampoco po r problemas mecánicos del vehículo que este conducía, de donde concluye, la situación lamentable, aunque no debió haber sucedido, resulta ser unaTribunal Administrativo de Santander Sentencia de primera instancia Expediente 680012333000-2018-00550-00

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situación aislada y no relacionada con el actuar de la empresa. Pone de

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situación aislada y no relacionada con el actuar de la empresa. Pone de presente que el accidente ocurrió en una vía nacional y con la participación de un tercero quien fue el causante del accidente, hecho que insiste, está fuera del alcance de Casamotor o de la empresa, sin embargo, el habérsele sancionado por estos hechos, se le impone una culpa o participación en los hechos que no tiene. Concluye diciendo que: <<indicar que existe responsabilidad del Grupo ICT II S.A.S en la muerte del trabajador por la falta de cumplimiento de obligaciones jurídico laborales, el Ministerio extralimita sus funciones al dar por cierto un hecho que no se encuentra probado>>.

En lo que respecta a la absolución de la ARL Colmena, refiere no tener sentido sancionar a la empresa por un hecho, cuando se absuelve a quien tenía el deber legal de acompañar y asesorar. En su sentir, la absolución de la ARL Colmena es prueba contundente de que la empresa estaba haciendo las cosas de forma ajustada a la Ley, pues es precisamente la ARL la garante en temas de riesgos laborales.

En todo caso, insiste en que en el expediente está demostrado el cumplimiento de su obligación patronal, solicitando especialmente, tener en cuenta las conclusiones expuestas por la ARL en el documento denominado FURAT, así como el hecho de que el señor He rnández contaba con capacitaciones, dotaciones, elementos de protección personal, un curso vigente de manejo ofensivo, el cual fue desconocido por el Ministerio y, el hecho que hacía parte del grupo de control de incendios.

contaba con capacitaciones, dotaciones, elementos de protección personal, un curso vigente de manejo ofensivo, el cual fue desconocido por el Ministerio y, el hecho que hacía parte del grupo de control de incendios.

2. El Ministerio del Trabajo (actuación 72 SAMAI) insiste en que los actos administrativos acusados gozan de presunción de legalidad, la cual no fue desvirtuada por la parte demandante, resultando improcedente acceder a las pretensiones.

IV. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado y, como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia.

1. Acerca de la competencia.

Esta Corporación es competente para dirimir el asunto de la referencia conforme a lo dispuesto en el artículo 152 numeral 2 del C.P.A.C.A, vigente al momento de la interposición de la demanda.

2. Problemas Jurídicos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de primera instancia Expediente 680012333000-2018-00550-00

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Con base en la reseña que antecede, la Sala plantea los problemas jurídicos a saber:

Pj1: ¿La imposición de una sanción por incumplimiento de las obligaciones propias del empleador, requiere, como elemento propio del procedimiento administrativo sancionatorio, la probanza de una relación causal entre la obligación incumplida y, la muerte del trabajador?

Tesis: No.

obligaciones propias del empleador, requiere, como elemento propio del procedimiento administrativo sancionatorio, la probanza de una relación causal entre la obligación incumplida y, la muerte del trabajador?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: El hecho generador de la sanción lo es, el incumplimiento de las normas y obligaciones propias de la seguridad y salud en el trabajo y no, el accidente laboral en sí mismo. Así, el fallecimiento de un trabajador como consecuencia de un accidente de origen laboral tiene como única incidencia en el procedimiento administrativo sancionatorio, la variación en los límites de la sanción, en término pecuniarios.

En ese sentido y, para el caso que nos atañe, no debía el Ministerio del Trabajo demostrar que, el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Grupo ICT II S.A.S hecho generador de la sanción, fue la causa del accidente mortal sufrido por el trabajador Bertulfo Hernández Pinzón.

Pj2: ¿Al interior del procedimiento administrativo sancionatorio seguido en contra de Grupo ICT II S.A.S. se demostró el incumplimiento de la obligación patronal consignada en artículo 2 literal f .) de la Resolución No. 2400 de 19792 expedida por el Ministerio del Trabajo?

Tesis: No

Fundamento jurídico: El análisis de las pruebas que fueron aportadas al interior del procedimiento administrativo sancionatorio da cuenta que, contrario a lo sostenido por el Ministerio del Trabajo la empresa aquí demandante realizaba de forma continua acciones preventivas frente al riesgo identificado como accidentes de tránsito y, participaba de aquellas que llevaba a cabo su contratista, a su vez, empleadora del trabajador accidentado, reflejando ello

realizaba de forma continua acciones preventivas frente al riesgo identificado como accidentes de tránsito y, participaba de aquellas que llevaba a cabo su contratista, a su vez, empleadora del trabajador accidentado, reflejando ello que, Grupo ICT II SAS aplicaba y mantenía de maner a eficiente sistemas de control para proteger a sus trabajadores de los riesgos profesionales originados en los procesos de trabajo, obligación que esta que comporta, el cargo endilgado a la empresa por la cartera ministerial.

3. Resolución de los problemas jurídicos.

Previo a consignar el marco normativo que rige el caso concreto, considera el Tribunal necesario analizar, en primera medida, los actos administrativos acusados, a fin de determinar las razones por las que el Ministerio del Trabajo impuso sanción al Grupo ICT II S.A.S:

2 <<Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo>>Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de primera instancia Expediente 680012333000-2018-00550-00

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Obra en el expediente la Resolución NO. 001665 del 31 de octubre de 20163 mediante la cual el Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial de Santander

resuelve:

<<Primero.- Sancionar a la empresa Casamotor SAS (…) con multa de doscientos setenta y seis millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos ($276.471.455) equivalente a 401 salarios mínimos mensuales vigentes, con destino a la E.F.P Minprotección Fondo de Riesgos Profesionales 2011 (…) por violación de normas de seguridad y salud en el trabajo en relación al accidente

salarios mínimos mensuales vigentes, con destino a la E.F.P Minprotección Fondo de Riesgos Profesionales 2011 (…) por violación de normas de seguridad y salud en el trabajo en relación al accidente de trabajo mortal del señor Bertulfo Hernández Pinzón correspondiente a la violación a la Resolución 1016 de 19 89, artículo 10, numeral 1, en concordancia con la Resolución 2346 de 2007, artículo 3; violación de la Resolución 1016 de 1989 artículo 11, numerales 5, 6, y 8, violación de la obligación prevista en el Decreto 1295 de 1994, artículo 21 literales c) y artículo 56 y 58 Ley 1562 de 2012, artículo 26, en concordancia con el artículo 84 de la Ley 9 de 1979 literales a), b), c), d) y g).

Segundo.- Sancionar a Grupo ICT II SAS (…) con multa de doscientos setenta y seis millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos ($276.471.455) equivalente a 401 salarios mínimos mensuales vigentes con destino a la E.F.P Minp rotección Fondo de Riesgos Profesionales 2011; por violación de normas de seguridad y salud en el trabajo en relación al accidente de trabajo mortal del señor Bertulfo Hernández Pinzón correspondientes a la violación de la obligación prevista en la Resolución 2400 de 1979, artículo 2 literal f).

Tercero. - Archivar a la Administradora de Riesgos Profesionales Colmena Vida y Riesgos Laborales

(…)>>

Como fundamento de la decisión la Dirección Territorial consigna en el acto administrativo que, con ocasión al informe sobre accidente laboral presentado

Colmena Vida y Riesgos Laborales

(…)>>

Como fundamento de la decisión la Dirección Territorial consigna en el acto administrativo que, con ocasión al informe sobre accidente laboral presentado por la ARL Colmena Vida y Riesgos Laborales, inicia la respectiva investigación preliminar, con ocasió n de la cual se recepciona la declaración libre de la representante legal de la ARL, señora Carmen Helena Neira y, la de la apoderada general del Grupo ICT II SAS quien aportó documentales tales como:

• informe policial del accidente de tránsito, • constancia de afiliación de la empresa Grupo ICT II SAS a la ARL, • orden de compra de llantas para vehículos, • el sistema de gestión CAS,

3 Págs.35 a 65 archivo 01 OneDrive • sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, • plan de emergencias, • reglamento interno de tránsito, • inspección preoperacional de maquinaria,Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de primera instancia Expediente 680012333000-2018-00550-00

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• formato de inspección preoperacional de la maquinaria, • plan de seguridad vial, mantenimiento de equipos, • Capacitaciones de 5 minutos. • plan de seguridad patrimonial y seguridad física, • acta de reunión COPASO, • acta de reunión área SISO, • oficio dirigido a Casamotor SAS en el que se solicitan los soportes del cumplimiento de las obligaciones de calidad, ambiente, seguridad y salud

• acta de reunión COPASO, • acta de reunión área SISO, • oficio dirigido a Casamotor SAS en el que se solicitan los soportes del cumplimiento de las obligaciones de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional para subcontratistas y proveedores • Oficio de fecha 31 de julio de 2012 • Autorización para conducir vehículo • Informes mensuales de seguimiento

Igualmente se requirió a la empresa Casamotor SAS para allegar la siguiente información, la cual fue aportada con Oficio del 09 de septiembre de 2015:

• Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo • Cronograma de actividades • Capacitaciones de autocuidado, políticas del SG-SST, control de fuego, manejo defensivo, manejo de cargas, plan de emergencia, simulacro evacuación y rescate, actividades realizadas posteriores al evento mortal que se investiga • Capacitaciones Casamotor • Índice de frecuencia y severidad • Reportes e investigaciones de accidentes de trabajo 2013 y 2014 • Entre EPP al señor Bertulfo Hernández Pinzón • Implementación de las recomendaciones que surgieron del evento mortal del señor Hernández Pinzón • Brigada de emergencia agosto 2012 • Inspección de equipo contra incendios • Evaluación médica ocupacional de ingreso • Análisis de trabajo seguro reparación de llantas en campo y taller • Evaluación médico ocupacional periódico • Plan estratégico seguridad vial • Identificación de peligros,

• Evaluación médica ocupacional de ingreso • Análisis de trabajo seguro reparación de llantas en campo y taller • Evaluación médico ocupacional periódico • Plan estratégico seguridad vial • Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos – conductores abril 2015 • Base de datos de vehículos • Cronograma anual 2015 • Políticas de seguridad vial • Política de regulación de uso de cinturón de seguridad • Política de regulación de horas de conducción y descanso • Oficios de la secretaría de tránsito, transporte y movilidad del 11 de julio de 2015 • Diagnóstico de seguridad vial • Hoja de vida del vehículo deTribunal Administrativo de Santander Sentencia de primera instancia Expediente 680012333000-2018-00550-00

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placas SXG 937, camión grúa Fotón 2012 • Planilla control diaria manejo de vehículos • Lista de chequeo vehículo del mes de mayo de 2013 • Factura de ventas de las reparaciones • Inventario de vehículos Solopartes SAS

Adicionalmente fueron aportadas por la ARL Colmena, documentales que dan cuenta de las capacitaciones por ella realizadas en prevención de accidentes en manos, autocuidado laboral, importancia de trabajar sin exceso de confianza; el plan de emergencia empr esarial para el proyecto Hidrosogamoso; documento base la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional; matriz de peligro; plan de

confianza; el plan de emergencia empr esarial para el proyecto Hidrosogamoso; documento base la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional; matriz de peligro; plan de emergencia – evacuaciones y; simulacro de evacuación y ; la EPS SURA por su par te, allegó el certificado de curso de formación teórico – práctico en manejo defensivo y seguridad vial con intensidad de 8 horas.

En virtud de las pruebas practicadas y recaudadas, la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo mediante Resolución No. 00414 del 30 de diciembre de 2015, determina iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio y formular los respectivos cargos a cada una de las empresas, así:

Empresa Cargos Casamotor S.A.S 1. Haber incurrido presuntamente en la violación de la Resolución 2400 de 1979, artículo 2, literal g), en concordancia con la Ley 1562 de 2012 artículo 26:

Consiste en la obligación que le asiste al empleador de suministrar o facilitar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie cualquier ocupación, sobre los peligros y riesgos que puedan afectarles y sobre la forma, métodos y, procesos para prevenirlos o evitarlos.

2. Haber incurrido presuntamente en la violación de la Resolución 1016 de 1989, artículo 10, numeral 1, 2, 3, 8, y 12 en concordancia con la Resolución 2346 de 2007, artículo 3, Resolución 2646 del año 2008, artículos 2 y 16:

Realizar evaluaciones médicas ocupaciones de preingresos, periódicas y a su vez, los resultados de estas evaluaciones

3, Resolución 2646 del año 2008, artículos 2 y 16:

Realizar evaluaciones médicas ocupaciones de preingresos, periódicas y a su vez, los resultados de estas evaluaciones médicas deberán tener un diagnóstico general para el cumplimiento de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo que permitan mejorar la ca