TA SAN - Sentencia 680012333000-2018-00552-00 (28-08-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto dos mil veinticinco (2025)

De conformidad con los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en el proceso de la referencia, en los siguientes términos:

I. Antecedentes.

1. La demanda.1

La demanda fue interpuesta mediante apoderado judicial por la señora Eva Cecilia López Rueda, en ejercicio del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. De conformidad con la proposición jurídica de la demanda, se pretende la declaratoria de nulidad de la «Resolución No. 616 del 26 de octubre de 2017», por la cual se le declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de secretaria general. Como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordenara el reconocimiento y pago de las sumas de dinero «correspondientes a salarios, prestaciones sociales, y demás emolumentos salariales y prestacionales, legales y extralegales, dejados de p ercibir, desde el momento de la declaratoria de insubsistencia laboral hasta la fecha de reintegro efectivo al cargo, sin solución de continuidad», junto con el reconocimiento de los aportes al sistema general de seguridad social integral . Igualmente, pretende, a modo de reparación integral del daño, el reconocimiento y pago de: los perjuicios morales en cuantía equivalente a «100 SMLMV», lo perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y, como medida de satisfacción, se le ofrezca en un acto

los perjuicios morales en cuantía equivalente a «100 SMLMV», lo perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y, como medida de satisfacción, se le ofrezca en un acto ceremonial disculpas públicas.

Como hechos relevantes, la parte demandante expuso que el día 5 de enero de 2016 , a través de la Resolución No. 002 de 2016, fue nombrada en el cargo de libre nombramiento y remoción de «secretaria general» de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga; precisó, que desempeñó las funciones asignadas, entre las que se encontraba el ejercicio de la potestad disciplinaria, de manera correcta y eficiente hasta el día 26 de octubre de 201 7, fecha en la cual se declaró insubsistente su nombramiento.

1 Índice 00032 de SAMAI, 01Principal, 01Demanda.

Expediente: 680012333000-2018-00552-00

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Eva Cecilia López Rueda

ricardobarroso27@yahoo.com

Demandado: Dirección de Tránsito de Bucaramanga

notificacionesjudiciales@transitobucaramanga.gov.co lincili101@hotmail.com

Ministerio Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos

nmgonzalez@procuraduria.gov.co Temas: Función pública : Empleos de libre nombramiento y remoción . Facultades discrecionales del nominador. Pérdida de confianza: Elemento subjetivo. Fundamento legítimo de la insubsistenciaTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Radicado: 680012333000-2018-00552-00

2

Elemento subjetivo. Fundamento legítimo de la insubsistenciaTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Radicado: 680012333000-2018-00552-00

2

Respecto de las razones de la declaratoria de insubsistencia, la parte demandante señaló que, a finales del mes de septiembre de 2017 , los señores «Rodolfo Hernández Suárez», entonces alcalde de Bucaramanga, así como «Germán Torres Prieto» director general de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y «Laura Isabel Rodríguez Cardozo » gerente general del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, ejercieron actos de «persecución y hostigamiento» con ocasión de la función disciplinaria; en específico, debido a los hechos presentados el día 24 de septiembre de 2017 respecto de los vehículos estacionados en las «bahías del edificio Fundadores ubicado en la carrera 31 con calle 51», los cuales fueron inmovilizados con «cepos» por parte de agentes de tránsito ; así como por los hechos sucedidos el día 26 de septiembre de 2017, en donde se ve involucrado un agente de tránsito recibiendo un presunto soborno. Dichas situaciones provocaron que el entonces Alcalde de Bucaramanga reprendiera a los agentes de tránsito y, además, que ejerciera una fuerte presión sobre la señora Eva Cecilia López Rueda para que, desde su función disciplinaria, desvinculara del servicio a los agentes involucrados sin que mediara el respectivo proceso disciplinario , pues impartió la instrucción de que los «botara» de inmediato.

De igual manera, aseveró la parte demandante, que la señora Eva Cecilia López Rueda

respectivo proceso disciplinario , pues impartió la instrucción de que los «botara» de inmediato.

De igual manera, aseveró la parte demandante, que la señora Eva Cecilia López Rueda sostuvo reiteradas comunicaciones con «Martha Lucia Jerez Lizarazo», funcionaria de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Bucaramanga, quien le advirtió que si no suspendía o destituía a los agentes de tránsito, el ingeniero Miller Humberto Salas, director general de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, debía renunciar y que el nuevo director general tenía la «orden» de declararla insubsistente.

La anterior situación conllevó, según lo afirmó la parte demandante, a que el ingeniero Miller Humberto Salas presentara la renuncia al cargo . De esta manera, el día 2 de octubre de 2017 asumió, como director general de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el señor Germán Torres Prieto, quien presionó a la señora Eva Cecilia López Rueda para sancionar con suspensión y declarar la insubsistencia laboral de los agentes de tránsito, aun cuando los procesos disciplinarios en contra de Gilberto Antonio Díaz Arias, Adolfo Prada Bustos, Pedro Alfonso Sandoval Morales, Luis Enrique Mantilla Rojas, Jonathan Moros Meneses y Carlos Rueda por la imposic ión de los « cepos» y, de Edgar Capacho por el video del presunto soborno, se encontraban en trámite.

Así mismo, indicó la parte demandante , que la señora Laura Isabel Rodríguez Cardozo, gerente general del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, quien por orden del

presunto soborno, se encontraban en trámite.

Así mismo, indicó la parte demandante , que la señora Laura Isabel Rodríguez Cardozo, gerente general del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, quien por orden del entonces alcalde de Bucaramanga lideró un « diagnóstico» de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga a efectos de realizar una reestructuración administrativa, presionó a la señora Eva Cecilia López Rueda para que mostrara «resultados en números de despidos». De igual manera, expuso, que el señor Rodolfo Hernández Suárez , en su condición de alcalde de Bucaramanga, realizó en reiteradas reuniones acusaciones ofensivas como «Muéstreme las investigaciones porque aquí me dicen mentiras », « usted no ha hecho nada», «no, informes no me dé... yo necesito es resoluciones botando gente », «hay que botarlo hijueputa y apenas lo boten que se defienda afuera», y «resultado cero. Resultados cero Eva, métase en la cabeza, la gente está viendo que usted es una amangualadora aquí de todo».

Finalmente, la parte demandante afirmó, que el día 23 de octubre de 2017 el director general le solicitó a Eva Cecilia López Rueda la presentación de la renuncia protocolari a, frente a lo cual se negó a hacerlo por considerar que se encontraba amparada por la protección constitucional otorgada, a través de una acci ón de tutela , al señor AlfonsoTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Radicado: 680012333000-2018-00552-00

3

Serrano Ardila, su antecesor, quien era prepensionado, en la medida que el Juez de tutela

Sentencia de Primera Instancia Radicado: 680012333000-2018-00552-00

3

Serrano Ardila, su antecesor, quien era prepensionado, en la medida que el Juez de tutela si bien ordenó el reintegro dispuso que no se podía afectar los derechos de la demandante. No obstante, precisó, que el director general de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, mediante Resolución No. 616 del 26 de octubre de 2017, declaró la insubsistencia del nombramiento.

Ahora bien, la parte demandante estructuró el concepto de violación a partir de la causal de nulidad de «desviación de poder», por el «desconocimiento de los artículos 1, 2, 6, 13, 21, 25, 29 y 53 de la Constitución Política»; para lo cual se argumentó, que la discrecionalidad propia de los cargos de libre nombramiento y remoción fue desbordada por una motivación diferente a la legal, siendo la insubsistencia la conclusión de un proceso de presión y hostigamiento para que la d emandante suspendiera o despidiera agentes de tránsito sin atender el debido proceso disciplinario de la Ley 734 de 2002.

2. Contestación de la demanda.2

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a través de apoderado, s e opuso a las pretensiones de la demanda. Como razones de defensa expuso, que el cargo de secretario general es de libre nombramiento y remoción y, por dicha naturaleza, no obligan a la administración a mantenerlos de manera indefinida, aun cuando desarrollen las funciones de manera idónea, competente y responsable; así como tampoco, exige que sea motivado.

general es de libre nombramiento y remoción y, por dicha naturaleza, no obligan a la administración a mantenerlos de manera indefinida, aun cuando desarrollen las funciones de manera idónea, competente y responsable; así como tampoco, exige que sea motivado.

Frente a los hechos de la demanda advirtió, en término generales, que no existen pruebas que demuestren las presiones o el hostigamiento que se afirma en la demanda , pues la demandante nunca interpuso queja s o reclamos; de igual manera, respecto de las conversaciones con el ex alcalde Rodolfo Hernández Suárez y/o su equipo de trabajo , indicó que la entidad no tiene conocimiento de ello y, por la naturaleza jurídica de establecimiento público descentralizado, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga es totalmente autónoma, de ahí que otras entidades no influyen en las decisiones que ahí se toman.

3. Alegatos de conclusión.

3.1. De la parte demandante.3

La parte demandante en sus alegatos de conclusión indicó que, de acuerdo con las pruebas practicadas en el proceso, quedó demostrado que con ocasión de los p roblemas de los cepos en las bahías y del presunto soborno del agente de tránsito, el entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, junto con el director general de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga , iniciaron una persecución y hostigamientos contra la demandante debido a su función disciplinaria como secretaria general; con lo cual, se probó que se desnaturalizó la autonomía administrativa de la entidad. En este sentido, precisó , que la totalidad de los testigos manifestaron que el ex alcalde pedía constantemente que

demandante debido a su función disciplinaria como secretaria general; con lo cual, se probó que se desnaturalizó la autonomía administrativa de la entidad. En este sentido, precisó , que la totalidad de los testigos manifestaron que el ex alcalde pedía constantemente que «botaran» a los agentes de tránsito, sin importar el debido proceso , lo que demuestra presiones indebidas que conllevaron a que el nuevo director de la entidad declarara su insubsistencia.

En consecuencia, concluyó la parte demandante, que la declaratoria de insubsistencia de la demandante fue un acto administrativo proferido con una desviación de poder ,

2 Índice 00032 de SAMAI, 01Principal, 25ContestaciónDemanda. 3 Índice 00065 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Radicado: 680012333000-2018-00552-00

4

materializada en las presiones ejercidas por la administración municipal para destituir a agentes de tránsito.

3.2. De la parte demandada.4

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda . En este sentido, precisó, que el cargo que ocupaba la demandante es de libre nombramiento y remoción, pues implica especial confianza; razón por la cual, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 , el nominador tiene facultad discrecional de remover libremente a los empleados. Respecto de la causal de nulidad de desviación de poder aducida por la demandante, que si bien el alcalde municipal nombra al director general de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, ello no implica que

nulidad de desviación de poder aducida por la demandante, que si bien el alcalde municipal nombra al director general de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, ello no implica que hay influido en la expedición del acto acusado, pues tal facultad la ejerc ió la dirección general, quien adujo, en declaración ju ramentada, que no existi eron presiones y persecuciones laborales , sino por el contrario obedeció a la facultad discrecional del nominador y en el mejoramiento del servicio. Finalmente solicitó que se nieguen las pretensiones y, se condene en costas procesales a la parte demandante.

4. Concepto de fondo5.

La Procuradora 159 Judicial II para Asuntos Administrativos no rindió concepto de fondo.

II. Consideraciones de la Sala.

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el f allo de primera instancia.

1. Competencia.

Esta Corporación es competente para dirimir el asunto de la referencia conforme a lo dispuesto en el artículo 152 numeral 2 del CPACA, vigente al momento de la interposición de la demanda.

2. Asunto objeto de decisión y planteamiento del problema jurídico a resolver.

La controversia planteada en el presente proceso se circunscribe a la legalidad de la Resolución No. 616 del 26 de octubre de 2017, por medio de la cual la Dirección de Tránsito de Bucaramanga declaró insubsistente el nombramiento de la señora Eva Cecilia López Rueda en el cargo de secretaria general.

Resolución No. 616 del 26 de octubre de 2017, por medio de la cual la Dirección de Tránsito de Bucaramanga declaró insubsistente el nombramiento de la señora Eva Cecilia López Rueda en el cargo de secretaria general.

En tal sentido, el a rgumento central que se expone en la demanda, se dirige a cuestionar que la desvinculación de la demandante obedeció a una persecución y hostigamiento provenientes del entonces alcalde de Bucaramanga , de la directora del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, así como del entrante director general de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, de quienes se afirma en libelo introductorio ejercieron presiones indebidas para que procediera a desvincular disciplinariamente a agentes de tránsito

4 Índice 00066 de SAMAI. 5 Índice 00010 de SAMAI – Segunda instancia.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Radicado: 680012333000-2018-00552-00

5

involucrados en hechos mediáticos de presuntos actos de abuso de funciones y de corrupción, sin atender la exigencia d el debido proceso disciplinario con el fin de mostrar resultados inmediatos ante la comunidad. A juicio de la parte actora, la insubsistencia fue producto de una decisión adoptada con desviación de poder, en contravía de los artículos 1, 2, 6, 13, 21, 25, 29 y 53 de la Constitución, en tanto no buscó el mejoramiento del servicio sino satisfacer intereses particulares y móviles personales.

Por su parte, el a rgumento central de oposición expuesto por la Dirección de Tránsito de

sino satisfacer intereses particulares y móviles personales.

Por su parte, el a rgumento central de oposición expuesto por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, se fundamentó en el hecho que el cargo de secretaria general es de libre nombramiento y remoción, lo que faculta ba a la administración para disponer discrecionalmente sobre su permanencia sin necesidad de realizar una motivación concreta, en tanto aquella se presume se dirige al mejoramiento del servicio . Sostuvo, además, que no existe prueba alguna de las presuntas presiones o del hostigamiento alegados, n i constancia de que la demandante hubiese presentado quejas formales al respecto directamente en la entidad; a partir de lo cual reiteró, que el acto administrativo se ajustó a derecho.

Delimitada así la controversia planteada, debe señalar la Sala, como aspecto previo a la estructuración del problema jurídico, que ninguna manifestación deberá efectuarse sobre la naturaleza del cargo ocupado por la demandante, a saber, secretaria general, en la medida que no se discute que es de libre nombramiento y remoción.

En este contexto, la Sala delimita el problema jurídico a partir de los cargos de nulidad propuestos y de la defensa opuesta, en los siguientes términos:

¿Incurrió la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en la causal de nulidad por desviación de poder al expedir la Resolución No. 616 del 26 de octubre de 2017, mediante la cual declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora Eva Cecilia López Rueda en el cargo de secretaria general, en tanto la decisión habría obedecido a móviles de persecución y hostigamiento ajenos al mejoramiento del

mediante la cual declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora Eva Cecilia López Rueda en el cargo de secretaria general, en tanto la decisión habría obedecido a móviles de persecución y hostigamiento ajenos al mejoramiento del servicio y apartados de los parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad que limitan el ejercicio de la facultad discrecional propia de los empleos de libre nombramiento y remoción?

En caso de comprobarse la desviación de poder, ¿qué consecuencias jurídicas se derivan en términos de reintegro, pago de salarios y prestaciones, reconocimiento de perjuicios materiales y morales, y medidas de satisfacción como la solicitud de disculpas públicas?

Para dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala precisará, con apoyo en la jurisprudencia constitucional y administrativa, el alcance constitucional y legal de la facultad discrecional en relación con los cargos de libre nombramiento y remoción, y en qué medida dicha facultad está limitada por los principios de razonabilidad, proporcionalidad y finalidad pública. De igual mane ra, en dicho marco jurídico de la decisión, deberá determinarse los presupuestos para la configuración de la desviación de poder, así como el estándar probatorio que se exige para acreditar que el acto administrativo de insubsistencia obedeció a móviles distintos al mejoramiento del servicio.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Radicado: 680012333000-2018-00552-00

6

3. Del alcance constitucional y legal de la facultad discrecional en relación con los cargos de libre nombramiento y remoción.

Radicado: 680012333000-2018-00552-00

6

3. Del alcance constitucional y legal de la facultad discrecional en relación con los cargos de libre nombramiento y remoción.

Con fundamento en los artículos 1 y 25 de la Constitución Política, el trabajo se erige como un principio fundante del Estado Social de Derecho y, a su vez, como un derecho de rango fundamental que garantiza la realización material de la dignidad humana. En el ámbito del sector público, esta garantía encuentra además soporte, entre otros, en los artículos 40 y 125 superiores6, en tanto el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos constituye una expresión de las garantías políticas de participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control del poder público.

Dicha participación se materializa a través de la institución de la «función pública», cuyo ejercicio está orientado por el principio de mérito materializado en los sistemas de carrera administrativa, como eje axial de la Constitución Político; en procura de asegurar la eficiencia, moralidad, igualdad y continuidad en la prestación de los servicios del Esta do, conforme se determina en el artículo 209 Constitucional . No obstante, el ordenamiento constitucional reconoce que, de manera excepcional, existen otras formas de vinculación al servicio público, entre las cuales se destacan los cargos de libre nombramiento y remoción, que responden a la necesidad de dotar a la administración de cierto grado de discrecionalidad para garantizar la confianza y la cohesión en el equipo directivo, sin que ello implique desconocer los principios de legalidad, finalidad pública y respeto por los derechos fundamentales.

En desarrollo del artículo 125 Constitucional, el artículo 1 de la Ley 909 de 2004 determinó

ello implique desconocer los principios de legalidad, finalidad pública y respeto por los derechos fundamentales.

En desarrollo del artículo 125 Constitucional, el artículo 1 de la Ley 909 de 2004 determinó que los empleos públicos se clasificarían en empleos de: (i) Carrera administrativa; (ii) Libre nombramiento y remoción; (iii) Período fijo, y (iv) Temporales.

En concordancia con lo anterior, el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, en específico de los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, precisó que corresponden a uno de los siguientes criterios, enumerando taxativamente los cargos :

«a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices así:

En la Administración Central del Nivel Nacional:

Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la Nación; Subcontador General de la Nación; Superintendente, Superintendente Delegado e Intendente; Direc tor y Subdirector de Unidad Administrativa Especial; Secretario General y Subsecretario General; Director de Superintendencia; Director de Academia Diplomática; Director de Protocolo; Agregado Comercial; Director

6 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.»Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Radicado: 680012333000-2018-00552-00

7

Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo; Subdirector Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo, Director de Gestión; Jefes de Control Interno y de Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces; Jefe de Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones; Negociador Internacional; Interventor de Petróleos, y Capitán de Puerto.

Disciplinario o quien haga sus veces; Jefe de Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones; Negociador Internacional; Interventor de Petróleos, y Capitán de Puerto.

En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, además, los siguientes: Agregado para Asuntos Aéreos; Administrador de Aeropuerto; Gerente Aeroportuario; Director Aeronáutico Regional; Director Aeronáutico de Área y Jefe de Oficina Aeronáutica.

En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional:

Presidente, Director o Gerente General o Nacional; Vicepresidente, Subdirector o Subgerente General o Nacional; Director y Subdirector de Unidad Administrativa Especial; Superintendente; Superintendente Delegado; Intendente; Director de Superintendencia; S ecretario General; Directores Técnicos, Subdirector Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero; Director o Gerente Territorial, Regional, Seccional o Local; Director de Unidad Hospitalaria; Jefes de Oficinas, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurí dica, de Planeación, de Prensa o Comunicaciones; Jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces; asesores que se encuentren adscritos a los despachos del Superintendente Bancario y de los Superintendentes Delegados y Jefes de División de la Superintendencia Bancaria de Colombia.

En la Administración Central y órganos de control del Nivel Territorial:

Secretario General; Secretario y Subsecretario de Despacho; Veedor Delegado, Veedor Municipal; Director y Subdirector de Departamento Administrativo; Director

En la Administración Central y órganos de control del Nivel Territorial:

Secretario General; Secretario y Subsecretario de Despacho; Veedor Delegado, Veedor Municipal; Director y Subdirector de Departamento Administrativo; Director y Subdirector Ejecutivo de Asociación de Municipios; Director y Subdirector de Área Metropolitana; Subcontralor, Vicecontralor o Contralor Auxiliar; Jefe de Control Interno o quien haga sus veces; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones; Alcalde Local, Corregidor y Personero Delegado.

En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:

Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o Subgerente; Secretario General; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones y Jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces;

b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos así:

En la Administración Central del Nivel Nacional:

Ministro y Viceministro; Director y Subdirector de Departamento Administrativo; Director y Subdirector de la Policía Nacional; Superintendente; y Director de Unidad Administrativa Especial.

En las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los empleos adscritos a las oficinas de comando, de las unidades y reparticiones de inteligencia y de comunicaciones, en razón de la necesaria confianza intuitu personae requerida en quienes los

En las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los empleos adscritos a las oficinas de comando, de las unidades y reparticiones de inteligencia y de comunicaciones, en razón de la necesaria confianza intuitu personae requerida en quienes los ejerzan, dado el manejo que debe dársele a los asuntos sometidos al exclusivoTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Primera Instancia Radicado: 680012333000-2018-00552-00

8

ámbito de la reserva, del orden público y de la seguridad nacional, Comandantes y Segundos Comandantes de Fuerza y Jefe del Estado Mayor Conjunto.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores los del servicio administrativo en el exterior con nacionalidad diferente de la Colombiana y el personal de apoyo en el exterior.

En el Congreso de la República, los previstos en la Ley 5° de 1992.

En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional:

Presidente, Director o Gerente General, Superintendente y Director de Unidad Administrativa Especial.

En la Administración Central y órganos de Control del Nivel Territorial:

Gobernador, Alcalde Mayor, Distrital, Municipal y Local.

En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:

Presidente, Director o Gerente;

c) Los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, dineros y/o valores del Estado;

d) Los empleos que no pertenezcan a organismos de seguridad del Estado, cuyas funciones como las de escolta, consistan en la protección y seguridad personales de los servidores públicos.

e) Los empleos que cumplan funciones de asesoría en las Mesas Directivas de las

funciones como las de escolta, consistan en la protección y seguridad personales de los servidores públicos.

e) Los empleos que cumplan funciones de asesoría en las Mesas Directivas de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales;

f) Los empleos cuyo ejercicio impliquen especial confianza que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, que estén adscritos a las oficinas de los secretarios de despacho, de los Directores de Departamento Administrativo, de los gerentes, tanto en los departamentos, distritos especiales, Distrito Capital y distritos y municipios de categoría especial y primera.»

Aunque aparece un listado extenso y detallado, colige la Sala que todos esos empleos comparten un patrón común o presupuesto constitucional y legal que justifica su exclusión de los sistemas de carrera administrativa. Dicho patrón, a juicio de la Sala, se puede resumir en cuatro criterios7:

(i) Dirección y orientación institucional, lo que se enmarca en un criterio funcional; en la medida que son los cargos llamados a determinar políticas, adoptar directrices o coordinar áreas estratégicas de la administración pública. Siendo ejemplos de ellos los ministros, directores, secretarios generales, jefes de ofic