TA SAN - Sentencia 680012333000-2018-00577-00 (28-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2018-00577-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

DEMANDANTE: Jesús Villabona Barajas

insog-mag-@hotmail.com

DEMANDADO: Nación - Procuraduría General de la Nación

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co mllopez@procuraduria.gov.co MINISTERIO PUBLICO mbuendia@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Bonificación por compensación Decreto 610 de 1998

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: MARLENE MURCIA MILLAN

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir Sentencia de Primera Instancia dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por Jesús Villabona Barajas en contra de Nación - Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., el señor Jesús Villabona Barajas

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., el señor Jesús Villabona Barajas presenta demanda contra Nación - Procuraduría General de la Nación, formulando las siguientes:

1 Samai índice 026Expediente digitalarchivo 003Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00577-00 Sentencia de Primera Instancia

1.1 Pretensiones

PRIMERA.- Se INAPLIQUE por ilegal la expresión "solo" consagrada o establecida en el inciso segundo del artículo primero del Decreto 610 de 1998 expedido por el Gobierno Nacional, dándole al inciso segundo del artículo en mención el alcance pe rtinente que permita establecer como salario para todos los efectos, y en el caso concreto para la liquidación reconocimiento y pago de las cesantías, a partir del año 1.999 la Bonificación por Compensación de que trata el inciso primero, del artículo prim ero del decreto 610 de 1998.

SEGUNDA.- Que como consecuencia de la anterior declaración, es NULO el Acto Administrativo definitivo contenido en el Oficio S.G. No. 008517 de 05 de diciembre de 2017, por medio del cual el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, con «sede en Bogotá D.C., Dr. JORGE ALEXANDER CASTAÑEDA ENCISO, le negó al Ex Procurador Judicial II Penal de Bucaramanga (s), Dr. JESUS VILLABONA BARAJAS, el reconocimiento y pago correcto y completo de sus CESANTIAS incluyendo en ellas, desde el año 2000

Judicial II Penal de Bucaramanga (s), Dr. JESUS VILLABONA BARAJAS, el reconocimiento y pago correcto y completo de sus CESANTIAS incluyendo en ellas, desde el año 2000 hasta el año 2014, la totalidad o 100% de la denominada BONIFICACION POR

COMPENSACIÓN.

TERCERA.- Que como consecuencia de lo anterior, la Procuraduría General de la Nación, dé cumplimiento al mandato legal contenido en el Decreto 3118 de 1.968 que ordena en su artículo 27 la liquidación anual de cesantías de los servidores públicos, tomando para el efecto como base el salario promedio mensual devengado por el empleado o trabajador en los últimos tres (3) meses de cada año, y si el salario es variable tomando como base el promedio de lo devengado en el año respectivo o en el tiempo servido, si este fuere menor de un año.

CUARTA.- Que como Consecuencia del Artículo segundo anterior, y para efecto de cumplir con en el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de 14 de Diciembre de 2011, proferida dentro del expediente radicado No. 2005 -00244-01, de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, Magistrado Ponente Dr. CARLOS ARTURO ORJUELA GONGORA, siendo demandante JAIRO HERNAN VALCARCEL y otro que declaró la Nulidad Integral del Decreto 4040 de 2004, y que revivió con efectos Ex Tunc desde el 1 de enero de 1.999, el Decreto 610 de 1.998, sobre la denominada Bonificación por Compensación, se reconozca e incluya para la fijación del total del salario base de la liquidación de cesantías del período comprendido entre el 1®

denominada Bonificación por Compensación, se reconozca e incluya para la fijación del total del salario base de la liquidación de cesantías del período comprendido entre el 1® noviembre de 2000 hasta el 1 de diciembre de 2014, de mi poderdante JESUS VILLABONA BARAJAS, el 100% de la denominada Bonificación por Compensación devengada por él, hasta que se efectúe el pago de la diferencia entre lo liquidado por concepto de cesantías, en esos años, y lo que debe liquidarse respecto de los mismos, de conformidad con el inciso primero del Artículo 1 °, del Decreto 610 de 1.998

QUINTA - Que, como consecuenc ia de las anteriores declaraciones, se condene a la Nación Procuraduría General de la Nación, a pagar al accionante Doctor JESUS VILLABONA BARAJAS, al tiempo de vencimiento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, la suma total que corres ponde a los conceptos expresados en la pretensión cuarta anterior, y en el acápite de cuantía del presente libelo demandatorio.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00577-00 Sentencia de Primera Instancia

SEXTA.- Que igualmente como consecuencia de la nulidad solicitada en las pretensiones primera, segunda, tercera y cuarta de est a demanda, a título de restablecimiento del derecho, se condene a - la NaciónProcuraduría General de la Nación, a pagar al Ex Procurador Judicial II Penal de Bucaramanga (s). Doctor JESUS VILLABONA BARAJAS, el valor de los intereses en la forma y términos expresados en el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

Procurador Judicial II Penal de Bucaramanga (s). Doctor JESUS VILLABONA BARAJAS, el valor de los intereses en la forma y términos expresados en el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

SÉPTIMA.- Las condenas respectivas proferidas a favor del Ex Procurador Judicial II aquí demandante serán actualizadas o indexadas de conformidad con lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, con el índice de precios al consumidor, desde la fecha en que se hicieron exigibles (1 de noviembre de 2000 hasta que se efectúe el pago de la diferencia entre lo liquidado por concepto de cesantías, en esos años, y lo que debe liquidarse respecto de los mismos, de conformidad con el inciso primero del Artículo 1°, del Decreto 610 de 1.998.

OCTAVA. - Que a la providencia de mérito favorable, la entidad pública demandada le dé cumplimiento en los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011

1.2 Hechos La parte demandante se desempeñó como Procurador Judicial II entre el primero (01) de noviembre del dos mil (2000) y hasta el primero (01) de diciembre de dos mil catorce (2014).

La parte demandante solicitó mediante derecho de petición dirigido a la Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación equivalente a un 80% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de Altas Cortes, junto con el correspondiente pago de las diferencias salariales a que hubiere lugar, obteniendo respuesta negativa de la demandada mediante Oficio S.G. No. 008517 de 05 de diciembre de 2017

devengan los Magistrados de Altas Cortes, junto con el correspondiente pago de las diferencias salariales a que hubiere lugar, obteniendo respuesta negativa de la demandada mediante Oficio S.G. No. 008517 de 05 de diciembre de 2017

Luego, las partes realizaron conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación el día 02 de mayo de 2018, siendo fallida la misma. 1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Normas Constitucionales: • Artículos 13, 25, 53 y 122 de la Carta Política.

Normas Legales: • Ley 4 de 1992. • Artículo 8, literal c) del Decreto 1950 de 1973. • Decreto 610 de 1998. • Decreto 1239 de 1998. • Decreto 2688 del 31 de diciembre de 1998. • Decreto 4040 de 2004.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00577-00

Sentencia de Primera Instancia

Normas Procedentes de Jurisprudencia: • Sentencia del Consejo de Estado del 25 de septiembre de 2001, que anuló el Decreto 2688 de 1998 y restableció la vigencia de los Decretos 610 y 1239 de 1998. • Sentencia del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011, que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004. Las pretensiones expuestas se fundamentan en la vulneración de derechos reconocidos en la Constitución Política, en normas legales y en precedentes

la nulidad del Decreto 4040 de 2004. Las pretensiones expuestas se fundamentan en la vulneración de derechos reconocidos en la Constitución Política, en normas legales y en precedentes jurisprudenciales. En el ámbito constitucional, se invocan los artículos 2, 4, 13, 53 y 113, que consagran principios de igualdad, dignidad humana, favorabilidad laboral y el deber del Estado de garantizar condiciones justas y equitativas p ara los servidores públicos. Legalmente, se sustenta en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desarrollado por el Decreto 10 de 1993, así como en los Decretos 610 y 1239 de 1998, los cuales establecieron una bonificación por compensación para los Fiscales delegados ante Tribunal, fijando un porcentaje del 80% de lo devengado por todo concepto por los Magistrados de las Altas Cortes. Además, la demanda se apoya en la sentencia del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011, que declaró la nulidad del Decret o 4040 de 2004 y restableció la vigencia de las disposiciones anteriores, reconociendo el derecho de los funcionarios beneficiarios a percibir la bonificación en los términos originalmente establecidos. Por tanto, se solicita la nulidad de los actos admini strativos que desconocen estos derechos y el reconocimiento del pago de las diferencias salariales con base en la normativa vigente y su correcta aplicación.

II. CONTESTACION DE LA DEMANDA

2.1 Pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones.

• La parte demandada no se pronunció al respecto en los términos de ley.

III. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante

2.1 Pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones.

• La parte demandada no se pronunció al respecto en los términos de ley.

III. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante La apoderada judicial de la parte demandante sostuvo que la Bonificación por Compensación, establecida en el Decreto 610 de 1998, constituye un factor salarial que debe ser tenido en cuenta para la liquidación de cesantías. Para fundamentar su posición, argumentó que la exclusión de esta bonificación como factor salarial vulnera los principios constitucionales del trabajo digno y la remuneración justa, consagrados en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia. En consecuencia, adujo que el Gobierno Nacional, al expedir el decreto en cuestión, excedió las facultades conferidas por la Ley 4 de 1992, pues al limitar los efectos salariales de la bonificación transgredió el principio de equidad en la nivelación salarial de los funcionarios judiciales. En ese sentido, enfatizó que el Consejo de Estado ha reconocido en diversas providencias el carácter salarial de ciertos ingresos laborales, au n cuando lasNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00577-00 Sentencia de Primera Instancia

normas los denominen de otra manera. Con base en esta jurisprudencia, indicó que la bonificación por compensación no puede ser excluida de la liquidación de cesantías, ya que se trata de una retribución permanente y habitual, lo que encaja dentro de la definición de salario establecida en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, consideró que la restricción impuesta por el Decreto 610

cesantías, ya que se trata de una retribución permanente y habitual, lo que encaja dentro de la definición de salario establecida en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, consideró que la restricción impuesta por el Decreto 610 de 1998 debía ser inaplicada por inconstitucionalidad, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formas. Adicionalmente, hizo referencia a la derogatoria del Decreto 610 de 1998 mediante el Decreto 2668 de 1998, el cual posteriormente fue declarado nulo por el Consejo de Estado. En su análisis, destacó que dicha declarator ia de nulidad reactivó la vigencia del Decreto 610 de 1998, lo que implica que la bonificación por compensación nunca perdió su aplicabilidad. Por consiguiente, sostuvo que los beneficiarios de dicha bonificación tienen derecho a exigir la corrección de su liquidación prestacional, con el fin de garantizar la equidad y el respeto por sus derechos adquiridos. En cuanto al Decreto 4040 de 2004, argumentó que su expedición constituyó una maniobra para eludir las disposiciones del Decreto 610 de 1998, afectando gravemente los derechos de los funcionarios judiciales. Subrayó que este nuevo decreto pretendió reemplazar la bonificación por compensación con la Bonificación por Gestión Judicial, reduciendo su porcentaje de incidencia en la remuneración. En consecuencia, la parte demandante insistió en que esta medida generó un perjuicio económico injustificado para los servidores judiciales, razón por la cual resultaba necesario declarar la inaplicabilidad de dicha disposición en beneficio de los afectados. Por otra parte, sustentó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido

económico injustificado para los servidores judiciales, razón por la cual resultaba necesario declarar la inaplicabilidad de dicha disposición en beneficio de los afectados. Por otra parte, sustentó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido en varias ocasiones la necesidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando una norma reglamentaria desconoce principios superiores. En virtud de esta doctrina, enfatizó q ue el juez administrativo está facultado para inaplicar disposiciones normativas cuando estas lesionan derechos fundamentales. En este orden de ideas, argumentó que, dado que el Decreto 4040 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de Estado en el año 201 1, se consolidó el derecho de los funcionarios judiciales a la correcta liquidación de sus cesantías con base en la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Finalmente, concluyó que la exclusión de la bonificación por compensación en la liquidación de cesantías desconoció el derecho al reconocimiento y pago íntegro de prestaciones sociales. Por ello, solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda, ordenando la reliquidación de las cesantías de la demandante y el reconocimiento de l os valores adeudados con base en el Decreto 610 de 1998. Asimismo, instó a que se reconocieran los intereses moratorios correspondientes, en aplicación del principio de reparación integral del daño causado por la omisión administrativa. 3.2 Parte demandada La apoderada judicial de la parte demandada se opuso a las pretensiones planteadas en la demanda por cuanto que la Procuraduría General de la NaciónNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00577-00

La apoderada judicial de la parte demandada se opuso a las pretensiones planteadas en la demanda por cuanto que la Procuraduría General de la NaciónNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00577-00 Sentencia de Primera Instancia

carecía de competencia para modificar el régimen salarial y prestacional de sus funcionarios. Explicó que, conforme a la Constitución y a la Ley 4 de 1992, la fijación de estos aspectos correspondía exclusivamente al Gobierno Nacional. En consecuencia, argumentó que la entidad demandada no tenía la facultad para reconocer la bonificación por compensación como factor salarial para la liquidación de cesantías, pues cualquier modificación en este sentido debía realizarse mediante acto administrativo expedido por la autoridad competente. En este orden de ideas, enfatizó sobre los hechos que el señor Jesús Villabona Barajas se encontraba vinculado a la Procuraduría General de la Nación e indicando frente a los demás hechos que son un recuento normativo. Manifiesta que la bonificación por compensación, creada por el Decreto 610 de 1998, no tenía efectos salariales más allá de los previstos expresamente en la norma. Según lo establecido en dicho decreto, esta bonificación solo constituía factor salarial para la liquidación de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, sin que pudiera extenderse a otros conceptos prestacionales. Por lo tanto, consideró improcedente la pretensión de la parte demandante, en la medida en que desconocía los límites fijados por el legislador en relación con la naturaleza de la bonificación. Además, argumentó que el pago de l as cesantías se realizó conforme al marco

improcedente la pretensión de la parte demandante, en la medida en que desconocía los límites fijados por el legislador en relación con la naturaleza de la bonificación. Además, argumentó que el pago de l as cesantías se realizó conforme al marco normativo vigente durante la relación laboral del demandante. Explicó que la bonificación por gestión judicial, creada por el Decreto 4040 de 2004, reemplazó la bonificación por compensación y estableció un esquema de remuneración ajustado a los parámetros definidos por el Gobierno Nacional. En este sentido, sostuvo que la liquidación de las prestaciones sociales se efectuó en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, sin que existiera fundamento para su r eliquidación retroactiva. Asimismo, alegó que las cesantías del demandante fueron reconocidas anualmente mediante actos administrativos autónomos e independientes, los cuales no fueron controvertidos en su momento. Por esta razón, consideró que cualquier r eclamo relacionado con la supuesta omisión de incluir la bonificación por compensación como factor salarial debía haberse presentado dentro de los términos legales establecidos para impugnar dichos actos. En consecuencia, advirtió que la reclamación del de mandante estaba afectada por la prescripción extintiva del derecho, conforme a lo dispuesto en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Por otra parte, señaló que, aún en el evento en que se admitiera la inclusión de la bonificación por compensación en la liquidación de cesantías, dicha suma ya había sido cubierta en los ingresos percibidos por el demandante a través de la bonificación por gestión judicial. En este sentido, invocó el principio de compensación consagrado en el Código Civil, según el cual las obligaciones pueden

sido cubierta en los ingresos percibidos por el demandante a través de la bonificación por gestión judicial. En este sentido, invocó el principio de compensación consagrado en el Código Civil, según el cual las obligaciones pueden extinguirse cuando existe equivalencia entre lo adeudado y lo ya percibido. Con base en este razonamiento, sostuvo que no existía fundamento jurídico para ordenar el pago de suma adicional alguna.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00577-00 Sentencia de Primera Instancia

Finalmente concluyó tener en cuenta la oposición a todas y cada una de las pretensiones de la demanda y, además, que la Procuraduría General de la Nación actuó en acogimiento de las normas que regularon la situación laboral administrativa del demandante durante el periodo en que s e desempeñó en la Entidad como Procurador Judicial II.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

IV. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

4.1 Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

4.2 Fijación del litigio

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución SG 008517 del 05 de diciembre de 2017 suscrito por la Secretaria General De La Procuraduría General De La Nación, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de CESANTIAS incluyendo en ellas, desde el año 2000 hasta el año 2014 y la totalidad o 100% de la denominada BONIFICACION POR CO MPENSACIÓN, establecida en el Inciso Segundo, del artículo V, del Decreto 610 de 1998; así como del acto administrativo ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo?

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a reconocer y pagar a favor del señor Jesús Villabona Barajas, la BONIFICACION POR COMPENSACIÓN, establecida en el Inciso Segundo, del artículo V, del Decreto 610 de 1998, sobre el salario básico y/o asignación mensual, en los periodos en que se desempeñó como Procurador Judicial ii y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.3 ¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación y pago de sus salarios incluyendo la Bonificación por Compensación, incluyendo en la liquidación las cesantías y todos los ingresos laborales pagados; así mismo que se les reconozca

que resulten a su favor por concepto de reliquidación y pago de sus salarios incluyendo la Bonificación por Compensación, incluyendo en la liquidación las cesantías y todos los ingresos laborales pagados; así mismo que se les reconozca y paguen los retroactivos correspondientes a las diferencias dejadas de pagar enNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00577-00 Sentencia de Primera Instancia

los periodos en que se desempeñó como Procurador Judicial II y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

P.J.4. ¿Es procedente disponer la reliquidación y pago de las prestaciones sociales del demandante con la inclusión de la bonificación por compensación como factor salarial, en los periodos en que se desempeñó como Procurador Judicial II y en adelante, hasta cuando se sigan causando?

4.3 Marco normativo y jurisprudencial De la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 Por medio del Decreto 610 de 1998, adicionado por el Decreto 1239 del mismo año, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades otorgadas en la Ley 4 de 1992, creó la bonificación por compensación, dirigida entre otros, a los Magistrados de Tribunal, Secretarios de Altas Cortes y Magistrados Auxiliares, consistente en ajustar sus ingresos mensuales de la siguiente manera: en un valor equivalente al 60% de lo que devenga por todo concepto los Magistrados de las Altas Cortes en el año 1999, el 70% para la vigencia fiscal del año 2000 y el 80% para la vigencia fiscal del año 2001 manteniéndose este último porcentaje en lo sucesivo; dicho concepto

año 1999, el 70% para la vigencia fiscal del año 2000 y el 80% para la vigencia fiscal del año 2001 manteniéndose este último porcentaje en lo sucesivo; dicho concepto ha de ser pagado de manera permanente y mensual a partir de enero de 1999, siempre y cuando hubiere sido aprobado el presupuesto general. Es claro que el telos del Decreto 610, conlleva la garantía hacia el futuro de que la remuneración de los Magistrados y demás beneficiarios de la denominada "Prima por compensación" se mantendrá en términos de equidad y proporcionalidad allí establecida mediante el esquema gra dual de nivelación para llegar a la igualdad económica, concertada entre gobierno y funcionarios, cuyo origen se halla contenido en la ley 10 de 1987 y 63 de 1988, que consagran la nivelación de salarios al 80% de los ingresos de las altas Cortes, como ant ecedente legal de la decisión del Gobierno Nacional para decretar la nivelación objeto de la presente demanda. Al respecto, sea primero advertir, que el monto de que trata el Decreto 610 fue aprobado a través de la Ley 482 del 15 de noviembre de 1998, en donde se creó la partida de gasto necesario, dentro de la sección destinada a la Rama Judicial, unidad de Tribunales y Juzgados; lo cual indica que éste fue estipulado con sujeción al marco general de la política económica y fiscal, creando la disponibilida d para cubrir ese gasto en la vigencia fiscal respectiva. En diciembre de 1998, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 2668 por medio del cual deroga los Decretos 610 y 1239 de 1998; posteriormente el Gobierno Nacional

cubrir ese gasto en la vigencia fiscal respectiva. En diciembre de 1998, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 2668 por medio del cual deroga los Decretos 610 y 1239 de 1998; posteriormente el Gobierno Nacional expidió el Decreto 664 del 13 de ab ril de 1999, " por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios"; con el fin de revivir la "bonificación por compensación" prevista en los Decretos 610 y 1239 de 1998, los cuales habían sido derogados por el Decreto 2668 de 1998. Sin embargo, el 25 de septiembre de 2001 el Decreto 2668 fue declarado nulo por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado2.

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp. 395-99. CP. Álvaro Lecompte Luna.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00577-00 Sentencia de Primera Instancia

Aunado a lo anterior, la misma Corporación, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2003, pun tualizó que el Decreto 664 de 1999 no había consagrado una bonificación distinta a la prevista en el 610 y 1239 de 1998, pues se trataba " del mismo derecho con diferente cuantía ", agregando que perdió fuerza ejecutoria cuando se declaró nulo el Decreto 266 8 de 1998, toda vez que el Decreto 664 se expidió sobre la base de que la bonificación por compensación a que se refieren los Decretos 610 y 1239, no existía.

cuando se declaró nulo el Decreto 266 8 de 1998, toda vez que el Decreto 664 se expidió sobre la base de que la bonificación por compensación a que se refieren los Decretos 610 y 1239, no existía. Quiere decir lo anterior, que pese a haberse derogado el Decreto génesis de la bonificación por compensación, éste, recobró sus efectos jurídicos, como consecuencia de la anulación, a cargo del Consejo de Estado, del Decreto 2668 de 1998, creándose la ficción de que este último nunca existió y por lo tanto, dejando incólume el derecho económico de car ácter laboral a favor de los funcionarios destinatarios de la norma, de percibir la bonificación del 80%, en los términos ya indicados y sin solución de continuidad. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia 3 son coincidentes en establecer que los efectos jurídicos de la nulidad se retrotraen a la época de expedición del acto anulado, al punto que se crea la ficción que él no ha existido o que jamás ha pertenecido al ordenamiento jurídico. Dicho en otras palabras, los efectos de la nulidad de los actos administrativos, por regla general son retroactivos (ex tunc), es decir, que van hasta la fecha de su expedición, o sea hasta cuando nació a la vida jurídica, con la ficción de que nunca ha existido en el ordenamiento jurídico, dejando las cosas como inicialmente se encontraban, excepto en relación con las situaciones ya consolidadas. Concordante con lo anterior, respecto a las consecuencias jurídicas de la anulación, y de los efectos jurídicos de los Decretos 610 y 1239 de 1998, el H Consejo de

ya consolidadas. Concordante con lo anterior, respecto a las consecuencias jurídicas de la anulación, y de los efectos jurídicos de los Decretos 610 y 1239 de 1998, el H Consejo de Estado4 en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos señaló: "En primer término, cabe resaltar que como consecuencia del fallo de 25 de septiembre de 2001 recobraron su vigencia los decretos 610 y 1239 de 1998, que establecieron un decreto económico labora l para determinados servidores de la Rama Judicial, el cual debe ser pagado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial, por mandato del numeral 5° de artículo 256 de la Constitución Política, de donde se deduce que ella está legitimada en la causa pasiva, vale decir, es la llamada por la ley para responder lo pretendido... Tanto el recurso como el escrito contentivo del alegato de conclusión po r el Ministerio Público, se sostiene como los decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados con anterioridad a la fecha que debieron entrar en rigor, en ningún momento consolidaron derecho alguno a favor de quienes a esa fecha desempeñan los campos comprendidos por la bonificación.... Al respecto se advierte que como los efectos de la nulidad administrativa son ex tunc, vale decir, desde entonces, deja la situación jurídica en el estado en que se encontraba antes de la expedición del acto declarado nulo, por lo que resulta evidente que al recobrar vigencia los decretos 610

3 sentencia del Consejo de Estado, Radicación No. 66001-33-33-001-2012-00141-01 (AG), del 13

declarado nulo, por lo que resulta evidente que al recobrar vigencia los decretos 610

3 sentencia del Consejo de Estado, Radicación No. 66001-33-33-001-2012-0014