TA SAN - Sentencia 680012333000-2018-00845-00 (14-03-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2018-00845-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: María Eugenia Delgado Álvarez

mariaeugeniadelgadoalvarez@yahoo.es fabioduran02@hotmail.com

DEMANDADO: Nación-Rama Judicial

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PUBLICO mbuendia@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co TEMA: Bonificación judicial PROVIDENCIA: Sentencia de primera instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: DAIRO EFRAIN CASTRO FLOREZ

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA dentro del medio de control de

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurado por MARÍA

EUGENIA DELGADO ÁLVAREZ en contra de Nación – Rama Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora María Eugenia Delgado Álvarez presenta demanda contra Nación Rama Judicial, formulando las siguientes:

1. La demanda1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora María Eugenia Delgado Álvarez presenta demanda contra Nación Rama Judicial, formulando las siguientes:

1.1 Pretensiones

1 Expediente Digital SAMAI – índice 038 – archivo 02.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00845-00 Sentencia de Primera Instancia

PRIMERA: que se inaplique la frase: “(…) constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema (general de pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” de la parte final del inciso primero del artículo 1 del Decreto 383 de 06 de marzo de 2013.

SEGUNDA: Se declare la nulidad de la Resolución No. DESAJBUR17-5230 del 4 de octubre de 2017, en respuesta al Derecho de Petición radicado No.

EX4DSBLT714449 de fecha 22 de septiembre de 2017, proferido por el Director Ejecutivo Seccional de administración judicial de Bucaramanga.

TERCERA: Se declare la existencia del Silencio administrativo Negativo, respecto del derecho de petición impetrado bajo el número de radicado EXTDES BU 17 -15763 calendado el 19 de octub re de 2017 contentivo del recurso de apelación contra la Resolución No. DESAJBUR17 -5230 del 4 de octubre de

2017.

CUARTA : Se declare la nulidad del acto del acto administrativo ficto producto del silencio administrativa originado en la falta de resolució n del recurso de

2017.

CUARTA : Se declare la nulidad del acto del acto administrativo ficto producto del silencio administrativa originado en la falta de resolució n del recurso de negativa, apelación impetrado bajo el número de radicado EXTDES BU 1715763 calendado el 19 de octubre de 2017.

QUINTA. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la nación dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Bucaramanga reliquidar las prestaciones salariales y sociales devengadas por mi prohijada anualmente, tales como primas, vaca ciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, y demás prestaciones que se liquiden con base en el salario, cuya relación tiene un fin eminentemente enunciativo -que no taxativo así como de aquellas prestaciones que a futuro se llegaren a crear a favor de los servidores judiciales, tomando como FACTOR SALARIAL la BONIFICACION JUDICIAL de que trata el Decreto 383 de 2013, proferido por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBUCA – DAFP “Por el cual se crea la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”. Para todos los efectos, la reliquidación decretada en este proceso deberá efectuarse a partir de la PRIMERA BONIFICACIÓN JUDICIAL recibida por mi poderdante sin solución de continuidad, teniendo en cuenta la fecha de vigencia v/o aplicación contenida en el citado Decreto 383 de 2013.

SEXTA: que en adelante se reconozca y pague la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial con incidencia en las prestaciones salariales y sociales

v/o aplicación contenida en el citado Decreto 383 de 2013.

SEXTA: que en adelante se reconozca y pague la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial con incidencia en las prestaciones salariales y sociales devengadas por mi prohijado anualmente, tales como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonifi caciones, y demás prestaciones que se liquiden con base en el salario.

SEPTIMA: que sobre los valores adeudados que se reclaman no se hagan descuentos por concepto de salud y pensión, toda vez que dichos descuentos va vienen siendo realizados por disposición expresa del Decreto 383 de 2013.

OCTAVA: que los valores reconocidos sean indexados, conforme a las fórmulas establecidas jurisprudencialmente por el Honorable Consejo de Estado.

NOVENA: que, sobre los valores adeudados, se condene al pago de intere ses comerciales de acuerdo con el artículo 884 del código de Comercio a partir de la PRIMER BONIFICACION JUDICIAL, recibida por mi poderdante sin solución de continuidad teniendo en cuenta la fecha de vigencia y/o aplicación contenida en el citado Decreto 383 de 2013.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00845-00

Sentencia de Primera Instancia

DECIMA: que los valores adeudados devenguen intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria, asimismo, una vez vencido el término para el pago oportuno de la condena, esto es, (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoría de la sentencia o ( 5) días siguientes a la

término para el pago oportuno de la condena, esto es, (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoría de la sentencia o ( 5) días siguientes a la recepción de recursos, que los valores reconocidos causen interés moratorio a la tasa comercial de conformidad con el artículo 195 numeral 4 del código de Procedimiento de los Contencioso administrativo.

DÉCIMA PRIMERA: Que las condenas impuestas en la sentencia que ponga fin a este proceso se liquiden y paguen según las previsiones de los artículos 187 y 188 del CPACA.

1.2 Hechos

La demandante, María Eugenia Delgado Álvarez se encuentra vinculad a a la NaciónRama Judicial desde el 14 de enero de 2003 y se ha desempeñado como Juez de la Republica hasta la fecha. El 22 de septiembre de 2017 a través de su apoderado, presentó solicitud de reconocimiento de la bonificación judicial de que trata el Decreto 383 de 2013 como factor salarial junto con la consecuente reliquidación de prestaciones sociales. La entidad demandada mediante Resolución No . DESAJBUR17 -5230 del 4 de octubre de 2017 negó lo pretendido , decisión frente a la cual la demandante interpuso recurso de reposición y apelación el 19 de octubre de 2017, el cual no fue resuelto configurándose el silencio administrativo por el cual se confirmó el acto administrativo apelado. 1.3 Normas violadas y concepto de violación

Constitución Política arts. 1, 2, 13, 25, 35, 53, 150 en su numeral 19 literal e y 215; artículo 127 del código sustantivo del trabajo; Ley 4 de 1992 artículo 2 literal a.

Constitución Política arts. 1, 2, 13, 25, 35, 53, 150 en su numeral 19 literal e y 215; artículo 127 del código sustantivo del trabajo; Ley 4 de 1992 artículo 2 literal a.

Aduce que, al pagarse la bonificación judicial mensualmente, de forma habitual y obligatoria, se configuran los elementos que le dan la característica de pago de naturaleza salarial, y al ser la finalidad del parágrafo del artículo 14° de la Ley 4 de 1992 nivelar la remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, debe tenerse como factor salarial para todos los efectos, y no únicamente para cotización a salud y pensión. De lo contrario, su no reconocimiento despoja a los destinatarios de los beneficios salariales y prestacionales, vulnerando los artículos 2°, 27° y 53° de la Constitución Nacional , quebrantando lo dispuesto en el artículo 127 del código sustantivo del trabajo -aplicable al caso en concreto en cuanto a la definición legal del salario, que dispone que sin importar la denominación que se adopte, estará constituido por toda remuneración fija o variable que reciba el trabajador en contraprestación directa del servicio.

2. Contestación de la demanda2

2 Expediente Digital SAMAI – índice 038 – archivo 11Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00845-00 Sentencia de Primera Instancia

El apoderado judicial de la parte demandada expuso, en primer lugar, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Alegó que las entidades responsables de responder por las pretensiones de la demandante eran el

Sentencia de Primera Instancia

El apoderado judicial de la parte demandada expuso, en primer lugar, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Alegó que las entidades responsables de responder por las pretensiones de la demandante eran el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repúb lica, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública. En virtud de los Decretos 383 y 384 de 2013, dichas entidades eran las competentes para regular el régimen salarial y prestacional aplicable, por lo q ue la entidad representada por el apoderado judicial de la parte demandada no podía ser considerada como legitimada en el presente proceso. En segundo lugar, argumentó que la demanda no incluía a todos los litisconsortes necesarios, conforme al artículo 100 del Código General del Proceso. Explicó que, al versar el litigio sobre actos jurídicos cuya decisión debía ser uniforme, era indispensable la comparecencia de todas las entidades involucradas en la fijación de las condiciones salariales. En consecuencia , solicitó al despacho que se ordenara la vinculación de los organismos estatales pertinentes, pues sin su presencia no era posible adoptar una decisión de fondo válida. Adicionalmente, se opuso a las pretensiones de la demandante en relación con el reconocimiento de prestaciones adicionales a las previstas en la ley. Explicó que la modificación del régimen salarial y prestacional de los funcionarios judiciales sin una previa autorización del CONFIS y sin asignación de recursos presupuestales por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público vulneraba el principio de sostenibilidad fiscal. En consecuencia, sostuvo que el reconocimiento de los pagos

previa autorización del CONFIS y sin asignación de recursos presupuestales por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público vulneraba el principio de sostenibilidad fiscal. En consecuencia, sostuvo que el reconocimiento de los pagos reclamados era jurídicamente improcedente y generaría un grave impacto en las finanzas públicas. También invocó la excepción de prescripción trienal de los derechos reclamados, de acuerdo con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968. Explicó que la demandante solicitaba el reconocimiento de sumas que no revestían carácter salarial dentro del régimen de los serv idores judiciales, y que la prescripción de esos derechos se interrumpía únicamente con la petición ante la administración. Al haber transcurrido más de tres años desde la exigibilidad de las obligaciones, consideró que las reclamaciones de la demandante estaban prescritas. Asimismo alega la caducidad del medio de control, puesto que las pretensiones persiguen el pago de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la Bonificación judicial (entiéndase restablecimiento automático de un derecho) r eclamadas desde el año 2013 a la fecha se encuentran caducas, pues no existe causa justificable que hubiere impedido a la parte accionante acudir al contencioso en ejercicio del medio de control descrito en el artículo 138 del CPACA contra los decretos sal ariales proferidos desde el 2013, conforme lo previsto en el inciso segundo de dicha norma. Finalmente, concluyó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial había actuado en estricto cumplimiento del principio de legalidad. Resaltó que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a derecho, ajustándose a

Finalmente, concluyó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial había actuado en estricto cumplimiento del principio de legalidad. Resaltó que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a derecho, ajustándose a la normatividad vigente. En tal sentido, solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda o, en su defecto, que se declarara probada la prescripción trienal, eximiendo a su representada de cualquier responsabilidad administrativa.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00845-00 Sentencia de Primera Instancia

3. Alegatos de conclusión

a. Parte demandante3 La parte demandante sostuvo que las excepciones propuestas por la demandada carecían de fundamento jurídico y jurisprudencial , se mantuvo en el pronunciamiento presentado al descorrer el traslado de las excepciones y argumentó que la bonificación judicial y la prima especial de servicios debían ser consideradas como factor salarial, según lo establecido en la sentencia C -710 de 1996 de la Corte Constitucional. Asimismo, indicó que la vinculación de otras entidades estatales no era procedente, dado que el control de legalidad no recaía sobre actos administrativos expedidos por ellas. En cuanto al concepto de salario, la demandante resaltó qu e la jurisprudencia ha reconocido que cualquier pago habitual y periódico recibido por un funcionario constituye salario. Citó la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 26 de septiembre de 2012, la cual determinó que la lista de factores salariales no es taxativa sino enunciativa. En consecuencia, la bonificación judicial debía incluirse en la base de liquidación de prestaciones sociales.

del 26 de septiembre de 2012, la cual determinó que la lista de factores salariales no es taxativa sino enunciativa. En consecuencia, la bonificación judicial debía incluirse en la base de liquidación de prestaciones sociales. Por otro lado, la parte demandante invocó el principio de favorabilidad y la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Sostuvo que desconocer el carácter salarial de la bonificación judicial generaba una desigualdad en los ingresos de los empleados judiciales, afectando el principio de equidad. Además, argumentó que la interpretación restrictiva de la norma violaba tratados internacionales como el Convenio 95 de la OIT sobre protección del salario. Finalmente, solicitó el rechazo de las excepciones propuestas por la demandada y el reconocimiento de las pretensiones formuladas en la demanda. Enfati zó que existían precedentes judiciales que favorecían su postura y que debía garantizarse la protección de los derechos laborales de los funcionarios judiciales.

b. Parte demandada4 El apoderado judicial de la parte demandada sostuvo que la demanda carecía de legitimidad en la causa por pasiva, pues la entidad que representaba no era la competente para modificar el régimen salarial de los servidores judiciales. Argumentó que dicha función correspondía exclusivamente al Gobierno Nacional, conforme a la Constitución y la Ley 4 de 1992. En consecuencia, insistió en que la entidad demandada no podía ser objeto de las pretensiones formuladas. Asimismo, reiteró que la bonificación judicial no tenía carácter salarial, según lo dispuesto en los Decretos 383 y 384 d e 2013, los cuales seguían vigentes y no habían sido anulados. Explicó que cualquier reconocimiento adicional sin una

Asimismo, reiteró que la bonificación judicial no tenía carácter salarial, según lo dispuesto en los Decretos 383 y 384 d e 2013, los cuales seguían vigentes y no habían sido anulados. Explicó que cualquier reconocimiento adicional sin una reforma legal implicaría un incumplimiento de las normas presupuestales y fiscales. Además, advirtió que acceder a las pretensiones de la demandante afectaría la

3 Expediente Digital SAMAI – índice 057 4 Expediente Digital SAMAI – índice 058Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00845-00 Sentencia de Primera Instancia

sostenibilidad fiscal del Estado. Insiste frente a la denominada bonificación judicial que la actuación administrativa fue surtida conforme con la normatividad vigente a la fecha, normativa que es constitucional y legal y que no ha sido objeto de suspensión, anulación o modificación alguna conocida. El apoderado judicial de la parte demandada invocó las siguientes excepciones: • Inexistencia del demandado • Ineptitud de la demanda • Cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la ci tación de otras personas que la ley dispone citar • Falta de legitimación en la causa por pasiva • La demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios • La prescripción trienal de los derechos reclamados • La excepción de inconstitucionalidad • La legalidad de los actos administrativos demandados • Caducidad del medio de control • Del efectivo reconocimiento y pago de la bonificación judicial conforme al marco legal y reglamentario vigente Sostuvo que la demanda acumulaba indebid amente pretensiones de nulidad por

• Caducidad del medio de control • Del efectivo reconocimiento y pago de la bonificación judicial conforme al marco legal y reglamentario vigente Sostuvo que la demanda acumulaba indebid amente pretensiones de nulidad por inconstitucionalidad y de restablecimiento del derecho, lo que generaba confusión procesal. Además, afirmó que la pretensión de inaplicar normas vigentes excedía la competencia del juez administrativo y debía tramitarse p or los mecanismos constitucionales adecuados.

Finalmente, solicitó al despacho que se declarara la improcedencia de la demanda y se ratificara la legalidad de los actos administrativos cuestionados. Enfatizó que la Dirección Ejecutiva de Administración Ju dicial había actuado dentro del marco normativo vigente y que cualquier modificación al régimen salarial debía ser adoptada por el Gobierno Nacional, no por decisiones judiciales aisladas.

c. Ministerio Publico

Dentro del término otorgado el Ministerio Pú blico guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CUESTIÓN PREVIA

Advierte la Sala que no emitirá pronunciamiento alguno en relación con la excepción de “la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios” planteada por la entidad demandada en su contestación, toda vez que la misma ya fue resuelta desfavorablemente por el A quo mediante auto de fecha 17 de septiembre de 20245, quedando debidamente ejecutoriada la decisión.

En igual sentido, tampoco se emitirá pronunciamiento en relación con las excepciones de “inexistencia del demandado”, “ineptitud de la demanda”, “cobro de

5 Expediente Digital SAMAI – índice 052Nulidad y Restablecimiento del Derecho

En igual sentido, tampoco se emitirá pronunciamiento en relación con las excepciones de “inexistencia del demandado”, “ineptitud de la demanda”, “cobro de

5 Expediente Digital SAMAI – índice 052Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00845-00 Sentencia de Primera Instancia

lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar”, de la excepción de inconstitucionalidad”, “de la legalidad de los actos administrativos demandados”, “del efectivo reconocimiento y pago de la bonificación judicial conforme al marco legal y reglamentario vigente”, toda vez que como excepciones previas las mismas debieron ser formuladas con la contestación de la demanda para dar a la parte demandante la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción sobre aquellas, así como para que el juez de conocimiento se pronunciara sobre estas durante el trámite de la instancia, sin embargo, se evidencia que dichos planteamientos solo son puestos de presente por la demandada en los alegatos de conclusión, sin ser ese el momento procesal procedente para ello.

III. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a

Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde a la Sala determinar si: PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJBUR175230 del 04 de octubre de 2017 suscrito por el Director Ejecutivo Seccional de la Administración Judicial del Distrito de Bucaramanga, mediante la cual se negó la reliquidación y el reconocimiento y pago de cesantías y demás prestaciones que se liquiden con base al salario incluyendo en ellas, desde el año 2013 a la fecha y la totalidad o 100% de la denominada bonificación judicial, establecida en el decreto 383 del 2013?

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lu gar a reconocer y pagar a favor de la señora María Eugenia Delgado Álvarez, la BONIFICACION JUDICIAL, establecida en el decreto 383 del 2013, sobre el salario básico y/o asignación mensual, en los periodos en que se desempeñó como Juez y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.3 ¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación y pago de sus salarios incluyendo la Bonificación judicial, incluyendo en la liquidación las cesantías y todos

PJ.3 ¿Tiene derecho el demandante a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación y pago de sus salarios incluyendo la Bonificación judicial, incluyendo en la liquidación las cesantías y todos los ingresos l aborales pagados; así mismo que se les reconozca y paguen los retroactivos correspondientes a las diferencias dejadas de pagar en los periodos enNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00845-00 Sentencia de Primera Instancia

que se desempeñó como Juez y en adelante, ¿hasta la fecha en que se sigan causando?

P.J.4. ¿Es procedente disponer la reliquidación y pago de las prestaciones sociales del demandante con la inclusión de la bonificación Judicial como factor salarial, en los periodos en que se desempeñó como Juez y en adelante, hasta cuando se sigan causando?

En caso afirmativo a los anteriores interrogantes, deberá determinarse si en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.

3. Marco normativo y jurisprudencial

• De la Bonificación judicial dirigida a los servidores de la Rama Judicial.

La Constitución Política de Colombia, en el artículo 150 numeral 19, literal e y f ordena al Congreso de la República, dictar las normas generales para que el Gobierno Nacional fijara el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales; dicho mandato constitucional, fue materializado en la ley 4 de 1992, fijándose normas

públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales; dicho mandato constitucional, fue materializado en la ley 4 de 1992, fijándose normas generales, objetivos y criterios. En el artículo 2º numeral a, dispuso como pauta: “El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales”.

Más adelante, mediante el Decreto 383 de 2013, el Gobierno en ejercicio de las facultades otorgadas en la ley 4ª de 1992, creó la Bonificación judicial dirigida a los servidores de la Rama Judicial, la cual se reconoció a partir del 1º de enero de 2013, de manera mensual, mientras el servidor público permanezca en el servicio. Al respecto, el artículo 1º estableció: “Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servid or público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servid or público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así:(…)” En el artículo citado se precisa que la bonificación judicial será reconocida a partir del 1 de enero de 2013 , se cancelará mensualment e por el servidor en tanto permanezca en el servicio. Asimismo, advierte que esta solo será tenida en cuenta para la cotización en el sistema general de pensiones y para el sistema de seguridad social en salud.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00845-00 Sentencia de Primera Instancia

No obstante, el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, estableció que “Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones.”

Así mismo, el artículo 12 del Decreto No. 717 de 1978, señal ó que, además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o empleado, estableciendo:

“(…) Además de la asignación básica mensual fi jada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus

empleado, estableciendo:

“(…) Además de la asignación básica mensual fi jada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios (…)”

El H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, mediante Sentencia del seis (06) de abril de dos mil veintidós (2022), se refirió al carácter salarial de la bonificación judicial así6:

“(…) En este orden de ideas, para la Sala es claro que la bonificación judicial creada mediante Decreto No. 0382 de 2013, al ser un pago que reciben los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, de forma habitual y periódica en contraprestación a sus servicios, no habría motivo alguno para desconocer su carácter salarial, máxime si se tiene en cuenta que fue creada precisamente para materializar una nivelación salarial dispuesta en una Ley marco, Aceptar lo contrario, implicaría desconocer abiertamente los límites a la facultad otorgada por el Congreso al Gobierno Nacional y desatentar princ ipios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política (…)”.

3.2.1. De la excepción de inconstitucionalidad

El apoderado de la parte actora, pretende que se inaplique por inconstitucional la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización” establecida en el artículo primero del decreto 383 de 2013. En el orden amiento jurídico colombiano se ha establecido la figura del control constitucional que de

expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización” establecida en el artículo primero del decreto 383 de 2013. En el orden amiento jurídico colombiano se ha establecido la figura del control constitucional que de forma concentrada ejerce en abstracto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en lo de sus respectivas competencias, así como el control constitucional difuso a cargo de cada uno de los jueces en los procesos sometidos a su consideración y en aplicación directa del artículo 4 de la carta política.

6 En igual sentido la Sentencia de Unificación de la Sala Plena de Conjueces – SUJ-023-CE-S2-2020 de fecha 15 de diciembre del 2020. Conjuez Ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2018-00845-00 Sentencia de Primera Instancia

Ha sido definida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU -132 de 2013 de la siguiente forma:

“Es una facul tad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igu