TA SAN - Sentencia 680012333000-2018-01003-00 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2018-01003-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Arley Méndez de la Rosa

llizarazoaboqado@yahoo.es arleymendezdelarosa@yahoo.es anamilena.albarracin@gmail.com albarracin_m@hotmail.com

DEMANDADOS: Nación – Procuraduría General de la Nación - PGN1

mllopez@procuraduria.gov.co procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

Ministerio público: Procurador Regional de Santander

regional.santander@procuraduria.gov.co eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA NÚM.: 262

ASUNTO: Concurso de méritos - laboral

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia, previa la siguiente reseña:

1. Antecedentes

1.1. Hechos2

La parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

El señor Arley Méndez de la Rosa se inscribió a la convocatoria núm. 2015 -006, para el cargo de Procurador Judicial II para la conciliación administrativa y escogió como primera opción laboral la ciudad de Bucaramanga.

El señor Arley Méndez de la Rosa se inscribió a la convocatoria núm. 2015 -006, para el cargo de Procurador Judicial II para la conciliación administrativa y escogió como primera opción laboral la ciudad de Bucaramanga.

Después de la admisión, presentó la prueba de conocimiento s y la aprobó con un puntaje de 83.01. En la prueba de competencias comportamentales alcanzó un

1 En adelante, PGN. 2 Actuación núm. 43 de Samái – Expediente OneDrive – Archivo núm. 002 Demanda y Anexos.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Anticipada de Primera Instancia

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puntaje de 69.77 y, en la prueba de análisis de antecedentes, le asign aron 53 puntos.

Inconforme con el resultado de la prueba de antecedentes, elevó la respectiva reclamación. Allí cuestionó que no se le otorgara n siete puntos en lo que respecta a la Especialización en Gobierno Municipal y treinta puntos frente a la experiencia laboral en la Rama Judicial como Juez Segundo Administrativo del Cir cuito de Bucaramanga, desde el 12 de febrero de 2009 hasta el 15 de febrero de 2015.

Para sustentar su reclamo, aportó la certificación expedida por el sistema Kactus de la Rama Judicial y allegó copia del posgrado antes referido, cuyo pénsum contenía materias directamente relacionadas con el quehacer de un procurador judicial para la conciliación de lo contencioso-administrativo.

la Rama Judicial y allegó copia del posgrado antes referido, cuyo pénsum contenía materias directamente relacionadas con el quehacer de un procurador judicial para la conciliación de lo contencioso-administrativo.

Mediante la Resolución núm. 1517 del 27 de junio de 2016, le fueron negadas sus reclamaciones, porque en el certificado laboral no se especific ó el inicio y término de cada cargo. Además, se le indicó que la especialización no se encontraba dentro de las disciplinas requeridas por la convocatoria.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Resolución núm. 345 del 8 de julio de 2016, conformó la lista de elegibles del cargo Procurador Judicial II, asignados a la Procuraduría delegada para la Conciliación Administrativa, dentro de la convocatoria núm. 006 -2015, grado y código 3PJ.EC , en la que el demanda nte ocupó el puesto 167.

El actor afirmó que la Procuraduría General de la Nación expide las certificaciones laborales mediante un formato institucional uniforme, el cual incorpora expresiones como «en la actualidad» y «está vinculada a la entidad desde»; no obstante, la certificación por él aportada, aun cuando se ajustó a dicho formato, no fue valorada con el mismo rigor que las expedidas para otros servidores de esa entidad, como en el caso de la funcionaria Ruth Carolina Moreno, a quien sí se le reconoció dicho documento dentro de la valoración de los antecedentes.

Lo mismo ocurrió en la convocatoria núm. 2015-022 de la PGN, en la que el señor Arley Méndez de la Rosa aspiró al cargo Asesor 1 AS -21. En ese concurso la

documento dentro de la valoración de los antecedentes.

Lo mismo ocurrió en la convocatoria núm. 2015-022 de la PGN, en la que el señor Arley Méndez de la Rosa aspiró al cargo Asesor 1 AS -21. En ese concurso la entidad demandada sí valoró una certificación laboral aportada en similaresNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Anticipada de Primera Instancia

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términos, pero de manera adecuada, asignándole 80 puntos en la prueba de antecedentes.

Finalmente, expuso que en un fallo de tutela dictado en segunda instancia por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dentro del radicado núm. 11001102000201603030-01, se ordenó a la PGN tener en cuenta el título académico de Magister en Gobierno Municipal del señor Vladimir Fernández Andrade.

1.2. Las pretensiones3

«Primera: SE INAPLIQUEN por inconstitucionales, inconvencionales e ilegales, las siguientes reglas contenidas en la Resolución 050 de 2015, a saber: (I) Literal B del artículo 8; (II) Numerales 1 y 2 del artículo 9; (III) El artículo 17, referido a la valoración taxativa de Especializaciones, Maestrías, Doctorados y Postdoctorados puntuadles dentro de la convocatoria 2015 -006 y todas aquellas disposiciones que impidan el reconocimiento a favor del participante de todos sus estudios de postgrado adelantados y todas las certificaciones de experiencia laboral

puntuadles dentro de la convocatoria 2015 -006 y todas aquellas disposiciones que impidan el reconocimiento a favor del participante de todos sus estudios de postgrado adelantados y todas las certificaciones de experiencia laboral acumulada posterioridad a la obtención de su título de abogado, respecto del cargo concursado por éste, en esa convocatoria y, en consecuencia, se de aplicación a los términos de los artículos 3, 4, 6 y 7 del Decreto 263 de 2000, disposiciones que regulan los reconocimientos en concurso de méritos de la PGN de los títulos de postgrado y la experiencia específica a cada uno de los cargos de carrera de esa entidad.

Segunda: Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (I) De la Resolución de la calificación de la prueba de antecedentes del demandante señor ARLEY MÉNDEZ DE LA ROSA, en el concurso de mér itos convocatoria 2015006; (II) De la Resolución 1517 de 27 de junio de 2016 que confirmó el puntaje asignado al participante en la calificación de análisis de antecedentes; (III) Resolución 345 de 8 de junio de 2016 por medio de la cual, se estableció en orden

descendiente la lista de elegibles para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales II para la Conciliación Administrativa; (IV) El decreto No. 3295 del 8 de agosto de 2016 "Por medio del cual, se hace un nombramiento en período de prueba (....)" (sic) el cual recayó a favor del doctor IVÁN FERNANDO PRADA MACIAS, como Procurador Judicial II 160 Administrativo de Bucaramanga, por no corresponder este nombramiento a la estricta legalidad del concurso en el

PRADA MACIAS, como Procurador Judicial II 160 Administrativo de Bucaramanga, por no corresponder este nombramiento a la estricta legalidad del concurso en el orden que legalmente le correspondía.

Tercera: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad accionada, otorgar al actor ARLEY MÉNDEZ DE LA ROSA, como participante en el concurso de méritos referido a la convocatoria 2015 006, por experiencia profesional relacionada con el cargo treinta (30) puntos adicionales a los ya reconocidos, en razón a su experiencia como Juez Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga entre el 12 de febrero de 2009 y el 15 de febrero de 2015,

3 Actuación núm. 43 de Samái – Expediente OneDrive – Archivo núm. 002 Demanda y Anexos.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Anticipada de Primera Instancia

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de acuerdo con la certificación que anexó el actor al momento de su inscripción al concurso.

Cuarta: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada, le conceda al actor ARLEY MÉNDEZ DE LA ROSA, como competidor en el concurso de méritos de que trata la convocatoria 2015 -006, siete (7) puntos adicionales a los ya reconocidos por estudios de posgrado, en razón a su condición de especialista en Gobierno Municipal de la Universidad Javeriana de Colombia.

Quinta: Que en cu mplimiento de lo anterior, se ordene al Jefe de la Oficina de

adicionales a los ya reconocidos por estudios de posgrado, en razón a su condición de especialista en Gobierno Municipal de la Universidad Javeriana de Colombia.

Quinta: Que en cu mplimiento de lo anterior, se ordene al Jefe de la Oficina de

Selección y Carrera de la Procuraduría General de la Nación o quien haga sus veces al momento de la notificación del fallo de fondo, modifique el puntaje de la prueba de antecedentes asignado al concursante, lo cual, implicará un cambio del puntaje total asignado al actor de 73.69 a 81.09, variando así su ubicación actual en la lista de elegibles del puesto 167 al puesto 49, que es el que legalmente le corresponde de acuerdo con las reglas legales aplicables al caso expuesto.

Sexta: Que se ordene de conformidad con el orden de elegibilidad que corresponda, se disponga el nombramiento del actor ARLEY MÉNDEZ DE LA ROSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.255.272, en el cargo de Procurador Judicial II Código 3PJ, Grado EC, en la Procuraduría 160 Judicial II Administrativa, con sede en la ciudad de Bucaramanga, lugar escogido por el actor como sede de su preferencia al momento de su inscripción.

Séptima: Que sea condenada la entidad al p ago de los salarios y demás prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que fueron

posesionados los primeros procuradores judiciales de carrera y hasta cuando se haga efectiva la vinculación de que trata el punto anterior de las pretensiones.

Octava: Que sea condenada la entidad al pago de perjuicios morales en cuantía

de 20 Salarios Mínimos Legales Mensuales.

haga efectiva la vinculación de que trata el punto anterior de las pretensiones.

Octava: Que sea condenada la entidad al pago de perjuicios morales en cuantía

de 20 Salarios Mínimos Legales Mensuales.

Novena: Que se ordene que las sumas reconocidas en el fallo de fondo, sean indexadas y que, sobre éstas, se ordene pagar los intereses que la ley reconoce, si la entidad no se aviene al cumplimiento en los términos legalmente establecidos.

Décima: Que se condene a la entidad accionada al pago de costas y agencias en derecho».

1.3. Normas violadas y concepto de violación4

Constitucionales: los artículos 2º, 13, 29, 40, 53, 83, 125, 150, 209 y 279.

Reglamentarias: los artículos 1º, 195, 196 y 261 del Decreto 262 de 2000; los artículos 1º, 3, 4, 6 y 7 del Decreto 263 de 2000; el Decreto 263 de 2000, y el Decreto 1818 de 1998.

4 Folio 7-18.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Anticipada de Primera Instancia

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Asimismo, se refirieron como violadas las siguientes sentencias proferidas por la H.

Corte Constitucional: «C 037 de 1996; C 878 de 10 de septiembre de 2008; SU 446 de

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Asimismo, se refirieron como violadas las siguientes sentencias proferidas por la H.

Corte Constitucional: «C 037 de 1996; C 878 de 10 de septiembre de 2008; SU 446 de 2011; 248 de 2012. T398 de C 2015; C 570 DE 1997 Y C 837 DE 2003».

Por último, se alegó el desconocimiento del concepto del 20 de octubre de 2005, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado, C.P. Gustavo Aponte Santos.

Como concepto de violación , sostuvo que los artículos cuya inapl icación solicitó, desconocen las reglas contempladas en el Decreto Ley 262 del 2000 , pues el Procurador General de la Nación agregó normas que desconocen la igualdad y el mérito. E n especial, la relacionada «con la taxatividad establecida para acreditar estudios y la forma de parametrizar, interpretar y valorar la experiencia adicional, contemplados en su orden en los artículo (sic) 17 y 9 respectivamente de la Resolución 050 de 2015».

Cuestionó que se limitara n en dicha resolución «los estudios de postgrado que obtendrían puntaje», pues al revisar el catálogo de funciones de los Procuradores Judiciales II para la conciliación administrativa, muchas de ellas están relacionadas con las competencias de los alcaldes y demás servidores del orden municipa l. Por ende, sostuvo que se modificaron los requisitos para acceder al cargo, comoquiera que se excluyeron los perfiles de expertos en políticas públicas municipales, como el del demandante.

ende, sostuvo que se modificaron los requisitos para acceder al cargo, comoquiera que se excluyeron los perfiles de expertos en políticas públicas municipales, como el del demandante.

Acto seguido, citó los artículos 3º, 4º, 6º y 7º del Decreto 263 de 2000 y concluyó con fundamento en lo transcrito, que todos los posgrados debían ser tenidos en cuenta para acreditarlos como estudios adicionales en el concurso de méritos de la PGN, comoquiera que no existe razón legal o constitucional que justificara la limitación introducida en la Resolución núm. 050 (sic) de 20155.

En ese mismo sentido, argumentó que el Procurador General de la Nación no tenía competencia para reglamentar la carrera administrativa, porque la Corte Constitucional determinó que solo el Congreso de la República es quien puede hacerlo. Por consiguiente, la entidad demandada suplantó las funciones legislativas.

5 En realidad, corresponde a la Resolución núm. 040 de 2015.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Anticipada de Primera Instancia

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De conformidad con estos planteamientos, aseguró que los actos administrativos demandados vulner aron el debido proceso, la igualdad, el acceso a los cargos públicos y el derecho al trabajo.

Se adujo que el principio de confianza legítima resultó vulnerado, en tanto la autoridad demandada, pese a haber valorado la misma certificación emitida por el

públicos y el derecho al trabajo.

Se adujo que el principio de confianza legítima resultó vulnerado, en tanto la autoridad demandada, pese a haber valorado la misma certificación emitida por el sistema Kactus dentro de la convocatoria de 2012, desconoció dicho documento en una decisión posterior adoptada en la convocatoria de 2015.

Adicionalmente, aseguró que el debido proceso de vio afectado, en tanto que los concursos de méritos deben estar guiados por el respeto de una selección objetiva, dejando de lado las interpretaciones restrictiva s o trabas que impongan requisitos innecesarios o inocuos, que impidan injustificadamente el acceso a los cargos públicos.

En es a misma línea de intelección , consideró que la calificación de las certificaciones, con fundamento en las restricciones de la R esolución núm. 040 de 2015, desconocieron la capacidad e idoneidad demostrada por el actor, lo cual alteró la esencia de la carrera administrativa y trastocó el debido proceso.

Por último, sostuvo que la decisión resultó sorpresiva, máxime cuando el aspir ante manifestó de buena fe su experiencia laboral, y más aún si se tiene en cuenta que los certificados expedidos por la PGN guardan similitud con el aportado por el concursante para acreditar su desempeño en el cargo de Juez Administrativo.

1.4. Trámite Procesal

La demanda fue presentada el 24 de enero de 2017 y repartida ese mismo día al H. Consejo de Estado para su conocimiento. Mediante auto del 14 de marzo de 2018, dicha Corporación remitió las diligencias por competencia al Tribunal Administrativo de Santander. El 10 de diciembre de 2018, el proceso fue asignado en estricto

Consejo de Estado para su conocimiento. Mediante auto del 14 de marzo de 2018, dicha Corporación remitió las diligencias por competencia al Tribunal Administrativo de Santander. El 10 de diciembre de 2018, el proceso fue asignado en estricto reparto al Despacho 06 de este Tribunal, cuyo titular manifestó un impedimento que le fue aceptado.

El Despacho 04 de esta Colegiatura admitió la demanda el 25 de octubre de 2021 y a través de auto de esa misma fecha corrió traslado de la medida cautelar solicitada. Acto seguido, resolvió en el auto del 2 de marzo de 2023 declarar fundadoNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Anticipada de Primera Instancia

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el impedimento de todos los procuradores 159 judiciales II delegados ante el Tribunal y notificar personalmente al Procurador Regional de Santander.

Acto seguido, en virtud del acuerdo PCSJA23 -12060 del 31 de mayo de 2023, se ordenó remitir el 15 de junio de 2023 el proceso de la referencia al Despacho de la Magistrada Ponente . A t ravés de auto del 9 de diciembre de 2024, se avocó conocimiento del trámite y se resolvió negar las medidas cautelares solicitadas por el actor. Posteriormente, el 13 de diciembre de 2024 se admitió la reforma de la demanda.

Seguidamente, se surtió el trámite procesal correspondiente. A su turno, mediante

el actor. Posteriormente, el 13 de diciembre de 2024 se admitió la reforma de la demanda.

Seguidamente, se surtió el trámite procesal correspondiente. A su turno, mediante auto de 23 de mayo de 2025, se dispuso que, una vez cerrado el período probatorio, se corriera traslado para alegar de conclusión. De este trámite se destaca:

1.5. Contestación de la demanda

La Procuraduría General de la Nación no contestó la demanda.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. La parte demandante reprodujo los argumentos de la demanda e insistió en que la PGN «debía haber situado al actor en la lista de elegibles con un puntaje de 81.0 9 con el que se le ubicaría dentro del puesto 49, garantizándole a éste el nombramiento en período de prueba en la sede de Bucaramanga».

1.6.2. La parte demandada no presentó alegaciones finales.

1.6.3. El Ministerio Público no rindió concepto.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Impedimento de la Magistrada María Eugenia Carreño Gómez

Registrado el proyecto para revisión por parte de la Sala, a través de la plataforma Teams, la magistrada María Eugenia Carreño Gómez manifestó impedimento para conocer del proceso de la referencia en calidad de miembro de la Sala.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Anticipada de Primera Instancia

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Para el efecto, invocó el numeral 12 del artículo 141 del CGP 6 y adujo que tuvo conocimiento directo y cercano, en su condición de Procuradora delegada para el año 2015, del concurso de méritos núm. 2015 -006, adelantado po r la PGN para proveer los cargos de Procuradores Judiciales.

En tal sentido, indicó que actuó en la etapa de planeación de dicha convocatoria, en cumplimiento de la sentencia C -101 del 2013 y que, aunque la valoración de documentos le correspondía a la Universidad de Pamplina, su rol de funcionaria de la PGN en el proceso de selección podría «generar en las partes o en la opinión pública una percepción de afectación a la independencia e imparcialidad que debe revestir la función judicial, de conformidad a los principios de objetividad, transparencia y deber de abstención».

Al respecto, se considera que dichas circunstancias son suficientes para la configuración de la causal de impedimento alegada por la Magistrada , de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 141 del CGP . En tal sentido, con el fin de evitar cualquier duda sobre la imparcialidad en el ejercicio de la función judicial, se declarará fundado el impedimento por ella manifestado y se procederá a separarla del conocimiento del presente asunto como miembro de la Sala de decisión.

2.2. Cuestión Previa

la función judicial, se declarará fundado el impedimento por ella manifestado y se procederá a separarla del conocimiento del presente asunto como miembro de la Sala de decisión.

2.2. Cuestión Previa

En el asunto puesto a consideración de la Sala, el señor Arley Méndez de la Rosa pretendió la nulidad: i) de la resolución que calificó los antecedentes del demandante en el concurso de méritos convocatoria núm. 2015 -006; ii) d e la Resolución núm. 1517 de 27 de junio de 2016 que confirmó el puntaje asignado en la calificación de análisis de antecedentes; iii) de la Resolución núm. 345 de 8 de junio de 2016, por medio de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer las vacantes de Procuradores Judiciales II para la Conciliación Administrativa, y iv) del Decreto núm. 3295 del 8 de agosto de 2016 , por medio del cual se nombró en periodo de prueba al Dr. Iván Fernando Prada Macías, como Procurador Judicial II 160 Administrativo de Bucaramanga.

6 «haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del ministerio público, perito o testigo»Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Anticipada de Primera Instancia

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Al respecto, se observa que la naturaleza de algunos de los actos enunciados es

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Al respecto, se observa que la naturaleza de algunos de los actos enunciados es meramente preparatoria o de trámite, en la medida en que, por regla general, a través de tales actos la Administración no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas de los administrados. Excepcionalmente, ciertos actos de trámite adquieren esa condición cuando impiden la continuación del procedimiento.

Sobre este punto, conviene señalar que los actos administrativos de calificación que eliminan a los participantes, al igual que la lista de elegibles, «son actos típicamente definitorios de situaciones jurídicas, en la medida en que al asignar un puntaje o establecer la ubicación de los convocados para efectos de proveer un cargo en propiedad, otorgan un estatus al participante y afectan su interés de acceder a la carrera administrativa »7. (Destacado de la Sala).

Así las cosas, en este caso particular tanto el acto administrativo que contiene las calificaciones de la prueba de antecedentes de la convocatoria núm. 2015-006, como la Resolución núm. 1517 de 27 de junio de 2016, que resolvió la reclamación efectuada por el demandante son susceptibles de ser demandados.

Esto es así, porque con su expedición se calificaron los resultados de la valoración de antecedentes, se sumaron sus resultados y se definió la posición del interesado en la lista de elegibles, de manera que la situación jurídica del aspirante con ellos fue resulta y, por tanto, la Sala abordará el análisis de su legalidad en conjunto con

de antecedentes, se sumaron sus resultados y se definió la posición del interesado en la lista de elegibles, de manera que la situación jurídica del aspirante con ellos fue resulta y, por tanto, la Sala abordará el análisis de su legalidad en conjunto con la lista de elegibles y el de nombramiento acusado.

2.3. De la competencia

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 152 del CPACA8, este Tribunal Administrativo es competente para conocer en primera instancia de los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes . En consecuencia, procederá la Sala a desatar la presente controversia en primera instancia.

7 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. S entencia del 1º de septiembre de 2014. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Rad. 05001-23-31-000-2008-01185-01 (2271-10). 8 Norma vigente sin modificaciones para la época de la presentación de la demanda : «Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: // 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Anticipada de Primera Instancia

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mínimos legales mensuales vigentes».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Anticipada de Primera Instancia

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2.4. Problemas jurídicos

La Sala procede a fijar los siguientes problemas jurídicos teniendo en cuenta el objeto del litigio, los cuales se circunscriben a determinar si:

PJ.01. ¿Hay lugar a inaplicar por inconstitucionales, no convencionales e ilegales, las reglas contenidas en la Resolución núm. 040 de 2015, que e stableció el Procurador General de la Nación sin competencia, para la valoración taxativa de los títulos de posgrado y de las certificaciones laborales dentro de la convocatoria núm. 2015-006, para en su lugar dar aplicación a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Decreto 263 de 2000, que regulan la valoración de los títulos de postgrado y de la experiencia en los concursos de méritos de la PGN?

PJ.02. ¿La PGN en ejercicio de su competencia valor ó adecuadamente los antecedentes del señor Arley Méndez de la Rosa al interior de la convocatoria núm. 2015-006, en la que optó por una de las vacantes definitivas del empleo denominado Procurador Judicial II para la Conciliación Administrativa o, por el contrario, se configura el cargo de violación al debido proceso que permita modificar la lista de elegibles conformada en el concurso de méritos al no haberse computado la totalidad de su experiencia académica y profesional?

configura el cargo de violación al debido proceso que permita modificar la lista de elegibles conformada en el concurso de méritos al no haberse computado la totalidad de su experiencia académica y profesional?

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: i) el debido proceso en los concursos de méritos y, ii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. El debido proceso en los concursos de méritos

La Constitución consideró como elemento fundamental para el ejercicio de la función pública el principio del mérito y previó a la carrera, por su condición de sistema técnico de administración del componente humano, como el mecanismo general de vinculación al servicio público.

Por ende, la H. Corte Constitucional ha reiterado que el concurso de méritos constituye en el instrumento adecuado para que, bajo parámetros objetivos, noNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Anticipada de Primera Instancia

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discriminatorios, transparentes y claros, se garantice la selección d e las personas mejor cualificadas integralmente9.

Ahora bien, sumado a los principios que inspiran las convocatorias, entre ellos, el mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, la ejecución de sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso y respetar todas las garantías que rodean el proceso de selección.

mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, la ejecución de sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso y respetar todas las garantías que rodean el proceso de selección.

Conviene destacar que en el marco de un concurso de méritos es posible que la Administración vulnere determinadas garantías y se aparte del debido proceso administrativo. Así, por ejemplo, puede omitir las publicaciones exigidas por la ley, desconocer el estricto orden de mérito, emplear instrumentos de evaluación carentes de confiabilidad y validez para verificar la idoneidad y competencias de los aspirantes o, incluso, abstenerse de apli car las normas propias de la carrera administrativa a una situación jurídica concreta.

De este modo, frente a la vulneración del debido proceso administrativo, entendida como «la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la le y»10, le corresponde al juez de lo Contencioso -Administrativo intervenir para hacer prevalecer el ordenamiento jurídico y garantizar los derechos fundamentales.

Sobre el particular, el H. Consejo de Estado se ha pronunciado en los sig