TA SAN - Sentencia 680012333000-2019-00127-00 (24-10-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2019-00127-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: José Alberto García Clavijo

abogados@rinconperez.com

DEMANDADO: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la

Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PUBLICO mbuendia@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima especial / bonificación por actividad judicial PROVIDENCIA: Sentencia de primera instancia

SALA No. 01

CONJUEZ PONENTE: ÁNGELA CECILIA RODRÍGUEZ RUEDA

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por JOSÉ ALBERTO GARCÍA CLAVIJO en contra de la Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

• Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

CLAVIJO en contra de la Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

• Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., el señor José Alberto García Clavijo presenta demanda contra la Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , formulando las siguientes:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00617-00 Sentencia de Primera Instancia

1.1 Pretensiones

“1.1 RELATIVAS A LA DISMINUCIÓN SALARIAL O ¨PLUS¨

1.1.1 INAPLICAR parcialmente los Decretos anualmente expedidos por el Gobierno Nacional desde 1993, donde se ha reglamentado la Prima Especial establecida en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, y que frente a mi poderdante conforme interpretación efectuada por su emplead or Rama Judicial, ha representado la disminución de su sueldo por el pago de aquella prima sustraída directamente desde el salario.

1.1.2 DECLARAR LA NULIDAD del Acto Administrativo Ficto que, conforme el silencio negativo contemplado en el Artículo 83 de la Ley 1437 de 2011, fue proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, ante la petición presentada a favor de mi poderdante el día 10 de abril de 2017.

Acto administrativo ficto con el cual, la entidad resolvió negar las peticiones

por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, ante la petición presentada a favor de mi poderdante el día 10 de abril de 2017.

Acto administrativo ficto con el cual, la entidad resolvió negar las peticiones presentadas electrónicamente el día 10 de abril de 2017, donde se pretendía el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir por mi prohijado, como consecuencia de la disminución salarial derivada de la inconstitucional interpretación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, donde la prima especial ha sido pagada sustraída del salario mismo (mermando éste último).

1.1.3. Como consecuencia de la anterior declaración, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá RESTABLECER EL DERECHO de mi poderdante y PAGAR las diferencias pecuniarias negadas en el acto administrativo enjuiciado, derivadas de la reliqu idación salarial y prestacional solicitada. TENIÉNDOSE EN CUENTA DENTRO DEL SALARIO : EL 100% DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL, SIN LA DISMINUCIÓN QUE SE HA VENIDO REALIZANDO POR CUENTA DEL PAGO DE LA PRIMA ESPECIAL a la que igualmente ha tenido derecho, así como las diferencias prestacionales resultantes de pagar en debida forma el salario que ha sido objeto de disminución.

Sumas las cuales deberán ser indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado.

1.1.4. Se reconozcan los respectivos intereses corrientes y/o moratorios sobre las

Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado.

1.1.4. Se reconozcan los respectivos intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho.

1.1.5. En lo sucesivo y para todos los efectos legales, se liquide la nómina de mi poderdante con la totalidad del 100% de su asignación salarial junto con las repercusiones de reliquidación de prestaciones sociales que ello implique, sin que el pago de salarios se vea mermado por el pago de la prima especial de que trata el Articulo 14 de la Ley 4ª de 1992.

1.2 RELATIVAS A LA SUPRESIÓN DEL CARÁCTER SALARIAL DE LA PRIMA

ESPECIAL

1.2.1. INAPLICAR todas y cada una de las normas que, inconstitucionalmente y respecto de mi poderdante, han mermado y restringido sus derechos prestacionales, suprimiendo el carácter salarial de la PRIMA ESPECIAL.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00617-00 Sentencia de Primera Instancia

1.2.2. DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes Actos admini strativos: i) Resolución N° DESAJBUR17-3015 de fecha 19 de abril de 2017 que, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, fue notificada el día 24 de abril de 2017; así como el ii) Acto Administrativo ficto que, conforme el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, surgió como consecuencia del silencio administrativo

de abril de 2017; así como el ii) Acto Administrativo ficto que, conforme el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, surgió como consecuencia del silencio administrativo negativo procesal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ante el recurso de apelación interpuesto el día 01 de mayo de 2017 de 2017 en contra de la referida Resolución N° DESAJBUR17-3015.

Actos Administrativos con los cuales, la entidad resolvió negativamente el derecho de petición presentado electrónicamente el día 10 de abril de 2017, donde se pretendía el reconocimiento y pago de la diferencia prestacional dejada de percibir como consecuencia de la exclusión de la PRIMA ESPECIAL como factor salarial, para la liquidación de las demás prestaciones sociales.

1.2.3. Como consecuencia de la anterior declaración, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá RESTABLECER EL DERECHO de mi poderdante y PAGAR las diferencias prestacionales negadas en los actos administrativos impugnados y que corresponden a la reliquidación de las prestaciones sociales de mi prohijado con la inclusión como factor salarial de la PRIMA ESPECIAL, que legalmente ha percibido mi poderdante. Sumas las cuales deberán ser indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado.

1.2.4. Se reconozcan los respectivos intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho.

1.2.5. En lo sucesivo y para todos los efectos legales, se liquide la nómina de mi

sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho.

1.2.5. En lo sucesivo y para todos los efectos legales, se liquide la nómina de mi poderdante con la inclusió n del reconocimiento prestacional objeto del presente medio de control, concerniente a reconocerse el carácter salarial de la PRIMA

ESPECIAL.

1.3 RELATIVAS A LA SUPRESIÓN DEL CARÁCTER SALARIAL DE LA BONIFICACÓN

POR ACTIVIDAD JUDICIAL

1.3.1. INAPLICAR todas y cada una de las normas que, inconstitucionalmente y respecto de mi poderdante, han mermado y restringido sus derechos prestacionales, suprimiendo el carácter salarial de la BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD JUDICIAL.

1.3.2. DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes Actos administrativos: i) Resolución N° DESAJBUR17-3811 de fecha 09 de junio de 2017 que, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, fue notificada el día 16 de junio de 2017; así como el ii) Acto Administrativo ficto que, conforme el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, surgió como consecuencia del silencio administrativo negativo procesal de la Dirección Ejecut iva de Administración Judicial, ante el recurso de apelación interpuesto el día 20 de junio de 2017 en contra de la referida Resolución N° DESAJBUR17-3811.

Actos Administrativos con los cuales, la entidad resolvió negativamente el derecho de petición pres entado electrónicamente el día 10 de abril de 2017, donde se pretendía el reconocimiento y pago de la diferencia prestacional dejada de percibir

Actos Administrativos con los cuales, la entidad resolvió negativamente el derecho de petición pres entado electrónicamente el día 10 de abril de 2017, donde se pretendía el reconocimiento y pago de la diferencia prestacional dejada de percibir como consecuencia de la exclusión de la BONIFICACIÓN POR ACTIVIDADNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00617-00 Sentencia de Primera Instancia

JUDICIAL como factor salarial, para la liquidación de las demás prestaciones sociales.

1.3.3. Como consecuencia de la anterior declaración, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá RESTABLECER EL DERECHO de mi poderdante y PAGAR las diferencias prestacionales negadas en los actos administrativos impugnados y que corresponden a la reliquidación de las prestaciones sociales de mi prohijado con la inclusión como factor salarial , de la BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD JUDICIAL, que legalmente ha percibido mi poderdante. Sumas las cuales deberán ser indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado.

1.3.4. Se reconozcan los respectivos intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho.

1.3.5. En lo sucesivo y para todos los efectos legales, se liquide la nómina de mi poderdante con la inclusión del reconocimiento prestacional objeto del presente medio de control, concerniente a reconocerse el carácter salarial de la

BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD JUDICIAL.

poderdante con la inclusión del reconocimiento prestacional objeto del presente medio de control, concerniente a reconocerse el carácter salarial de la

BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD JUDICIAL.

1.2 Hechos

El demandante, José Alberto García Clavijo, se encuentra vinculado con la Rama Judicial desde el 27 de marzo de 1995, desempeñándose como juez de la Republica desde el 15 de enero de 2016.

El 10 de abril de 2017, a través de apoderado presentó solicitud de reliquidación de salarios y prestaciones sociales persiguiendo que se incluya en la asignación salarial el 30% que en su criterio fue objeto de disminución como consecuencia de la indebida interpretación y aplica ción del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 . Así mismo solicitó que la bonificación por actividad judicial del Decreto 3131 de 2005 y la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, fueran reconocidas como factor salarial para efecto de reliquidar las prestaciones sociales.

La entidad demandada, mediante Resoluciones No. DESAJBUR17-3015 del 19 de abril de 2017 , DESAJBUR17-3811 del 09 de junio de 2017 , y acto ficto negativo, negó el reconocimiento solicitado. Las dos primeras decisiones fueron impugnadas por el demandante mediante recursos de apelación ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien no resolvió la alzada , operando el silencio administrativo negativo.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por la demandante como normas violadas las siguientes:

Administración Judicial, quien no resolvió la alzada , operando el silencio administrativo negativo.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por la demandante como normas violadas las siguientes:

Constitucionales: Artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53 y 209 de la Constitución Política.

Legales: Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14.

Se argumenta que la prima especial del 30% no fue correctamente considerada como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. EstaNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00617-00 Sentencia de Primera Instancia

incorrecta interpretación condujo a que, en lugar de ser sumada al salario, fuera descontada, reduciendo injustificadamente los ingresos totales de los empleados judiciales.

Además, se sostiene que hubo una violación del principio de progresividad y de protección del salario, al despojar de efectos salariales el 30% correspondiente a la prima especial, lo que contraviene el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales. Esto resultó en una disminución injustificada de los ingresos, afectando los derechos fundamentales de los empleados de la Rama Judicial.

Aduce que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, tiene derecho al reconocimiento de la prima especial como un componente adicional a su remuneración mensual, y no como lo ha interpretado la demandada, sustrayendo el 30% de su salario indebi damente para imputarlo a título de prima especial de servicios.

tiene derecho al reconocimiento de la prima especial como un componente adicional a su remuneración mensual, y no como lo ha interpretado la demandada, sustrayendo el 30% de su salario indebi damente para imputarlo a título de prima especial de servicios.

Finalmente, argumenta que los Decretos 3131 de 2005 y 3382 de 2005, que regulan la bonificación por actividad judicial, desconocieron la esencia de la Ley 4ª de 1992 toda vez que dicha ley in dica que toda disposición que sea contraria al espíritu de esta norma carecerá de efectos, al igual, por ser una prestación periódica desconoce la esencia de la misma, ya que tales decretos del ejecutivo se desbordaron al considerarlas sin carácter salaria l violando toda la normatividad laboral vigente, el preámbulo de la constitución y los artículos 2, 3 y 25, al no garantizar los derechos fundamentales al trabajo, la justicia y la igualdad. Además, enfatiza en que cualquier disposición normativa que limite estos derechos debe ser inaplicada.

2. Contestación de la demanda

La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el reconocimiento y pago de la prima especial y la bonificación por actividad judicial se realizaron conforme a la normatividad vigente y a lo dispuesto en los decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional. La defensa sostuvo que dichos beneficios no tienen carácter salarial para todas las prestaciones sociales, sino que su reconocimiento como factores salariales se limita exclusivamente a efectos de cotización al sistema de seguridad social, tal como lo prevén los decretos salariales que regulan el régimen de los empleados judiciales.

sino que su reconocimiento como factores salariales se limita exclusivamente a efectos de cotización al sistema de seguridad social, tal como lo prevén los decretos salariales que regulan el régimen de los empleados judiciales.

Así mismo, resaltó que la actuación administrativa se llevó a cabo conforme a la normatividad vigente, destacando que cualquier modificación en el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos es competencia exclusiva del Gobierno Nacional. Enfatizó que el reconocimiento de derechos adicionales a los establecidos en los decretos salariales expedidos por el Ejecutivo implicaría una vulneración del principio de sostenibilidad fiscal y un desconocimiento del marco presupuestal establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Finalmente formuló como excepciones , entre otras, las de “caducidad”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “prescripción trienal”.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00617-00 Sentencia de Primera Instancia

3. Alegatos de conclusión

3.1 Parte demandante

Reitera los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y adicionalmente fundamenta la prosperidad de sus pretensiones en la Sentencia de Unificación – SUJ-016-CE-S2-2019 de fecha 02 de septiembre de 2019 proferida por el Consejo de Estado.

3.2 Parte demandada

Sostuvo que los salarios y prestaciones sociales de l actor fueron cancelados conforme al régimen salarial y prestacional vigente para los servidores públicos, y que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos con arreglo a derecho, por lo cual gozan de presunción de legalidad.

conforme al régimen salarial y prestacional vigente para los servidores públicos, y que los actos administrativos cuestionados fueron expedidos con arreglo a derecho, por lo cual gozan de presunción de legalidad.

Reiteró que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial carece de competencia para fijar o modificar factores salariales, función que corresponde de manera exclusiva al Gobierno Nacional en virtud de la Ley 4ª de 1992 y el artículo 150 de la Constitución. Precisó que tanto la prima especial del 30% como la bonificación por actividad judicial solo constituyen factor salarial para efectos de cotización en salud y pensión, según lo dispuesto en los decretos vigentes, y no pueden extenderse a otros conceptos.

Finalmente, advirt ió que acceder a lo solicitado desconocería los principios de legalidad del gasto y sostenibilidad fiscal, comprometiendo recursos sin apropiación presupuestal y generando responsabilidad para los funcionarios.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término oto rgado por el Despacho el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

II. CUESTION PREVIA

Advierte la Sala que no emitirá pronunciamiento alguno en relación con las excepciones de “La demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios”, y; “Cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispo ne citar”, planteadas por la entidad demandada en el escrito de alegatos de conclusión, toda vez que las mismas ya fueron despachadas desfavorablemente mediante autos de fecha 07 de marzo y 12 de septiembre de 2024 los cuales se encuentran debidamente eje cutoriados, motivo por el cual no hay lugar a emitir pronunciamiento adicional.

desfavorablemente mediante autos de fecha 07 de marzo y 12 de septiembre de 2024 los cuales se encuentran debidamente eje cutoriados, motivo por el cual no hay lugar a emitir pronunciamiento adicional.

III. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que losNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00617-00 Sentencia de Primera Instancia

presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Fijación del litigio

De conformidad con lo dispuesto en auto s de fecha 07 de marzo de 2024 y 01 de abril de 2025 corresponde a la Sala en primer término determinar si:

¿En el presente caso se configuró el fenómeno de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?

En caso de que la respuesta al anterior problema jurídico sea negativa, la Sala deberá determinar si:

PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en: (i) la Resolución No. DESAJBUR17 -3015 del 19 de abril de 2017 y el acto ficto o

deberá determinar si:

PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en: (i) la Resolución No. DESAJBUR17 -3015 del 19 de abril de 2017 y el acto ficto o presunto producto del silencio negativo al no resolver el recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución; (ii) la Resolución No. DESAJBUR17 -3811 del 09 de junio de 2017 y el acto ficto o presunto producto del silencio negativo al no resolver el recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución; y (iii) el acto ficto negativo producto del silencio administrativo frente a la petición elevada el 10 de abril de 2017?

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho habrá de determinarse si, ¿Tiene derecho el demandante al reconocimiento y pago del 100% de la asignación salarial, así como a la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo como base para su cálculo el 100% del salario y la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, respecto de los periodos en que se ha desempeñado como Juez y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando en razón del cargo?.

P.J.3. ¿Hay lugar a ordenar la reliquidación y pa go de las prestaciones sociales de la demandante con la inclusión de la bonificación por actividad judicial de que trata el Decreto 3131 de 2005 como factor salarial?.

En caso que la respuesta a los anteriores problemas jurídicos sea positiva, debe rá determinarse si en el presente caso ha operado el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.

3. De la caducidad del medio de control

En caso que la respuesta a los anteriores problemas jurídicos sea positiva, debe rá determinarse si en el presente caso ha operado el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.

3. De la caducidad del medio de control

En relación con la caducidad el literal d), del numeral 1, del artículo 164 del CPACA establece:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00617-00 Sentencia de Primera Instancia

“Artículo 164.Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

1. En cualquier tiempo, cuando: […] d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo;”

De conformidad con la norma en cita, en el presente caso se tiene que con la demanda se pretende la nulidad de entre otros, los actos fictos o presuntos negativos, originado s por la no contestación a los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante contra las Resoluciones No. DESAJBUR173015 del 19 de abril de 2017 y DESAJBUR17 -3811 del 09 de junio de 2017 , así como del acto ficto negativo producto del silencio administrativo frente a la petición elevada el 10 de abril de 2017.

Por lo anterior se concluye que en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, conforme a lo expuesto en el literal d) del numeral 1 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

En virtud de lo expuesto, se declarará no probada la excepción de caducidad del medio de control.

4. Marco normativo y jurisprudencial

4.1. Prima especial de servicios

En virtud de lo expuesto, se declarará no probada la excepción de caducidad del medio de control.

4. Marco normativo y jurisprudencial

4.1. Prima especial de servicios

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

“ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a l os cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

...e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros d el Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00617-00 Sentencia de Primera Instancia

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00617-00 Sentencia de Primera Instancia

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. (Sub rayas fuera de texto original)

Se vislumbra la fijación de ciertos parámetros en el contexto de los cuales el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad establecida por el numeral 11 del artículo 189 constitucional, debe desarrollar la prima up supra aludida, la pena de incurrir en una omisión violatoria de la constitucionalidad y la legalidad.

En cumplimiento del enunciado deber se expidieron por el Gobierno Nacional los

artículo 189 constitucional, debe desarrollar la prima up supra aludida, la pena de incurrir en una omisión violatoria de la constitucionalidad y la legalidad.

En cumplimiento del enunciado deber se expidieron por el Gobierno Nacional los respectivos decretos an uales, mediante los cuales se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictaron otras disposiciones.

La mentada normativa regulatoria, como b ien es manifestado, fue objeto de la acción de Nulidad Simple de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00, en la cual la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de fecha 29 de abril de 2014, señaló:

“En virtud de la potes tad otorgada por la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió los decretos demandados, reproduciendo año por año la previsión de que el 30% del salario devengado por los funcionarios enumerados en el artículo 14 de la mencionada ley, sería considerado c omo prima. Dichos decretos no ofrecieron la suficiente claridad y fueron interpretados erróneamente por las entidades encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. Aunque pare ce un juego de palabras, son dos cosas completamente diferentes, pues la primera interpretación implica una reducción del salario básico al 70%, mientras que la segunda, que es la correcta de conformidad con la Ley y la Constitución Política, como se explicará más adelante, implica que se puede tomar el 30% del salario, pero solamente para

implica una reducción del salario básico al 70%, mientras que la segunda, que es la correcta de conformidad con la Ley y la Constitución Política, como se explicará más adelante, implica que se puede tomar el 30% del salario, pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico”

(…)

“De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretosNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00617-00 Sentencia de Primera Instancia

demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad”. Resaltado incluido en el texto original.

Así, a partir del enunciado fallo de nulidad se es tableció que los decretos anuales mediante los cuales “se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la rama judicial, del Ministerio Público, de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”, venían generando el pago salarial y prestacional en contravía de lo dispuesto por la ley 4 de 1992 al entender que “ el 30% del salario básico era la

disposiciones”, venían generando el pago salarial y prestacional en contravía de lo dispuesto por la ley 4 de 1992 al entender que “ el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. ”, restando de tal forma del valor correspondiente al salario y de la base de liquidación prestacional el 30%, esto es, liquidando solo sobre el 70% de lo que en estricto rigor debía ser la base de liquidación.

Ahora bien, una cosa es el hipotético r