TA SAN - Sentencia 680012333000-2019-00365-00 (23-01-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

De conformidad con los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede la Sala a dictar sentencia d e primera instancia en el proceso de la referencia, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Lo que se pretende.

La demanda fue interpuesta mediante apoderado judicial por el señor Mauricio Patiño Rico , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con la proposición jurídica de la demanda, la parte demandante solicita se acceda a las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos y decisiones contenidas en:

A) Fallo de primera instancia contenida en la Resolución N° 013 del 29 de junio de 2018 proferida por la Procuraduría Provincial de San Gil dentro del radicado Expediente: 680012333000-2019-00365-00

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Mauricio Patiño Rico

Jovalm7@hotmail.com

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co allondono@procuraduria.gov.co

Ministerio Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos

nmgonzalez@procuraduria.gov.co

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co allondono@procuraduria.gov.co

Ministerio Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos

nmgonzalez@procuraduria.gov.co Temas: Control judicial frente a las decisiones disciplinarias es integral, el juez contencioso no carece de facultades de valoración de las pruebas obrantes en un expediente administrativo sujeto a su conocimiento . Determinación del precio contractual bajo las metodologías factor multiplicador y AIU, su concurrencia en un mismo contrato conlleva que se demuestren criterios ra zonables y proporcionales. No configuración de incongruencia entre el pliego de carg os y los fallos disciplinarios.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 680012333000-2019-00365-00

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IUC: 2014-605-709408 / IUS: 2014-432011, en el que declaró probado el cargo formulado contra el señor MAURICIO PATIÑO RICO en su condición de Alcalde del Municipio de Páramo para la época de los hechos y lo declaró responsable de la falta grave a título de culpa; como consecuencia de ello lo sancionó con suspensión por el término de 12 meses.

B) Fallo de segunda instancia contenido en la Resolución N° PRS-SI-0031 del 28 de septiembre de 2018 proferido por la Procuraduría Regional de Santander dentro del radicado IUC: 2014-605-709408 / IUS: 2014 -432011, en el que confirmó la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría Provincial el 29 de junio de 2018.

dentro del radicado IUC: 2014-605-709408 / IUS: 2014 -432011, en el que confirmó la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría Provincial el 29 de junio de 2018.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se CONDENE a l a NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN al reconocimiento y pago del monto que deberá cancelar o que ya canceló el señor MAURICIO PATIÑO RICO en virtud de la conversión de la suspensión en salarios, conforme al acto de ejecución proferido por el Gobernador de Santander, contenido en la Resolución N° 00-19375 del 26 de noviembre de 2018 y su aclaratoria, así como del Acuerdo de Pago suscrito por el demandante con el Municipio de Páramo el 21 de marzo de 2019.

TERCERA: Como consecuencia de la declaración primera, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se CONDENE a la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN que de forma inmediata excluya de los registros internos la sanción contenida en los actos demandados y registr e en los sistemas respectivos la carencia de antecedentes disciplinarios del señor MAURICIO PATIÑO RICO, incluso si es del caso oficiando a la entidad que expide

el Boletín Nacional de Deudores Morosos.

CUARTA: Como consecuencia de la declaración primera, a título de INDEMNIZACIÓN en la modalidad de DAÑO EMERGENTE se CONDENE a la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar a el

CUARTA: Como consecuencia de la declaración primera, a título de INDEMNIZACIÓN en la modalidad de DAÑO EMERGENTE se CONDENE a la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar a el

(sic) señor MAURICIO PATIÑO RICO la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, conforme a la explicación razonada hecha en el capítulo aparte.

QUINTA: Como consecuencia de la declaración primera, a título de INDEMNIZACIÓN en la modalidad de PERJUICIO MORAL se CONDENE a la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar a el

(sic) señor MAURICIO PATIÑO RICO el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

SEXTA: CONDENAR a la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar las sumas impuestas conforme a la indexación acogida por el Consejo de Estado y teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor y los intereses sobre el valor histórico y sobre las demás sumas que se liquiden.

SÉPTIMA: DISPONER que las cantidades reconocidas a título de conciliación o condena a cargo de la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , devenguen intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe la conciliación judicial o de la respectiva sente ncia, y se paguen en los términos y plazos previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA y normas concordantes.”

1.2. Hechos.

Como hechos relevantes que dan sustento a las pretensiones , expuso la parte

términos y plazos previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA y normas concordantes.”

1.2. Hechos.

Como hechos relevantes que dan sustento a las pretensiones , expuso la parte demandante, que la Procuraduría Provincial de San Gill ordenó, en contra del señorTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 680012333000-2019-00365-00

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Mauricio Patiño Rico en su calidad de alcalde municipal de Páramo (Santander) para el período constitucional 2012-2015, la apertura de una investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades que se presentaron por la suscripción del “contrato de consultoría N° 11 del 13 de enero de 2014” al haberse incorporado “el AIU a pesar de que se había incluido el factor multiplicador”; precisó, que en el trámite de la indagación preliminar y de la investigación discipli naria, el ente de control de disciplinario no ordenó la realización de la versión libre del ahora demandante, así como tampoco se recibió la declaración de quien para la época de los hechos fungía como secretario de planeación del Municipio de Páramo quien fue el gestor del procedimiento de gestión contractual investigado.

De igual manera, sostuvo, que el día 8 de febrero de 2017 la Procuraduría Provincial de San Gill le formuló al señor Mauricio Patiño Rico, como cargo único imputado bajo la modalidad de culpa grave, el haber suscrito “el 13 de enero de 2014, contrato de consultoría N° 011-2014 para la elaboración de los estudios técnicos y diseños de remodelación, ampliación y construcción a cinco proyectos de inversión

bajo la modalidad de culpa grave, el haber suscrito “el 13 de enero de 2014, contrato de consultoría N° 011-2014 para la elaboración de los estudios técnicos y diseños de remodelación, ampliación y construcción a cinco proyectos de inversión incluyendo dentro del bilateral un factor multiplicador que incluye co stos directos e indirectos para la ejecución del contrato y un AIU del 30% que incluye los componentes de Administración imprevistos y utilidades, lo cual podría generar un sobreprecio por valor de $5.056.450” y, calificándose la conducta como gravísima por considerar que se había trasgredido el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Ante lo cual, señaló la parte demandante, el día 22 de marzo de 2017 el señor Mauricio Patiño Rico presentó descargos en el que alegó, de manera tácita, la causal de exclusión de responsabilidad dispuesta en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, esto es, haber actuado “con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”.

Finalmente, refirió la parte demandante , que el día 19 de julio de 201 8, la Procuraduría Provincial de San Gill declaró la responsabilidad disciplinaria del demandante, decisión disciplinaria que fue confirmada por la Procuraduría Regional de Santander el día 28 de septiembre de 2018; sanción que fue convertida en salarios por la Gobernación de Santander a través de la Resolución No. 00-19375 del 26 de noviembre de 2018.

1.3. Normas violadas y el concepto de su violación.

Como normas violadas señaló la parte demandante, los preceptos constitucionales

del 26 de noviembre de 2018.

1.3. Normas violadas y el concepto de su violación.

Como normas violadas señaló la parte demandante, los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 13, 29, 209 y 277-6; así como los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.1.2.1.4., 2.2.1.1.2.2.3., 2.2.1.1.2.2.6. del Decreto 1082 de 2015; artículos 5, 6, 9, 13, 17,18, 23, 27, 28-6, 43, 46, 47, 50, 73, 92-4, 94, 128, 129, 141, 142, 150, 153, 163, 171 parágrafo de la Ley 734 de 2002; artículos 3 y 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 4170 de 2011.

En términos generales expuso, como concepto de violación , las siguientes razones:Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 680012333000-2019-00365-00

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• Cargo primero: “haberse expedido con infracción de las normas en que deberían fundarse” los actos administrativos , para lo cual adujo que la Procuraduría General de la Nación , en el trámite del procedimiento disciplinario, no respetó los derechos de igualdad y debido proceso del señor Mauricio Patiño Rico, al no haberle permitido ejercer el derecho “defensa material” y no valorar el contenido de la versión libre , los descargos y las pruebas solicitadas. De igual

los derechos de igualdad y debido proceso del señor Mauricio Patiño Rico, al no haberle permitido ejercer el derecho “defensa material” y no valorar el contenido de la versión libre , los descargos y las pruebas solicitadas. De igual manera, por cuanto a juicio de la parte demandante, el ente disciplinario investigó y sancionó de manera objetiva la conducta endilgada, sólo por el hecho de haber “firmado el contrato 011 de 2014, sin que se hubiese comprobado algún acto de corrupción u otro grado de culpabilidad ”, desconociendo que en el procedimiento de gestión contractual tan sólo hubo una propuesta, que el contrato se ejecutó de manera satisfactoria, que el gestor contractual fue el Secretario de Planeación quien fue el encargado de “redactar los pliegos de condiciones y demás aspectos de la etapa precontractual”.

Por otra parte , manifestó, que los estudios y documentos previos que dieron origen al Contrato No. 011 de 2014 , fueron elaborados con sujeción al artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 dando prioridad a la selección del contratista basado en la calidad y la experiencia ; resaltando, además, que ninguna persona presentó observaciones o aclaraciones al pliego de condiciones como lo permite el artículo 2.2.1.1.2.1.4. ejusdem, razón por la cual quedaron en firme las “reglas” del procedimiento de gestión contractual “incluido el factor multiplicador y el AIU”; adjudicándose el contrato al proponente único (artículo 2.2.1.1.2.2.6. ejusdem) al haberse determinado, por el comité

el factor multiplicador y el AIU”; adjudicándose el contrato al proponente único (artículo 2.2.1.1.2.2.6. ejusdem) al haberse determinado, por el comité evaluador (artículo 2.2.1.1.2.2.3. ejusdem), que cumplía con todos los requisitos y condiciones.

De esta manera, reiteró la parte demandante, que la Procuraduría al no tener en cuenta las normas aplicables a los procedimientos contractuales y los documentos previos del Contrato No. 011 de 2014, sancionó al demandante sólo teniendo en cuenta el aspecto “objetivo de haber suscrito el contrato” , sin tener en cuenta, además, que el señor Mauricio Patiño Rico “estuvo asesorado por diferentes profesionales, quienes lo alentaron con sus conceptos, avales y recomendaciones a seguir con el mismo hasta llegar a la adjudicación y posterior suscripción del contrato” . De igual manera, precisó, con respecto del elemento de la “ilicitud sustancial y la culpabilidad” , que fueron reducidos a un aspecto objetivo y formal, sin entrar a analizar lo sustancial y lo subjetivo y la causal de exclusión de responsabilidad de que trata el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002. Así mismo, indicó, que ninguna norma prohíbe la inclusión del AIU de un contrato de consultoría.

De igual forma, manifestó, que la Procuraduría no realizó una actividad probatoria adecuada para establecer la veracidad de los hechos y, que el demandante “actuó con base en las recomendaciones dadas por la entidad experta que rige la contratación estatal y por la Secretaría de infraestructura y

probatoria adecuada para establecer la veracidad de los hechos y, que el demandante “actuó con base en las recomendaciones dadas por la entidad experta que rige la contratación estatal y por la Secretaría de infraestructura y planeación”, con lo cual se vulneró el artículo 129 de la Ley 734 de 2002.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 680012333000-2019-00365-00

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• Cargo segundo: “falsa motivación ”, como razones argumentativas del cargo precisó, que el cargo y la sanción disciplinaria, se basó en un dictamen irregular realizado por un profesional de la misma entidad investigadora con el fin de establecer si en un “contrato de consultoría podría o no concurrir un factor multiplicador y el AIU”, lo que, en su sentir, correspondía a un punto de derecho, luego se contravino el artículo 226 del CGP . Insistió, igualmente, que la Procuraduría se basó en concepto errado respecto de la utilización de la AIU, al afirmar que sólo era permitido en los contratos de obra.

• Cargo tercero: “contradicción entre los cargos y los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia ”, como argumentó señaló que, en el pliego de cargos, respecto de la calificación o modalidad de la culpabilidad y de la falta se indicó como modalidad de la conducta una “culpa grave” conforme al artículo 44 de la Ley 734 de 2002; en tanto que, en el fallo de primera instancia se dispuso que se incurrió en “falta gravísima” de acuerdo con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y, en el fallo de segunda instancia se estableció el artículo

que se incurrió en “falta gravísima” de acuerdo con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y, en el fallo de segunda instancia se estableció el artículo 43 numeral 9 de la Ley 734 de 2002; con lo cual, insistió el demandante, que el ente disciplinario se “paseó por varias normas ” para analizar la culpabilidad , situación que no permitió una correcta defensa.

• Cargo cuarto: “falsa motivación – expedición irregular”, como fundamento se indicó, que en los actos administrativos demandados se ignoraron los elementos que deben reunirse para estructurar la responsabilidad disciplinaria, a saber: una actuación disciplinable, ilicitud sustancial y la culpabilidad ; puesto que no se concretó cual fue la actuación, extralimitación u omisión que afectó el deber funcional.

• Cargo quinto: “transgresión de principios como el de buena fe, igualdad, transparencia, confianza legítima, seguridad jurídica, celeridad, eficacia, imparcialidad y derechos como el debido proceso”.

II. TRÁMITE PROCESAL.

La demanda fue presentada el día 29 de marzo de 201 9 ante los Juzgados Administrativos de San Gil correspondiendo por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil, Despacho que mediante providencia de fecha 2 de mayo de 2019, declaró la falta de competencia y ordenó remitir el proceso ante esta Corporación1; recibido el expediente, a través de auto de fecha 17 de julio de 2019, se admitió la demanda por encontrar reunidos los presupuestos formales, procediéndose a la notificación personal de la entidad demandada 2. A través de providencia de fecha 4 de mayo de 20233, se decidieron las excepciones previas,

de 2019, se admitió la demanda por encontrar reunidos los presupuestos formales, procediéndose a la notificación personal de la entidad demandada 2. A través de providencia de fecha 4 de mayo de 20233, se decidieron las excepciones previas, así mismo, en virtud de los principios de eficiencia y celeridad se dispuso agotar las etapas del artículo 180 del CPACA, se fijó el litigio, se decretaron pruebas y se fijó fecha y hora para la realización de la audiencia de pruebas . El día 21 de junio de

1 Ver folios 1 a 44 del documento digital “02AutoRemitePorCompetencia-Actuaciones J3 SANGIL”, Carpeta de OneDrive – índice 00023 de SAMAI. 2 Ver documento digital “03AutoAdmiteYNotificaciones”, Carpeta de OneDrive – índice 00023 de SAMAI. 3 Ver índice 00024 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 680012333000-2019-00365-00

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2023, se llevó a cabo la audiencia de práctica de pruebas de que trata el artículo 181 del CPACA y, habiéndose recaudo la totalidad de las pruebas decretadas, se ordenó correr traslado para que se presentaran alegatos de conclusión por escrito4.

De las anteriores actuaciones, se destacan:

1. Contestación de la demanda.

1.1. De la Nación – Procuraduría General de la Nación.

En la oportunidad concedida en el artículo 172 del CPACA, la Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda; en este sentido,

1.1. De la Nación – Procuraduría General de la Nación.

En la oportunidad concedida en el artículo 172 del CPACA, la Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda; en este sentido, indicó que, al demandante, en el marco de la actuación disciplinaria, se le garantizó el núcleo esencial del debido proceso con sujeción a la Ley 734 de 2002, permitiéndosele ejercer el derecho d e contradicción y defensa , aportar y solicitar pruebas, controvertir los elementos probatorio y las decisiones administrativas.

Frente a los hechos de la demanda, precisó, que de conformidad con el artículo 192 de la Ley 734 de 2002 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, la versión libre no es un medio de prueba, sino que se entiende como un instrumento de defensa del investigado que puede ejercerse en cualquier instancia del proceso y, por lo tanto, no es obligatorio rendirla, luego era carga del demandante solicitar la práctica de la versión libre, así como de cualquier medio de prueba que quisiera hacer valer, como lo es la declaración del secretario de Planeación Municipal; por lo que, al no haberlo solicitado así en el trámite de la indagación pr eliminar y en la apertura de la investigación disciplinaria, no es causa de nulidad del procedimiento administrativo.

Así mismo indicó que en cumplimiento del auto de indagación preliminar, contrario a lo considerado por el demandante, en la visita especial se indagó con el secretario de Planeación del Municipio de Páramo (Santander) respecto de la inclusión del AIG en el Contrato de Consultoría No. 11 de 2014, quien manifestó que “en los estudios

de Planeación del Municipio de Páramo (Santander) respecto de la inclusión del AIG en el Contrato de Consultoría No. 11 de 2014, quien manifestó que “en los estudios previos base fundamental del inicio de la contratación no se encuentra desglosado el AIU como tal, pero en los pliegos se indica un modelo de presentación en el cual aparece una intención de AIU y el proponente presenta en su oferta un desglose de las actividades en la cual contempla un cuadro de costos directo e indirectos en los folios 349 -350 en donde indica los factores de multiplicación que inciden en su propuesta final”. Aclaró, igualmente, que el informe técnico rendido el 19 de agosto de 2015 por la funcionaria de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación , correspondió a la práctica de la prueba decretada en el auto de apertura de la investigación disciplinaria y, por ello, se trata de una prueba distinta de la visita especial que fue ordenada en el auto de indagación preliminar ; siendo enfática en advertir, que la prueba técnica fue controvertida por la apoderada de confianza del investigado ahora demandante, hecho que dio lugar a que se pr acticara la ampliación y aclaración del informe técnico.

4 Ver índice 00030 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 680012333000-2019-00365-00

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Respecto de la orden de cierre de la investigación , manifestó que habiéndosele notificado el ahora demandante no interpuso recurs o de reposición com o lo establece el artículo 160-A de la Ley 734 de 2002, tampoco hizo uso del derecho a presentar versión libre.

notificado el ahora demandante no interpuso recurs o de reposición com o lo establece el artículo 160-A de la Ley 734 de 2002, tampoco hizo uso del derecho a presentar versión libre.

En atención a las réplicas que presentó el demandante respecto del pliego de cargos, aseveró, que en la decisión administrativa del pliego de cargos, de manera clara y expresa, se indicaron las funciones del investigado en calidad del Alcalde del Municipio de Páramo (Santander), con fundamento en el numeral 5 del literal D del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, en cuanto establece que el Alcalde del Municipio le corresponde la responsabilidad en la contratación ; luego el pliego de cargos no tiene vaguedad y no puede considerarse que le impidió al investigado la defensa material, pues tuvo la oportunidad de presentar descargos y de solicitar pruebas y la práctica de la versión libre, las cuales fueron debidamente decretadas en auto de fecha 10 de julio de 2017.

De igual forma, se pronunció respecto de cada cargo de nulidad planteado en la demanda, así:

• Respecto del cargo de nulidad relacionado con la expedición de los actos administrativos con infracción de las normas en que debería fundarse manifestó, que el demandante siempre contó con las garantías procesales que le permitieron ejercer el derecho de defensa en debida forma, en la medida que le fueron notificadas todas las decisiones disciplinarias. De igual manera, aseveró, que de acuerdo con la Ley 136 de 1994 artículo 91 literal D numeral 5, el Alcalde del municipio es el responsable de celebrar los contratos y convenios municipales debiendo observar el ordenamiento jurídico ; exigencia que de

que de acuerdo con la Ley 136 de 1994 artículo 91 literal D numeral 5, el Alcalde del municipio es el responsable de celebrar los contratos y convenios municipales debiendo observar el ordenamiento jurídico ; exigencia que de respeto al principio de legalidad que se reitera en la Ley 80 de 1993 ; luego, en su sentir, cuando el demandante suscribió el contrato de consultoría No. 11 de 2014 e incluyó “un factor multiplicador y un AIU del 30% , generó que se cancelara en dos ocasiones y con porcentajes diversos el referido concepto de administración y de gastos de personal , lo que acarreó un sobrecostos que benefició al contratista y por supuesto un deterioro del patrimonio del municipio de Páramo por un valor aproximado de $5.056.450” ; para lo cual, explicó, que el AIU se encontraba incluidos en el factor multiplicador , por cuanto en la propuesta del contratista se diferenció los costos dir ectos incluyendo costos o precios de utilización, costos indirectos, utilidad y honorarios con un porcentaje del 10% y, en el cuadro de provisión personal y prestaciones se tuvieron e n cuenta sueldos, prestaciones sociales, costos indirectos; lo que permite concluir que los imprevistos son un porcentaje del costo de personal más costos directos diferentes a sueldos. Por lo anterior, se le imputó la falta gravísima del artículo 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002 por la participación del demandante en la actividad contractual.

De igual manera, señaló, que en los actos administrativos demandados se analizaron cada uno de los argumentos y planteamientos de defensa que el demandante formuló, así mimos se analizó la posible responsabilidad que leTribunal Administrativo de Santander

De igual manera, señaló, que en los actos administrativos demandados se analizaron cada uno de los argumentos y planteamientos de defensa que el demandante formuló, así mimos se analizó la posible responsabilidad que leTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 680012333000-2019-00365-00

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podría asistir a quien fungió como s ecretario de planeación del Municipio de Páramo (Santander).

• Frente al cargo de nulidad de falsa motivación sostuvo, que sanción disciplinaria se fundamentó en las pruebas recaudadas y practicadas , en tanto quedó demostrada la falta disciplinaria al haber incluido en el contrato un factor multiplicador y un AIU del 30%, con lo cual se determinó la trasgresión de lo dispuesto en el artículo 91 Literal D numeral 5 de la Ley 136 de 1994, la cual es clara en establecer que el Alcalde es quien celebra los contratos y convenios y, por lo tanto, debe sujetarse a la Constitución Política y la Ley ; determinando, respecto del aspecto subjetivo, que el comportamiento obedeció a una culpa grave.

• Por otra parte , precisó, en atención al cargo de nulidad titulado como contradicción entre los cargos y los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia manifestó, que se trata de una confusión del apoderado de la parte actora entre calificación de la falta disci plinaria y la calificación de la culpa .

Explicó que, aunque la falta cometida por el demandante se constituye dentro de las que taxativamente contiene el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 como falta gravísima, no es lo mismo afirmar que el grado de culpa es gravísima, por

Explicó que, aunque la falta cometida por el demandante se constituye dentro de las que taxativamente contiene el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 como falta gravísima, no es lo mismo afirmar que el grado de culpa es gravísima, por el contrario, de acuerdo con el análisis probatorio y normativo de la falta se calificó la culpa como grave ; luego no existe ninguna incongruencia, en la medida que entre el pliego de cargos y los fallos disciplinarios existe correspondencia.

• Finalmente, respecto del cargo nulidad de falsa motivación – expedición irregular indicó, que las apreciaciones realizadas por el demandante no se ajustan a la realidad y carecen de fundamento jurídico ; al margen que no desarrolla un concepto claro de violación.

2. Alegatos de conclusión.

2.1. De la parte demandante.

La parte demandante , en el término de traslado para la presentación de los alegatos de conclusión, reiteró los cargos de nulidad expuestos en la demanda; así mismo, refirió, que “con miras a determinar la misma ilegalidad y la afectación personal, moral, social y profesional del señor MAURICIO PATIÑO RICO, se escucharon los testimonios de LUZ DARY PATIÑO RICO, NIDIA ALEXANDRA PATIÑO RICO y FILEMÓN SOLANO CALA” quedando probados los perjuicios.5

5 Ver índice 00033 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 680012333000-2019-00365-00

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2.2. De la Nación – Procuraduría General de la Nación.

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 680012333000-2019-00365-00

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2.2. De la Nación – Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría General de la Nación , en el término de traslado para la presentación de los alegatos de conclusión, reiteró las razones de defensa expuesta en la contestación de la demanda.6

3. Concepto de fondo.

La delegada del Ministerio Público con funciones de intervención ante el Despacho del Magistrado Ponente solicitó, como concepto de fondo 7, que se negaran las pretensiones de la demanda ; para lo cual, arg umentó, que no se advierte vulneración de las garantías procesales al demandante, que hubieren impedido ejercer el derecho constitucional a su defensa en debida forma ; toda vez que f ue notificado de todas las actuaciones procesales, dándosele la oportunidad de ejercer el derecho a controvertir las decisiones.

Precisó, igualmente, que se demostró que el demandante en su calidad de alcalde municipal suscribió el contrato de consultoría No. 011 de 2014, e incluyó un factor multiplicador y un AIU de l 30%, generando que se cancelara dos veces y con porcentajes diversos el concepto de administración y de gastos de personal, acareando un sobrecosto que benefició al contratista y por supuesto como consecuencia un deterioro del patrimonio del municipio de Páramo por un valor aproximado de $5.056.450 ; aspectos que debían ser conocidos por él dada su condición de contador público. Así mismo, aclaró la agente del Ministerio Público,

aproximado de $5.056.450 ; aspectos que debían ser conocidos por él dada su condición de contador público. Así mismo, aclaró la agente del Ministerio Público, que de conformidad con el artículo 33 del Decreto 1522 de 198 3, que dentro de l modelo de factor multiplicador la utilidad está incluida como honorarios.

Precisó, que el demandante citó como infringido el Decreto 1082 de 2015 sobre Estudios y documento previos, empero dicha norma no se encontraba vigente para fecha en que tuvieron ocurrencia los hechos que dieron lugar al proceso disciplinario.

Finalmente, aseveró, que la contradicción que alega la parte actora entre el pliego de cargos y los fallos disciplinarios no se presenta, por cuanto la “falta gravísima que se imputa al disciplinado según