TA SAN - Sentencia 680012333000-2019-00610-00 (28-03-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2019-00610-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: Lina María Bravo Vesga

fabian7borja@hotmail.com

DEMANDADO: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la

Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PUBLICO mbuendia@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima especial / Bonificación judicial / Bonificación por actividad judicial PROVIDENCIA: Sentencia de primera instancia

SALA No. 01

CONJUEZ PONENTE: JORGE CARLOS OROZCO CAMACHO

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurado por LINA MARIA BRAVO VESGA en contra de Nación – Rama Judicial -Consejo Superior De La Judicatura-Sala Administrativa – Dirección Ejecutiva.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

BRAVO VESGA en contra de Nación – Rama Judicial -Consejo Superior De La Judicatura-Sala Administrativa – Dirección Ejecutiva.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejerc icio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Lina María Bravo Vesga presenta demanda contra Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Dirección Ejecutiva, formulando las siguientes:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2019-00610-00 Sentencia de Primera Instancia

1.1 Pretensiones

“1. Se declare la nulidad de los actos administrativos DESAJBUR194480 del 28 de febrero de 2019 de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y del acto ficto o presunto negativo por la no contestación del recurso de apelación presentado ante esa entidad el día 22 de marzo de 2019 , mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago del descuento o plus por cada mes de servicio equivalente al NO pago de la prima especial de servicios, al igual que no tener en cuenta como factor salarial la prima de servicios, Se declare la nulidad de los actos administrativos DESAJBUR19 - 4480 del 28 de febrero de 2019 de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga v del acto ficto o presunto negativo por la no contestación del recurso de apelación presentado ante esa entidad el día 22 de marzo de 2019, mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago del descuento o plus p or cada mes de

acto ficto o presunto negativo por la no contestación del recurso de apelación presentado ante esa entidad el día 22 de marzo de 2019, mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago del descuento o plus p or cada mes de servicio equivalente al NO pago de la prima especial de servicios, al igual que no tener en cuenta como factor salarial la prima de servicios.

2. como restablecimiento del derecho se reconozca y cancele a favor de mi poderdante sobre sus salarios básicos por cada mes de servicio un 30% equivalente a la prima especial de servicios no cancelada a mi poderdante por la inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992, que en vez de aumentar el ingreso de mis poderdantes como nivelación, lo que hizo fue descontar el 30% del salario base para convertirlo en una aparente prima especial de servicios, por lo que se les debe a mi poderdante desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como juez hasta la fecha y en los que a futuro sea nombrado, el pago del porcentaje descontado como equivalente al valor de la prima especial de servicio por cada mes que equivale aproximadamente a $ 43.633.626.oo en los periodos en que se ha desempeñado como juez equivalente al 30% adicional al salario como prima especial de servicio no cancelada por cada MES: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN CADA AÑO. Valores que deberán aplicarse el artículo 176178 del C.C.A y concordantes mes a mes y sobre los que se sigan generando.

3. como consecuencia de lo anterior ordenar la liquidación y pago de los valores

Y DICIEMBRE EN CADA AÑO. Valores que deberán aplicarse el artículo 176178 del C.C.A y concordantes mes a mes y sobre los que se sigan generando.

3. como consecuencia de lo anterior ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como juez hasta la fecha y en los que a futuro sea nombrado del pago completo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y aportes patronales a pagar a los correspondientes fondos de pensiones. Cesantías, salud, riesgos y demás de ley, los valores que correspondan por la anterior condena sobre el valor del 30% no cancelado equivale a la prima especial de servicios.

4. Que luego de la sentencia y en adelante, la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, siga liquidando y pagando a mi poderdante, todas sus prestaciones sociales y demásNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2019-00610-00

Sentencia de Primera Instancia

emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% de prima especial que no se ha cancelado y que se debe aumentar a los ya reconocidos.

5. Ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como juez hasta la fecha y en los que a futuro sea nombrada hasta la fecha en que

5. Ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como juez hasta la fecha y en los que a futuro sea nombrada hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago teniendo como base únicamente que el 70% del valor de dichas prestaciones se canceló, adeudándosele desde esa época, lo correspondiente al 30% de la prima especial como factor salarial para su reliquidación del salario real sin el descuento aplicado equivalente a aproximadamente a $ 1.629.862.oo y los que sigan causando debidamente indexados por cada mes de servicios.

6. Se declare como factor salarial la bonificación por actividad judicial desde el año 2005 en los periodos en que se desempeñó como juez y en los que a futuro sea nombrada.

7. Se declare como factor salarial la bonificación judicial desde el año 2013 en los periodos en que se desempeñó como juez o funcionaria y en los que a futuro sea nombrada.

8. Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación judicial del decreto 383 de 2013 y bonificación por actividad judicial del decreto 3131 de 2005 como factor salarial de los valores dejados de percibir desde el año 2018, adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $ 7.218.433.oo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, y demás Cesantías aproximadas: Bonificación por actividad judicial desde el año 2018 y bonificación judicial en los periodos en que se desempeñó como JUEZ desde el año 2018 así: $

5.046.001.oo.

Bonificación por actividad judicial desde el año 2018 y bonificación judicial en los periodos en que se desempeñó como JUEZ desde el año 2018 así: $ 5.046.001.oo.

9. ordenar que luego de la sentencia y en adelante se sigan liquidando y pagando a mi poderdante, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con la inclusión de la Bonificación por actividad judicial y la bonificación judicial y en los periodos en que sea designada como juez o funcionaria.

.

10. Que la demandada sea condenada ultra y extra peti ta por cuanto resulte probado en el proceso.

11. Que como consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar a la demandante los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 178 del C.C.A., es decir que en las condenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas mes a mes y prestación por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Estado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente Dra BERTHA LUCIANulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2019-00610-00

Sentencia de Primera Instancia

RAMIREZ DE PAEZ expediente 520012331000200101770 01 actor aldrin Alfonso Cabezas ) “ por tratarse de pagos de tracto s ucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por mes , por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento

Alfonso Cabezas ) “ por tratarse de pagos de tracto s ucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por mes , por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.”

12. Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

13. se ordene la expedición de las correspondientes copias auténticas y constancias necesarias para el cobro.

14. Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada en caso de oposición dilatoria.”

1.2 Hechos

La demandante, Lina María Bravo Vesga , se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el 01 de agosto de 201 8, desempeñándose como Juez de la República.

El 28 de febrero de 2019, a través de apoderado presentó solicitud de reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la remuneración mensual. Igualmente solicitó reconocimiento y pago de la prima especial de servicios correspondiente al 30% adicional a su salario básico mensual con la consecuente reliquidación prestacional, desde la fecha de su vinculación. Así mismo solicitó que la bonificación judicial de que trata el Decreto 383 de 2013 y la bonificación por actividad judicial del Decreto 3131 de 2005 fueran reconocidas como factor salarial para efecto de reliquidar las prestaciones sociales.

La entidad demandada , mediante Resolución DESAJBUR 19 -4480 del 28 de febrero de 2019, negó el reconocimiento solicitado, acto que fue impugnado por la

reliquidar las prestaciones sociales.

La entidad demandada , mediante Resolución DESAJBUR 19 -4480 del 28 de febrero de 2019, negó el reconocimiento solicitado, acto que fue impugnado por la demandante mediante recurso de apelación ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien no resolvió la alzada , operando el silencio administrativo negativo.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por la demandante como normas violadas las siguientes:

Constitucionales: Artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53 y 209 de la Constitución Política.

Legales: Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14.

Se argumenta que la prima especial del 30% no fue correctamen te considerada como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. Esta incorrecta interpretación condujo a que, en lugar de ser sumada al salario, fuera descontada, reduciendo injustificadamente los ingresos totales de los empleado s judiciales.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2019-00610-00 Sentencia de Primera Instancia

Además, se sostiene que hubo una violación del principio de progresividad y de protección del salario, al despojar de efectos salariales el 30% correspondiente a la prima especial, lo que contraviene el principio constitucional de progresividad de los derechos laborales. Esto resultó en una disminución injustificada de los ingresos, afectando los derechos fundamentales de los empleados de la Rama Judicial.

Aduce que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,

derechos laborales. Esto resultó en una disminución injustificada de los ingresos, afectando los derechos fundamentales de los empleados de la Rama Judicial.

Aduce que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, tiene derecho al reconocimiento de la prima especial como un componente adicional a su remuneración mensual, y no como lo ha interpretado la demandada, sustrayendo el 30% de su salario indebidamente para imputarlo a título de prima especial de servicios.

Así mismo, indica que deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial contenida en el Decreto 383 de 2013, toda vez que se viene devengando en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal como se estableció por el Co nsejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el art. 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.

Finalmente, argumenta que los decretos 3131 de 2005 y 3382 de 2005, que regulan la bonificación por actividad judicial, desconocieron la esencia de la Ley 4 de 1992. Toda vez que en dicha ley indica que toda disposición que sea contraria al espíritu de esta nor ma carecerá de efectos, al igual, por ser una prestación periódica desconoce la esencia de la misma, ya que dichos decretos del ejecutivo se desbordaron al considerarlas sin carácter salarial violando toda la normatividad laboral vigente, el preámbulo de l a constitución y los artículos 2, 3 y 25, al no garantizar los derechos fundamentales al trabajo, la justicia y la igualdad. Además,

laboral vigente, el preámbulo de l a constitución y los artículos 2, 3 y 25, al no garantizar los derechos fundamentales al trabajo, la justicia y la igualdad. Además, enfatiza en que cualquier disposición normativa que limite estos derechos debe ser inaplicada.

2. Contestación de la demanda

La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda , argumentando que el reconocimiento y pago de la prima especial y la bonificación judicial se realizaron conforme a la normatividad vigente. La defensa sostuvo que dichos beneficios no tenían carácter salarial, salvo para efectos específicos de cotización a seguridad s ocial, según lo estipulado en los decretos salariales expedidos anualmente por el Gobierno Nacional. Además, la parte demandada alegó que no tenía competencia para modificar el régimen salarial y prestacional de los servidores judiciales.

Así mismo, resaltó que la actuación administrativa se llevó a cabo conforme a la normatividad vigente, destacando que cualquier modificación en el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos es competencia exclusiva del Gobierno Nacional. Enfatizó que el reconocimiento de derechos adicionales a los establecidos en los decretos salariales expedidos por el Ejecutivo implicaría una vulneración del principio de sostenibilidad fiscal y un desconocimiento del marco presupuestal establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2019-00610-00 Sentencia de Primera Instancia

Finalmente, formuló como excepciones entre otras, la de caducidad, prescripción y falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Alegatos de conclusión

3.1 Parte demandante

Finalmente, formuló como excepciones entre otras, la de caducidad, prescripción y falta de legitimación en la causa por pasiva.

3. Alegatos de conclusión

3.1 Parte demandante

No presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

No presentó alegatos de conclusión.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Fijación del litigio

De conformidad con lo dispuesto en auto de fecha 24 de junio de 2024 corresponde a la Sala en primer término determinar si:

¿En el presente caso se configuró el fenómeno de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?

En caso de que la respuesta al anterior problema jurídico sea negativa, la Sala de conformidad con la fijación del litigio deberá determinar si:

de nulidad y restablecimiento del derecho?

En caso de que la respuesta al anterior problema jurídico sea negativa, la Sala de conformidad con la fijación del litigio deberá determinar si:

P.J.1: ¿Hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. DESAJBUR 19-4480 de fecha 28 de febrero de 2019, expedido por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, así como del acto ficto o presunto negativo configurado por el silencio guardado frente al recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución?Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2019-00610-00 Sentencia de Primera Instancia

P.J.2: En razón de lo anterior también habrá de determinarse si ¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un incremento, componente adicional o plus a la remuneración mensual o salarió básico?

P.J.3: ¿Hay lugar a ordenar la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de la demandante teniendo en cuenta para tal efecto el 100% de la remuneración mensual, así como la prima especial de servicios equivalente al 30% de la remuneración mensual como factor adicional a esta , respecto de los periodos en que se ha desempeñado como Juez y en adelante , hasta la fecha en que se sigan causando en razón del cargo?

P.J.4: ¿Tiene derecho la demandante a que se le reconozca la bonificación judicial de que trata el Decreto 383 de 2013 como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales?

causando en razón del cargo?

P.J.4: ¿Tiene derecho la demandante a que se le reconozca la bonificación judicial de que trata el Decreto 383 de 2013 como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales?

P.J.5: ¿Tiene derecho la demandante a que se le reconozca la bonificación por actividad judicial de que trata el Decreto 3131 de 2005 como f actor salarial para la liquidación de prestaciones sociales?

En caso afirmativo a los anteriores interrogantes, deberá determinarse si en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.

3. De la caducidad del medio de control

En relación con la caducidad el literal d), del numeral 1, del artículo 164 del CPACA establece:

“Artículo 164.Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

1. En cualquier tiempo, cuando: […] d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo;”

De conformidad con la norma en cita, en el presente caso se tiene que con la demanda se pretende la nulidad de, entre otr os, el acto ficto o presunto negativo, originado por la no contestación al recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la Resolución No. DESAJBUR 19-4480 de fecha 28 de febrero de 2019.

Por lo anterior se concluye que en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, conforme a lo expuesto en el literal d) del numeral 1 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

En virtud de lo expuesto, se declarará no probada la excepción de caducidad del medio de control.Nulidad y Restablecimiento del Derecho

164 de la Ley 1437 de 2011.

En virtud de lo expuesto, se declarará no probada la excepción de caducidad del medio de control.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2019-00610-00 Sentencia de Primera Instancia

4. Marco normativo y jurisprudencial

4.1. Prima especial de servicios

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

“ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

...e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Juece s de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. (Sub rayas fuera de texto original)

Se vislumbra la fijación de ciertos parámetros en el contexto de los cuales el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad establecida por el numeral 11 del artículo 189 constitucional, debe desarrollar la prima up supra aludida, la pena de

Se vislumbra la fijación de ciertos parámetros en el contexto de los cuales el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad establecida por el numeral 11 del artículo 189 constitucional, debe desarrollar la prima up supra aludida, la pena de incurrir en una omisión violatoria de la constitucionalidad y la legalidad.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2019-00610-00 Sentencia de Primera Instancia

En cumplimiento del en unciado deber se expidieron por el Gobierno Nacional los respectivos decretos anuales, mediante los cuales se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictaron otras disposiciones.

La mentada normativa regulatoria, como bien es manifestado, fue objeto de la acción de Nulidad Simple de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00, en la cual la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Es tado, en sentencia de fecha 29 de abril de 2014, señaló:

“En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió los decretos demandados, reproduciendo año por año la previsión de que el 30% del salario devengado por los funcionarios enumerados en el artículo 14 de la mencionada ley, sería considerado como prima. Dichos decretos no ofrecieron la suficiente claridad y fueron interpretados erróneamente por las entidades encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. Aunque parece un juego de palabras, son dos cosas completamente diferentes, pues la primera interpretación

encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. Aunque parece un juego de palabras, son dos cosas completamente diferentes, pues la primera interpretación implica una reducción del salario básico al 70%, mientras que la segunda, que es la correcta de conformidad con la Ley y la Constitución Política, como se explicará más adelante, implica que se puede tomar el 30% del salario, pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico”

(…)

“De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad”. Resaltado incluido en el texto original.

Así, a partir del enunciado fallo de nulidad se es tableció que los decretos anuales mediante los cuales “se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la rama judicial, del Ministerio Público, de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”, venían generando el pago salarial y prestacional en contravía de lo dispuesto por la ley 4 de 1992 al entender que “ el 30% del salario básico era la

disposiciones”, venían generando el pago salarial y prestacional en contravía de lo dispuesto por la ley 4 de 1992 al entender que “ el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. ”, restando de tal forma del valor correspondiente al salario y de la base de liquidación prestacional el 30%, esto es, liquidando solo sobre el 70% de lo que en estricto rigor debía ser la base de liquidación.

Ahora bien, una cosa es el hipotético reajuste del 30 % en Salarios y prestaciones derivado del incorrecto pago efectuado a los servid ores descritos en el artículo 14 de la ley 4 de 1992 y otra bien diferente es que la prima en si misma constituya factor salarial a efectos de la liquidación de las prestaciones sociales de aquellos.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2019-00610-00 Sentencia de Primera Instancia

Efectivamente, como bien lo enuncia el texto ibídem la prima especial de servicios NO TIENE ® SALARIAL, a efectos de la liquidación de prestaciones sociales, en cambio sí a efectos de cotizaciones al sistema de seguridad social integral en materia de pensión, conforme lo definieran las leyes 332 de 1996 y 476 de 1998.

Necesario se torna efectuar un análisis de acoplamiento de la legislación en cita a la Constitución. Toda ley, por ser fruto de la actividad democrática popular, expedida a través del representante legítimo del pueblo soberano, en ejercici o de su libertad de configuración, (legislador) goza de presunción de validez formal, sin embargo, imperioso se torna para el fallador observar en aplicación del artículo 4 superior la

a través del representante legítimo del pueblo soberano, en ejercici o de su libertad de configuración, (legislador) goza de presunción de validez formal, sin embargo, imperioso se torna para el fallador observar en aplicación del artículo 4 superior la adecuación a la constitucionalidad de las reglas a aplicar, lo que le o torga a la ley un status de validez sustancial respecto a la Constitución.

“De acuerdo con lo anterior, al juez corresponde un control de la ley de conformidad con el conjunto de valores constitucionales, no solo para evitar la incoherencia del ordenamiento jurídico por la existencia de antinomias, cuyo origen se encuentra en la elaboración de leyes ordinarias contrarias a las normas constitucionaleses decir, por violación a las prohibiciones impuestas por normas superiores a la esfera de lo decidible-; sino para garantizar una dimensión de la democracia que condiciona la validez de la ley al respeto de los derechos fundamentales y los valores públicos de la Constitución”.1

Así, la exclusión de la prima especial de servicios, consagrada en el artí culo 14 de la ley 4 de 1992, como factor salarial base de liquidación de las prestaciones sociales no solo debe analizarse desde la mera interpretación gramatical de la ley.

Se trata de concretar si a la luz de la jurisprudencia constitucional, la teleol ogía de la exclusión que efectúa la norma es legítima y en tal caso, si es sistemáticamente compatible con los principios y valores que irradia el texto constitucional.

Al respecto manifestó la sentencia C-279