TA SAN - Sentencia 680012333000-2019-00654-00 (24-10-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2019-00654-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Rosalba Sepúlveda Montejo

fabian7borja@hotmail.com

DEMANDADO: NaciónFiscalía General de la Nación

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co MINISTERIO PUBLICO regional.santander@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima Especial e Servicios / Bonificación Judicial / Bonificación por actividad judicial

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 04

CONJUEZ PONENTE: CARLOS ANDRES PEÑA MORENO

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir Sentencia De Primera Instancia dentro del medio de control de Nulidad Y Restabl ecimiento Del Derecho instaurada por Rosalba Sepúlveda Montejo en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 13 8 del C.P .A.C.A., la señora Rosalba Sepúlveda

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 13 8 del C.P .A.C.A., la señora Rosalba Sepúlveda Montejo presenta demanda contra Nación - Fiscalía General de la Nación , formulando las siguientes:Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2019-00654-00

1.1. Pretensiones

“PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos Oficio 312000332 del 27 de febre ro de 201 9 de la subdirección Regional de apoyo Nororiental y de la resolución No 2-1173 del 16 de mayo de 2019 de la subdirectora de talento humano, mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de los valores que por concepto de presta ciones sociales, como primas, prima especial de servicio, vacaciones, bonificaciones, cesantías por la no inclusión de la Bonificación Judicial, bonificación por actividad judicial como factor salarial y el descuento del salario base etc por inaplicación de los decretos.

SEGUNDA: como restablecimiento del derecho se reconozca y cancele a favor de mi poderdante sobre sus salarios básicos por cada mes de servicio un 30% equivalente a la prima especial de servicios no cancelada a mi poderdante por la inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992, que en vez de aumentar el ingreso de mis poderdantes como nivelación, lo que hizo fue descontar el 30% del s alario real a que tienen derecho mi poderdante por cada mes de servicio prestado ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL ,

aumentar el ingreso de mis poderdantes como nivelación, lo que hizo fue descontar el 30% del s alario real a que tienen derecho mi poderdante por cada mes de servicio prestado ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL , MAYO , J UNIO , JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN CADA AÑO. Valores que deberán aplicarse el articulo 176 -178 del C.C.A y concordantes mes a mes y sobre los que se sigan generando desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como fiscal. hasta la fecha y los que se sigan causando v en los periodos en que sea designado como fiscal, equivale aproximadamente a $235.398.083.oo valores que deberán aplicarse el articulo 176 y concordantes del C.C.A mes a mes.

TERCERA: como consecuencia de lo anterior ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir y las que se sigan causando para mi poderdante del pago completo de todas las prestaciones sociales legales devengadas tales como primas bo nificaciones vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y aportes patronales a pagar a los correspondientes fondos de pensiones, cesantías salud riesgos y demás de ley por los valores que correspondan por la anterior condena y las que se sigan genera ndo para la p ensión y demás sobre el valor del 30% no cancelado por inaplicación de los decretos, desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñ ó como fiscal hasta la fecha y en los periodos en que sea designado como fiscal.

cancelado por inaplicación de los decretos, desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñ ó como fiscal hasta la fecha y en los periodos en que sea designado como fiscal.

CUARTA: Que luego de la sentencia y en adelante, la Fiscalía General de la Nación siga liquidando y pagando a mi poderdante, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales con base en el 100% de su remuneración básica mensu al legalmente establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico adicional que le adeuda en los periodos en que sea designado como fiscal y de forma permanenteMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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QUINTA: Se declare como factor salarial la bonificación por actividad judicial desde el año 2005 en lo s periodo s en que se desempeñó como fiscal por Inaplicación de los decretos.

SEXTA: Se declare como factor salarial la bonificación judicial desd e el año 2013 en los periodos en que se desempeñó como fiscal por inaplicación de los decretos.

SEPTIMA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación judicial y bonificación por actividad judicial como factor salarial en sus liquidaciones para mi poderdante se en el decreto 382 de 2013 desde el año 2013, y el decreto 3131 de 2005 de sde el año 2005, de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demás

desde el año 2013, y el decreto 3131 de 2005 de sde el año 2005, de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demás hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago, en los periodos en que desempeñaron o dese mpeñan como fiscales y se mantenga de forma permanente desde el primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha de la bonificación por actividad judicial y de la bonificación judicial desde el primero de enero d e 2013 adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $32.224.825.oo, Cesantías aproximadas: Bonificación por actividad judicial Desde el año 2005 y bonificación judicial desde el 201: $29.498.633.oo.

OCTAVA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado el proceso.

NOVENA: Que como consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar al demandante los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de pre cios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 178 del C.C.A., es decir que en las condenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas mes a mes y prestación por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Estado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de

2008 Consejera Ponente Dra BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ

a mes y prestación por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Estado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente Dra BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ expediente 520012331000200101770 01 actor aldrin Alfonso Cabezas ) “ por tratarse de pagos de tra cto sucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por mes , por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.”

DECIMA: Que a la providen cia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

UNDECIMA: se ordene la expedición de las correspondientes copias auténticas y constancias necesarias para el cobro.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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DUODECIMA: Se condene en c ostas y agencias en derecho a la entidad accionada en caso de oposición dilatoria.”

1.2. Hechos La demandante, Rosalba Sepúlveda Montejo se enc uentra vinculad a a la Fiscalía General de la Nación desde el 01 de julio de 1994, desempeñándose como Fiscal desde el 09 de octubre de 1995. El 21 de febrero 2019 a través de su apoderado, presentó solicitud de reconocimiento y pago de la prima especial de servicios correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual como un adicional a este , desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la solici tud, con la consecuente reliquidación de

reconocimiento y pago de la prima especial de servicios correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual como un adicional a este , desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la solici tud, con la consecuente reliquidación de sus prestaciones sociales. Igualmente solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial del Decreto 382 de 2013 y de la bonificación por actividad judicial del Decreto 3131 de 2005 como factores salariales junto con la consecuente reliquidación de prestaciones sociales. La entidad demandada, mediante Oficio 31200-0332 del 27 de febrero de 2019 , negó lo pretendido, decisión frente a la cual el deman dante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 2-1173 del 16 de mayo de 2019 confirmando en todas sus partes el acto administrativo apelado. 1.1 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Constitucionales: Los artículos 1, 2, 4, 5, 11,12, 13,25, 29, 53, 93 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, Ley 4 de 1992 artículo 2 y 14, ley 482 de 1998, el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, Código Sustantivo del trabajo artículos 14 y 65.

Se argumenta que la prima especial del 30% no fue correctament e considera como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. Esta incorrecta interpretación condujo a que, en lugar de ser sumada al salario, fuera

Se argumenta que la prima especial del 30% no fue correctament e considera como un componente salarial, violando el mandato legal de la Ley 4 de 1992. Esta incorrecta interpretación condujo a que, en lugar de ser sumada al salario, fuera descontada, reduciendo injustificadamente los ingresos totales de los funci onarios judiciales.

Además, sostiene que con la i nadecuada interpretación de la Ley 4 de 1992 se le debe a la parte demandante el equivalente a la prima especial de ser vicios teniendo en cuenta que unca fue cancelada en razón a que fue descontada del valor del salario cuando se debía era tomar ese porcentaje del valor salario equivalente al 30% y no quitárselo como se hizo. Para fundamentar lo a nterior, refiere la sentencia del 29 de abril de 2014 del Consejo de Estado.

Por otra parte , afirma que la bonificació n judicial dispuesta en el decreto 382 de 2013 debe ser considerada como factor salarial con inciden cia en las prestacionesMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2019-00654-00

laborales y s ociales, toda vez que de confo rmidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 42 del DecretoLey 1042 de 1978 constitu ye salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios, características que se predican de la referida bonificación judicial, por lo que aduce que se debe inaplicar parcialmente el Decreto 382 de 2013 por se r contrari o a los principios de progresividad y favorabilidad en concordancia con el art. 53 de la C.P en cuanto niega efectos

referida bonificación judicial, por lo que aduce que se debe inaplicar parcialmente el Decreto 382 de 2013 por se r contrari o a los principios de progresividad y favorabilidad en concordancia con el art. 53 de la C.P en cuanto niega efectos prestacionales a este emolumento.

Finalmente, argumenta que los decretos 31 31 de 2005 y 3382 de 2005 , que regulan la bonificación por actividad judicial, desconocieron la esencia de la Ley 4 de 1992. Toda vez que en dicha ley indica que toda disposición que sea contraria al espíritu de esta norma carecerá de efectos, al igual , por ser una prestación periódica desconoce la esencia de la misma, ya que dichos decretos del ejecutivo se desbordaron al considerarlas sin carácter salarial violando toda la normatividad laboral vigente, el preámbulo de la constitución y los artículos 2, 3 y 25, al no garantizar los derechos fundamentales al trabajo, la justicia y la igualdad. Además, enfatiza en que cualqui er disposición no rmativa que limite estos derechos debe ser inaplicada.

2. Contestación de la demanda

El apoderado de la Nación - Fiscalía General d e la Nación, se opone a las pretensiones solicitadas, argumentando que los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación, pues no es dable para la Entidad otorgarle un alcance mayor o diferente a los decretos salariales anuales que regulan a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto desde la promulgación del decreto, que regulaba la materia para el año 2003, se eliminó la prima especial de servicio

mayor o diferente a los decretos salariales anuales que regulan a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, en cuanto desde la promulgación del decreto, que regulaba la materia para el año 2003, se eliminó la prima especial de servicio del 30%, por lo que no es posible cancelar un rubro del que no es beneficiara la demandante según la normatividad dictada por el Gobierno Nacional.

Sostiene que frente a la prima especial contemplada en el art. 15 de la Ley 4 de 1992, el demandante no es sujeto activo de la norma, es d ecir que legalmente no es beneficiario de dicha prima, por lo que para la entidad, no le es posible reconocer y mucho menos cancelar un rubro del cual no tiene derecho.

Por otro lado, en lo que concierne con la Bonificación Judicial, se observ a que no hay justificación jurídica en la reclamación incoada por la parte demandante, toda vez que a la fecha el Decreto 0382 de 2013 cuenta con plena vigencia y validez jurídica.

Explicó, a lo atinente a la Bonificación de Actividad Judicial, creada mediante el Decreto 3131 de 2005, el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha determinado que es legal y valido que el legislador restringa el carácter salarial de la bonificación por actividad judicial, y por lo tanto no es dable otorgarle un mayo r alcance a t al retribución, por lo que concluye que la Entidad demandada ha actuado en cumplimiento de un deber legal.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2019-00654-00

Finalmente, propuso como excepciones carencia de objeto, constitucion alidad de

Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2019-00654-00

Finalmente, propuso como excepciones carencia de objeto, constitucion alidad de la restricción de carácter salarial, aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el Decreto 0382 de 20 13, l egalidad del fundamento normativo partic ular, cumplimiento de un deber legal, cobro de lo no debid o, prescripción, buena fe y la genérica. Con base en estos ar gumentos, solicitó que se desestimen las pretensiones formuladas en la demanda.

3. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

El apoderado judicial de la Nación -Fiscalía General de la Nación se ratifica en lo s fundamentos de derecho y excepci ones de mé rito planteadas en la contestación de la demanda.

Argumentó que la bonificación judicial establecida por el Decreto 0382 de 2013 fue creada en el marco de la Ley 4ª de 1992, la cual delega en el Gobierno Nacional la facultad d e fijar regímenes salariales y prestacionales para los empleados públicos. Sostuvo que el decreto mencionado es legítimo, válido y coherente con los principios de legalidad y soste nibilidad fiscal, al limitar su alcance salarial únicamente a efectos de cotización al sistema general de pensiones y salud.

Destacó que dicha bonificación no puede ser considerada un factor salarial para la liquidación de otras p restaciones sociales, ya q ue el legislador y el Gobier no Nacional pos een la facult ad discrecional de determinar qué emolumentos tienen

Destacó que dicha bonificación no puede ser considerada un factor salarial para la liquidación de otras p restaciones sociales, ya q ue el legislador y el Gobier no Nacional pos een la facult ad discrecional de determinar qué emolumentos tienen esa naturaleza. En este sentido, enfatizó que cualquier ampliación del carácter salarial de la bonificación representar ía una extralimitación de las dispo siciones legales y afectaría los principios de racionalización y sostenibilidad fiscal.

Finalmente, concluyó que la actuación de la Fiscalía General de la Na ción estuvo apegada al cumplimiento de un deber legal, aplica ndo las normas con plena presunción de legalidad. Po r lo a nterior, so licitó que las prete nsiones de la demandante fueran denegadas, toda vez que carecían de fundamento jurídico.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CUESTIÓN PREVIA

El 21 de octubre de 2025 se sometió el presente proceso a estudio de Sala de Decisión a través de la herramienta Mi crosoft Teams, para la aprobación delMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2019-00654-00

respectivo proyecto de sentencia. El 24 de octubre de 2025 el Conjuez Dr. Oscar Mauricio Ortiz Bautista manifestó a través de Microsoft Teams hallarse incurso en la causal de impedimento del artículo 141 nu meral 9 del CGP 1. Conforme a lo expuesto y por encontrar merito en lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en

Mauricio Ortiz Bautista manifestó a través de Microsoft Teams hallarse incurso en la causal de impedimento del artículo 141 nu meral 9 del CGP 1. Conforme a lo expuesto y por encontrar merito en lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 131 del CPACA 2, los restantes miembros de la Sala de Decisión declararan fundado el imp edimento y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

III. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera q ue los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Con tencioso Administr ativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjuece s recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del of icio 31200-0332 del 27 de febrero del 2019, suscri to por la por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental sede Bucaramanga y de la re solución 2 -1173 del 16 de m ayo del 2019 de la Subdirección de Talento Humano, mediante el cual se negó el reconocimient o del 30 % de la prima especial como plus o compon ente adicional al salario, la

Bucaramanga y de la re solución 2 -1173 del 16 de m ayo del 2019 de la Subdirección de Talento Humano, mediante el cual se negó el reconocimient o del 30 % de la prima especial como plus o compon ente adicional al salario, la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cu enta como base de liquidación el 100% de su asignación básica, la bonificación por actividad judicial y la bonificación judicial como factor salarial?

PJ.2. En consecue ncia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a reconocer y pagar a favor de la señora Rosalba Sepúlv eda Montejo, la pr ima de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ta de 1992, como un valor agregado del 30 % sobre el salario básico y/o asignación mensual en los periodos en que se

1 “Existir enemistad grave o amistad íntima entre el Juez y algunas de las partes, su representante o apoderado”, toda vez que en el presente asunto el Dr. Fabian Alberto Borja funge como apoderado de la parte demandante, y con él sostengo una amistad construida en la academia como profesores, concretamente en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la que, además, él fue mi superior jerárquico como Jefe del Programa de la Facultad de Derecho. 2 ARTÍCULO 131. TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los

las siguientes reglas:

3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio se ordenará sorteo de conjuez.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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ha desempeñado como fiscal y en adel ante, hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.3. ¿Es procedente disponer la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de la demandante con la inclusión de la bonificación por actividad judicial desde el año 2005 y la bonificación judicial desd e el 2013, en adelante, para ser tenidas en cuenta como factor salarial, hasta cuando se sigan causando?

En caso de ser afirmativo,

PJ.4. ¿Hay lugar a aplicar el término de prescripción trienal frente a las mesadas causadas tres años antes de la solicitud elevada ante la entidad demandada?

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Prima Especial de Servicios en el régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación

Mediante el Decreto 2699 de 1991 3, se expidió el estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, en razón a que se requirió una regulación diferenciada que

de la Nación

Mediante el Decreto 2699 de 1991 3, se expidió el estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, en razón a que se requirió una regulación diferenciada que ocupara el régimen lab oral de sus servidores públicos, por lo cual, el articulo 54 consagró el régimen salarial y prestacional para los funcionarios de esta institución, con la final idad principal de incorporar a quienes se vinculaban por primera vez en la planta de personal de la Fiscalía. Por lo expuesto previamente, quienes ya se encontraban vinculados con anterioridad, podrían optar por una sola vez entre el régimen salarial y prestacional que para la fecha tenían, o la escala de salario prevista en el artículo 54 del mencionado Decreto.

Posteriormente, el Congreso de la Republica creó la Ley 4 de 199 24, mediante la cual se se ñalan las normas, objetivos y criterios que debe observ ar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Dentro de los elementos desarrollados se encuentra el reconocimiento de la prima especial de servicios, excluyendo de manera directa a los funcionarios que optaran por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del 01 de enero de 1993, como se demuestra a continuación:

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y

salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y

3 Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991, por el cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación. 4 Ley 4 del 18 de mayo de 1992, Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijaci ón del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución PolíticaMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2019-00654-00

Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estad o Civil (...)"5(subrayado fuera del texto)

Por otra parte, el Decreto 53 de 19936 fue el primer decreto expedido por el

del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estad o Civil (...)"5(subrayado fuera del texto)

Por otra parte, el Decreto 53 de 19936 fue el primer decreto expedido por el Gobierno Nacional mediante el cual se estableció el régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación a partir del 1 de enero de 1993 –con apoyo en las citadas disposiciones de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 2699 de 1991 -. En este sentido se planteó un régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, y por consiguiente, el artículo 1 dispuso de carácter obligatorio que los funcionarios vinculados a partir del 28 de febrero de 1993 quedaban sometidos al régimen salarial y prestacional enunciado en el referido Decreto, como se evidencia a continuación:

“ARTICULO 1. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneració n de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del poder pú blico, organismos o instituciones del sector público, en especial el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.”

Teniendo en cuenta la normatividad enunciada en es te acápite, se observa la existencia de pluralidad de regímenes salariales con diferentes elementos al interior de la Fiscalía General de la Nación, dentro de los cuales se evidencia el de los empleados que optaron por el régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o que se vincularon con posterioridad a su entrada en vigor.7

de la Fiscalía General de la Nación, dentro de los cuales se evidencia el de los empleados que optaron por el régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o que se vincularon con posterioridad a su entrada en vigor.7

Ahora bien, de la lectura d e las normas expuestas previamente, tales como la Ley 4 de 1992 y la Ley 332 de 1996, se sustrae que la prima especial consagrada en el artículo 14 no se debe a plicar a los servidores públicos que laboran en la Fiscalía General de la Nación, en razón a que optaron por el régimen salarial previsto a partir del año de 1993.

5 Modificado por la Ley 332 del 19 de diciembre de 1996, por la cual se modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones. 6 Decreto 53 de 7 de enero de 1993 Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servi dores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. Derogado parcialmente por el Art. 20 del Decreto 108 de 1994.

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sent encia de Unificación – SUJ-023-CE-S2-2020 de fecha quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020). Exp. 73001-23-33-000-201700568-01 (5472-2018). Conjuez Ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2019-00654-00

Sin embargo, la Ley 476 de 1998 8 señala que esta excepción no cobija a los

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Sin embargo, la Ley 476 de 1998 8 señala que esta excepción no cobija a los servidores públicos se sometieron al Decreto 53 de 1993 y a los que se vinc ularon de manera posterior a la entid ad, en consecuencia para estos servidores, la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 6 9 del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adiciona, te ndrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jub