TA SAN - Sentencia 680012333000-2019-00951-00 (28-08-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO: 680012333000-2019-00951-00

DEMANDANTE:

Alejandro Rodríguez Serrano alfonsoabogado0809@gmail.com alejandrorodrigueze@gmail.com

DEMANDADO:

Departamento de Santander notificaciones@santander.gov.co controldisciplinario@santander.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de primera instancia TEMA: La flexibilización del requisito de procedibilidad de los recursos administrativos en garantía del derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la administración de justicia. Caducidad del medio de control.

Se encuentra para conocimiento de la Sala de Decisión el expediente de la referencia con el fin de dictar sentencia en los términos de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.

1. Antecedentes 1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

referencia con el fin de dictar sentencia en los términos de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA.

1. Antecedentes 1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1 Expediente digital, actuación 30, índice SAMAI, link one drive, archivo 1, folios 2 a 24Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Alejandro Rodríguez Serrano

Demandado: Departamento de Santander Radicado 680011233000-2019-00951-00

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , el señor Alejandro Rodríguez Serrano por conducto de apoderado judicial formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 014552 del 6 de octubre de 2010 proferida por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario del departamento de Santander, por medio de la cual se sancionó con d estitución e inhabilidad permanente para ejercer cargos públicos y la exclusión del escalafón docente y ii) la Resolución 018437 del 9 de diciembre de 2010 emitida por el departamento de Santander, la cual ordenó hacer efectiva la sanción impuesta.

En consecuencia, solicitó:

«[…] SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se solicita que se ordene a la NACIÓN -PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , borre del

sanción impuesta.

En consecuencia, solicitó:

«[…] SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se solicita que se ordene a la NACIÓN -PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , borre del certificado de antecedentes la anotación de la sanción que se impone mediante los fallos acusados.»

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 18 de julio de 2005, mediante la Resolución núm. 0008592, la Secretaría de Educación del Departamento de Santander ordenó la terminación de la vinculación provisional del señor Alejandro Rodríguez Serrano, con fundamento

en el nombramiento en período de prueba de personal perteneciente a la carrera docente.

1. Entre agosto y el 21 de noviembre de 2005, la oficina pagadora de la Secretaría de Educación del departamento de Santander reconoció al señor Alejandro Rodríguez Serrano la suma de $4.456.168 por concepto de salario, sin que existiera una relación contractual vigente con la entidad durante ese período.

1. El 14 de noviembre de 2007, el demandante fue notificado del auto mediante el cual la Oficina de Control Interno Disciplinario del departamento de Santander ordenó la apertura de indagación preliminar. Posteriormente, el 9 de julio de 2008, dentro del expediente núm. 259-07, se ordenó la apertura de investigación disciplinaria en su contra por el cobro de salarios correspondientes a los meses de agosto a noviembre de 2005, los cuales fueron consignados después de su retiro del servicio.

1. El 8 de mayo de 2008, el señor Rodríguez Serrano presentó ante la entidad

de agosto a noviembre de 2005, los cuales fueron consignados después de su retiro del servicio.

1. El 8 de mayo de 2008, el señor Rodríguez Serrano presentó ante la entidad una autorización para efectuar descuentos por nómina, consistentes en una cuota fija mensual de $50.000 a partir de ese mismo mes, así como el descuento del 50 % de las primas de mitad de año y de diciembre, hasta completar el pago total de la deuda.

1. El 1 de junio de 2009, la Oficina de Control Interno Disciplinario del departamento de Santander profirió auto de formulación de pliego de cargos, con fundamento en que el investigado, en su calidad de docente al servicio de la entidad, recibió pagos salariales que no le correspondían, en contravía de loNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Alejandro Rodríguez Serrano

Demandado: Departamento de Santander Radicado 680011233000-2019-00951-00

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establecido en los artículos 6° y 209 de la Constitución Política y el artículo 397 del Código Penal. Por esta razón, la falta fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de dolo, conforme a lo dispuesto en el Título V, Capítulo I de la Ley 734 de 2002.

1. El 6 de octubre de 2010, mediante la Resolución 014554, el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del departamento de Santander declaró responsable al señor Alejandro Rodríguez Serrano y, en consecuencia, le

1. El 6 de octubre de 2010, mediante la Resolución 014554, el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del departamento de Santander declaró responsable al señor Alejandro Rodríguez Serrano y, en consecuencia, le impuso la sanción de destitución e inhabilidad permanente para ejercer cargos públicos, así como la exclusión del escalafón docente, la cual se hizo efectiva el 9 de diciembre de 2010, mediante la Resolución núm. 018437 emitida por el departamento de Santander.

1. Al momento de presentar la demanda, el demandante se encontraba a paz y salvo respecto de los dineros consignados por la Secretaría de Educación de Santander después de su retiro como docente.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 6, 29 y 123 de la Constitución Política; 52, 53, 56, 57, 74 y 75 de la Ley 734 de 2002.

En desarrollo del concepto de violación, la parte demandante expuso que los actos administrativos demandados adolecen de nulidad, conforme a los siguientes argumentos:

1. Los servidores públicos que prestan servicios al Estado se clasifican como miembros de corporaciones públicas, empleados o trabajadores oficiales. Según el artículo 25 de la Ley 734 de 2002, están sujetos al régimen disciplinario tanto los servidores públi cos, incluso retirados del servicio, como los particulares mencionados en el artículo 53 de la misma norma. De otra parte, e l artículo 4 ibidem dispone que solo pueden ser investigados y sancionados por conductas

los servidores públi cos, incluso retirados del servicio, como los particulares mencionados en el artículo 53 de la misma norma. De otra parte, e l artículo 4 ibidem dispone que solo pueden ser investigados y sancionados por conductas tipificadas como faltas en la ley vigente al momento de los hechos y, el artículo 27 señala que las faltas disciplinarias se configuran por acción u omisión en el cumplimiento de deberes, por hechos relacionados con el cargo, o por extralimitación de funciones.

1. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho al debido proceso, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Este principio también se reitera en el artículo 6 de la Ley 734 de 2002.

1. Las faltas disciplinarias solo pueden atribuirse a servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas durante el ejercicio del cargo. En el caso del señor Rodríguez Serrano, su vinculación provisional finalizó el 18 de julio de 2005 mediante la Resolución 8592, razón por la cual a partir de esa fecha cesó toda relación funcional con el Estado. En consecuencia, no podía ser considerado servidor público ni ser sujeto del régimen disciplinario aplicado por la entidad y previsto en la Ley 73 4 de 2002. Además, los pagos indebidos que dieron lugar al proceso se originaron por errores de la oficina pagadora de laNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Alejandro Rodríguez Serrano

Demandado: Departamento de Santander Radicado 680011233000-2019-00951-00

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Demandante: Alejandro Rodríguez Serrano

Demandado: Departamento de Santander Radicado 680011233000-2019-00951-00

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Secretaría de Educación de Santander, responsable del control de esas transacciones.

1. El cargo relacionado con la vulneración del artículo 397 del Código Penal exige requisitos especiales, entre ellos, que el sujeto disciplinable ostente la calidad de servidor público al momento de ejecutar la conducta. En la calificación de la falta y el análisis de culpabilidad contenidos en el acto administrativo sancionatorio, se concluyó que la presunta falta disciplinaria fue gravísima y cometida a título de dolo, conforme al artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Esta valoración refuerza la necesidad de una condición especial en el sujeto disciplinable -ostentar la calidad de servidor público - en el momento en que se configura la conducta sancionable.

1. Desde el inicio del proceso disciplinario, el demandante manifestó su disposición ante la entidad para reintegrar los recursos consignados en su cuenta bancaria, pese a no tener derecho a ellos. Esta situación se originó por una conducta culposa atribuible exclusivamente a los funcionarios de la Oficina Pagadora de la Secretaría de Educación del departamento de Santander, quienes no verificaron la terminación de su vinculación laboral. En esa medida, no era procedente imputar al demandante dolo ni intenc ión de apropiación indebida de dineros públicos, lo que convierte la sanción de destitución e inhabilidad permanente en una medida desproporcionada, inapropiada y

no era procedente imputar al demandante dolo ni intenc ión de apropiación indebida de dineros públicos, lo que convierte la sanción de destitución e inhabilidad permanente en una medida desproporcionada, inapropiada y violatoria del derecho fundamental al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

1. La sanción de inhabilidad permanente prevista en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002 y aplicada al demandante sol amente procede si existe condena penal conforme al artículo 122 de la Constitución Política. En ese sentido, en ausencia de esa condena, el funcionario encargado de imponer la sanción disciplinaria únicamente puede establecer la inhabilidad dentro del plazo máximo que fija el estatuto disciplinario, el cual no excede los 20 años.

1. El régimen disciplinario aplicable al señor Rodríguez Serrano se establece en el artículo 53 y siguientes de la Ley 734 de 2002; en esos términos , la competencia para imponer sanciones corresponde a lo dispuesto en los artículos 74 y 75 de la citada norma.

1.2. Contestación de la demanda

El departamento de Santander no contestó la demanda.

1.3. Alegatos de conclusión

1.3.1. Parte demandante2

Además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de la demanda, las alegaciones se resumen de la siguiente manera:

2 Expediente digital, actuación 30, índice SAMAI, link one drive, archivo 11Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Alejandro Rodríguez Serrano

Demandado: Departamento de Santander

2 Expediente digital, actuación 30, índice SAMAI, link one drive, archivo 11Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Alejandro Rodríguez Serrano

Demandado: Departamento de Santander Radicado 680011233000-2019-00951-00

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1. En el caso concreto se acreditó que el señor Alejandro Rodríguez Serrano fue vinculado en provisionalidad como docente mediante acta de posesión núm. 198, dicha relación finalizó a través de la Resolución 8592 del 18 de julio de 2005; no obstante, la Oficina Pagadora del Departamento de Santander le consignó salarios correspondientes a agosto y noviembre de ese año, una vez terminada su relación laboral. Esta situación originó una investigación disciplinaria que culminó el 6 de octubre de 2010 con la Resolución 014552, mediante la cual se impuso la sanción de destitución, inhabilidad permanente y exclusión del escalafón docente, la cual se hizo efectiva el 9 de diciembre de 2010 a través de la Resolución 18437. Posteriormente, el 2 de mayo de 2017, el demandante restituyó los valores adeudados mediante consignación bancaria.

1. La Oficina de Control Interno del departamento de Santander, al exponer la normativa presuntamente vulnerada por el demandante, no llevó a cabo un estudio conjunto, riguroso y profundo de la norma. Esta omisión derivó en una sanción manifiestamente ilegal y desproporcionada, que afectó gravemente los

normativa presuntamente vulnerada por el demandante, no llevó a cabo un estudio conjunto, riguroso y profundo de la norma. Esta omisión derivó en una sanción manifiestamente ilegal y desproporcionada, que afectó gravemente los derechos fundamentales del señor Rodríguez Serrano y de su núcleo familiar. Aunque no se discute que, para la época de los hechos, incurrió en una conducta reprochable, también resulta cierto e innegable que manifestó su disposición en reparar su comportamiento y, en tal sentido, devolvió voluntariamente los dineros que la entidad había pagado en exceso.

1. En el sub examine el señor Alejandro Rodríguez Serrano inició su vínculo contractual con el departamento de Santander en marzo de 2004 el cual finalizó el 18 de julio de 2005 mediante la Resolución 0008592. En consecuencia, no le resulta aplicable la normatividad disciplinaria prevista para los servidores públicos, toda vez que, para la época de los hechos, no ostentaba tal condición.

En ese sentido, le eran aplicables las disposiciones contenidas en el Libro III del régimen especial para particulares, previsto en el artículo 52 y siguientes de la Ley 734 de 2002.

1. En cuanto al argumento contenido en la resolución sancionadora acusada, relacionado con el delito de peculado por apropiación contemplado en el artículo 397 del Código Penal, tampoco resultaba procedente su aplicación, toda vez que el demandante no ostenta ba la calidad de servidor público ; en esa medida, no podía atribuírsele la calificación antijurídica prevista para el referido tipo penal.

1. La sanción impuesta al demandante, consistente en la destitución, la

el demandante no ostenta ba la calidad de servidor público ; en esa medida, no podía atribuírsele la calificación antijurídica prevista para el referido tipo penal.

1. La sanción impuesta al demandante, consistente en la destitución, la inhabilidad permanente para ejercer cargos públicos y la exclusión del escalafón docente, resulta inconstitucional e ilegal.

1.3.2. Parte demandada

No presentó alegatos.

1.3.3. Ministerio Público

No rindió concepto.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Alejandro Rodríguez Serrano

Demandado: Departamento de Santander Radicado 680011233000-2019-00951-00

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1.4. Trámite procesal

Como aspectos relevantes del trámite del proceso, se señalan los siguientes:

La demanda se radicó el 20 de noviembre de 2019 y fue asignada por reparto al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, 3 el cual mediante proveído del 27 de noviembre de 2019 resolvió adecuar el medio de control de simple nulidad al de nulidad y restablecimiento del derecho y ordenó la remisión del expediente a esta Corporación por competencia funcional.4 El 13 de diciembre de 2019, la demanda fue repartida a este Despacho5 y admitida el 17 de enero de 2020. 6 La notificación personal a la entidad demandada se

la remisión del expediente a esta Corporación por competencia funcional.4 El 13 de diciembre de 2019, la demanda fue repartida a este Despacho5 y admitida el 17 de enero de 2020. 6 La notificación personal a la entidad demandada se efectuó el 10 de febrero de 2020 a través de mensaje de datos remitido al buzón electrónico previsto para tal fin; 7 no obstante, vencido el término de traslado la entidad departamental no se pronunció, razón por la cual con auto del 13 de septiembre de 2021 se dispuso ajustar el trámite para sentencia anticipada, decretó pruebas, fijó el litigio y corrió traslado para alegatos de conclusión.8

Posteriormente el 2 de diciembre de 2021, se profirió auto para mejor proveer, por medio del cual se requirió a la entidad demandada el expediente administrativo del caso .9 El 10 de octubre de 2023 se requirió a la parte demandante para que informara sobre la presentación del recurso de apelación contra el acto administrativo10 y el 10 de febrero de 2025, se reiteró requerimiento a la entidad demandada. 11 Finalmente, el 20 de febrero de 2025 el proceso ingresó al despacho para fallo.12

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de primera instancia.

2.1. Competencia

Conforme al numeral 23 del artículo 152 del CPACA, modificado por el artículo 28

estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de primera instancia.

2.1. Competencia

Conforme al numeral 23 del artículo 152 del CPACA, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021, el Tribunal Administrativo es competente sin atención a la cuantía para conocer en primera instancia de los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho , contra actos administrativos de carácter disciplinario que impongan sanciones de destitución e inhabilidad general, separación absoluta del cargo, o suspensión con inhabilidad especial, expedidos contra servidores públicos o particulares que cumplan funcio nes públicas en

3 Expediente digital, actuación 30, índice SAMAI, link one drive, archivo 1, folio 235 4 Expediente digital, actuación 30, índice SAMAI, link one drive, archivo 1, folios 236 a 240 5 Expediente digital, actuación 30, índice SAMAI, link one drive, archivo 1, folio 243 6 Expediente digital, actuación 30, índice SAMAI, link one drive, archivo 02, folios 1 a 2 7 Expediente digital, actuación 30, índice SAMAI, link one drive, archivo 02, folios 7 a 11 8 Expediente digital, actuación 30, índice SAMAI, link one drive, archivo 10. 9 Expediente digital, actuación 30, índice SAMAI, link one drive, archivo 14. 10 Expediente digital, actuación 31, índice SAMAI 11 Expediente digital, actuación 44, índice SAMAI 12 Expediente digital, actuación 50, índice SAMAINulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Alejandro Rodríguez Serrano

Demandado: Departamento de Santander

11 Expediente digital, actuación 44, índice SAMAI 12 Expediente digital, actuación 50, índice SAMAINulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Alejandro Rodríguez Serrano

Demandado: Departamento de Santander Radicado 680011233000-2019-00951-00

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cualquier orden, incluso los de elección popular, cuya competencia no esté asignada al Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 149A..

2.2. Cuestión previa

2.2.1 De la procedencia de los recursos en sede administrativa como requisito de procedibilidad de cara con el derecho a la tutela judicial efectiva – acceso a la administración de justicia. En el caso concreto, la Sala observa que los actos administrativos objeto de control fueron expedidos en el año 2010, época en la cual se encontraba vigente el Decreto 01 de 1984 —anterior Código Contencioso Administrativo —. Esta normativa, en el artículo 47 consagraba la obligación de informar al interesado, en el acto de notificación, sobre la procedencia de los recursos en los siguientes términos: «[…] En el texto de toda notificación o publicación se indicarán los recursos que legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante quienes deben interponerse, y los plazos para hacerlo.» Esta exigencia fue reiterada por el artículo 67 del CPACA el cual reafirmó el deber de la administración de garantizar una notificación personal adecuada y, el deber de la administración de informar al interesado de forma clara la procedencia de

Esta exigencia fue reiterada por el artículo 67 del CPACA el cual reafirmó el deber de la administración de garantizar una notificación personal adecuada y, el deber de la administración de informar al interesado de forma clara la procedencia de los recursos, las autoridades competentes para su conocimiento y los plazos establecidos para su interposición. En ese orden, s egún el artículo 51 del Decreto 01 de 1984, los recursos de reposición y queja no tenían carácter obligatorio, lo cual permite concluir que el recurso de apelación sí debía ejercerse de manera obligatoria cuando la administración lo indicara expresamente en el acto administrativo correspondiente. Esta regla fue reafirmada por el artículo 76 del CPACA, el cual mantuvo la distinción entre recursos facultativos y preceptivos. De otra parte, el artículo 135 del Decreto 01 de 1984 establecía como requisito indispensable para acudir a la jurisdicción de lo contencioso -administrativo el agotamiento previo de la vía gubernativa, ya sea mediante acto expreso o por presunción de silencio negativo. Además, contemplaba que, en caso de que las autoridades no permitieran la interposición de los recursos procedentes, los interesados podrían demandar directamente los actos correspondientes. Esta disposición fue reiterada en el numeral 2 del artículo 161 del CPACA, el cual impone como requisito de procedibilidad el ejercicio y decisión de los recursos legales cuando estos sean obligatorios. El Consejo de Estado ha señalado que el agotamiento de los recursos administrativos constituye un presupuesto procesal esencial, cuya finalidad radica en permitir que la administración revise sus propias decisiones antes de que intervenga el juez contencioso-administrativo. No obstante, esta obligación

administrativos constituye un presupuesto procesal esencial, cuya finalidad radica en permitir que la administración revise sus propias decisiones antes de que intervenga el juez contencioso-administrativo. No obstante, esta obligación solo resulta exigible cuando en el acto administrativo se haya informado de manera clara, completa y precisa sobre la procedencia de los recursos, la autoridad competente y los términos para su ejercicio y, por ende, en ausencia de la debida información, no puede imputarse al administrado la omisión en laNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Alejandro Rodríguez Serrano

Demandado: Departamento de Santander Radicado 680011233000-2019-00951-00

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interposición de recursos, pues se vería afectado su derecho al debido proceso y a una defensa adecuada frente a los actos de la administración.

Sobre el particular ha considerado lo siguiente:13

«[…] debe tenerse en cuenta que la obligación indicada se encuentra supeditada a que en el acto administrativo se informe con total claridad al usuario sobre la procedencia de los recursos. En relación con esto, en auto de fecha 15 de octubre de 2019 14, con ponencia del doctor Carmelo Perdomo Cuéter, la Sala dispuso lo siguiente:

«Revisado la anterior actuación encuentra la Sala que la Resolución RDP 10734 de 2015, para referirse a la procedencia de los aludidos medios de impugnación contra este acto, no cumple la carga de informar con exactitud si procede o no el recurso de apelac ión (reposición y/o

10734 de 2015, para referirse a la procedencia de los aludidos medios de impugnación contra este acto, no cumple la carga de informar con exactitud si procede o no el recurso de apelac ión (reposición y/o apelación), para lo cual, ante esa confusión, no se le puede exigir a la interesada que lo hubiera interpuesto. […]

Así las cosas y en atención a que la actora, no fue informada en debida forma de los recursos que procedían contra la Resolución RDP 10734 de 2015 y no se le brindó la oportunidad de impugnar el auto ADP 1375 de 2019, resulta desproporcionado y contrario a derecho rechazarle la demanda porque no cumplió un rigorismo procedimental que no le era exigible.

En esas condiciones y en aras de privilegiar el derecho de acción, se tiene que en el asunto sub examine no es exigible el requisito de procedibilidad a que se hace referencia el artículo 161 (numeral 2) del CPACA11, motivo por el cual se revocará la providencia objeto de alzada, para que el Tribunal de origen continúe con el correspondiente trámite15».

[…] En ese sentido, los derechos de tutela judicial efectiva y acceso a la administración de justicia se erigen como pilares del Estado Social y Democrático de Derecho, pues con ellos se abre la puerta a las personas naturales y jurídicas para que propongan sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos a través de decisiones prontas, cumplidas y eficaces. […]» En ese contexto, en el sub lite la Sala advierte que, si bien la parte actora no interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 014554 del 6 de

de decisiones prontas, cumplidas y eficaces. […]» En ese contexto, en el sub lite la Sala advierte que, si bien la parte actora no interpuso el recurso de apelación contra la Resolución núm. 014554 del 6 de octubre de 2010, dicha omisión no puede apreciarse de forma aislada, dado que el acto administrativo no cumplió de manera adecuada con el deber legal de informar de forma clara y precisa los recursos procedentes, tal como lo exigía el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo vigente para la época. En efecto, aunque se indicó la procedencia del recurso dentro del término legal de tres días hábiles, se omitió señalar la autoridad ante la cual debía presentarse, lo cual constituye una irregularidad sustancial que pudo inducir en error al administrado. Esta deficiencia afecta el principio de debido proceso y limita el ejercicio efectivo del derecho de defensa, razón por la cual, la Sala, en garantía del acceso a la

13 Sección segunda, consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, radicado: 17001-23-33000-2019-00456-01 (5351-2022), providencia del 23 de marzo de 2023. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección “B”. C.P .: Carmelo Perdomo Cuéter. Fecha: 15 de octubre de 2019. Rad.: 05001-23-33-000-2019-01157-01(3802-2019). 15 En el mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto de 2 de mayo de 2019, expediente 25000-23-42-000-2015-02230-01 (4489-2015).Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Alejandro Rodríguez Serrano

B, auto de 2 de mayo de 2019, expediente 25000-23-42-000-2015-02230-01 (4489-2015).Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de primera instancia

Demandante: Alejandro Rodríguez Serrano

Demandado: Departamento de Santander Radicado 680011233000-2019-00951-00

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administración de justicia, considera procedente flexibilizar el requisito de agotamiento de los recursos en sede administrativa y continuará con el análisis de fondo de las pretensiones formuladas en la demanda. 2.3. Problema jurídico16

De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda, corresponde a la Sala determinar si procede declarar la nulidad de la Resolución núm. 014554 del 6 de octubre de 2010, expedida por la Oficina de Control Interno Disciplinario del departamento de Santander, mediante la cual se impuso al señor Alejandro Rodríguez Serrano la sanción de destitución, inhabilidad permanente para ejercer cargos públicos y exclusión del escalafón docente; así como de la Resolución núm. 018437 del 9 de diciembre de 2010, profe rida por el departamento de Santander, a través de la cual se hizo efectiva la referida sanción disciplinaria, o si por el contrario, en el presente caso, se encuentra configurada la figura procesal de la caducidad del medio de control.

2.4. Marco normativo

2.4.1. De la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

configurada la figura procesal de la caducidad del medio de control.

2.4. Marco normativo

2.4.1. De la caducidad del medio de control de nulidad y