TA SAN - Sentencia 680012333000-2020-00130-00 (23-10-2025)

SIGCMA-SGC

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Se profiere sentencia de primera instancia en el proceso de la referencia, previa la siguiente reseña1:

I. LA DEMANDA

A. Pretensiones

(Archivo 01 OneDrive - Págs. 4 y ss.)

1 Convenciones utilizadas en esta providencia:

Jesús Honorio Estupiñán Naranjo: JHEN.

Fiscalía General de la Nación: FGN.

Parte

Demandante: JESÚS HONORIO NARANJO ESTUPIÑÁN -en adelante JHNE -, con cédula de ciudadanía No.

13.808.729

Correo electrónico: rovian113@hotmail.com

Parte Demandada: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN -en adelante FGNCorreo electrónico:

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co martha.vivas@fiscalia.gov.co Ministerio Público;

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER ,

Procuradora 158 Judicial II para Asuntos Administrativos

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA Tema: Falla del servicio de la Administración de Justicia/ Se

Procuradora 158 Judicial II para Asuntos Administrativos

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA Tema: Falla del servicio de la Administración de Justicia/ Se busca declarar patrimonialmente responsable a la Fiscalía, porque no pudo impulsar en debida forma la investigación penal a su cargo, lo que dio lugar a que el Juzgado 11 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bucaramanga decretara la preclusión por prescripción, del presunto delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía

(art.454 Código Penal), denunciado por el aquí demandante. Link para consulta del expediente: 680012333000-2020-00130-00 (Los documentos que no se encuentren en OneDrive, deben ser consultados en la plataforma SAMAI con los 23 dígitos del radicado del presente proceso).2 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes . Jesús Honorio Naranjo Estupiñán (JHNE) VS. fiscalía general de la Nación. Exp. 680012333000-2020-00130-00. Sentencia de Primera Instancia

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En síntesis, pretende la p. demandante se declare la responsabilidad patrimonial de la Nación – Fiscalía General de la Nación, representada por el Fiscal General o quien haga sus veces, por los perjuicios causados a Jesús Honorio Naranjo Estupiñán (JHEN) como consecuencia de la falla en la administración de justicia materializada

la Nación – Fiscalía General de la Nación, representada por el Fiscal General o quien haga sus veces, por los perjuicios causados a Jesús Honorio Naranjo Estupiñán (JHEN) como consecuencia de la falla en la administración de justicia materializada en la inactividad procesal que permitió la prescripción y posterior preclusión de la investigación penal adelantada contra Rebeca Hernández Arguello por el delito de fraude a resolución judicial.

Solicita que, como consecuencia de dicha declaración, se condene a la entidad demandada al pago de los siguientes conceptos indemnizatorios:

1. Perjuicios materiales – Daño emergente:

a) La suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), correspondiente a la pérdida de bienes muebles, objetos personales, herramientas, máquinas, repuestos y documentos relacionados con compromisos comerciales, que se encontraban en el inmueble del que fue desalojado.

b) La suma de cien millones de pesos ($100.000.000), por los cánones de arrendamiento asumidos desde la perturbación de su tenencia, al verse obligado a residir en un inmueble arrendado.

El total del daño emergente asciende a ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000), valor que solicita sea actualizado conforme a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda desde la fecha de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia, estimand o un monto promedio de trescientos cincuenta millones de pesos ($350.000.000).

2. Perjuicios materiales – Lucro cesante:

La suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), calculada con base en un ingreso mensual de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000),

2. Perjuicios materiales – Lucro cesante:

La suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), calculada con base en un ingreso mensual de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000), resultante de la actividad de reparación de máquinas de coser, incrementado en un 25% por prestaciones socia les. La cuantía incluye la indemnización consolidada desde la fecha de los hechos hasta la presentación de la demanda, así como la indemnización futura correspondiente al tiempo restante de vida3 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes . Jesús Honorio Naranjo Estupiñán (JHNE) VS. fiscalía general de la Nación. Exp. 680012333000-2020-00130-00. Sentencia de Primera Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co laboral probable, considerando que la pérdida de su lugar de trabajo afectó de forma definitiva su fuente principal de ingresos.

3. Perjuicios morales:

El equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el sufrimiento, angustia y afectación emocional derivados de la imposibilidad de acceder a su vivienda, la pérdida de su patrimonio, la frustración de sus expectativas de justicia y el deterioro de su calidad de vida.

En consecuencia, el valor total de la reclamación asciende a ochocientos cincuenta millones de pesos ($850.000.000), más la indemnización por perjuicios morales, todo debidamente indexado e incrementado con los intereses correspondientes.

En consecuencia, el valor total de la reclamación asciende a ochocientos cincuenta millones de pesos ($850.000.000), más la indemnización por perjuicios morales, todo debidamente indexado e incrementado con los intereses correspondientes.

B. Hechos en los que se fundamentan las pretensiones

(Archivo 01 OneDrive – Págs. 2 y ss.)

Como fundamento de las pretensiones, se afirman en la demanda los siguientes hechos relevantes:

Refiere que su excónyuge, Sra. Rebeca Hernández Arguello, lo convenció de liquidar la sociedad conyugal patrimonial de común acuerdo, bajo el argumento de que ello serviría para proteger los bienes y no afectaría su relación, pues continuarían disfrutando de ellos de por vida. Señala q ue, pocos meses después, la señora Hernández Arguello le negó el acceso a la vivienda que había sido su residencia por más de treinta y dos años, invocando la liquidación patrimonial.

Consecuencia de lo anterior, menciona que acudió a la Inspección Primera de Floridablanca para solicitar amparo policivo, el cual le fue concedido mediante la Resolución No. 24 de 15 de junio de 2007, otorgándole un statu quo provisional, ordenando a la señora Hernández Arguello permitirle el ingr eso al inmueble. Dicha decisión fue confirmada por la Resolución No. 038 de 14 de noviembre de 2007. Agrega que, pese a la obligatoriedad de dichas resoluciones, la señora Hernández Arguello incumplió reiteradamente dicha orden.

Anota que, posteriormente, se decretó judicialmente el divorcio, lo que agravó su

Agrega que, pese a la obligatoriedad de dichas resoluciones, la señora Hernández Arguello incumplió reiteradamente dicha orden.

Anota que, posteriormente, se decretó judicialmente el divorcio, lo que agravó su situación frente a la pérdida de dicho inmueble. Precisa que éste también era su lugar de trabajo y bodega para la actividad de reparación de máquinas de coser, por lo que4 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes . Jesús Honorio Naranjo Estupiñán (JHNE) VS. fiscalía general de la Nación. Exp. 680012333000-2020-00130-00. Sentencia de Primera Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co la negativa de ingreso le ocasionó la pérdida de objetos personales, herramientas, repuestos, máquinas de clientes dejados en reparación y documentos relacionados con obligaciones comerciales.

Indica que, ante estos hechos, el 27 de mayo de 2011 denunció penalmente a la señora Hernández Arguello por fraude a resolución judicial. Sin embargo, señala que la Fiscalía no impulsó la investigación con la debida celeridad, y que el 21 de noviembre de 2017 el Juzgado Once Penal del Circuito de Bucaramanga decretó la preclusión por prescripción. Recalca que esta inactividad constituye una flagrante falla en la administración de justicia que le generó perjuicios materiales y morales, afectando su calidad de vida y frustrando su expectativa de justicia.

preclusión por prescripción. Recalca que esta inactividad constituye una flagrante falla en la administración de justicia que le generó perjuicios materiales y morales, afectando su calidad de vida y frustrando su expectativa de justicia.

Finalmente, refiere que se surtió la conciliación prejudicial ante la Procuraduría delegada para Asuntos Administrativos, sin que se llegara a un acuerdo, y que otorgó poder a su apoderado para interponer la presente acción de reparación directa contra la Nación – fiscalía general de la Nación.

II. LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Fiscalía General de la Nación (PDF 08), a través de apoderado judicial, manifiesta su oposición a todas las pretensiones formuladas en la demanda, por considerar que carecen de fundamento fáctico y jurídico, y niega expresamente los hechos que se le atribuyen, señalando que no le constan o que corresponden a apreciaciones subjetivas de la parte actora.

Señala que el daño alegado carece de certeza, dado que no puede afirmarse que, de no haber operado la prescripción, se hubiera dictado condena penal, pues la prosperidad de esta dependía de la valoración judicial de las pruebas. Agrega que en octubre de 2017 la Fiscalía solicitó la preclusión por atipicidad de la conducta, lo que evidencia que solo existía una expectativa sobre la responsabilidad penal.

Menciona que para la fecha de la denuncia (27 de mayo de 2011) ya existía sentencia de divorcio proferida en 2009 por el Juzgado de Familia de Bucaramanga, confirmada en segunda instancia, que ordenó residencia separada de los cónyuges, lo que dejaba

de divorcio proferida en 2009 por el Juzgado de Familia de Bucaramanga, confirmada en segunda instancia, que ordenó residencia separada de los cónyuges, lo que dejaba sin e fectos las medidas policivas adoptadas en 2007. Considera que, por tanto, el demandante conocía que la acción penal difícilmente prosperaría.5 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes . Jesús Honorio Naranjo Estupiñán (JHNE) VS. fiscalía general de la Nación. Exp. 680012333000-2020-00130-00. Sentencia de Primera Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co Reitera que no se configura daño antijurídico ni nexo causal atribuible a la Fiscalía, toda vez que las actuaciones cumplidas se ajustaron a derecho y no obedecieron a defectuoso funcionamiento. Argumenta que, conforme a la jurisprudencia, el Estado solo responde si se prueba una deficiencia en el servicio, lo que no ocurre en este caso.

Alega, además, la causal eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima, ya que el demandante tardó casi cuatro años en formular la denuncia, cuando el delito prescribía a los cinco años, contribuyendo así a la prescripción.

En cuanto a los perjuicios reclamados, cuestiona su procedencia y cuantía, indicando que no se probó la pérdida de bienes ni los ingresos dejados de percibir, y que parte del período reclamado es anterior al conocimiento del caso por la Fiscalía. Solicita que

En cuanto a los perjuicios reclamados, cuestiona su procedencia y cuantía, indicando que no se probó la pérdida de bienes ni los ingresos dejados de percibir, y que parte del período reclamado es anterior al conocimiento del caso por la Fiscalía. Solicita que se denieguen todas las pretensiones, que se declare la inexistencia de daño antijurídico y que se reconozca la causal eximente de responsabilidad invocada.

III. TRÁMITE PROCESAL

La demanda radicada el 18.02.2020 (p. 577 PDF 01) , es admitida mediante auto proferido por esta corporación el 23.04.2021 (PDF 04). La entidad demanda contestó la demanda el 8.06.2021 (PDF 08) . El auto que resolvió excepciones, fijó el litigio y decretó las pruebas se profirió el 31.05.2022 (índice 17 SAMAI). La audiencia de pruebas se celebró el 10.06.2022 (índice 23 SAMAI), diligencia dentro de la cual se cerró la etapa probatoria y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión . De este trámite se destaca el alegato conclusivo presentado por:

La p. actora (índice 28 SAMAI), reitera los argumentos aducidos en el escrito de demanda, por considerar que están dados los supuestos fácticos y jurídicos para declarar la responsabilidad de la parte demandada. Refiere que su poderdante interpuso denuncia penal contra Rebeca Hernández Arguello por el delito de fraude a resolución judicial, tipificado en el artículo 454 del Código Penal, y que para entonces existían suficientes elementos para obtener sentencia condenatoria y posteriormente promover incidente de reparación de perjuicios.

resolución judicial, tipificado en el artículo 454 del Código Penal, y que para entonces existían suficientes elementos para obtener sentencia condenatoria y posteriormente promover incidente de reparación de perjuicios. Afirma que el demandante acudió ante la Fiscalía y estuvo dispuesto a aportar todos los elementos necesarios para que se cumpliera la función investigativa. Sin embargo, sostiene que la entidad no cumplió su deber constitucional, dejó transcurrir el términ o de prescripción de la acción penal y frustró el derecho de su representado a la6 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes . Jesús Honorio Naranjo Estupiñán (JHNE) VS. fiscalía general de la Nación. Exp. 680012333000-2020-00130-00. Sentencia de Primera Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co reparación. Recalca que la Fiscalía no investigó ni sustentó el tipo penal denunciado y que el Juzgado Once Penal del Circuito de Bucaramanga decretó la prescripción, evidenciando un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Agrega que, solo en la audiencia de preclusión, el juez solicitó la prueba de individualización del indiciado, lo que demuestra la negligencia del ente investigador. Precisa que la Fiscalía no cumplió con su deber de brindar garantías para una pronta y adecuada administración de justicia y que su inacción impidió que el demandante fuera reparado por los perjuicios causados por su excónyuge.

Precisa que la Fiscalía no cumplió con su deber de brindar garantías para una pronta y adecuada administración de justicia y que su inacción impidió que el demandante fuera reparado por los perjuicios causados por su excónyuge.

Sostiene que el daño alegado es personal, directo y cierto, y que existe un nexo causal entre la omisión de la Fiscalía y el perjuicio sufrido. Argumenta que la entidad no individualizó al infractor penal en más de cinco años de investigación y que, a pesar de contar con pruebas suficientes, no actuó con diligencia. Menciona que el despacho solo recaudó dos de los cinco testimonios decretados, pero que estos resultan suficientes para acreditar el daño moral causado por la impotencia frente al defectuoso funcionamiento de la justicia, daño que persiste hasta la fecha.

En consecuencia, solicita que el Tribunal acoja las pretensiones de la demanda y reconozca la indemnización por los perjuicios materiales y morales sufridos, con fundamento en las normas constitucionales y legales aplicables.

La p. demandada (índice 28 SAMAI), reitera los argumentos aducidos en el escrito de contestación de la demanda, habida cuenta que, a su juicio, no fueron acreditados los supuestos de responsabilidad que llevan a condenar a la FGN por los daños enunciados en la demanda.

Específicamente, refiere que los testimonios practicados el 10 de junio de 2022 a Belskis Juliana Uribe Toro y Alba Luz Uribe Toro no demuestran que los perjuicios provengan de actuaciones de la Fiscalía. Refiere que, según una de las declarantes,

Belskis Juliana Uribe Toro y Alba Luz Uribe Toro no demuestran que los perjuicios provengan de actuaciones de la Fiscalía. Refiere que, según una de las declarantes, “Jesús Honorio no supo negociar y lo perdió todo (…) los hijos lo estafaron, se unieron para sacarlo de la casa”. Señala que el daño alegado no reúne el requisito de certeza. Reitera que no existía imputación en el proceso penal y que el 17 de octubre de 2017 la Fiscalía solicitó la preclusión por atipicidad, por lo cual solo había una expectativa sobre responsabilidad penal. Agrega que la condena en materia penal solo se torna cierta con la ejecutoria7 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes . Jesús Honorio Naranjo Estupiñán (JHNE) VS. fiscalía general de la Nación. Exp. 680012333000-2020-00130-00. Sentencia de Primera Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co de la respectiva sentencia, de modo que no puede predicarse un perjuicio cierto por la sola prescripción.

Anota que, para la fecha de la denuncia (27 de mayo de 2011), ya existían decisiones de la jurisdicción de familia que habían decretado el divorcio y ordenado la residencia separada de los cónyuges (2009), así como respuesta de la Inspección Primera de Policía que, con base en el artículo 127 del Código Nacional de Policía, condicionaba

separada de los cónyuges (2009), así como respuesta de la Inspección Primera de Policía que, con base en el artículo 127 del Código Nacional de Policía, condicionaba las medidas policivas a lo que resolviera el juez competente. Precisa que, por ello, el demandante conocía que la vía penal carecía de vocación de prosperidad frente a los hechos denunciados.

Sostiene que la Fiscalía actuó conforme a la Constitución y la ley, cumplió su deber de investigar y recaudó elementos materiales probatorios y evidencias físicas necesarias, por lo cual no procede imputarle defectuoso funcionamiento de la administración d e justicia. Agrega que la responsabilidad estatal exige la demostración del daño antijurídico, su imputación y el nexo causal, extremos que —afirma— no se acreditan en el expediente.

Alega, además, la causal eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima. Recalca que transcurrieron cerca de cuatro años entre los hechos de 2007 y la denuncia de 2011, pese a que el delito de fraude a resolución judicial prescribe en cinco años, circunstancia que contribuyó al resultado desfavorable y rompe el nexo causal con la actuación de la entidad.

En materia de perjuicios, cuestiona su procedencia y cuantía. Precisa que no existen pruebas fehacientes sobre la pérdida de bienes o los ingresos dejados de percibir; añade que la Fiscalía no puede responder por periodos anteriores al conocimiento del caso y que, desde 2009, las decisiones judiciales de familia dejaron sin efecto las medidas policivas de 2007. Finalmente, solicita negar las pretensiones y pide que no

añade que la Fiscalía no puede responder por periodos anteriores al conocimiento del caso y que, desde 2009, las decisiones judiciales de familia dejaron sin efecto las medidas policivas de 2007. Finalmente, solicita negar las pretensiones y pide que no se impongan costas, por considerar que la defensa se funda en argumentos serios y que no se acredita temeridad ni mala fe.

El Ministerio Público, no se pronunció en esta etapa del proceso.

IV. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia8

Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes . Jesús Honorio Naranjo Estupiñán (JHNE) VS. fiscalía general de la Nación. Exp. 680012333000-2020-00130-00. Sentencia de Primera Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co Recae en esta Corporación - Sala de Decisión: Arts. 152.5, 156.4 y 157 Ley 1437 de 2011.

B. El problema jurídico y su resolución

Con base en la reseña que antecede, la Sala lo formula y lo resuelve de la siguiente manera: PJ.1. ¿Se cumplen los presupuestos legales y jurisprudenciales que permitan declarar la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de la Nación por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la decisión que dio p or terminada la investigación penal adelantada contra la señora Rebeca Hernández Arguello —en adelante RHA — (Radicado

por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la decisión que dio p or terminada la investigación penal adelantada contra la señora Rebeca Hernández Arguello —en adelante RHA — (Radicado 680016008828201100954, NI 73759) por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía 2 (art. 454 CP), al haberse declarado la prescripción de la acción penal?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: Análisis de las pruebas. El demandante contribuyó de forma exclusiva y determinante a que se produjera la prescripción de la acción penal. Tal conclusión encuentra soporte en las siguientes premisas que serán desarrollad as en el fallo: i) el demandante denunció a su excónyuge, Rebeca Hernández Arguello, por fraude a resolución judicial el 27 de mayo de 2011. Esto, por el supuesto incumplimiento de un amparo policivo que ordenaba garantizar el «statuo quo provisional» o residencia en el mismo inmueble en el que vivía su excónyuge y del que afirma fue despojado abruptamente de su posesión por decisión arbitraria de ella, ii) un juez penal decretó la prescripción de la acción penal porque entre la fecha en que se profirió el mencionado amparo policivo y se hizo exigible a las partes (año 2007) y la fecha en que se declaró la prescripción (año 2017) transcurrieron más de 5 años previsto en la norma para investigar ese tipo de delitos (arts. 83 y 454 Código Penal), iii) la denuncia penal por fraude a resolución judicial fue radicada por el aquí demandante en la Fiscalía después de transcurrido 3 años, 6 meses y 13 días, desde

1. la denuncia penal por fraude a resolución judicial fue radicada por el aquí demandante en la Fiscalía después de transcurrido 3 años, 6 meses y 13 días, desde la expedición del amparo policivo, lo que significa que, mientras el juez penal computó la prescripción desde el 14 de noviembre de 2007, la Fiscalía solo tuvo conocimiento

2 Artículo 454. Modificado por la Ley 1453 de 2011, artículo 47. Fraude a resolución judicial o administrativa de policía. El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes9 Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes . Jesús Honorio Naranjo Estupiñán (JHNE) VS. fiscalía general de la Nación. Exp. 680012333000-2020-00130-00. Sentencia de Primera Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co de la noticia criminal y, por ende, pudo emprender actos de investigación, únicamente, después del 27 de mayo de 2011, cuando el aquí demandante puso en conocimiento de dicha entidad los hechos que a su juicio configuraban fraude a resolución judicial, iv) posibilidad real de investigar los hechos se redujo a poco menos de 1 año y 6 meses, teniendo en cuenta que el cálculo de la prescripción de 5 años empezó a partir

1. posibilidad real de investigar los hechos se redujo a poco menos de 1 año y 6 meses, teniendo en cuenta que el cálculo de la prescripción de 5 años empezó a partir del 14 de noviembre de 2007, según desprende la providencia que dio lugar al archivo de la investigación penal.

C. Marco jurídico y jurisprudencial

1. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por prescripción de la acción penal.

La responsabilidad extracontractual del Estado que surge por la prescripción de la acción penal y, con ello, la imposibilidad de que la víctima del delito obtenga la reparación de los perjuicios ocasionados por su comisión, se enmarca , cuando no proviene de una decisión judicial, en el título de imputación previsto en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, esto es, en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Así lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado 3, en la que ha reiterado el carácter residual de ese título de imputación cuando no existe una providencia judicial que pueda calificarse como generadora de un eventual error judicial, pues si se acredita lo contrario, procedería el error jurisdiccional. En particular, dicha Corporación ha precisado lo siguiente: «Este título de atribución de responsabilidad [defectuoso funcionamiento de la administración de justicia] tiene las características siguientes: i) se predica de las actuaciones judiciales para adelantar el proceso o para la ejecución de que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia; iii) se presenta un funcionamiento anormal de la administración de justicia, frente a lo que debería considerarse como adecuado; iv) comprende la mora judicial, esto es, la

facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia; iii) se presenta un funcionamiento anormal de la administración de justicia, frente a lo que debería considerarse como adecuado; iv) comprende la mora judicial, esto es, la injustificada falta de decisión judicial en un plazo razonable , cuando “no existen factores que ameriten sobrepasar lo s términos fijados en la ley, dentro de los cuales se pueden encontrar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están

3 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera, subsección “B”. Rad. 76001-23-31-000-2011-0068601(49939). C.P.: Fredy Ibarra Martínez; subsección “A”. Rad. 08001-23-33-000-2020-00337-01 (71773).

C.P.: María Adriana Marín.10

Tribunal Administrativo de Santander. M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes . Jesús Honorio Naranjo Estupiñán (JHNE) VS. fiscalía general de la Nación. Exp. 680012333000-2020-00130-00. Sentencia de Primera Instancia

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora;” v) es de carácter residual,

sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora;” v) es de carácter residual, puesto que únicamente se configura cuando los hechos no se enmarquen en los títulos de error jurisdiccional o privación injusta de la libertad»4. 1.2. El juicio de responsabilidad debe realizarse de cara a las particularidades que rodearon el proceso, y no de forma abstracta o mecánica, ajena a factores internos que pueden incidir en la prolongación de la actuación judicial. Para atribuir responsabilidad al Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, corresponde al juez de reparación directa realizar un examen razonable de los tiempos empleados en el trámite judicial, determinando si la demora estuvo o no justifi cada y si resultó desproporcionada. No se trata, por tanto, de una simple comparación entre los plazos legales previstos y los realmente transcurridos. Si bien la dilación injustificada de una decisión vulnera el derecho al debido proceso y las garantías legales y constitucionales de los usuarios en sede administrativa o judicial, solo puede configurarse como mora judicial generadora de imputación al Estado cuando se excede el plazo razonable sin una causa válida que lo explique. Ahora bien, el daño indemnizable bajo este título de imputación es la pérdida de oportunidad. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha conceptuado que, tratándose de la prescripción de la acción penal por mora judicial, se trunca la posibilidad de obtener una decisión definitiva que imponga una condena y, por esa vía, la probabilidad

de la prescripción de la acción penal por mora judicial, se trunca la posibilidad de obtener una decisión definitiva que imponga una condena y, por esa vía, la probabilidad de obtener el resarcimiento económico derivado de la comisión del ilícito. Sobre el particular ha dicho: «[L]os presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida de oportunidad -cuando se demanda la ocurrencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por mora judicial , tras haberse declarado la prescripción de la acción penal (…), han sido tratados por la jurisprudencia como pasa a explicar