TA SAN - Sentencia 680012333000-2020-00155-00 (28-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2020-00155-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: German Angarita Jiménez

fabian7borja@hotmail.com

DEMANDADO: NaciónFiscalía General de la Nación

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co erick.bluhum@fiscalia.gov.co MINISTERIO PUBLICO regional.santander@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima Especial e Servicios 30% Plus, y Bonificación

Judicial.

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: DAIRO EFRAIN CASTRO FLOREZ

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurado por German Angarita Jiménez en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

Angarita Jiménez en contra de Nación – Fiscalía General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., el señor German Angarita Jiménez presenta demanda contra Nación - Fiscalía General de la Nación , formulando las siguientes:

1.1 PretensionesNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00155-00 Sentencia de Primera Instancia

“PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos oficio 3120020610-119 del 22 de marzo de 2019 de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental y de la resolución número 2 -1696 del 3 de Julio de 2019 de la Subdirección de talento humano. respecto de AN IBAL RENAN CABRERA OVIEDO mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones sociales, como primas, prima especial de servicio, vacaciones, bonificaciones, cesantías, por la no inclusión de la Bonificación judicial, bonificación por actividad judicial como factor salarial y el descuento del salario base etc por inaplicación de los decretos.

SEGUNDA: como restablecimiento del derecho se reconozca y cancele a favor de mi poderdante sobre sus salarios básicos por cada mes de servicio un 30% por cada mes de servicio por la inadecuada aplicación de la ley 4 de 1992 como un plus o adicional, por el porcentaje descontado de los salarios en los periodos en que se ha desempeñado como fiscal equivalen te al 30% no cancelado del salario real a que tienen derecho mi poderdante por cada mes de servicio

un plus o adicional, por el porcentaje descontado de los salarios en los periodos en que se ha desempeñado como fiscal equivalen te al 30% no cancelado del salario real a que tienen derecho mi poderdante por cada mes de servicio prestado, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO , JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN CADA AÑO. Valores que deberán aplicarse e l artículo 176 - 178 del C.C.A y concordantes mes a mes y sobre los que se sigan generando desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha y en los periodos en que sea designada como fiscal equivale aproximadamente a $186.852.395.00 valores que deberán aplicarse el articulo 176 y concordantes del C.C.A mes a mes.

TERCERA: como consecuencia de lo anterior ordenar la liquidación y pago de los valores dejados de percibir y las que se sigan causando para mi poderdante del pago completo de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y aportes patronales a pagar a los correspondientes fondos de pensiones, Cesantías, salud , riesgos y demás de ley por los valores que correspondan por la anterior condena y las que se sigan generando para la pensión y demás sobre el valor del 30% no cancelado por inaplicación de los decretos, desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha y en los periodos en que sea designada como fiscal

el valor del 30% no cancelado por inaplicación de los decretos, desde el día primero (01) de enero de 1993 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha y en los periodos en que sea designada como fiscal

CUARTA: Que luego de la sentencia y en adelante, la Fiscalía General de la Nación, siga liquidando y pagando a mi poderdante, todas sus prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico adicional que le adeuda en los periodos en que sea designada como fiscal y de forma permanente.

QUINTA: Se declare como factor salarial la bonificación por actividad judicial desde el año 2005 en los periodos en que se desempeñó como fiscal por inaplicación de los decretos.

SEXTA: Ordenar la liquidación y pago de las prestaciones con base en la bonificación por actividad judicial como factor salarial en sus liquidaciones para mi poderdante, de los valores dejados de percibir con base en el decreto 3131Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00155-00

Sentencia de Primera Instancia

de 2005 desde el año 2013, de todas las prestaciones sociales legales, devengadas tales como primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y demás hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago, en los periodos en que se desempeñaron o desempeñan como fiscales y se mantenga de forma permanente desde el día primero (01) de octubre de 2014

a las cesantías y demás hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago, en los periodos en que se desempeñaron o desempeñan como fiscales y se mantenga de forma permanente desde el día primero (01) de octubre de 2014 en los periodos en que se desempeñó como fiscal hasta la fecha de la bonificación por actividad judicial, adeudándosele desde esa época aproximadamente la suma de $ 15.116.122.00; Cesantías aproximadas: bonificación por actividad judicial: $ 9.667.369 oo

SEPTIMA: Que la demandada sea condenada ultra y extra petita por cuanto resulte probado en el proceso.

OCTAVA: Que como consecuencia de lo anterior, la demandada sea condenada a pagar al demandante los valores y sumas reclamados, ajustados e indexados de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor. De igual manera ordenar que la demandada de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 178 del C.C.A., es decir que en las c ondenas respectivas las sumas sean actualizadas e indexadas mes a mes y prestación por prestación y con intereses de mora... ( sentencia del consejo de Estado Sección Segunda subsección B del 21 de agosto de 2008 Consejera Ponente Dra BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ expediente 520012331000200101770 01 actor aldrin Alfonso Cabezas) " por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula se aplicara separadamente , mes por mes, por cada mesada salarial y prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos."

NOVENA: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad

prestacional... teniendo en cuenta que el indicie inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos."

NOVENA: Que a la providencia de fallo favorable, se ordene a la entidad accionada adoptar todas las medidas necesarias para su cumplimiento.

DECIMA: se ordene la expedición de las correspondi entes copias auténticas y constancias necesarias para el cobro.

UNDECIMA: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada en caso de oposición dilatoria.”

1.2 Hechos El demandante, GERMAN ANGARITA JIMENEZ se encuentra vinculad a a la Fiscalía General de la Nación desde antes del 01 de octubre de 2014 como Fiscal y empleado en diferentes despachos. El 11 de marzo de 2019 a través de su apoderado, presentó una solicitud de reconocimiento y pago de la Prima Especial de Servicios correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual, desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la solicitud, argumentando que dicho porcentaje, en lugar de ser considerado como un incremento salarial, había sido indebidamente descontado. La entidad demandada, mediante oficio 31200-20610-119 del 22 de marzo de 2019, negó la solicitud presentada por la demandante, bajo el argumento que se le habíaNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00155-00 Sentencia de Primera Instancia

liquidado y pagado los salarios y prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente. Decisión frente a la cual el demandante interpuso recurso de apelación el cual fue resuelt o mediante Resolución No. 2 -1696 del 03 de julio de 2019 confirmándola en todas sus partes.

vigente. Decisión frente a la cual el demandante interpuso recurso de apelación el cual fue resuelt o mediante Resolución No. 2 -1696 del 03 de julio de 2019 confirmándola en todas sus partes. 1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes:

Constitucionales: Los artículos 1, 2, 4, 5, 11,12, 13,25, 29, 53, 93 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, Ley 4 de 1992 artículo 2 y 1 4, ley 482 de 1998, el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, Código Sustantivo del trabajo artículos 14 y 65.

Se aduce en la demanda que el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo precisa que las disposiciones legales que regulan el trab ajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo las expresamente exceptuadas por ley.

Así mismo, sostiene la parte demandante que los actos administrativos demandados son abiertamente violatorios del artículo 12 del decreto 717 de 1978, artículos 2 y 10 de la ley 4 de 1992, porque en ningún caso se puede desmejorar o disminuir los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos.

2. Contestación de la demanda

El apoderado de la NaciónFiscalía General de la Nación, frente a los hechos de la demanda le consta que el demandante se encuentra activo dentro de la entidad, y

2. Contestación de la demanda

El apoderado de la NaciónFiscalía General de la Nación, frente a los hechos de la demanda le consta que el demandante se encuentra activo dentro de la entidad, y se opone a las declaraciones y condenas solicitadas, argumentando que su representada, contrario a incurrir en alguna irregularidad al negarse a efectuar dicho reconocimiento en favor del demandante, ha dado cumplimiento a mandatos legales, por tal razón, estima que habrán de denegarse las pretensiones de la misma. Argumenta que la Fiscalía General de la Nación, carece de competencia para expedir normas de carácter salarial y prestacional de los empleados públicos, puesto su competencia se limita a acatar lo que en esta materia y en desarrollo de la ley marco, determine establecer el presiden te de la Republica que son competencia del Gobierno Nacional.

3. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

El apoderado de la entidad accionada no presentó escrito de alegatos de conclusión.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00155-00 Sentencia de Primera Instancia

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los

y no presentó concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad del oficio 31200-20610-119 del 22 de marzo de 2019 de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental y de la resolución número 2-1696 del 3 de Julio de 2019 de la Subdirección de talento humano respecto de German Angarita Ji ménez mediante los cuales se negó el del descuento o plus por cada mes de servicio equivalente al NO pago de la prima especial de servicios, al igual que no tener en cuenta como factor salarial la prima de servicios y la bonificación por actividad judicial por concepto de prestaciones sociales, como primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías, aportes patronales?

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a, reconocer y pagar a favor del señor German Angarita Jiménez la p rima de

PJ.2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a, reconocer y pagar a favor del señor German Angarita Jiménez la p rima de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ta de 1992, que en vez de aumentar el ingreso de la demandante como nivelación, lo que hizo fue descontar el 30% del salario base para convertirlo en una aparente prima especial de servicios, por lo que se les debe desde el día primero (01) de enero de 1993 y en los periodos en que se desempeñó como fiscal y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.3 ¿Tiene derecho el señor German Angarita Jiménez a que se le reconozca y paguen las diferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, licencias y demás emolumentos), teniendo en cuenta el 30% correspondiente a la prima esp ecial de servicios desde el primero (01) de enero de 1993 y la bonificación por actividad judicial desde el primero (01) de octubre de 2014 en los periodos en que el demandante se ha desempeñado como fiscal y en adelante hasta la fecha en que se sigan causando?Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00155-00 Sentencia de Primera Instancia

En caso de ser afirmativo,

PJ.4. ¿Hay lugar a aplicar el término de prescripción trienal frente a las mesadas causadas tres años antes de la solicitud elevada ante la entidad demandada?

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Prima Especial de Servicios

causadas tres años antes de la solicitud elevada ante la entidad demandada?

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Prima Especial de Servicios

En abril de 2009, el Consejo de Estado, mediante sentencia proferida dentro de la acción de Nulidad radicado 2007 -00098-001, efectuó un análisis acerca de los Decretos por medio de lo s cuales, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades y directrices establecidas por el legislador en la ley 4ª de 1992, fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial del Poder Público; pronunciándose respecto al alcance de las disposiciones contenidas en dichos reglamentos, según las cuales, el 30% de la remuneración mensual de los servidores enlistados, se considera como prima especial sin carácter salarial.

En dicha sentencia, la Corpora ción aborda la problemática manifestando que en principio, el Presidente de la República si era competente para expedir el Decreto 618 de 2007, es decir, el Acto por medio del cual se creó la prima especial del 30%; como quiera que el mismo, fue proferido en desarrollo de las directrices habilitadas por los artículos 14 y 15 de la ley 4ª de 1992; sin embargo, al entrar a determinar si hubo o no desvío de poder en la expedición de dicha reglamentación y si bajo la apariencia de una prima especial, en realidad se disfrazó la intención de despojar de efectos salariales a un porcentaje del salario básico para procurar un ahorro en el gasto público, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, hace un

apariencia de una prima especial, en realidad se disfrazó la intención de despojar de efectos salariales a un porcentaje del salario básico para procurar un ahorro en el gasto público, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, hace un estudio de los criterios y fines contemplados e n la ley 4ª de 1992 de la siguiente manera:

“En efecto, la Ley 4a de 1992, materializo el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, por cuanto contiene las normas generales, los objetivos y los criterios dentro de los que el Ejecutivo fijará el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Así, esta Ley en su artículo 2º, estipuló tales criterios y objetivos dentro de los que el Gobierno Nacional cumple el en cargo constitucional diseñado. De dicho enunciado, es posible deducir que los referentes que regulan la expedición de la actividad reglamentaria reflejan pautas que pese a que su contenido generalmente abierto, en el literal a) del artículo 2º citado, expresa un concepto cerrado en cuanto prohíbe al Gobierno de manera genérica desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los servidores del Estado…” (Negrilla Fuera del Texto)

Así mismo, establece que: “Los decretos reglamentarios de esta Ley, habrán de obedecer sistemáticamente dichos conceptos, que pese a su naturaleza técnica, permiten en su conjunto un contenido sustancial de coherencia que

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, expediente Número 11001-03-25-000-2007permiten en su conjunto un contenido sustancial de coherencia que

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, expediente Número 11001-03-25-000-200700098-00 (1831-07), Magistrado Ponente Dr. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGURENNulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00155-00 Sentencia de Primera Instancia

inobjetablemente le es exigible al Estado en el instante de estructurar el sistema salarial y prestacional, categoría jurídica de tanto significado que por sí misma excluye por ilegal, cualquier forma de antagonismo, no en función del texto legal propiamente dicho –en su mera literalidadsino directamente, atendiendo el criterio de corrección lógico que sustenta el esquema remuneratorio aplicado a los servidores públicos”

Conforme lo anterior, el H Consejo de Estado Rectifica la Jurisprudencia fijada en Sentencia de 9 de marzo de 2006 2 donde establecía que el Gobierno Nacional “no desbordó la pauta señalada en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, porque su actividad únicamente se limitó a señalar el porcentaje, a título de prima, dentro de la escala porcentual señalada por el legislador; estimando que el 30% de la asignación básica tendría tal connotación”; en su lugar bajo la premisa de que el juez contencioso debe ejercer un control de contenido de los Decretos que desarrollan una ley marco o cuadro, pues es su deber verificar su correspondencia con el conjunto de principios y valores consignados por el legislador en la norma, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo expuso entonces:

desarrollan una ley marco o cuadro, pues es su deber verificar su correspondencia con el conjunto de principios y valores consignados por el legislador en la norma, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo expuso entonces:

“Lo primero que hay que registrar es que conforme al Acto Legislativo surgido del Plebiscito de 1957 (artículo 5 o), la función pública quedo vinculada a la carrera administrativa como sistema de acceso y permanencia en el servicio público, es por eso que fue expedida la Ley 19 de 1958, para facilitar un modelo técnico en la clasificación de los empleados públicos que serviría de guía principal para establecer entre otros aspectos, la remuneración de los servidores públicos conforme a los deberes del empleo, la responsabilidad y los requisitos mínimos para la designación; sin embargo, fue solo has ta la conocida reforma constitucional de 1968, que posibilitó la expedición de la Ley 65 de 1967, base normativa para la modernización de la regulación técnica de la función pública, de ahí se derivan los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, 3135 del mism o año y 3148 que la adiciona, donde surgen con regularidad un particular fenómeno jurídico en la remuneración de los empleados del Estado ordinariamente mencionado bajo el título de “primas”, para significar invariablemente, un agregado en su ingreso laboral en ocasiones de naturaleza prestacional y en otras de carácter salarial, o como simple bonificación pero en todo caso con la constante de representar un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral.” (Negrilla Fuera del Texto)

Añade que , en el Decreto 1042 de 1968 contentivo de la clasificación y

de representar un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral.” (Negrilla Fuera del Texto)

Añade que , en el Decreto 1042 de 1968 contentivo de la clasificación y remuneración de los cargos para los empleos públicos: “ La noción de “prima”, como concepto genérico, emerge a título de reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de expresar cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en su ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de clima, entre otras, representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer un

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, proce so No. 0121-2003, La Corporación analiza los Decretos Reglamentarios Nos. 057, 106, 043, 036, 076, 064, 044, 2740, 2720 y 673 de las anualidades comprendidas entre 1993 y 2002 respectivamente.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00155-00 Sentencia de Primera Instancia

“plus” e n el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter salarial, prestacional o simplemente bonificatorio” (Negrilla fuera del Texto)

Por tal razón, esa H Corporación concluye que: “el concepto de prima dentro del régimen jurídico anterior a la expedición de la carta de 1991, opera invariablemente como un fenómeno retribuido de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el se rvidor público”. En adición a lo anterior,

régimen jurídico anterior a la expedición de la carta de 1991, opera invariablemente como un fenómeno retribuido de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el se rvidor público”. En adición a lo anterior, establece que con posterioridad a la expedición de la Constitución del 91, “el concepto mantiene identidad funcional con la manera como el régimen jurídico anterior se refirió a las primas para sobre su estruct ura representar básicamente un incremento a la remuneración; propiamente es posible reconocer que la Ley 4ª de 1992, retomó los elementos axiológicos de la noción, de manera que volvió a mencionar el concepto de prima como un fenómeno complementario de adi ción a la remuneración de los servidores públicos, tal como efectivamente quedo consagrado en los articulo 14 y 15 de dicha codificación; de forma que el entendimiento del concepto en vigencia del sistema de remuneración de los servidores públicos, luego d e la Carta de 1991 y conforme a su ley marco, sigue situándose como un incremento, un “plus” para añadir el valor del ingreso laboral del servidor”

Finalmente anula el artículo 7 del Decreto 618 de 2007, en tanto considera que tomar el 30% de la remuner ación del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, conduce a una contradicción, toda vez que dicho emolumento, debe ser considerado como un plus o un incremento en el ingreso del servidor público, y no una merma o disminución en el mismo; de igual manera, establece que no es dable asignar al concepto de “prima”, usado por el legislador

emolumento, debe ser considerado como un plus o un incremento en el ingreso del servidor público, y no una merma o disminución en el mismo; de igual manera, establece que no es dable asignar al concepto de “prima”, usado por el legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una interpretación distinta a la de representar un incremento remuneratorio, pues además de lo expuesto, vulneraria el precepto superior de progresividad, contemplado en el artículo 53 de la CP y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.

Aunado a lo anterior, esta Sala advierte que, en un caso de idénticos supuestos fácticos y jurídicos, el Consejo de Estado a través de la sentencia proferida en el proceso radicado 250002325000200501134-01, revoca la decisión adoptada por la Sección Segunda, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundin amarca y en su lugar, acoge las pretensiones demandadas por la Juez Catorce (14) de Familia de Bogotá, quien solicita la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta como factor salarial el 30% correspondiente a la prima especial de servicios, sustentando su decisión, en la tesis adoptada por esa H Corporación, en el expediente Nro. 110010325000200700098 -00, esto es, la que declaró la nulidad del Decreto 7º del Decreto 618 de 2 de marzo de 2007.

En igual orden, inaplica por inconstitucion ales los artículos 7 de los Decretos Nos 2740 de 2000 y 2720 de 2001 y 6 de los Decretos Nros 673 de 2002 y 3569 de

En igual orden, inaplica por inconstitucion ales los artículos 7 de los Decretos Nos 2740 de 2000 y 2720 de 2001 y 6 de los Decretos Nros 673 de 2002 y 3569 de 2003, en cuanto previeron como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual devengado por el demandante.

Así mismo, ha de señalar esta Sala, que el veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Catorce, la sala de conjueces de la Sección Segunda del H Consejo de Estado,Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 680012333000-2020-00155-00 Sentencia de Primera Instancia

dentro de la acción de Simple Nulidad radicado 11001032500020070008700 – Nro. Interno 1686-07, declaró la nulidad de los Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º d el Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º

del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 20 00; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004;

6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Dec reto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007, argumentando que la interpretación, en ellos consignada, respecto a la prima especial del 30% era errada, toda vez que contradecía los principios y preceptos consagrados en la ley 4 de 1992 y de la misma jurisprudencia del H Consejo de Estado, entendiendo de una forma desacertada, que el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía al 30%; pues la primera interpretación implica una reducción del salario básico al 70% mientras qu e la segundaque es la correcta - implica que se puede tomar el 30% del salario, pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico.

En diciembre de 2020, el Consejo de Estado, mediante sentencia de unif icación SUJ-023-CE-S2-2020 proferida dentro de la acción de Nulidad y restablecimiento del derecho radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01, preciso lo siguiente:

“Así las cosas, en este punto se puede afirmar, que aunque la discusión

del derecho radicado 73001-23-33-000-2017-00568-01, preciso lo siguiente:

“Así las cosas, en este punto se puede afirmar, que aunque la discusión jurídica presenta notorias diferencias con aquella que soportan las reclamaciones de los jueces, por todo el recorrido normativo y jurisprudencial que aquí se ha expuesto, en esencia las conclusiones a las que se arriban no difieren de las establecidas en la senten cia de 2 de septiembre de 2019 en la que se precisó el alcance del derecho a la prima especial que se reconoce a los funcionarios judiciales. Por contera, para los empleados de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron al régimen salarial previsto en el Decreto 53 de 1993 o que se vincularon con po