TA SAN - Sentencia 680012333000-2020-00664-00 (31-07-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

De conformidad con los artículos 182ª y 187 de la Ley 1437 de 2011, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Lo que se pretende.

La demanda fue interpuesta mediante apoderado judicial por el señor Herberth Adolfo Vargas Quiroga, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Ministerio de Cultura, elevando como pretensiones principales que:

1. Se declare la nulidad de los a actos administrativos contenidos en:

• Resolución No. 2039 de julio 3 de 2019 “Por medio de la cual se decidió el procedimiento Administrativo Sancionatorio PAS -2010040 que se adelantaba por presunta falta contra el Patrimonio Cultural de la Nación”.

• Resolución No. 0291 de marzo 2 de 2020 “Por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 2039 de julio 3 de 2019”.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: Se ordene a la Dirección de Patrimonio o quien corresponda, la exclusión de los predios identificados Expediente: 680012333000-2020-00664-00

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Demandante: Herberth Adolfo Vargas Quiroga

luhepidu@hotmail.com

Expediente: 680012333000-2020-00664-00

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Demandante: Herberth Adolfo Vargas Quiroga

luhepidu@hotmail.com hadolfovq@hotmail.com

Demandado: Nación – Ministerio de Cultura

notificacionesjudiciales@mincultura.gov.co

Ministerio Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos.

nmgonzalez@procuraduria.gov.co Asunto: Resolución. 2970 del 13 de octubre de 2015 mediante la cual se adopta el PMEP Plan Especial de Manejo y Protección del municipio de San Gil. Acto de carácter mixto. Publicación en diario oficial. Deber de informaciónInscripción en la Oficina de Instrumentos Públicos -. Caducidad el procedimiento administrativo sancionatorio. Intervención de inmuebles sin autorización previa del Ministerio de Cultura.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 68001233300020200066400

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con las nomenclaturas carrera 8ª No. 11 -30/36 y calle 11 No. 7 -42 del inventario de bienes de interés cultural de la nación.

3. Y se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

Y solo en caso de que la Sala estime que las anteriores pretensiones no prosperan, solicita que de manera subsidiaria: Se modifique parcialmente la Resolución No. 2039 de 2019 en cuanto a la sanción impuesta, argumentando que no se demostró la demolición total de los inmuebles intervenidos, pues uno de ellos ya se encontraba en estado

Se modifique parcialmente la Resolución No. 2039 de 2019 en cuanto a la sanción impuesta, argumentando que no se demostró la demolición total de los inmuebles intervenidos, pues uno de ellos ya se encontraba en estado ruinoso y el otro fue adecuadamente tr ansformado en parqueadero. En consecuencia, se pide ajustar el monto de la multa por considerarse desproporcionada, y que solo se ordene la restitución del inmueble de la carrera 8 No. 11-30/36, ya que resulta ilógico exigir la reconstrucción del predio que estaba en ruinas. Además, se solicita declarar patrimonial y administrativamente responsable al Ministerio de Cultura por omitir su deber legal de informar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la existencia del PEMP y la afectación de los inmuebles como Bienes de Interés Cultural, así como por no notificar al propietario de la Resolución 2970 de 2015. Esto, según el actor, constituye una falla del servicio que debe ser reparada económicamente. Finalmente se reclama el pago por el daño emergente, que incluye la multa impuesta y los costos de restitución arquitectónica de los predios, estimados en $361.246.400. Asimismo, se exige una indemnización por lucro cesante, derivado de la pérdida de ingresos por arrendamiento del parqueadero, calculado en $720.000.000, conforme a la expectativa de vida restante del demandante. 1.2. Hechos.

Se narra en la demanda que el señor Helberth Adolfo Vargas Quiroga adquirió los inmuebles ubicados en el municipio de San Gil, identificados con las

demandante. 1.2. Hechos.

Se narra en la demanda que el señor Helberth Adolfo Vargas Quiroga adquirió los inmuebles ubicados en el municipio de San Gil, identificados con las nomenclaturas Carrera 8 N.º 11 -30/36 y Calle 11 N.º 7 -42, según escrituras públicas Nos. 1795 del 22 de sep tiembre de 2014 y 1095 del 7 de mayo de 2014, respectivamente.

Señala que el predio ubicado en la Calle 11 N.º 7-42 se encontraba en estado de ruina total, tras más de ocho años de abandono, presentando afectaciones estructurales que ponían en riesgo los predios colindantes. Y que, a finales de 2014 e inicios de 2015, y por requerimiento de Planeación Municipal e Inspección de Policía, realizó obras locativas de urgencia, consistentes en la instalación de una cubierta liviana de zinc, canal para aguas lluvias y remociónTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 68001233300020200066400

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de escombros, sin que se requiriera licencia de construcción por tratarse de medidas de mantenimiento necesarias para mitigar un riesgo inminente.

En mayo de 2015, inició ante Planeación Municipal el trámite para la obtención de licencia de construcción, con el fin de adecuar un parqueadero en el predio de la Carrera 8 N.º 11 -30/36, actuación que fundamentó en los principios de buena fe, confianza legítima, legalidad y eficacia administrativa, pues asegura que, en el folio de matrícula no existía restricción alguna derivada de normas

buena fe, confianza legítima, legalidad y eficacia administrativa, pues asegura que, en el folio de matrícula no existía restricción alguna derivada de normas de patrimonio cultural.

Relata que mientras se tramitaba la licencia, el Ministerio de Cultura expidió la Resolución No. 2970 del 13 de octubre de 2015, por la cual se aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de San Gil. Acto que clasificó el pre dio de la Carrera 8 N.º 11 -30/36 como inmueble de conservación arquitectónica (Nivel 2) y se identificó el de la Calle 11 N.º 7 -42 como de conservación contextual (Nivel 3). Clasificación que le fue impuesta, sin notificación previa, ni inscripción en el f olio de matrícula, a pesar de tener efectos particulares sobre el derecho de dominio.

Agrega que la divulgación oficial del PEMP se llevó a cabo en San Gil a partir del 8 de septiembre de 2016, cuando ya se habían ejecutado y culminado las obras autorizadas mediante la Resolución No. 686792015-448 del 13 de enero de 2016, por la cual Planea ción Municipal aprobó la licencia de construcción solicitada.

Sostiene que, en ejecución de esta licencia, adecuó un parqueadero en el predio de la carrera 8 N.º 11 -30/36, conservando su fachada colonial y respetando las disposiciones del artículo 43 del PEMP; obras que finalmente concluyen en marzo de 2016, sin que se hubiera ordenado su suspensión.

Que el 4 de marzo de 2016 se radicó una queja ante el Ministerio de Cultura

respetando las disposiciones del artículo 43 del PEMP; obras que finalmente concluyen en marzo de 2016, sin que se hubiera ordenado su suspensión.

Que el 4 de marzo de 2016 se radicó una queja ante el Ministerio de Cultura por las intervenciones realizadas, y que entre los días 3, 4 y 5 de agosto de 2016, la arquitecta Virgilia del Carmen Guío, funcionaria del Ministerio, realizó una visita técnica al Centro Histórico de San Gil. Verificó las intervenciones y levantó registro fotográfico de los inmuebles, así como un acta dentro de la cual se consignó que el folio de matrícula no contenía anotaciones sobre restricciones, y se dejó constancia de que de bía informarse al Ministerio el estado de conservación del inmueble.

Mediante Auto No. 2018 -042 del 16 de octubre de 2018, el Ministerio de Cultura abrió el procedimiento administrativo sancionatorio No. PAS 20180040, por presunta infracción al patrimonio cultural, al haber realizado intervenciones sin autorización en inmu ebles catalogados como de conservación (niveles 2 y 3). Dicho procedimiento culminó con la Resolución No. 2039 del 3 de julio de 2019, mediante la cual se impuso al actor una multa de 500 SMLMV. Contra este acto se interpuso recurso de reposición y enTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 68001233300020200066400

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subsidio apelación, solicitando su revocatoria y, subsidiariamente, la declaratoria de caducidad de la potestad sancionatoria del Estado.

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subsidio apelación, solicitando su revocatoria y, subsidiariamente, la declaratoria de caducidad de la potestad sancionatoria del Estado.

Mediante Resolución No. 0291 del 2 de marzo de 2020, el Ministerio resolvió parcialmente el recurso, modificando el monto de la sanción a 300 SMLMV, y manteniendo la declaratoria de responsabilidad.

El actor destaca que entre la fecha de ejecución de las obras -marzo de 2016y la expedición del acto sancionatorio -julio de 2019 - transcurrieron más de tres años.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Se señala como normas violadas de la Constitución Política los artículos 6, 29, 83 y 209; de la Ley 1437 de 2011 los artículos 3, 4, 6, 9, 10, 52 y 137; de la Ley 397 de 1997 los artículos 12, 14 y 15 y el Decreto 763 de 2009.

• Expedición irregular.

Sostiene el demandante que el acto administrativo sancionatorio proferido por el Ministerio de Cultura fue expedido de manera irregular, en la medida en que fue dictado con desconocimiento de los procedimientos y garantías establecidos en el ordenamiento jurídico para la imposición de sanciones, vulnerando lo dispuesto en los artículos 3 y 29 de la Constitución Política, los artículos 3, 4, 6 y 137 del CPACA y los principios de publicidad, legalidad, debido proceso y buena fe.

Refiere que el fundamento del acto sancionatorio fue la supuesta intervención

artículos 3, 4, 6 y 137 del CPACA y los principios de publicidad, legalidad, debido proceso y buena fe.

Refiere que el fundamento del acto sancionatorio fue la supuesta intervención sin autorización en un inmueble que, según el Ministerio, hacía parte del área de influencia del Centro Histórico de San Gil declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Que, no obs tante, al momento en que se ejecutaron las obras, finales de 2015 y primer trimestre de 2016, el predio no se encontraba individualizado, identificado ni notificado como parte del área afectada por el régimen de protección, de modo que el administrado no tenía forma de conocer su sujeción al PEMP.

A lo que agrega que el Plan Especial de Manejo y Protección fue publicado el 28 de noviembre de 2016, y no se allegó prueba alguna que evidenciara su comunicación personal al propietario o usuario del predio.

De lo que concluye que la expedición del acto sancionatorio, se hizo con desconocimiento de los requisitos esenciales para el ejercicio de la potestad sancionadora y al margen de las garantías mínimas que exige el procedimiento administrativo sancionatorio , lo cual constituye una causal de nulidad por expedición irregular.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 68001233300020200066400

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• Falsa motivación.

Señala el demandante que el acto acusado carece de una motivación fáctica cierta, verificable y suficiente, pues la sanción impuesta se basa en la supuesta ejecución de obras de adecuación de un parqueadero en fecha posterior a la

Señala el demandante que el acto acusado carece de una motivación fáctica cierta, verificable y suficiente, pues la sanción impuesta se basa en la supuesta ejecución de obras de adecuación de un parqueadero en fecha posterior a la expedición del régimen de protección, sin que ello haya sido probado de manera fehaciente.

Explica que el Ministerio sustentó su decisión en elementos probatorios imprecisos e incongruentes: fotografías sin fecha cierta, informes sin rigor técnico, observaciones realizadas meses después de ejecutadas las obras y apreciaciones subjetivas que no a creditan ni la fecha de ocurrencia de los hechos ni su coincidencia con el régimen de protección cultural vigente.

Que, contrario a ello el expediente contiene múltiples documentos que prueban la culminación de las obras en marzo de 2016, entre ellos: licencia de construcción No. 3593 de 2016, actas de visita, licencias de funcionamiento y contratos que acreditan el us o público del parqueadero antes del mes de agosto de 2016. Pruebas que asegura fueron desconocidas por la autoridad, configurando un error manifiesto en la valoración probatoria y, por ende, una falsa motivación del acto administrativo.

• Falta de competencia.

Afirma que el Ministerio de Cultura actuó fuera del ámbito legalmente establecido para ejercer funciones sancionadoras sobre predios que no estaban identificados ni formalmente incluidos en el régimen de protección del PEMP al momento de los hechos.

Sobre este punto sostiene que, de conformidad con los artículos 6 y 137 del CPACA, la competencia de las autoridades administrativas debe fundarse en

estaban identificados ni formalmente incluidos en el régimen de protección del PEMP al momento de los hechos.

Sobre este punto sostiene que, de conformidad con los artículos 6 y 137 del CPACA, la competencia de las autoridades administrativas debe fundarse en la ley y ejercerse dentro de los límites materiales, temporales y funcionales que ella establece.

Que, en este caso, al momento de la ejecución de las obras -finales de 2015 a marzo de 2016 -, no existía identificación ni delimitación clara del predio dentro del área de intervención ni prueba de notificación al propietario, lo cual impide considerar que existía sujeción jurídica a un régimen de protección patrimonial.

Por tanto, refiere que la imposición de una sanción con base en una supuesta infracción a normas que aún no habían sido divulgadas ni aplicadas al predio constituye un exceso de poder sancionador que configura falta de competencia material por parte del Ministerio de Cultura, vulnerando además el principio de legalidad en materia sancionatoria.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 68001233300020200066400

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Finalmente explica que el acto sancionatorio resulta también nulo por haber operado la caducidad de la potestad sancionadora del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 52 del CPACA norma que dispone que la acción sancionatoria debe iniciarse dentro de los tres (3) años siguientes a la ocurrencia de los hechos que la motivan.

Que, en el presente caso, las obras de adecuación del parqueadero fueron concluidas, según prueba documental contundente, en el mes de marzo de

ocurrencia de los hechos que la motivan.

Que, en el presente caso, las obras de adecuación del parqueadero fueron concluidas, según prueba documental contundente, en el mes de marzo de 2016; no obstante, la actuación administrativa se inició formalmente en el año 2019, cuando se expidió la Resolu ción 2039 de julio 3, notificada el 8 de julio del mismo año, esto es, más de tres años después de culminadas las obras.

A lo que agrega que no existió actuación previa válida que interrumpiera o suspendiera el término legal, ni pruebas que demuestren una actuación sancionatoria anterior; mora que atribuye exclusivamente a la entidad, y el vencimiento del término legal acarr ea la pérdida de competencia sancionatoria, según lo ha reiterado el Consejo de Estado en sentencia del 29 de abril de 2015, Consejero ponente Guillermo Vargas Ayala. Por tanto, el acto demandado se encuentra viciado por caducidad y debe ser anulado por pérdida de competencia.

II. TRÁMITE PROCESAL

La demanda fue presentada el día 15 de julio de 2020 1, correspondiendo por efectos del reparto al conocimiento del Despacho 01 del Tribunal Administrativo de Santander; habiéndose subsanado la demanda, mediante providencia de fecha 2 de diciembre de 2020 2 se admitió la demanda y se procedió a impartir el trámite del procedimiento ordinario. A través de auto de fecha 17 de octubre de 2024 3, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del CPACA se agota etapas de audiencia inicial y se fija fecha para la realización de la audiencia de pruebas.

fecha 17 de octubre de 2024 3, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del CPACA se agota etapas de audiencia inicial y se fija fecha para la realización de la audiencia de pruebas.

De las actuaciones realizadas, convienen destacar las siguientes:

1. Contestación de la demanda4.

El apoderado judicial del Ministerio de Cultura solicitó denegar las pretensiones de la demanda, argumentando que carecen de sustento jurídico y fáctico.

Señala en primer lugar que, el actor incurre en un error al calificar la Resolución No. 2970 del 13 de octubre de 2015 como un acto administrativo de carácter mixto, cuando se trata de un acto de carácter general, pues declaró como Bien

1 Samai índice 00024 Expediente Digital OneDrive PDF 003ActaReparto 2 Samai índice 00024 Expediente Digital OneDrive PDF 013AutoAdmiteDemanda 3 Samai índice 00038 4 Samai índice 00021 Expediente Digital OneDrive PDF 021ContestaciónDemandaMinisterioCulturaTribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 68001233300020200066400

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de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional, al centro histórico de San Gil y su zona de influencia, relacionando un conjunto determinado de inmuebles, lo cual no implica la necesidad de surtir notificación personal, respecto de cada uno de ellos.

Explica que el centro histórico de San Gil fue declarado Monumento Nacional desde el año 1963 mediante el Decreto 264, condición que se mantuvo con la Resolución No. 2970 de 2015, que, por tanto, los predios ubicados dentro de

Explica que el centro histórico de San Gil fue declarado Monumento Nacional desde el año 1963 mediante el Decreto 264, condición que se mantuvo con la Resolución No. 2970 de 2015, que, por tanto, los predios ubicados dentro de dicha área, incluyendo los identificados con las nomenclaturas carrera 8ª No. 11-30/36 y calle 11 No. 7 -42, se encuentran sujetos al Régimen Especial de Protección contemplado en la Ley 397 de 1997. En consecuencia, sostiene que, cualquier intervención sobre dichos inmuebles o sus colindantes requerirá autorización previa del Ministerio de Cultura como autoridad competente.

Alude al Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), afirmando que su alcance no se limita a inmuebles específicos, sino que también comprende el espacio público del centro histórico, así como a la comunidad en general, dada la relevancia histórica y cultural del conjunto patrimonial. Que, por lo tanto, las normas que regulan el patrimonio cultural resultan plenamente oponibles a quienes intervienen en esa área, aunque no exista una declaratoria individual sobre el inmueble.

Frente a la alegación relativa a la omisión de la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria, el Ministerio cita el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por la Ley 1185 de 2008, para indicar que dicha anotación es una obligación de la administración, pero su incumplimiento no afecta la validez ni la oponibilidad de la declaratoria ni del PEMP adoptado.

Sobre el tema de la notificación de la Resolución No. 2970 de 2015, aclara que, tratándose de un acto administrativo de carácter general, su

la oponibilidad de la declaratoria ni del PEMP adoptado.

Sobre el tema de la notificación de la Resolución No. 2970 de 2015, aclara que, tratándose de un acto administrativo de carácter general, su comunicación se efectuó válidamente mediante publicación en el Diario Oficial No. 44.710, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 119 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 65 del CPACA.

En relación con los cargos formulados replica lo siguiente:

Violación al debido proceso. Afirma que el acto de carácter general Resolución 2970 de 2015 fue debidamente publicado y que el acto particular Resolución No. 2039 de 2019 fue oportunamente notificado, como lo demuestra el hecho de que el demandante ejerció su derecho de defensa al presentar recurso de reposición. Critica, además, la falta de claridad del actor al precisar las normas concretas presuntamente violadas.

Falsa motivación: Sostiene que los actos administrativos demandados cuentan con una motivación clara, suficiente y fundada, en la cual se detallaron las razones de hecho y de derecho que justificaron la sanción impuesta.Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 68001233300020200066400

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Caducidad de la potestad sancionatoria . Sobre este punto señala que, si bien existen licencias expedidas en marzo de 2016, funcionamiento y software, ello no permite inferir que las obras hubieran culminado para esa fecha. Así aporta evidencias de denuncias ciudadanas y visitas técnicas que ev idencian intervenciones continuadas hasta septiembre del año 2016, como la

ello no permite inferir que las obras hubieran culminado para esa fecha. Así aporta evidencias de denuncias ciudadanas y visitas técnicas que ev idencian intervenciones continuadas hasta septiembre del año 2016, como la instalación de sobrecubierta, nivelación de pisos, estructuras metálicas y adecuación del parqueadero.

Finalmente, refuta la supuesta buena fe del actor, aduciendo que no es excusa el desconocimiento de la condición de bien protegido del inmueble intervenido, ni la ausencia de requerimientos por parte del Municipio de San Gil sobre la necesidad de contar con autorización previa del Ministerio, pues en su criterio todo propietario o poseedor tiene el deber de conocer la normativa vigente sobre el patrimonio cultural.

2. Alegatos de conclusión.

2.1. De la parte demandante5.

Concurre para reiterar en su integridad los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda. En síntesis, insiste en que la Resolución No. 2970 de 2015, mediante la cual se adopta el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de San Gi l, no puede considerarse un acto general, sino uno de carácter particular o mixto, al haber impuesto cargas jurídicas concretas sobre determinados inmuebles, entre ellos los intervenidos por su representado. En consecuencia, concluye que dicho acto debió n otificarse personalmente, conforme lo exige el artículo 37 del CPACA, y que, al omitirse ese deber, se vulneró el derecho al debido proceso del señor Vargas, quien se enteró de su existencia solo cuando ya había sido objeto de sanción.

El demandante considera que, al señalar con precisión el área afectada y los

ese deber, se vulneró el derecho al debido proceso del señor Vargas, quien se enteró de su existencia solo cuando ya había sido objeto de sanción.

El demandante considera que, al señalar con precisión el área afectada y los inmuebles alcanzados por las restricciones, la Resolución 2970 de 2015 impone deberes concretos a sujetos plenamente identificables, lo que lo convierte en un acto individualmente oponible, que exige notificación personal, como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado en casos similares.

Reitera que los inmuebles intervenidos no cuentan con declaratoria individual como bienes de interés cultural, ni están incluidos en la lista indicativa de candidatos ni registran anotación alguna en los folios de matrícula inmobiliaria. Por lo que, a su j uicio, la sola mención de su localización dentro de la “zona de influencia” del centro histórico no suple el deber legal de información efectiva al administrado sobre la sujeción a un régimen especial de protección.

5 Samai índice 00052Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 68001233300020200066400

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Alega que la Resolución 2039 de 2019, por medio de la cual se impuso la sanción, se fundamentó en apreciaciones equivocadas e insuficientes sobre la existencia de una intervención no autorizada en un bien de interés cultural. Manifiesta que no existía cert eza sobre el estatus jurídico de los inmuebles y que, por tanto, el demandante no podía prever la necesidad de obtener autorización del Ministerio. Agrega que las visitas técnicas no acreditan de

Manifiesta que no existía cert eza sobre el estatus jurídico de los inmuebles y que, por tanto, el demandante no podía prever la necesidad de obtener autorización del Ministerio. Agrega que las visitas técnicas no acreditan de manera inequívoca que las obras se hubieran iniciado o ejecutado después de que el PEMP hubiese sido debidamente notificado o registrado.

Así alega que el Ministerio de Cultura excedió sus competencias al sancionar hechos ocurridos en inmuebles que no estaban debidamente identificados como bienes de interés cultural o sometidos formalmente al régimen aplicable, vulnerando así el principio de legalidad y la reserva legal en materia sancionatoria. Indica que no se cumplieron las condiciones normativas mínimas que habilitaban a la entidad para imponer la multa.

Expone que, conforme a los documentos allegados por el propio Ministerio, las obras en los inmuebles fueron ejecutadas entre marzo y septiembre de 2016, como lo indican las visitas técnicas, las denuncias ciudadanas y los actos administrativos locales. Que entonces, al haber sido expedida la sanción el 3 de julio de 2019, ya se encontraba superado el término de tres años previsto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, por lo que la potestad sancionadora se hallaba caducada.

Finalmente, advierte que no puede endilgarse responsabilidad por desconocer una obligación que nunca fue debidamente comunicada por la administración. Rechaza la tesis del Ministerio según la cual el desconocimiento de la ley no es excusa, reprochando la omisión de la entidad en el cumplimiento de sus deberes de publicidad y registro respecto del régimen aplicable al inmueble, lo que en su

Rechaza la tesis del Ministerio según la cual el desconocimiento de la ley no es excusa, reprochando la omisión de la entidad en el cumplimiento de sus deberes de publicidad y registro respecto del régimen aplicable al inmueble, lo que en su sentir afectando gravemente el principio de confianza legítima.

2.2. Parte demandada6.

El Ministerio de Cultura solicita denegar las pretensiones de la demanda, defendiendo la legalidad de las resoluciones sancionatorias, pues afirma no operó la caducidad, dado que las pruebas allegadas permiten concluir que las obras no concluyeron antes de la Semana Santa de 2016, sino que continuaron hasta septiembre de ese año, como lo demuestran las visitas técnicas y denuncias ciudadanas.

Además, sostiene que la Resolución 2970 de 2015, que aprobó el PEMP del Centro Histórico de San Gil, es un acto de carácter general, y por tanto su publicación en el Diario Oficial fue suficiente, sin requerirse notificación

6 Samai índice 00050Tribunal Administrativo de Santander Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del derecho Exp. 68001233300020200066400

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personal. Igualmente, indica que la ausencia de anotación del PEMP en el folio de matrícula no afecta su oponibilidad ni la legalidad de la sanción.

Reitera que la ignorancia de la normativa no exime de su cumplimiento, desvirtuando los argumentos de buena fe del actor quien, en todo caso, sostiene, no presentó nuevas pruebas o argumentos diferentes a los debatidos en sede administrativa.

3. Ministerio Público7.

desvirtuando los argumentos de buena fe del actor quien, en todo caso, sostiene, no presentó nuevas pruebas o argumentos diferentes a los debatidos en sede administrativa.

3. Ministerio Público7.

Luego de revisar el contenido de la Ley 397 de 1997, el Decreto 1080 de 2015, la Ley 1185 de 2008, el decreto 2358 de 2019 solicita se acceda a las pretensiones de la demanda y se retire del ordenamiento jurídico los actos sancionatorios, ello al encontrar que la Resolución No. 2970 de 2015 por medio de la cual se adopta el Plan Especial de Manejo y Protección en el municipio de San Gil, es un acto administrativo mixto en cuanto contiene decisiones con consecuencias generales y particulares o concretas. Act os que, por sus efectos generales y particulares, deben ser notificados y publicados de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011, con el fin de poder establecer el término de vigencia del medio de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con fecha cierta.

Que pese a ello la resolución no fue notificada al demandante, ni a ninguno de los terceros afectados, como propietarios de los bienes inmuebles debidamente individualizados y tampoco se ordenaron ni realizaron las anotaciones correspondientes en los folio s de matrícula inmobiliaria de los inmuebles afectados con el PEMP.

Refiere que, de las pruebas testimoniales y de la exposición que realiza la parte demandada, se advierte que estas personas: propietarios, usufructuarios y tenedores, como miembros del sistema Nacional Patrimonial y Cultural de la Nación, no fueron involucradas dentro del proceso de estructuración del plan,

parte demandada, se advierte que estas personas: propietarios, usufructuarios y tenedores, como miembros del sistema Nacional Patrimonial y Cultural de la Nación, no fueron involucradas dentro del proceso de estructuración del plan, ni se les comunicó o socializó a título informativo.

Que por tanto el demandante, desconociendo el PEMP, acude a la autoridad municipal para solicitar autorización en cuanto a las adecuaciones a realizar en el inmueble, respecto del cual afirma, no realizó reformas estructurales, ni dem