TA SAN - Sentencia 680012333000-2020-00667-00 (12-06-2025)

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SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, junio doce (12) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Exp. No. 680012333000-2020-00667-00

MEDIO DE

CONTROL:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: RICARDO BERNAL TORREZ

ayudasprocesosjuridicos@hotmail.com

APODERADA: CAROLINA BARRAGAN CAMARGO

carobarragancamargo@hotmail.com

DEMANDADO: PROCURADURIA PROVINCIAL DE VELEZ –

PROCURADURIA REGIONAL DE SANTANDER –

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

MINISTERIO

PUBLICO:

JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

Se encuentra al Despacho el proceso que en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaura el señor RICARDO BERNAL TORRES en contra de la PROCURADURIA PROVINCIAL DE VELEZ – PROCURADURIA REGIONAL DE SANTANDER – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para proferir decisión de fondo una vez verificada la inexistencia de causal que invalide lo actuado y encontrándose rituada la actuación en su totalidad.

De la Demanda

Pretensiones.

En síntesis, la demanda refiere como tales, las siguientes:

causal que invalide lo actuado y encontrándose rituada la actuación en su totalidad.

De la Demanda

Pretensiones.

En síntesis, la demanda refiere como tales, las siguientes:

“Se revoque i) la decisión administrativa de primera instancia proferida por la Procuraduría Provincial de Vélez Santander de 20 de junio de 20 19, con numero de Resolución 014 de junio 20 de 2019, dentro del proceso con numero de radicado 2017-952549, a través de la cual sancionó disciplinariamente al demandante con destitución e inhabilidad general de 12 años para el ejercicio de funciones pública s; y ii) la Resolución 55 de 29 de noviembre de 2019, con la cual confirma en su totalidad la Resolución número 014 del 210 de junio de 2019, proferida por la Procuraduría General de la Nación.

Que, en caso de no prosperar la revocatoria de los actos administrativos, se varíe la conducta a responsabilidad leve y disminuya el tiempo de la sanción disciplinaria al señor RICARDO BERNAL TORRES. A título de restablecimiento del derecho, se ordene:Sentencia de Primera Instancia Exp. No. 680012333000-2020-00667-00 2 Primero. El pago de los salarios con el incremento como alcalde de sexta categoría junto con las prestaciones sociales, desde la sanción disciplinaria hasta los años de inhabilidad, con ocasión al lucro cesante y daño emergente.

Segundo. Se reconozca a cancelar perjuicios morales en valor equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Tercero. Se ordene la actualización indexación, intereses corrientes y moratorios.

Segundo. Se reconozca a cancelar perjuicios morales en valor equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Tercero. Se ordene la actualización indexación, intereses corrientes y moratorios.

Cuarto. Las sumas reconocidas devengaran intereses comerciales durante los seis meses siguientes al fallo que homologue el acuerdo conciliatorio y moratorio al vencimiento del término.

Quinta. Condenar en costas, gastos y honorarios al demandado.”

Hechos.

En síntesis, como acontecer en la demanda se narra cómo acontecer fáctico, lo siguiente:

Primero. El 19 de junio de 2015 se suscribió el Convenio de Asociación y Apoyo No. 131 de 2015 entre el Municipio de Landázuri, representado por el señor Ricardo Bernal Torres, en su calidad de alcalde para el período 2012 -2015, y la Fundación Opción Colombia – FUNDACOL, con el objeto de brindar un complemento alimentario a niños y adolescentes del municipio.

Segundo. Mediante Resolución No. 014 del 20 de junio de 2019, la Procuraduría Provincial de Vélez (Santander) profirió fallo de primera instancia dentro del proceso disciplinario adelantado contra el señor Ricardo Bernal Torres, declarando probado y no desvirtuado el único cargo formulado por presuntas irregularidades en la suscripción del mencionado convenio. En consecuencia, lo declaró disciplinariamente responsable, al considerar configurada una falta gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental, e impuso como sanción la destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años.

disciplinariamente responsable, al considerar configurada una falta gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental, e impuso como sanción la destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años.

Tercero. Contra la decisión anterior se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución No. PRS -SI-00-055 del 29 de noviembre de 2019, proferida por la Procuraduría Regional de Santander. En esta providencia se confirmó en su integridad el fallo de primera instancia, al considerar debidamente acreditada la irregularidad en la suscripción del convenio No. 131 de 2015.

Cuarto. La sanción impuesta se fundamentó en que, según la Procuraduría, el instrumento suscrito debió tramitarse como un contrato de suministro y no como un convenio de asociación, afirmando que el entonces alcalde incurrió en una falta disciplinaria al omitir e l deber de seleccionar objetivamente al contratista, lo que configuró una actuación con culpa gravísima.Sentencia de Primera Instancia Exp. No. 680012333000-2020-00667-00 3 Quinto. Para la fecha de suscripción del Convenio No. 131 de 2015, la competencia para adelantar los procesos contractuales en el marco del objeto del convenio estaba delegada en la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, dependencia encargada de elaborar los estudios previos y justificar la viabilidad del instrumento. El convenio se sustentó en la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los niños, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de 1991.

Sexto. El Convenio de Asociación No. 131 de 2015 fue celebrado al amparo del

El convenio se sustentó en la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los niños, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de 1991.

Sexto. El Convenio de Asociación No. 131 de 2015 fue celebrado al amparo del artículo 355 de la Constitución Política y del Decreto 777 de 1992, normativa que habilita la contratación directa con entidades sin ánimo de lucro para ejecutar programas de interés público.

Séptimo. El convenio suscrito con FUNDACOL se enmarcó en una práctica generalizada en distintas entidades públicas del país, que celebraron convenios similares bajo las mismas disposiciones constitucionales y legales.

Octavo. El señor Ricardo Bernal Torres solicitó la nulidad del acto sancionatorio y el consecuente restablecimiento de sus derechos, alegando la vulneración de garantías constitucionales y cuestionando la fundamentación jurídica utilizada por la Procuraduría para imponer la sanción.

Noveno. En abril de 2020 se adelantó un trámite conciliatorio ante la Procuraduría General de la Nación, el cual resultó fallido, por lo que se procedió a la interposición de la correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Décimo. Finalmente, se agotaron todos los recursos administrativos dentro del proceso disciplinario, concluyendo con la decisión de segunda instancia proferida en noviembre de 2019, sin que existiera posibilidad de interponer nuevos recursos.

Normas Violadas y Concepto de Violación

Constitucionales: artículos 2, 6, 20, 29, 209, 355

Legales: Ley 489 de 1998, artículos 95 y 96

Normas Violadas y Concepto de Violación

Constitucionales: artículos 2, 6, 20, 29, 209, 355

Legales: Ley 489 de 1998, artículos 95 y 96

Ley 1437 de 2011, artículos 137 y 140 Decreto 777 de 1992 Decreto 1403 de 1992 Decreto 092 de 2017 Ley 80 de 1993 y sus reformas Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011Sentencia de Primera Instancia Exp. No. 680012333000-2020-00667-00 4 El demandante sostiene que la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación vulneró normas constitucionales y legales, al interpretar de forma errónea la naturaleza jurídica del Convenio de Asociación No. 131 de 2015, celebrado entre el Municipio de Landázuri y la fundación FUNDACOL. En particular, argumenta que dicho convenio fue suscrito en ejercicio legítimo de la potestad estatal prevista en el artículo 355 de la Constitución Política, que autoriza la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad para el impulso de programas de interés público acordes con los planes de desarrollo.

El actor alega que la Procuraduría desconoció la normativa especial aplicable a este tipo de convenios, confundiendo la figura del convenio de asociación con un contrato de suministro, sin considerar que el objeto del convenio no implicaba contraprestación directa a favor del Estado, ni ejecución de funciones propias de la administración, sino el fomento de una actividad social desarrollada por una ESAL (entidad sin ánimo de lucro), en cumplimiento de un programa de interés público.

contraprestación directa a favor del Estado, ni ejecución de funciones propias de la administración, sino el fomento de una actividad social desarrollada por una ESAL (entidad sin ánimo de lucro), en cumplimiento de un programa de interés público.

En consecuencia, el demandante considera que la sanción disciplinaria vulneró los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y debido proceso, al no respetar el marco constitucional y legal que regula la figura contractual aplicada, ni tener en cuenta la jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el tema.

Trámite de Primera instancia

La demanda fue radicada ante esta jurisdicción el día 17 de julio de 2020, habiéndose dispuesto su admisión mediante auto del 16 de febrero de 2022, imprimiéndosele el trámite del procedimiento ordinario, siendo notificada a la parte actora por anotación en estados , y a la parte demandada conforme a lo señ alado en el art. 199 del CPACA.

Cumplidos los términos establecidos en los artículos 172 y 173 del CPACA, y siguiendo el trámite correspondiente al considerar innecesario celebrar audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con el artículo 181 ibidem, mediante auto de fecha trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024) se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión.

Contestación a la Demanda

La Procuraduría General de la Nación dio contestación a la demanda por conducto de apoderado judicial legalmente constituido, quien para el efecto manifestó oponerse a la totalidad de las pretensiones de la demanda , argumentando como

Contestación a la Demanda

La Procuraduría General de la Nación dio contestación a la demanda por conducto de apoderado judicial legalmente constituido, quien para el efecto manifestó oponerse a la totalidad de las pretensiones de la demanda , argumentando como defensa que la entidad demandada, actuó en acogimiento a los preceptos legalesSentencia de Primera Instancia Exp. No. 680012333000-2020-00667-00 5 que regulan el trámite disciplinario, así como de conformidad con los mandatos y principios constitucionales, legales y jurisprudenciales que regulan esta clase de actuaciones administrativas, aunado al hecho que durante todas las etapas se le garantizó al demandante el núcleo esencial del derecho al debido proceso.

Argumenta su defensa, con los siguientes puntos:

1. Control de legalidad de los actos administrativos disciplinarios: Se expone que el juez contencioso administrativo tiene un control amplio sobre los actos sancionatorios, pero no absoluto. Esto implica que no puede modificar el criterio de la autoridad disciplinaria, a menos que se demuestre que se ha excedido en la interpretación de la ley o la aplicación de las normas. El control judicial, por lo tanto, no puede ser una "tercera instancia" donde se reabran los debates probatorios, sino un juicio de validez que se limita a revisar si el acto se ajustó a la ley, respetando el debido proceso y las garantías fundamentales.

2. Garantías procesales respetadas : La defensa resalta que en el proceso disciplinario en el que se sancionó al demandante se respetaron todas las garantías fundamentales, como el derecho al debido proceso y a la defensa. Se argumenta que el procedimiento administrativo siguió las disposiciones de la Ley

disciplinario en el que se sancionó al demandante se respetaron todas las garantías fundamentales, como el derecho al debido proceso y a la defensa. Se argumenta que el procedimiento administrativo siguió las disposiciones de la Ley 734 de 2002, permitiendo al disciplinado ejercer su derecho a la contradicción, presentar descargos, alegar de conclusión, y apelar el fallo. Además, se asegura que la sanción impuesta fue proporcional y razonable, sin desconocer los principios fundamentales del derecho administrativo.

3. El contrato cuestionado: convenio de asociación o contrato de suministro: La demandante cuestionó la clasificación del negocio jurídico, argumentando que el mismo era un convenio de asociación. Sin embargo, tanto en primera como en segunda instancia, se concluyó que el contrato en cuestión no era un convenio de asociación, sino un contrato de suministro. La defensa explica que el acuerdo celebrado entre la Alcaldía y la Fundación Opción Colombia (FUNDACOL) se estructuró como un contrato de suministro, ya qu e se especificaban claramente el precio, la forma de pago, las obligaciones y la cantidad de los bienes entregados, sin que se estipulara ninguna actividad propia de un convenio de asociación. Además, se subraya que el convenio no cumplía con los requisito s para considerarse un convenio de asociación, ya que su objeto era un suministro de bienes para el programa de nutrición escolar, lo cual correspondía a una necesidad del municipio y no a una colaboración entre entidades con fines no lucrativos.

4. Responsabilidad en la selección del contrato: En cuanto a la responsabilidad del demandante en la modalidad de selección, se rechaza el argumento de queSentencia de Primera Instancia

lucrativos.

4. Responsabilidad en la selección del contrato: En cuanto a la responsabilidad del demandante en la modalidad de selección, se rechaza el argumento de queSentencia de Primera Instancia

Exp. No. 680012333000-2020-00667-00 6 no le correspondía determinarla. Se sostiene que el demandante, como alcalde, participó activamente en la firma del convenio, sin tener en cuenta que este debía ser estructurado como un contrato de suministro. La sanción impuesta al demandante se basa en l a falta de selección objetiva y transparencia, lo que constituye una violación de los principios que rigen la contratación estatal. Esto, según la norma, constituye una falta disciplinaria en la que se vulneraron los principios establecidos en la Constitución y la ley.

5. Valoración probatoria: Se niega que haya habido una indebida valoración de las pruebas, como argumenta la demandante. La defensa subraya que los operadores disciplinarios actuaron dentro de los márgenes de la sana crítica, un sistema de valoración probatoria que se basa en la lógica, la experiencia y el conocimiento del juez. No se trató de una valoración arbitraria ni caprichosa, sino que se ajustó a los principios constitucionales que rigen la administración de justicia. Además, se resalta que la valoraci ón de las pruebas en el proceso disciplinario estuvo bien fundamentada, ya que se atendieron los principios de autonomía e independencia judicial, y los fallos se basaron en un análisis razonable y responsable de las pruebas.

En síntesis, la defensa sostiene que tanto el procedimiento disciplinario como las sanciones impuestas al demandante fueron correctos, ajustados a derecho, y

razonable y responsable de las pruebas.

En síntesis, la defensa sostiene que tanto el procedimiento disciplinario como las sanciones impuestas al demandante fueron correctos, ajustados a derecho, y basados en una interpretación válida de las normas aplicables. Se argumenta que el demandante participó en el proceso contractual de forma inapropiada y que la naturaleza del convenio cuestionado correspondía a un contrato de suministro, no a un convenio de asociación, lo que justifica la sanción disciplinaria. Además, se defiende que no hubo irregularidades en la valoración probatoria, ya que las pruebas fueron analizadas de acuerdo con los principios establecidos por la ley y la jurisprudencia.

Finalmente se formulan las siguientes excepciones:

• Inexistencia del derecho pretendido, teniendo en cuenta que no hubo actuación irregular alguna y ante la clara sustentación de que no le asiste razón al mismo respecto a los cargos señalados. • Innominada o genérica, solicitando declarar la existencia de toda aquella excepción cuyos supuestos de hecho resulten acreditados en el proceso.

Alegatos de Conclusión

La parte demandante sostiene que la sanción de destitución e inhabilidad impuesta por la Procuraduría contra Ricardo Bernal Torrez fue injusta y desproporcionada, alSentencia de Primera Instancia Exp. No. 680012333000-2020-00667-00 7 considerar erróneamente que el convenio de asociación No. 131 de 2015 debía tramitarse como un contrato de suministro. Se argumenta que dicho convenio se celebró conforme al artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992, sin que existiera detrim ento patrimonial ni participación del alcalde en la etapa

tramitarse como un contrato de suministro. Se argumenta que dicho convenio se celebró conforme al artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992, sin que existiera detrim ento patrimonial ni participación del alcalde en la etapa precontractual, ya que la contratación estaba delegada a la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio.

Alega además que la Procuraduría carece de competencia para restringir derechos políticos de funcionarios elegidos popularmente, conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH y la sentencia C -030 de 2023 de la Corte Constitucional, lo cual hace inconstitucional e inconvencional la sanción impuesta. Se invoca el principio de favorabilidad para que, en caso de no declararse la nulidad, se ajuste la sanción aplicando la normativa vigente y considerando el error invencible en que incurrió el sancionado. Finalmente, se solicita el control de convencionalidad por violación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Parte Demandada solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, al considerar que actuó dentro del marco legal y constitucional al imponer la sanción disciplinaria al señor Ricardo Bernal Torrez. Afirma que tiene competencia para sancionar a funcionarios de elección popular, con base en el artículo 277 de la Constitución y la jurisprudencia nacional, sin que se haya vulnerado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sostiene que el acto sancionatorio goza de presunción de legalidad, fue expedido por autoridad competente, con respeto al debido proceso y debidamente motivado. Reitera que el convenio suscrito no reunía los requisitos para ser considerado un

Sostiene que el acto sancionatorio goza de presunción de legalidad, fue expedido por autoridad competente, con respeto al debido proceso y debidamente motivado. Reitera que el convenio suscrito no reunía los requisitos para ser considerado un convenio de a sociación, pues su objeto correspondía realmente a un contrato de suministro, lo que desnaturaliza la figura y vulnera los principios de transparencia y selección objetiva.

Finalmente, considera que la sanción fue proporcional y legal, basada en una falta gravísima debidamente acreditada, por lo que no hay lugar a declarar su nulidad ni a acceder al restablecimiento de derechos solicitado.

El Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 152 del C.P.A.C.A., esta Corporación es competente para decidir el presente asunto.Sentencia de Primera Instancia Exp. No. 680012333000-2020-00667-00 8 Problema Jurídico

El análisis de la Sala se orienta a establecer la legalidad de los fallos de primera y segunda instancia proferidos por la Procuraduría General de la Nación, mediante las resoluciones No. 014 del 20 de junio de 2019 y No. PRS -SI-00-055 del 29 de noviembre de 2019, respectivamente, a través de los cuales se declaró responsable disciplinariamente al señor RICARDO BERNAL TORREZ por la comisión de una falta gravísima a título de culpa gravísima, imponiéndosele la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de doc e (12) años; ello en atención a que i) se

gravísima a título de culpa gravísima, imponiéndosele la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de doc e (12) años; ello en atención a que i) se cuestiona la interpretación de la Procuraduría sobre la naturaleza jurídica del convenio de asociación No. 131 de 2015, al considerarlo un contrato de suministro, ii) se alega que no existió detrimento patrimonial ni participación directa del sancionado en la etapa precontractual.

Para ello, la Sala deberá determinar si la entidad demandada incurrió en desconocimiento del derecho del demandante, por los cargos argüidos anteriormente

Solución al Problema Jurídico Planteado

Normas y marco jurisprudencial.

Control de legalidad de los actos administrativos en materia disciplinaria

Respecto del control de legalidad de los actos administrativos expedidos en procesos disciplinarios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de Unificación del 9 de agosto de 20161, concluyó que el mismo es integral. En efecto, enseñó:

“…En conclusión: El control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, es integral. Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente

las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.”

1 Consejo de Estado. Número de referencia: 110010325000201100316 00 Número interno: 1210 -11. Sentencia del 9 de agosto de 2016 M.P. William Hernández Gómez (E)Sentencia de Primera Instancia Exp. No. 680012333000-2020-00667-00 9

• Respecto de la valoración de las pruebas recaudadas en el disciplinario.

De las causales de nulidad que regula el artículo 137 de la L. 1437, se destacan cuatro de ellas, porque tendrían relación directa con la valoración probatoria bajo los parámetros de un juicio integral, a saber: (i) violación del derecho de audiencias y de defensa, que vincula el derecho al debido proceso regulado en el artículo 29

cuatro de ellas, porque tendrían relación directa con la valoración probatoria bajo los parámetros de un juicio integral, a saber: (i) violación del derecho de audiencias y de defensa, que vincula el derecho al debido proceso regulado en el artículo 29 Constitucional que consagra el derecho a presentar pruebas, solicitarlas o controvertirlas. (ii) Infracción de las normas en que debe fundarse el acto administrativo. Cuando el acto administrativo no se ajusta a las normas superiores a las cuales debía respeto y acatamiento, …(iii) Falsa motivación, se configura cuando las razones de hecho o de derecho que se invocan como fundamento de la decisión no corresponden a la realidad…

El juicio integral permite controlar la valoración de la prueba porque sólo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.

• Respecto de los principios rectores de la ley disciplinaria.

Este control judicial integral, permite que el juez de lo contencioso administrativo pueda y deba examinar en la actuación sancionatoria el estricto cumplimiento de todos los principios rectores de la ley disciplinaria, esto es, la legalidad, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad, culpabilidad, favorabilidad, igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia. • Respecto del principio de proporcionalidad.

Se hace una especial referencia al principio de proporcionalidad previsto en el

internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia. • Respecto del principio de proporcionalidad.

Se hace una especial referencia al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 18 de la Ley 734, según el cual, la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida y la graduación prevista en la ley. …

• Respecto de la ilicitud sustancial.

En el mismo sentido, el juez administrativo está facultado para hacer el análisis de racionalidad, razonabilidad y/o proporcionalidad respecto de la ilicitud sustancial, de tal suerte que, si el caso lo exige, se valoren los argumentos que sustentan laSentencia de Primera Instancia Exp. No. 680012333000-2020-00667-00 10 afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones expuestas por el disciplinado.

Conforme a esta línea jurisprudencial, la Sala precisa que tiene plena competencia para realizar un examen integral de los actos administrativos de carácter disciplinario. No obstante, lo anterior, no se erige en una tercera instancia al extremo de hacer verbi gratia una nueva valoración de las pruebas, ya que éstas fueron debatidas en primera y segunda instancia en la actuación administrativa.

Caso concreto.

Revisado el expediente disciplinario, es pertinente recapitular de manera concisa las actuaciones relevantes surtidas en la investigación IUC -D-2017-952549 que dio origen a los actos demandados y por lo cual se responsabilizó y sancionó disciplinariamente al señor Ricardo Bernal Torrez, así:

Proceso disciplinario • Oficio del 22 de febrero de 2017 dirigido por la Contraloría General de

disciplinariamente al señor Ricardo Bernal Torrez, así:

Proceso disciplinario • Oficio del 22 de febrero de 2017 dirigido por la Contraloría General de Santander a la Procuraduría Provincial de Vélez trasladando hallazgos, de irregularidades en la contratación, por la suscripción de un convenio con el que violó el artículo 1º del Decreto 777 de 1992, por cuanto, la fundación con la que se contrató no acreditó experiencia ni idoneidad. • Formulario E -27 en el que consta que el señor Ricardo Bernal Torrez fue electo como alcalde de Landázuri por el periodo 2012-2015. • Auto que ordena apertura de indagación preliminar del 31 de marzo de 2017 Proferido por la Procuraduría Provincial de Vélez en contra del señor Ricardo Bernal Torrez, por las presuntas irregularidades en la etapa precontractual del convenio No. 131 de 2015. • Auto que califica procedimiento a seguir y cita a audiencia pública del 16 de mayo de 2019 Proferido por la Procuraduría Provincial de Vélez , de la siguiente manera:

“Cargo único para Ricardo Bernal Torrez

Usted, en su condición de Alcalde Municipal de Landázuri Santander. participó en la actividad contractual, al parecer, conculcando el principio de transparencia y el deber de selección objetiva de la contratación estatal, al suscribir en junio 19 de 2015 e l convenio de asociación y apoyo número 131 con la Representante Legal de la Fundación Opción Colombia - FUNDACOL, con el objeto de "aunar esfuerzos para brindar complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes, en desarrollo del

convenio de asociación y apoyo número 131 con la Representante Legal de la Fundación Opción Colombia - FUNDACOL, con el objeto de "aunar esfuerzos para brindar complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes, en desarrollo del programa de nutri ción en las instituciones educativas del municipio de Landázuri Santander", por valor de $243.702.945, y FUNDACOL aportaría $11.297.055 representados en idoneidad, capacidad, experiencia, recurso humano, recurso físico y servicio; siendo que este negocio jurídico es propio de un contrato de suministro y por lo tanto no podía celebrar un convenio de asociación para ejecutar el objeto contractual consentido en él.”

• Notificación personal del señor Ricardo Bernal Torrez del auto del 16 de mayo de 2019.Sentencia de Primera Instancia

Exp. No. 680012333000-2020-00667-00 11 • Acta de audiencia que califica procedimiento a seguir y cita a audiencia pública del 5 de junio de 219 Proferido por la Procuraduría Provincial de Vélez, de la siguiente manera: • Continuación de la audiencia celebrada el día 10 de junio de 2019 • Continuación de la audiencia celebrada el día 17 de junio de 2019 • Fallo de primera instancia a través de la Resolución No. 014 del 20 de junio de 2019, Proferido por la Procurad