TA SAN - Sentencia 680012333000-2020-00727-00 (28-02-2025)

SIGCMA-SGC

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

RADICADO: 680012333000-2020-00727-00

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

DEMANDANTE: Xiomara Del Carmen Velandia

abogados@rinconperez.com

DEMANDADO: Nación-Rama Judicial

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PUBLICO regional.santander@procuraduria.gov.co

AGENCIA NACIONAL

DE DEFENSA

JURIDICA DEL

ESTADO

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

TEMA: Prima Especial e Servicios 30% Plus, y Bonificación

Judicial.

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: Ronald Edgardo Cuenca Tovar

Procede la Sala en desarrollo de los artículos 182 y 187 de la Ley 1437 de 2011 a proferir Sentencia De Primera Instancia dentro del medio de control de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho instaurada por Xiomara Del Carmen Velandia en contra de Nación –Rama Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Xiomara Del Carmen Velandia presenta demanda contra Nación – Rama Judicial , formulando las siguientes:

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., la señora Xiomara Del Carmen Velandia presenta demanda contra Nación – Rama Judicial , formulando las siguientes:

1.1. PretensionesMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00727-00

PRIMERA: INAPLICAR parcialmente los Decretos anualmente expedidos por el Gobierno Nacional desde 1993, en los cuales se ha reglamentado la Prima Especial establecida en la Ley 4ª de 1992, y que frente a mi poderdante ha representado la disminución de su asignación básica salarial, por no asignarle la condición de sobresueldo a la Prima Especial, en los términos de la Sentencia de Unificación – SUJ-016-CE-S2-2019 de fecha 02 de septiembre de 2019 dictada por el H. Consejo de Estado.

SEGUNDA: DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes Actos Administrativos: i)Resolución N° 2659 de fecha 17 de marzo de 2016, que fuese proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y notificada electrónicamente el día 19 de mayo de 2016; así como la ii) Resolución N° 3049 de fecha 20 de febrero de 2019, que fuese proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y notificada electrónicamente el día 13 de diciembre de 2019.Actos Administrativos con los cuales, la entidad resolvió negativamente el derecho de petición presentado electrónicamente el día

fuese proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y notificada electrónicamente el día 13 de diciembre de 2019.Actos Administrativos con los cuales, la entidad resolvió negativamente el derecho de petición presentado electrónicamente el día 14 de marzo de 2016, donde se pretendía el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir por mi prohijado, como consecuencia de la inconstitucional interpretación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, donde la prima especial no ha representado sobresueldo Alguno.

TERCERA: Como consecuencia de la anterior decl aración, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá RESTABLECER EL DERECHO DE MI PODERDANTE y, RECONOCER y PAGAR todos y cada uno de los salarios y prestaciones sociales que ha devengado mi poderdante en calidad de Juez de la República, incluyendo en la asignación básica salar ial el 30% que ha sido objeto de disminución como consecuencia de la indebida interpretación y pago de la Prima Especial de que trata el Articulo 14 de la Ley 4ª de 1992.Teniéndose en cuenta d entro del salario: el 100% de la remuneración mensual, sin la disminución que se ha venido realizando por cuenta del supuesto pago de la prima especial a la que igualmente ha tenido derecho, así como las diferencias prestacionales resultantes de pagar en debida forma el salario que ha sido objeto de disminución; en los términos de la Sentencia de Unificación – SUJ-016CE-S2-2019 de fecha 02 de septiembre de 2019 dictada por el H. Consejo de Estado.

ha sido objeto de disminución; en los términos de la Sentencia de Unificación – SUJ-016CE-S2-2019 de fecha 02 de septiembre de 2019 dictada por el H. Consejo de Estado.

CUARTA: Se reconozcan los respectivos intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho.

QUINTA En lo sucesivo, una vez sean reconocidas las pretensiones acá elevadas, estas deberán surtir efecto en todos y cada uno de los pagos que por nómina reciba mi poderdante

SEXTO: INAPLICAR todas y cada una de las normas que, inconstitucionalmente y respecto de mi poderdante, han mermado y restringido sus derechos prestacionales, suprimiendo el carácter salarial de la BONIFICACIÓN JUDICIAL y la PRIMA ESPECIAL.

SEPTIMA: REVOCAR los siguientes Actos Administrativos:

1. Resolución N° 2660 de fecha 17 de marzo de 2016 proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y notificada el día 19 de mayo de 2016; así como el Acto Administ rativo Ficto que, conforme el artículo 86 de la Ley 1437 de 201 1, surgió como consecuencia del silencio administrativo negativo procesal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ante el recurso de apelación interpuesto el día 27 de mayo de 2 016 en contra de la referida Resolución N° 2660/2016.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00727-00

Resolución N° 2660/2016.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00727-00

1. Resolución N° 2661 de fecha 17 de marzo de 2016 proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y notificada el día 19 de mayo de 2016; así como el Acto Administrativo F icto que, conforme el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, surgi ó como consecuencia del silencio administrativo negativo procesal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ante el recurso de apelación interpuesto el día 27 de mayo de 2016 en contra de la referida

Resolución N° 2661/2016.

Actos Administrativos con los cuales, la entidad resolvió negativamente los derechos de petición presentados electrónicamente el día 14 de marzo de 2016, donde se solicitaba el reconocimiento y pago de la diferencia prestacional dejada de percibir, derivada de la exclusión de la BONIFICACIÓN JUDICIAL y la PRIMA ESPECIAL, como Factores Salariales para la reliquidación de sus demás prestaciones sociales.

OCTAVA: Como consecuencia de la anterior declaració n, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá RECONOCER y PAGAR a favor de mi poderdante las diferencias prestacionales negadas en el acto administrativo impugnado y que corresponden a la reliquidación de las presta ciones sociales con la inclusión como factor salarial, tanto de la BONIFICACIÓN JUDICIAL como de la PRIMA ESPECIAL, que legalmente ha percibido mi poderdante. Sumas las cuales deberán ser

impugnado y que corresponden a la reliquidación de las presta ciones sociales con la inclusión como factor salarial, tanto de la BONIFICACIÓN JUDICIAL como de la PRIMA ESPECIAL, que legalmente ha percibido mi poderdante. Sumas las cuales deberán ser indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 201 1 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado.

NOVENA: Se reconozcan los respectivos intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho.

DECIMA: En lo sucesivo y para todos los efectos legales, se liquid e la nómina de mi poderdante con la inclusión del reconocimiento prestacional objeto del presente medio de control, concerniente a reconocerse el carácter salarial de la BONIFICACIÓN JUDICIAL y

la PRIMA ESPECIAL.

1.2. Hechos La demandante, Xiomara Del Carmen Velandia se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el 07 de febrero de 2013 hasta el 17 de diciembre de 2018 como Juez de la Republica. El 14 de marzo de 2016 a través de su apoderado, pre sentó una solicitud de reconocimiento y pago de la Prima Especi al de Servicios correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual, y la bonificación judicial prevista en el decreto 383 de 2013 desde la fecha de su vinculación hasta el momento de la sol icitud, argumentando que dicho porcentaje, en lugar de ser considerado como un incremento salarial, había sido indebidamente descontado. La entidad demandada, mediante Resolución No. 02659 y 02661 ambas del 17 de

argumentando que dicho porcentaje, en lugar de ser considerado como un incremento salarial, había sido indebidamente descontado. La entidad demandada, mediante Resolución No. 02659 y 02661 ambas del 17 de marzo de 2016, notificada el 19 de mayo de 2016 negó la solicitud presentada por la demandante, bajo el argumento que se le había liquidado y pagado los salarios y prestaciones sociales conforme a la normatividad vigente. Además de la Resolución No. 02660 del 17 de marzo de 2016 por la cual se negó lo pretendido frente a la bonificación judicial. Decisión frente a la cual el demandante interpusoMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00727-00

recurso de apelación el 27 de mayo de 2016 contra la resolución anteriormente mencionada. La entidad demandada mediante resolución 3049 del 20 de febrero de 2019 notificada el 13 de diciembre de 2019 resolvió el recurso de apelación elevado por la parte demandante contra la resolución 2659 del 17 de marzo de 2016, confirmándola en todas sus partes. 1.1 Normas violadas y concepto de violación

Se invocan por el demandante como normas violadas las siguientes: Constitucionales: Los artículos 1, 2, 4, 5, 11,12, 13,25, 29, 53, 93 150 numeral 19 literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, Ley 4 de 1992 artículo 2 y 14, ley 482

literal e, 209 y 215 inciso 9.

Legales: Decretos 717 de 1978 articulo 12, Ley 4 de 1992 artículo 2 y 14, ley 482 de 1998, el numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, Código Sustantivo del trabajo artículos 14 y 65.

Se aduce en la demanda que el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo precisa que las disposiciones legales que regulan el traba jo humano son de o rden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo las expresamente exceptuadas por ley.

Así mismo, sostiene la parte demandante que los actos administrativos demandados son abiertamente violatorios d el artículo 12 del decreto 717 de 1978, artículos 2 y 10 de la ley 4 de 1992, porque en ningún caso se puede desmejorar o disminuir los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos.

2. Contestación de la demanda

Presentó sus argumentos en respuesta a la demanda interpuesta, centrándose en la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, mediante la cual autoriza al Gobierno Nacional, sin ninguna restricción, para establecer el régimen salarial y prestacional tanto del Congreso Nacional como de la Fuerza Pública, así como para fijar las prestaciones de los empleados públicos, incluidos los de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y los miembros sociales de los Trabajadores Oficiales.

Frente a las pretensiones, se opuso argumentando que los s alarios y prestaciones sociales pagados al demandante habían sido cancelados conforme al régimen legal y prestacional vigente para los servidores públicos. Asimismo, planteó la

Oficiales.

Frente a las pretensiones, se opuso argumentando que los s alarios y prestaciones sociales pagados al demandante habían sido cancelados conforme al régimen legal y prestacional vigente para los servidores públicos. Asimismo, planteó la excepción de violación de normas presupuestales, argumentando que reconocer las pretensiones de la demandante implicaría contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, lo cual estaba prohibido por el artículo 71 del Decreto 111 de 1996. En este contexto, destacó que la Rama Judicial no contaba con los recursos presupuestales necesarios para atender las reclamaciones salariales planteadas, lo que podría generar responsabilidades personales y pecuniarias para los funcionarios involucrados.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00727-00

Invocó la figura de la prescripción trienal, afirmando que la mayoría de las pretensiones del demandante estaban prescritas. Explicó que los derechos reclamados, incluida la solicitud de reliquidación de salarios y el reconocimiento de la prima especial, solo podían abarcar un período de tres años anteriores a la presentación formal de su solicitud, de acuerdo con la normativa vigente.

Por último, el representante de la Nación argumentó que El 2 de septiembre de 2019, dentro del expediente radicado No. 2016 -00041-02, el Honorable Consejo de Estado, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segund a, emitió la Sentencia de Unificación SUJ-016-CE-S2-2019. En dicha sentencia, al considerar que, en la aplicación de los decretos anuales de salario, la administración cometió un error al

de Unificación SUJ-016-CE-S2-2019. En dicha sentencia, al considerar que, en la aplicación de los decretos anuales de salario, la administración cometió un error al tratar el 30% del salario como una prima especial sin carácter salar ial, tal como se establece en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, concluyó que las prestaciones sociales y emolumentos laborales se liquidaron sobre el 70% de la remuneración.

Adicionalmente, solicitó la integración de litisconsorcio necesario, argumenta ndo que la Nación – Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Administrativo de la Función Pública debían ser vinculados al proceso. Esto se fundamentó en que estas entidades podrían verse afectadas por una eventual condena, ya que eran responsables de la aprobación y ejecución del presupuesto necesario para cumplir con las obligaciones reclamadas.

Finalmente, concluyó que la demanda carecía de causa petendi, ya que las pretensiones de la demandante no esta ban respaldadas por el ordenamiento jurídico vigente. En este sentido, solicitó que se declararan probadas las excepciones de prescripción, ausencia de causa petendi y violación de normas presupuestales, y que se absolviera a la entidad demandada de las pr etensiones planteadas, respetando así el principio de legalidad y la seguridad jurídica.

3. ALEGATOS DE CONCLUSION

3.1 Parte demandante

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

La apoderada de la parte demandada no presentó alegatos de conclusión.

3.3 Ministerio Publico

El apoderado de la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

3.2 Parte demandada

La apoderada de la parte demandada no presentó alegatos de conclusión.

3.3 Ministerio Publico

Dentro del término otorgado por el Despacho el Ministerio Público guardó silencio y no presentó concepto de fondo.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00727-00

II. CONSIDERACIONES

Habiéndose surtido a cabalidad las demás etapas procesales sin que se evidencie causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, y como quiera que los presupuestos procesales se encuentran satisfechos, procede la Sala a dictar Sentencia de Primera Instancia.

1. Acerca de la competencia.

Conforme a la norma de co mpetencia establecida por el artículo 152 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el cono cimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con la fijación del litigio, corresponde al Despacho determinar si: PJ.1. ¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución N°2660 de fecha 17 de marzo de 2016, mediante las cuales se negó l a reliquidación de todas y cada una de las prestaciones sociales que ha percibido mi poderdante como servidor judicial, hasta la fecha y las que a futuro se causen, incluyendo en la base de reliquidación la Bonificación

2016, mediante las cuales se negó l a reliquidación de todas y cada una de las prestaciones sociales que ha percibido mi poderdante como servidor judicial, hasta la fecha y las que a futuro se causen, incluyendo en la base de reliquidación la Bonificación Judicial; ¿así como la naturaleza salarial de dicha prestación?

PJ.2. Hay lugar a declarar la nulidad de la Resoluciones N°2661 de fecha 17 de marzo de 2016, mediante las cuales se negó la reliquidación de todos y cada uno de los salarios y prestaciones sociales que ha devengado mi poderda nte en calidad de Juez de la República, incluyendo en la asignación básica salarial, el 30% que ha sido objeto de disminución, como consecuencia de la indebida interpretación y aplicación de dicho porcentaje como si fuese la prima especial de la que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

PJ.3. Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución N°3049 de fecha 20 de febrero de 2019, mediante las cuales se negó la reliquidación todas las prestaciones sociales legales percibidas por mi poderdante, y las qu e a futuro se causen, incluyendo en la base de reliquidación el valor correspondiente a la prima especial que actualmente se viene excluyendo como factor salarial y que desconoce que la referida prima es parte integral del salario percibido a la luz de los pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por el Honorable Consejo de Estado.

PJ.4. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ¿hay lugar a reconocer y pagar a favor de la señora Xiomara Del Carmen Velandia, las diferencias que arroje la reliquidación de sus prestaciones, debidamente indexadas, tal como lo ordena el artículo

pagar a favor de la señora Xiomara Del Carmen Velandia, las diferencias que arroje la reliquidación de sus prestaciones, debidamente indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado, en los periodos en que se desempeñó como Juez y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

PJ.5 ¿Tiene derecho la demandante a que se le reconozca y paguen las di ferencias que resulten a su favor por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantía s, intereses a las cesantías, bonificaciones, licencias y demásMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00727-00

emolumentos), en los periodos en que se desempeñó como Juez y en adelante, hasta la fecha en que se sigan causando?

En caso de ser afirmativo,

PJ.6. ¿Hay lugar a aplicar el término de presc ripción trienal frente a las mesadas causadas tres años antes de la solicitud elevada ante la entidad demandada?

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Prima Especial de Servicios

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régime n salarial y prestacional de los empleados públicos, corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

“ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de

de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

“ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

...e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señala n las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegado s ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de

Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, losMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00727-00

Registradores del Distrito Capita l y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación aten diendo criterios de equidad”. (Subrayas fuera de texto original)

Se vislumbra la fijación de ciertos parámetros en el contexto de los cuales el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad establecida por el numeral 11 del artículo 189 constitucional, d ebe desarrollar la prima up supra aludida, la pena de incurrir en una omisión violatoria de la constitucionalidad y la legalidad.

En cumplimiento del enunciado deber se expidieron por el Gobierno Nacional los respectivos decretos anuales, mediante los cua les se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictaron otras disposiciones

La mentada normativa regulatoria, como bien es manifestado, fue objeto de la

materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictaron otras disposiciones

La mentada normativa regulatoria, como bien es manifestado, fue objeto de la acción de Nulidad Simple de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00, en la cual la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de fecha 29 de abril de 2014, señaló:

“En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió los decretos demandados, reproduciendo año por año la previsión de que el 30% del salario devengado por los funcionarios enumerados en el artículo 14 de la mencionada ley, sería considerado como prima. Dichos decre tos no ofrecieron la suficiente claridad y fueron interpretados erróneamente por las entidades encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. Aunque parece un juego de palabras , son dos cosas completamente dife rentes, pues la primera interpretación implica una reducción del salario básico al 70%, mientras que la segunda, que es la correcta de conformidad con la Ley y la Constitución Política, como se explicará más adelante, implica que se puede tomar el 30% del salario, pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico”

(…)

“De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los c riterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como

(…)

“De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los c riterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los sala rios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razónMedio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00727-00

suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad”. Resaltado incluido en el texto original.

Así, a partir del enunciado fallo de nulidad se estableció que los decretos anuales mediante los cuales “ se dictan unas disposiciones en materia salaria l y prestacional de la rama judicial, del Ministerio Público, de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”, venían generando el pago salarial y prestacional en contravía de lo dispuesto por la ley 4 de 1992 al entender que “ el 30% del sala rio básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. ”, restando de tal forma del valor correspondiente al salario y de la base de liquidación prestacional el 30%, esto es, liquidando solo sobre el 70% de lo que en estricto rigor debía ser la base de liquidación.

forma del valor correspondiente al salario y de la base de liquidación prestacional el 30%, esto es, liquidando solo sobre el 70% de lo que en estricto rigor debía ser la base de liquidación.

Ahora bien, una cosa es el hipotético reajuste del 30 % en Salarios y prestaciones derivado del incorrecto pago efectuado a los servidores descritos en el artículo 14 de la ley 4 de 1992 y otra bien diferente es que la prima en si misma constituya factor salarial a efectos de la liquidación de las prestaciones sociales de aquellos.

Efectivamente, como bien lo enuncia el texto ibídem la prima especial de servicios NO TIENE CARACTER SALARIAL, a efectos de la liquidación de prestaciones sociales, en cambio sí a efectos de cotizaciones al sistema de seguridad social integral en materia de pensión, conforme lo definieran las leyes 332 de 1996 y 476 de 1998.

Necesario se torna efectuar un análisis de acoplamiento de la legislación en cita a la Constitución. Toda ley, por ser fruto de la actividad democrática popular, expedida a través del representante legítimo del pueblo soberano, en ejercicio de su libertad de configuración, (legislador) goza de presunción de validez formal, sin embargo, imperioso se torna para el fallador observar en aplicación del artículo 4 superior la adecuación a la constitucionalidad de las reglas a aplicar, lo que le otorga a la ley un status de validez sustancial respecto a la Constitución.

“De acuerdo con lo anteri or, al juez corresponde un control de la ley de conformidad con el conjunto de valores constitucionales, no solo para evitar la incoherencia del ordenamiento jurídico por la existencia de antinomias, cuyo origen se encuentra en la elaboración de leyes ordi narias contrarias a

conformidad con el conjunto de valores constitucionales, no solo para evitar la incoherencia del ordenamiento jurídico por la existencia de antinomias, cuyo origen se encuentra en la elaboración de leyes ordi narias contrarias a las normas constitucionales - es decir, por violación a las prohibiciones impuestas por normas superiores a la esfera de lo decidible -; sino para garantizar una dimensión de la democracia que condiciona la validez de la ley al respeto de los derechos fundamentales y los valores públicos de la Constitución”.1

Así, la exclusión de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la ley 4 de 1992, como factor salarial base de liquidación de las prestaciones sociales no solo debe analizarse desde la mera interpretación gramatical de la ley.

1 Jorge Ernesto Roa, La Acción Publica De Constitucionalidad A Debate - Instituto De Estudios Constitucionales Carlos Restrepo PiedrahitaUniversidad Externado De Colombia.Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia Primera Instancia Radicado No. 680012333000-2020-00727-00

Se trata de concretar si a la luz de la jurisprudencia constitucional, la teleología de la exclusión que efectúa la norma es legítima y en tal caso, si es sistemáticamente compatible con los principios y valores que irradia el texto constitucional.

Al respecto manifestó la sentencia C -279 de 1996, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y cuya ratio decidendi constituye precedente vertical para los presentes efectos; lo siguiente:

“De otra parte, no es fácil aceptar que la reiterada práctica legal en el tratamiento de la remuneración al trabajo, adquiera fuerza suficiente como

los presentes efectos; lo siguiente:

“De otra parte, no es fácil aceptar que la reiterada práctica legal en el tratamiento de la remuneración al trabajo, adquiera fuerza suficiente como para considerarse expresión nec